El Tribunal Supremo tendrá que decidir cómo resuelve una cuestión que no se regula claramente en la ley del IRPF, si pueden deducir el mínimo por descendientes (art.58 LIRPF) los padres con custodia compartida, cuando tienen derecho a acogerse al régimen previsto para las anualidades por alimentos en favor de los hijos por decisión judicial (arts. 64 y 75 LIRPF).

En plena campaña de IRPF no pocos contribuyentes se enfrentan a la duda de cómo hacer su declaración anual. Y es que en ocasiones el legislador no pone las cosas fáciles, sino que deja que sean los tribunales quienes asuman la tarea de dar solución a algunos problemas que debería haber regulado hace mucho tiempo. En esta ocasión se ven afectados muchos ciudadanos que tienen a sus hijos en régimen de custodia compartida.

Si observamos las estadísticas oficiales podemos comprobar que la custodia compartida es actualmente la opción dominante en España en caso de disolución del matrimonio. Según los datos del INE para 2024, la custodia compartida alcanzó el 49,7% de los divorcios, superando ya a la custodia exclusiva materna, que se situó en el 46,6%. Se constata además que este modelo desde 2010 ha venido sufriendo un crecimiento constante, de modo que todo indica que seguirá incrementándose. Hace más de dos décadas que el legislador civil apostara firmemente por el régimen de custodia compartida de los hijos cuando los padres cesan su convivencia, pero a pesar de ello la ley del IRPF parece ajena a esta situación. Ya hemos apuntado en otras ocasiones que el IRPF está estructurado sobre el modelo de familia tradicional, el biparental con origen en el matrimonio, y que se resiste a contemplar otros modelos de familia. Lo vimos con las parejas de hecho y también con las familias monoparentales, y ahora nos acercamos a otro tipo de familia, el de los progenitores con tutela compartida, cuyos aspectos tributarios están de nuevo huérfanos de regulación.

La LGT de 2023, en lo referente a la regulación de los procedimientos a desarrollar por los órgano de la Administración tributaria, no se caracteriza por el refuerzo y consolidación de los derechos y garantías del contribuyente, inclinándose su texto normativo por afianzar y proteger el ejercicio de las facultades y prerrogativas de sus órganos actuantes con la finalidad de privilegiar su posición de potentior personae en sus relaciones con los administrados.

Este déficit garantista de su articulado se hace especialmente revelador si las actuaciones administrativas afectan a derechos fundamentales del ciudadano amparados constitucionalmente, de modo particular, cuando se trata de la protección del domicilio del contribuyente y el ejercicio de la acción investigadora demanda la conveniencia de invadirlo. En tales casos, el art. 113 LGT se limita a señalar que únicamente a él se podrá acceder previa autorización judicial o con el consentimiento del investigado, y cuando la entrada está precedida de autorización judicial, ha sido la doctrina del Tribunal Supremo la que se ha encargado de precisar los requisitos y límites que deben observarse para llevar a buen y legítimo término la medida invasora del santuario del contribuyente protegido en el art. 18.2 CE.

En este foro hemos insistido sobre la importancia que tienen los expedientes administrativos a la hora de abordar el planteamiento de defensa de un procedimiento, pues resulta crucial el análisis de los documentos que obran en él.

Ya escribimos en su día un post  tratando la cuestión, en relación con la posibilidad de que la Administración pudiese completar de manera espontánea dicho expediente^[1].

Nuestro compañero Francisco Serantes también ha abordado el tema en más de una ocasión, para recordar la necesidad de que obren en el expediente administrativo la totalidad de documentos que lo conforman, como podemos leer en su artículo “La importancia del expediente administrativo”^[2].

En estas líneas vamos a estudiar la cuestión relativa al expediente, en relación con las derivaciones de responsabilidad, a raíz de la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 2026, número 332/2026, rec. 945/2024, ECLI:ES:TS:2026:1251.

 Hace unas semanas fue noticia la retirada del mercado por sus creadores de una actualización de Anthropic: era de tal potencia que descubría las grietas de seguridad de innumerables plataformas, incluso estatales, y convertiría en hacker a cualquier niño enfurecido por su castigo escolar.

Ahora es noticia la publicación por parte de OPENAI de su memorándum ‘Industrial Policy for the intelligence Age’,  El documento pone negro sobre blanco las inquietudes legítimas del Doctor Frankenstein respecto de la peligrosidad de su criatura.

Sostiene OPENAI que la transición hacia una IA cada vez más capaz, e incluso hacia la superinteligencia, exige una nueva política industrial centrada en las personas.  Propone compartir ampliamente la prosperidad, mitigar riesgos y democratizar el acceso a la IA.  Para ello, plantea fortalecer la voz de los trabajadores, ampliar el acceso a herramientas de IA, modernizar impuestos, crear fondos públicos de riqueza, reforzar redes de seguridad y desarrollar mecanismos de auditoría, confianza y supervisión democrática. En conjunto, el texto presenta estas ideas como un punto de partida para un debate público amplio sobre cómo asegurar que los beneficios de la IA lleguen a toda la sociedad. Humildemente deseo contribuir a ese debate.

El documento plantea que la humanidad se encuentra en una transición acelerada hacia una nueva etapa tecnológica impulsada por la inteligencia artificial avanzada, con la posibilidad de llegar a sistemas de “superinteligencia” capaces de superar a los humanos incluso en tareas complejas. Frente a ese escenario, sostiene que no basta con confiar en que el progreso técnico por sí solo produzca beneficios generalizados. Su tesis central es que la transición debe ser guiada por una política industrial ambiciosa, democrática y orientada a mantener a las personas en el centro del cambio tecnológico. 

I. La licuefacción de las categorías jurídicas

En su célebre obra sobre la modernidad líquida, Zygmunt Bauman describe un mundo en el que las estructuras firmes se derriten, las fronteras se evaporan y los conceptos pierden la capacidad de sostener significados estables. La STS de 12 de enero de 2026, rec. 6111/2023, dictada en el conocido caso VELCRO, consuma precisamente ese proceso: transforma el beneficiario efectivo en una figura líquida, capaz de expandirse más allá de sus límites naturales y de desbordar Directivas, Convenios y, con ello, tensionar la propia lógica interna del ordenamiento.

Hay una inquietud particular en estos desplazamientos conceptuales, porque en ellos se hace visible cómo una categoría jurídica, pensada para resolver un problema preciso, comienza a asumir funciones que le son ajenas y a operar más allá del marco para el que fue diseñada. El beneficiario efectivo deja entonces de actuar como criterio técnico delimitador y empieza a comportarse como un concepto absorbente, capaz de proyectarse sobre realidades normativas distintas y de condicionar, casi por inercia, la interpretación de directivas, convenios y reglas internas. Cuando esta expansión se consolida, el análisis jurídico deja paso a una lógica de sospecha estructural, y el concepto —antes estable y reconocible— se convierte en una lente deformante a través de la cual se reordena toda la fiscalidad internacional. Es en este punto donde la licuefacción se consuma: cuando las fronteras entre categorías se disuelven y el Derecho comienza a operar sobre nociones cada vez menos precisas.

“Recuerdo lo que me dijo

Mi abuelo aquella mañana

Se puede perder la vista

Pero nunca la mirada”.

1932

LA.M.O.D.A. (2013).

Poco se habla de las empresas (privadas) con conductas fiscales más papistas que el propio Papa, y no me refiero a actuaciones cautelares o de prevención lógica y/o compliance, no. Hablo más bien de aquellas entidades que semejan extensiones de la Agencia o que parecen (“just might” brunomarsianao) buscar la validación exterior de Hacienda (aunque sea de manera indirecta). Aspirantes a protagonizar una nueva (o varias) letras en el artículo 35.2 de la Ley General Tributaria (todo esfuerzo tiene siempre su recompensa, eso es verdad).

Es un hecho no controvertido que ciertos mecanismos de defensa afloran ante inseguridades propias (o ajenas, a saber); hay miedos irracionablemente racionales que provocan, irremediable y desgraciadamente, ciertos perjuicios a terceros de difícil entendimiento. En fin.

I.- Introduccion

Les expongo el siguiente caso: Pepe empezó de becario en la sede española de una multinacional europea nada más salir de la Universidad. Poco a poco fue escalando puestos hasta que en 2010 perfeccionó un contrato laboral de alta dirección con la empresa. Pocos años después fue nombrado miembro del Consejo de Administración (manteniendo su contrato laboral especial) y, a pesar de no tener acciones de la compañía ni gozar de capacidad real de decisión suprema empresarial (puesto que todo se decidía siempre desde la matriz europea) le fueron delegados poderes mercantiles de administración y gestión resultando en España ser la cabeza visible de la compañía, en su calidad de Director General. Por supuesto, su retribución se correspondía con una nómina por su prestación laboral de alta dirección (sin cobrar absolutamente nada por su pertenencia al Consejo de Administración) estando siempre dado de alta en el régimen general de la Seguridad Social.