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Gozilla: el Estado Absolutista Post-Fiscal

Una Administración Tributaria que incumple la ley y el derecho, con impunidad y asistida de su potestad de autotutela, solo es compatible con el reconocimiento de un nuevo sujeto político: no aplica leyes, las produce y con ello devuelve a los ciudadanos a la condición de súbditos y vasallos que tenían en el antiguo régimen. Convertir a los destinatarios de órdenes de embargo en deudores es un claro ejemplo de absolutismo post-fiscal.

La semana pasada Fran Serantes en un inteligente post, comentaba que las órdenes de embargo son contra el patrimonio del deudor apremiado, no contra el patrimonio del destinatario de la orden, a quien se le tiene que indicar los bienes concretos y singulares que, pertenecientes al deudor y estando en poder del destinatario de la orden, se declaran embargados. Esa prohibición de la generalidad e inconcreción impide la orden de embargo contra bienes futuros, que no sean meras concreciones de derechos de tracto sucesivo, como los sueldos, que derivan del derecho al salario en el contrato de trabajo. Se trataba de un empresario que años después de recibir una orden de embargo contra una estación de ITV, llevó sus vehículos a renovar su permiso de circulación, cumpliendo así con la obligación legal impuesta por tráfico.

En un post de hace un año comentaba entonces la resolución de un TEAR que confirmaba el embargo del ‘crédito’ surgido de una compraventa al contado. Lo titulaba ¿Es posible embargar el precio en las compraventas al contado? Problemática del embargo de un derecho de crédito teórico, pero intangible y efímero.” En ese post sostenía que el TEAR había abusado de la construcción dogmática con la que nuestro derecho civil –a diferencia de otros países de nuestro entorno- había configurado el contrato de compraventa:

 “En nuestro Derecho, la compraventa es un contrato de naturaleza consensual y no real. Los contratos reales son aquellos que se perfeccionan con la entrega de la cosa. La donación es un contrato típico real. Y el préstamo también. Pero hay otros contratos en los que la entrega de la cosa es la consecuencia del contrato y no el presupuesto fáctico de su existencia y perfección. Esos otros son los contratos consensuales, los que se perfeccionan con el mero consentimiento”. Esa naturaleza consensual le confiere un carácter obligatorio, “o no transmisivo, porque no produce por sí la transmisión del derecho vendido -llamándose transmisiva la venta que sí la produce- sino que, por el contrario, meramente obliga a transmitirlo; operándose la transmisión sólo mediante la entrega ex art. 609 y 1.095 del CC. Esta diferencia entre los contratos consensuales y los contratos reales es de enorme importancia. En los contratos consensuales, la entrega afecta a la consumación del contrato: cuando se cumplen las obligaciones contractuales y el contrato agota sus efectos jurídicos en el mundo material. Pero en los contratos reales, la entrega afecta a la perfección: cuando en el contrato se dan todos los elementos que producen su nacimiento a la vida jurídica: cuando hay causa, objeto y consentimiento. De tal manera que, en los contratos consensuales el contrato existe y se perfecciona cuando hay objeto, causa y la declaración de voluntad de querer comprar y vender, que no es otra cosa que el consentimiento.”

Así en nuestro derecho civil resulta dogmáticamente necesario reconocer la existencia dos obligaciones, la de entregar la cosa y la de pagar su precio, desde que el contrato se perfecciona por disponer de causa, objeto y consentimiento, hasta la consumación, cuando el mismo se consuma, mediante el pago, la entrega y también se agotan los restantes efectos del mismo en el mundo real, por ejemplo, la fianza de un tercero.

A ese crédito del vendedor frente al comprador, imagen espejada de la obligación de pago de este último, le llamaba yo, en las compraventas al contado, ‘La partícula de Dios’ que es como vulgarmente se conoce el Bosón de Higgs, una partícula cuya existencia se dedujo por ecuaciones matemáticas, pero que es intangible ni visible, pues solo existe en la vida real más que en el plasma, a millones de grados y durante millonésimas de segundo, por la energía liberada en el choque de iones en un acelerador de partículas. Por eso me parecía artificioso, si bien con forzado fundamento dogmático, la posibilidad de ordenar su embargo.

Pero el contrato que liga a una ITV con un propietario de un vehículo cuya revisión resulta imperativa para circular, no es un contrato de compraventa. Es un contrato de arrendamiento de servicios prestado bajo el régimen jurídico de autorización administrativa. Las comunidades autónomas tienen atribuido la regulación de dicha autorización, que incluye la fijación de las tarifas y su cobro anticipado, que puede hacerse por internet, al solicitar la cita previa, que en el sector se denomina ‘ITV and go’, o de lo contrario, el pago previo de la tarifa se realiza en las oficinas de la estación ITV antes de la revisión física del vehículo.

¿Entonces donde está el crédito del destinatario de la orden de embargo dictada contra la estación ITV por la AEAT? Luego no se trata solo del reproche que mi amigo Fran fundamenta con razón en la generalidad y falta de concreción de un crédito futuro. Se está auténticamente ante una confiscación del patrimonio del destinatario de la orden de embargo que, no lo olvidemos, se vio obligado a requerir los servicios del deudor tributario por imperativo gubernativo, so pena de incurrir en sanción por infracción de tráfico al no poder circular con un vehículo que no  ha pasado la ITV

Pero la cosa no acaba aquí. A continuación les muestro el final de mi factura de revisión de la ITV de mi vetusta BMW C1, un engendro extraño, mitad moto, mitad Papamóvil, con techo y parabrisas, que es el arma definitiva para que un maxi-scooter urbano resulte imbatible en el clima gallego. Pese a ello resultó un fracaso comercial y se dejó de fabricar, motivo por el que con 20 años visita a menudo a la ITV:

contado

Esto es, el supuesto crédito embargado, que no es tal pues es el pago anticipado de un servicio, incluye una tasa por importe de 9,28€, un tributo parecido al peaje, pues se devenga porque el particular requiere de un particular servicio, acción o permiso de la Administración pública y esa conducta desplegada a requerimiento del particular es calificada como una manifestación de riqueza, beneficio o capacidad de pago susceptible de imposición. Luego esos descerebrados que dicen embargar créditos están en realidad exigiendo el doble pago de una tasa, la primera vez abonada a la ITV que la recauda, la segunda vez cuando la derivación de responsabilidad se convierte en liquidación ejecutiva a cargo del destinatario de la orden de embargo.

Este descalabro significa el nacimiento de un nuevo sujeto político: la Administración Tributaria. En derecho constitucional se estudia a Joseph Sieyès, quien afirma que hay un poder constituyente cuando un pueblo se erige en sujeto político y da origen a un nuevo ordenamiento, el poder constituido Así, en derecho constitucional se distingue el poder constituyente, cuya soberanía reside en el pueblo, del poder constituido, cuya soberanía delegada por el pueblo a través de la constitución con que se dotó el poder constituyente, reside en la Cámara legislativa. Los demás elementos del Estado estaban sometidos a la Ley y al Derecho, nacidos de la iniciativa política de las cámaras.

En el estado post-fiscal eso ya no es así: ha nacido un sujeto político, que llamaré como el monstruo marino Gozillaque no produce leyes pero las incumple con impunidad, lo cual equivale a lo primero: es un sujeto político devastador, porque destroza los fundamentos políticos y jurídicos con los que en occidente, convenimos basar nuestra convivencia. No le llamé Leviatán, aún más célebre monstruo marino que identifica los poderes del Estado sobre los ciudadanos, por dos razones. La primera porque se me adelantó Hobbes hace quinientos años y se pilló la marca. La segunda, porque Leviatán, en sus formas más absolutistas admite el brocardo “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. Pero las potestades absolutas del Estado post-fiscal van más lejos. Cuando la Agencia Tributaria dice proseguir el interés general, está en realidad diciendo “Todo contra el pueblo, sin el pueblo pero para el pueblo”.

Y así es como los ciudadanos hemos retrocedido de nuevo a nuestra antigua condición de súbditos y vasallos. Parece hacer buena la tesis de Hegel de que ‘La Historia se repite a sí misma’. Marx le corrigió afirmando que la historia no avanzaba en círculos sino en espiral. Por eso, aunque parecidos, los acontecimientos nunca se repetían dos veces exactas. . En la introducción al 18 Brumario de Luis Bonaparte lo plasmó: “La historia se repite la primera vez como gran tragedia; la segunda vez como farsa”. Lo cual no impide, como afirma Zizek que “Algunas veces, la repetición a modo de farsa puede ser más terrorífica que la tragedia original”.

De modo que, ¡hola Gozilla, te conocemos; no eres bienvenido porque tú eres Leviatán en modo farsa y,  más tarde, más temprano, los ciudadanos te haremos una nueva revolución francesa!

Yo, entre tanto, ya me matriculé en una academia de corte y confección: Quiero aprender a tricotar.

Antón Beiras Cal

Economista. Auditor. Abogado Tributarista

  1. Comentarios (2)

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Magnífico comentario, Antón, nos dejas sin palabras

nuria puebla
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Brillante artículo, Antón.
Recibe un cordial saludo..

Jorge Guerrero
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