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Las cartas de la Agencia Tributaria a los autónomos y el modelo 720

En estos últimos 10 días han sido noticia el revuelo organizado en las asociaciones empresariales y de asesores fiscales a cuenta de las cartas enviadas a empresarios y el anuncio del 6 de junio pasado de que de la Comisión Europea ha decidido llevar al Reino de España al Tribunal de Justicia de la UE por imponer sanciones desproporcionadas a los contribuyentes españoles por no notificar los activos poseídos en otros Estados miembros de la UE y del EEE.

Ambas noticias me han suscitado reflexiones e incluso emociones encontradas. A propósito de las cartas los gremios empresariales y las asociaciones de asesores han urgido a la AEAT al cese inmediato del envío de estas por su contenido amenazante y coactivo. Las cartas, en síntesis, se dirigen a aquellos empresarios que presentan ratios de rentabilidad y contribución muy alejados de la media de sus sectores. Les recuerdan que la Agencia tiene datos de sus entradas en cuentas corrientes, de su rentabilidad atípica y de que por ello pueden ser seleccionados en el plan de inspección tributaria.

En algunos casos, la tacha va más allá de criticar la forma y alcanza el fondo. Así a mi buen amigo y presidente de la AEDAF, José Ignacio Alemany le parece "muy preocupante" la "forma amenazante" de las cartas, pero también el fondo: "Caminamos hacia un modelo en el que la AEAT va a obligar a tributar según la supuesta media del sector" (Expansión 5 jun. 2019). Con franqueza discrepo frontalmente.

 He leído esas cartas hasta tres veces y son absolutamente educadas y pertinentes. Le comunican a los contribuyentes que sus declaraciones pueden ser objeto de comprobación por la inspección tributaria porque –obviamente según los algoritmos de la Agencia- presentan desviaciones sobre los estándares típicos de su sector. Naturalmente esos estándares no serán exigidos para liquidar una cuota tributaria, como parece deducir Alemany, sino que podrán conducir a la inclusión del destinatario en el plan General de Control Tributario.

Por consiguiente la Agencia busca el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y no perseguir al destinatario. Solo desde la óptica de quien piense que la mejor agencia tributaria es la que hace dejación de su misión legal, puede argumentarse que esas cartas son impertinentes. ¿O acaso se pretende que el Plan de Control Tributario se nutra con quienes a priori presentamos unos indicadores superiores a la media? La Agencia tributaria, es cierto, posee unos poderes inquisitivos fabulosos frente al ciudadano; pero esas son potestades atribuidas por el legislador, y las potestades son derechos-deberes que por consiguiente tiene la obligación legal de ejercer: Dura lex, sed lex. Y no hace tan mal la Agencia en recordarlas en sus cartas, pues más vale prevenir que lamentar. Por consiguiente cualquier acción encaminada al cumplimiento voluntario de la obligación constitucional de contribuir es un paso en la buena dirección.Cuestión distinta es que la redacción de la carta no sea un dechado de virtudes. A la Agencia tributaria le sobran grandes tributaristas y grandes ingenieros informáticos; sin embargo le falta un buen departamento de comunicación. Eso lo sabemos todos, pero ese déficit es una cuestión distinta a la pertinencia de las cartas.

También es una cuestión distinta, vaya si lo es, la conducta de la Administración tributaria –y del Gobierno de España, diría yo- en relación al Modelo 720.

En España existe un Guantánamo Tributario con el Patrimonio no declarado en el extranjero. En ese Guantánamo imprescriptible están atrapados trabajadores españoles que han desarrollado su vida laboral en el extranjero y vuelven jubilados a España, convirtiéndose en residentes, pero no se traen de vuelta sus ahorros o sus planes de pensiones. O los extranjeros que hacen lo mismo y se jubilan en la costa del sol. O quienes han emigrado y retornan de Sudamérica. Cualesquiera de ellos si no sabe o se olvida de que al hacerse residentes ha de declarar el ahorro de sus vidas, o lo declara con retraso, sencillamente los perderá: su patrimonio tributará como ganancia en el período impositivo más antiguo no prescrito, y llevará aparejada una sanción del 150% de la cuota. Por consiguiente no se está ante una norma brutal pero quirúrgica, ante una norma selectiva que solo ha de inquietar a los defraudadores de impuestos en España y que esconden en el extranjero sus cuotas tributarias defraudadas. Todo lo contrario. No se está ante un rifle de precisión, se está ante una bomba de racimo que tiene heridos a miles de trabajadores y contribuyentes honrados a los que se ha despojado de sus bienes legítimos.

Durante años, en los foros y congresos tributarios he escuchado reiteradamente al anterior Director General de la Agencia, Don Santiago Menéndez, hablar de las virtudes del modelo 720. Ahora la Comisión Europea denuncia la niña de sus ojos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque conculca, ni más ni menos, hasta cinco libertadas fundamentales de la Unión: Según la Comisión, estas disposiciones entran en conflicto con las libertades fundamentales de la UE: 1.- la libre circulación de personas; 2.- la libre circulación de trabajadores; 3.- la libertad de establecimiento; 4.- la libre prestación de servicios; 5.- y la libre circulación de capitales. ¡Casi nada, Sr. Menéndez! Se ha cubierto Usted de gloria.

Pero también se ha cubierto de Gloría el Gobierno de España. Aclaro: los sucesivos gobiernos de España. Fíjense: La Comisión Europea acusa recibo de la denuncia el 14 de mayo de 2013, denuncia formulada por nuestro compañero de la AEDAF Alejandro del Campo Zafra. La Comisión Europea envía una carta de emplazamiento al Gobierno (a la oficina de representación del Reino de España ante la Unión en Bruselas) el l9 de noviembre de 2015. En esa Carta de Emplazamiento ya anticipa la posible incompatibilidad de la normativa del 720 con las libertades fundamentales de la Unión. El Gobierno de España permanece silencioso. 15 de febrero 2017 La Comisión envía ya un Dictamen Motivado  que tramita con el número 2014/4330 exigiéndole a España modificar sus normas sobre los activos mantenidos en otros Estados miembros de la UE o en el Espacio Económico Europeo. La Comisión considera que España tiene derecho de exigir a sus contribuyentes que notifiquen a las autoridades determinados activos que mantienen en el extranjero, pero las multas impuestas en caso de incumplimiento son desproporcionadas. Como las multas son mucho más altas que las sanciones aplicadas en un contexto puramente nacional, la normativa puede disuadir a las empresas y a los particulares de invertir en el mercado único o desplazarse por él. Por ello, estas disposiciones son discriminatorias y entran en conflicto con las libertades fundamentales de la UE. De tal Dictamen Motivado, de  no recibirse una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión podría llevar a España ante el TJUE. El Gobierno de España sigue guardando silencio. Atención: no digo que guarde silencio porque no alegue en ese plazo de 2 meses, ante la Comisión, lo que tenga por oportuno a su derecho y en defensa de la normativa controvertida. No, digo que guarda silencio porque nos oculta a todos los españoles la existencia de ese Dictamen Motivado. Este dictamen motivado lo descubre y hace público Esaú Alarcón, doblemente compañero de la AEDAF y también por ser editor de Fiscalblog, blog decano de derecho tributario en España. Finalmente, y también inexplicablemente, 2 años y 4 meses más tarde, el pasado 6 de junio, La Comisión denuncia al Reino de España ante el Tribunal de Justicia.

Esto es un escándalo y una vergüenza.

Primero un Gobierno conservador que dijo iba a bajar los impuestos, los sube. Y aprueba una amnistía fiscal luego declarada inconstitucional por el TC. Toda vez que, además de inconstitucional, la amnistía iba directo al fracaso recaudatorio, se legisla una norma disparatada, técnicamente deficiente, como amenaza para incitar acudir a la amnistía y para apaciguar al cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado, muy crítico con la ley de Amnistía. El Consejo de Estado pone el grito en el cielo y Cristóbal Montoro lo tranquiliza asegurándole que tras el plazo de declaración de la Deuda Tributaria Especial, la normativa del 720 sería derogada. Mentira: no se derogó. Luego ese mismo gobierno conservador ocultó sistemáticamente a su ciudadanía la incompatibilidad con los tratados de la Unión alegada por la Comisión.

En segundo lugar, un gobierno progresista hace exactamente lo mismo: sigue ocultando al ciudadano la incompatibilidad con las libertades de la Unión de la regulación de ese Guantánamo tributario que es el 720. Y pese a su autoproclamado europeísmo, sigue desafiando a la Comisión. Y finalmente ese gobierno progresista, indiferente y encubridor, es denunciado por aquélla al Tribunal de Justicia.

Y yo me pregunto: ¿Como es posible que ni en el Congreso de los Diputados ni en el Senado, no haya un solo representante electo con la sensibilidad necesaria y la vergüenza personal como para promover y exigir al Gobierno acatar el Dictamen de la Comisión? ¿Será que los intereses de la Hacienda Pública son ‘Razón de Estado’ y sus instituciones, los tributos, ya no son materia del parlamentarismo, sino de las cloacas del Estado? ¿Los intereses de la Hacienda Pública son cosa secreta, como por ejemplo el CNI? ¿Sera que en España somos ciudadanos sólo cuando nos convocan a la urnas, pero nos convertimos rápidamente en súbditos contribuyentes en cuanto se constituyen la cámaras?

Antón Beiras Cal

Economista. Auditor. Abogado Tributarista

Comentarios (4)

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Felicidades por el artículo Antón, no puedo estar más de acuerdo con lo que dices, sobre todo respecto del 720: puro terrorismo fiscal.

 
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Enhorabuena, Antón. Me encanta este blog!!!!

 
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Gracias a los dos por vuestro apoyo!
ABC

 
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Muy agudo y certero el comentario. Y bien documentado. Y ya veremos qué ocurre cuando empiecen a cruzar los datos que se obtienen a través de CRS con los que figuren -o no- en el 720....

 
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