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conflictividad tributaria y efectos

Las causas de la alta conflictividad en materia tributaria y sus efectos

Reflexiones sobre buena gobernanza tributaria a propósito de la lectura de un artículo de Francisco de la Torre

A Sort, mi inolvidable Border Collie.

Recientemente leí en Linkedin varios artículos de Francisco de la Torre preocupado por el colapso en los Tribunales Económico Administrativos. Se refería a la incapacidad para deglutir los asuntos que entran y que, por mor de la prescripción, deben ser resueltos antes de 4 años. En realidad Francisco de la Torre obviaba que la obligación legal es resolver las reclamaciones en un año. Pero esa obligación incumplida, le sale gratis a la Administración. La de superar el plazo de prescripción para revisar una liquidación reclamada, esa no le sale gratis: la liquidación se extingue por prescripción.

Con ser muy grave este efecto para las arcas públicas, en este blog no queremos dejar de recordar que el Ciudadano tiene derecho a que su reclamación se resuelva en un año; de lo contrario se está ante un incumplimiento de la administración tributaria. Incumplimiento que le sale gratis, pero incumplimiento a fin de cuentas.

Hace meses fue noticia que el Ministerio quería incrementar la dotación de los tribunales económico administrativos. Estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo con incrementar la dotación de aviones para apagar incendios forestales, aunque creo que la mejor manera, la más eficiente y barata de apagar un incendio es no plantarle fuego al monte.

Esto viene a cuento de mi entrada del mes pasado, donde comparaba con una trastada mía de adolescencia, la intención de la AEAT de meter en recargo de equivalencia a los establecimientos de hostelería que arrendasen máquinas expendedoras de tabaco. Semejante estupidez tendrá por consecuencia un mínimo potencial recaudatorio a la vez que un máximo potencial irritante e incitante para la reclamación económico administrativa. Echen cuentas ustedes mismos. Dicen las estadísticas que en España hay 260.000 bares y cafeterías. Supongan que sólo el 50% tienen máquina expendedora. Supongan que sólo el 50% de los anteriores decidan recurrir las liquidaciones. Ahora echen las cuentas de cuantos aviones harán falta para apagar ese incendio. Esa cuentas, entre otras, son la que no hacen las autoridades que nos administran.      

Decía con razón Francisco de la Torre que las actuaciones de la AEAT comportan unos 14.600 millones de euros al año de las cuales se recurren muy poco las de ínfima cuantía, pero mucho las de elevado importe. Y hacía estos números:

"Sobre 14.600 millones, recurrir un 60% y tener 2,13 años (que es una media que se queda corta porque los expedientes de más importe se resuelven pasados los tres años y medio casi siempre), los expedientes equivalen a unos impuestos pendientes en los Tribunales de 18.658 millones de euros, solo de la Agencia Tributaria. Si a esto se le añaden los más de 30.000 expedientes autonómicos de impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados e impuesto de sucesiones, hay probablemente varios miles de millones de euros en impuestos pendientes de las Comunidades Autónomas.

Todo esto son más de 20.000 millones de euros en impuestos en discusión en los Tribunales Económico Administrativos. Buena parte de ellos son liquidaciones suspendidas y garantizadas”

Yo añadiría a este cálculo, que comparto, el importe bloqueado por asuntos tributarios en la Jurisdicción Contencioso Administrativa: otros 50.000 millones de euros. Y que no se me diga que son incobrables: los asuntos mayormente incobrables están en la jurisdicción penal. Pero en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el porcentaje de liquidaciones avaladas o directamente pagadas ad cautelam es muy mayoritario. Estamos hablando pues de unos 70.000 millones de euros. Lo que costó el rescate bancario, o incluso algo más.

Se comprende por tanto la inquietud del Diputado de C’s -e Inspector de Hacienda en excedencia- por las consecuencias de un volumen de reclamaciones sin resolver, según la propia memoria del TEAC, de unos 350.000 asuntos… y creciendo hacia el absoluto colapso. De la Torre preside la Comisión de Presupuestos del congreso y años atrás fue portavoz de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda: siempre dijo y escribió denotando una formación y un sentido común que me admiró.

Con mente en esa reflexión afirmaba el autor que la solución está en el programa electoral de Ciudadanos, que promete un refuerzo del Consejo de defensa del Contribuyente así como una nueva Ley de Defensa del Contribuyente. Esa propuesta, por sí misma, constituye un verdadero soplo de aire fresco en esta última década de contrarreforma, donde la crisis económica y el debilitamiento del Estado del Bienestar, anularon el control parlamentario de las propuestas legislativas procedentes del Ministerio de Hacienda, aprobando de plano los textos legales surtidos por la Cúspide de Hacienda y, sobre todo, ratificando los Decretos Ley aprobados por el Gobierno.

Pero fortalecer el Consejo de Defensa del Contribuyente significa desligarlo de la Secretaría de Estado de Hacienda, de la que depende, y colgarlo del Parlamento, que es donde han de estar los órganos de control de la actividad ejecutiva. El CDC debe ser una sección más del Defensor del Pueblo quien, ante la apatía del CDC, ya viene ocupándose de manera creciente de defender los derechos de los contribuyentes, pese a no ser un órgano especializado ni disponer de funcionarios especializados en tributos.

 El último botón de muestra: la obligación de presentar las declaraciones por el IRPF 2018 exclusivamente en soporte digital. El Defensor del Pueblo tiró de las orejas a Hacienda por lo que es una obligación onerosa y desconsiderada para la España vacía, los ancianos del rural y de las provincias interiores. ¿Y qué hizo el CDC?: permanecer callado.

Por consiguiente, la sociedad civil debe apoyar esas medidas propuestas por C’s e incluso llevarlas más lejos. A Francisco de la Torre le aterrorizan los efectos de la alta conflictividad en materia tributaria; y tiene razón en estar aterrorizado: el sostén del Estado del Bienestar están en juego. Pero a mí también me aterrorizan las causas de esa conflictividad pues afecta al Estado de Derecho y, atajándolas, se atajan también sus consecuencias. Porque resulta indispensable en todo análisis certero determinar las causas, es por lo que eché de menos cosas en el texto de Francisco de la Torre que, quizás por prudencia, no se atrevió a escribir.

Sea Galicia, por ejemplo, donde se está ante el auténtico derrumbe del principio de legalidad en materia de tributos cedidos. Los números que arroja la última memoria publicada por el TEAC resultan apabullantes. Fíjense en esta tabla resumen comparativa:

Reclamaciones presentadas ante los tribunales económico-administrativos regionales y central

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

  A Coruña

3.965

6.503

7.136

5.682

7.650

7.741

8.294

8.638

  Lugo

923

1.220

1.152

1.226

1.170

1.259

1.379

1.479

  Ourense

893

1.291

1.425

1.256

1.365

1.454

1.489

3.300

  Pontevedra

3.525

2.369

2.856

2.601

2.597

3.417

3.422

2.950

  Vigo

1.438

1.612

1.898

2.336

2.449

2.397

2.685

2.531

  Galicia

10.744

12.995

14.467

13.101

15.231

16.268

17.269

18.898

  España

198.532

216.747

223.417

208.602

207.053

204.698

192.005

194.279

 º Galicia/España

En Galicia, las reclamaciones económico-administrativas se incrementaron un 76 % desde 2010; en España, se redujeron un 2,1 %

En 2017, Galicia fue la cuarta comunidad española con mayor número de reclamaciones económico-administrativas, por detrás de Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana, y por delante de Cataluña. Galicia tiene 2,7 Millones de habitantes y un PIB de 61.000 millones de euros. Cataluña, a quien aventaja Galicia, tiene 7,5 millones de habitantes y un PIB de 223.000 millones de euros.

Los tribunales económico-administrativos de España resolvieron el año pasado un total de 209.617 reclamaciones, de las cuales fueron estimadas total o parcialmente 94.986, es decir, el 45,31 %.

El TEAR-G resolvió 14.903 reclamaciones, de las que 7.043 fueron estimadas total o parcialmente, esto es el 47,25 %.

Tanto en Galicia como en el resto de España, el impuesto que recibe mayor número de reclamaciones es el IRPF, que los TEAR estimaron en un 46,62 % de los casos; en Galicia, el porcentaje de estimación de las reclamaciones contra el IRPF fue del 39,24 %. La situación es inversa en el caso de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas.

Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Estimados total o parcialmente:

  • España: 69,45 %
  • Galicia: 82,16 %

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos. Estimados total o parcialmente:

  • España: 63,83 %
  • Galicia: 75,23 %

El desglose de la evolución de los impuestos en los ocho años analizados apunta, además, diferencias muy significativas entre Galicia y la media española. Llama la atención, por ejemplo, el elevado incremento del número de reclamaciones contra el Impuesto de Sucesiones, curiosamente el que provoca mayores resoluciones del TEARG a favor del contribuyente:

 

2010

2017

↑ 2017/ 2010

 

Galicia

España

Galicia

España

Galicia

España

   IRPF

1.483

31.839

4.940

52.752

233 %

65,68 %

   Sociedades

371

8.952

537

8.866

44,74 %

-0,96 %

   Sucesiones

1.330

12.507

2.701

9.698

103,08 %

-22,46 %

   Transmisiones

1.905

33.567

2.694

23.388

41,41 %

-30,22 %

 

Como podrán observar tanto la AEAT como la ATRIGA incrementaron su litigiosidad en Galicia por encima de la media española. Pero en el caso de la ATRIGA el incremento en el I. Sucesiones es del 100% cuando en España  bajó el 22%. Y en el I. Transmisiones el incremento es del 41% cuando en España bajó el 30%. Si a estos datos añadimos un porcentaje de estimación de las reclamaciones superior al 80%, entonces se está ante una patología jurídica, social y política que socava la presunción de legalidad de los actos administrativos, la confianza legítima y la seguridad jurídica. Amén del derecho democrático a la buena administración, elevado por el art. 43 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a la condición de derecho fundamental al buen  gobierno.

 ¿Ante este esperpento qué hacer? Pues no estoy en su caso y no lo sé, pero les diré lo que sí hice yo.

Propuse al Foro de Entorno Socioeconómico del Circulo de Empresarios de Galicia un monográfico sobre actualidad tributaria que titulamos “Nuevos vientos de cambio en la Administración tributaria”. Invité a César García Novoa, quien habló del compliance Fiscal y de los nuevos vientos en nuestro entorno internacional, donde las Administraciones tributarias buscan una fiscalidad colaborativa que destierre en lo posible la confrontación constante y el uso y abuso del recurso a los tribunales. Me refiero a los países anglosajones, claro, no a Galicia. Para ilustrar lo que sucede en Galicia, yo, en contraste, saqué las estadísticas del TEAC. La reflexión del Foro fue rotunda y unánime: convocar a la sociedad civil, facultades de derecho, colegios de economistas y abogados, confederaciones empresariales etc., para pedir la creación de una comisión bilateral Sociedad Civil/Consellería de Facenda para sentarse y poner definitivo coto a este desmán que recrece a contracorriente.

Ya en el año 2010 le había escrito al Presidente Feijoo una carta alertándole de la pésima praxis tributaria en la aplicación de los tributos por parte de los órganos de la Consellería de Facenda[1]. Ya entonces le aconsejé la creación de un Consejo de Defensa del Contribuyente para los tributos autonómicos, propios y cedidos, que además haría la función de control de calidad de ese elemental servicio público. El Conselleiro de Facenda, en quien el Presidente delegó, contestó amablemente a uno de los firmantes agradeciéndonos el interés. Eso fue todo.

Y hace seis meses en un encuentro con empresarios en el Circulo de Empresarios de Galicia interpelé al presidente Feijóo. Le recordé la carta que le enviara en 2010, anunciándole una grave deriva de la administración tributaria. Le leí los números recientes de la memoria del TEAC, entonces premonitorios: un 84% de liquidaciones anuladas por el Impuesto sobre Sucesiones.

Me contestó que estaba equivocado. Que mis números, sin ser inexactos, eran erróneos porque no metían en la ecuación a todos los que no reclamaban. Si se computasen todas esas pequeñas liquidaciones, dijo, entonces los números sí salían.

A eso me refería yo al principio con que la mejor manera de apagar un incendio es no plantarle fuego al monte. No plantarle fuego al monte, o a los contribuyentes por si alguien se perdió con el símil, es más efectivo que comprar hidroaviones canadienses especializados en tomar agua en lagos y embalses, para luego refrescarles arrojándosela por encima.

No sé si además también es más barato, pero desde luego es más legítimo: se llama buena gobernanza y su ausencia –la causa del problema- es de lo que no habló Francisco de la  Torre.

Antón Beiras Cal

Economista. Auditor. Abogado Tributarista


[1]. Texto íntegro de la carta al presidente Feijóo aquí

Comentarios (1)

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Magnifico comentario. Completamente de acuerdo en todo. Por no añadir que, en muchos de los casos en que obtenemos estimaciones en la vía económico-administrativa, Hacienda recurre en la vía contencioso-administrativa, porque le sale muy barato, retrasando aún más el restablecimiento del orden jurídico vulnerado. Más medios, también, por tanto, se deben solicitar para los tribunales de justicia. Un Estado de derecho en el que hay un principio de ejecutividad, basado en que el acto...

Magnifico comentario. Completamente de acuerdo en todo. Por no añadir que, en muchos de los casos en que obtenemos estimaciones en la vía económico-administrativa, Hacienda recurre en la vía contencioso-administrativa, porque le sale muy barato, retrasando aún más el restablecimiento del orden jurídico vulnerado. Más medios, también, por tanto, se deben solicitar para los tribunales de justicia. Un Estado de derecho en el que hay un principio de ejecutividad, basado en que el acto administrativo se presume válido y eficaz, solo tiene sentido si la justicia es rápida. Gracias, Antón, por lo que escribes.

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