En 1984 algunos de ustedes aún no estaban, otros ya no están y todos los demás éramos mucho más jóvenes. De no ser así, 7 amigos no habríamos decidido abrir un bar de copas. Era para divertirnos, créanme, no para ganar dinero, pero terminamos por conseguir las dos cosas en abundancia. Tras un sesudo debate lo bautizamos: le pusimos ‘El Ruralex’. Un juego de palabras que aludía a aquellas vajillas espantosas de vidrio templado con las que se encapricharon las madres de los niños que ahora hemos crecido. También jugaba con la naturaleza ex rural de la sociedad urbana viguesa, una inquieta ciudad que en 150 años pasó de ser una villa marinera a pujante urbe industrial por obra y gracia de una Galicia interior que se despoblaba para acomodarse aquí. Por último el nombre también coqueteaba con aquel latinajo que decía Dura lex, sed lex (La Ley es dura, pero es la Ley, alude al batacazo inevitable con el suelo, cuando se desafía sin éxito a la ley de la gravedad).

La sintomatología es el conjunto de indicios externos que denotan un estado patológico. Son elementos de análisis, para llegar a un diagnóstico. La expresión puede ser utilizada respecto a cualquier cuerpo vivo, incluido un sistema tributario. Y en este sentido no es exagerado afirmar que el sistema fiscal vigente en España tiene síntomas de un grave trastorno.

Y la sintomatología se pone de manifiesto como reacción a estímulos. Estos estímulos serán los distintos test a que podemos someter a nuestro sistema tributario. Desde hace tiempo el sistema fiscal se viene sometiendo al test de su escasa potencialidad recaudatoria, especialmente en el Impuesto de Sociedades, lo que ha legitimado la progresiva eliminación de beneficios fiscales para acercar el tipo nominal al que efectivamente pagan las empresas. Pero en estas líneas queremos referirnos a los síntomas patológicos derivados de las diversas prácticas aberrantes, imputables tanto a la Agencia Tributaria como al legislador, que tanto han proliferado en los últimos años.

En el estado de derecho y sociedad democrática pocas cosas irritan tanto como contemplar a un poder público orillar una y otra vez a la ley. Este es el caso de las administraciones tributarias autonómicas que, erre que erre, reiteran sucesivas liquidaciones por el ITP con fundamento en comprobaciones de valor sin motivación por genéricas, abstractas, sin particularizar ni visitar los bienes objeto de valoración. Y cuando vuelven a la carga, repitiendo a menudo el defecto originario, incurren en una nueva ilegalidad: no respetar el plazo para efectuar la retroacción de actuaciones.

Cuando estamos acabando de digerir el 720 (declaración sobre Bienes y Derechos situados en el Extranjero), llega el modelo 232 (Declaración Informativa de Operaciones Vinculadas y de Operaciones y situaciones relacionadas con Países y Territorios considerados como Paraísos Fiscales) y, en un futuro no muy lejano, llegará desde Bruselas la obligación de informar sobre operaciones potencialmente abusivas que sean promovidas por intermediarios fiscales establecidos en la Unión europea.

Todos damos por sentado que los españoles somos iguales ante la ley, y así lo establece el artículo 14 de nuestra Constitución, sin que pueda existir discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  Tan iguales han pretendido que seamos que incluso sentaron a nuestra infanta en un caso en el que a nivel penal nada pintaba, rompiendo este aserto constitucional para acallar a los ciudadanos, haciendo una barbaridad jurídica y moral, como así se ha demostrado durante el juicio y probado con la sentencia. Pues bien, esta premisa aún puede quebrar más, como veremos, ya que los españoles no somos iguales frente a la normativa tributaria.

El Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago analiza las consecuencias fiscales del Brexit, valorando los profundos cambios que se van a producir en el contexto europeo e internacional a partir del defnitivo abandono de la Unión Europea por Gran Bretaña.

¿Se convertirá el Reino Unido en un nuevo paraíso fiscal o se "irlandizará"?.