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¿Es el ingreso mínimo vital la solución?

Les he de confesar que me resulta todavía imposible escribir un artículo técnico. Mi pensamiento continúa absorbido por el coronavirus y sus dramáticos efectos.

Y lo está, porque tengo la terrible impresión de que muchos responsables políticos desconocen el impacto humano de lo que un ERTE representa, los efectos negativos que el COVID tiene en la economía de muchas familias, el dramático aumento de la pobreza vinculado al COVID-19, la desesperación que la falta de ingresos supone, y, en definitiva, del drama humano y psicológico que tales situaciones suponen. Desconocimiento, en la mayoría de los casos, asociado a no haber vivido en primera persona tales situaciones.

Dudo, incluso, que sean realmente conscientes de la enorme magnitud y consecuencias de la dramática y gravísima situación que el sector privado sufre y que día a día se extiende de forma irremediable e irreparable.

Desconocen, creo, lo que se siente y sufre.

Dudo también que sean conscientes que ellos, como Sector Público, son unos privilegiados.

Y lo dudo porque las soluciones que se aportan se limitan a aprobar prestaciones y ayudas económicas y sociales y a reclamar la necesaria solidaridad de Europa. Ayudas, por cierto, que se eternizan en los despachos de nuestra Administración hasta convertirse en ineficaces. Y una Europa que la gestión de los tiempos es impropia de la gravedad de la situación.

Tampoco escucho ningún tipo de autocrítica con relación a la situación de insolvencia en la que España, y otros Estados denominados del “sur”, viven, y que es la principal razón del porqué estos no actúan como Alemania, Austria, Países Bajos, o Dinamarca.

Solo superado por Italia, España es el país que menos ayudas con relación al PIB ha concedido.

No escucho, tampoco, ninguna propuesta de sacrificio real del Sector Público; me refiero, claro está, de sus representantes.

Nada se dice de que la propuesta de un Fondo de Reconstrucción europeo, que como muy pronto estará aprobado en el último trimestre de 2020, se va a financiar con impuestos. Nadie, al menos, lo pone en valor.

Tampoco se le da importancia a la carga de profundidad que se esconde tras la propuesta de nuestro Vicepresidente con relación al impuesto sobre las grandes fortunas, o a las recientes palabras de nuestra Ministra de Hacienda con relación a la fiscalidad del siglo XXI.

Damos por obvio que la respuesta a la contaminación es gravar a quien contamina y no la de prohibir las acciones que la producen. Parece, pues, que contaminar es un problema de impuestos. ¿Recaudar?

En definitiva, los tambores de los impuestos empiezan a sonar.

Eso sí. Es el momento de ir unidos; de la solidaridad.

Y así, con absoluta demagogia y populismo, se nos habla de escudo social, justicia social, y de Estado Social.  Y con absoluto sarcasmo y desprecio se habla de la solidaridad de los ricos y de su entusiasmo patriótico por pagar impuestos en situaciones como la actual.

Y eso sin olvidar que rico es, según parece, todo patrimonio superior a 1.000.000 de euros, sin incluir, eso sí, la vivienda, tener más de 10 inmuebles (que se premia con el título de “gran tenedor”), o tener un salario superior a 50.000 euros, que es aproximadamente el importe a partir del cual el IRPF alcanza su tipo máximo, excepción hecha del tramo autonómico. En definitiva, una triste imagen del concepto de rico.

Alemania, sin embargo, acaba de anunciar una reducción de los impuestos, en concreto, del IVA, con la finalidad de hacer frente a la evidente crisis de consumo. Pero no pasa nada.

Entre tanto, cierran empresas (en concreto, y entre marzo y abril, se dieron de baja del registro de códigos de cuenta de cotización de la Seguridad Social, 133.757 empresas), las ayudas y prestaciones llegan tarde, el número de trabajadores afectados por los ERTEs es más que preocupante (casi 4.000.000 de trabajadores), aumenta la incertidumbre y la preocupación de los españoles por su estabilidad laboral, se desmorona la recaudación, se incrementa el paro, el déficit estructural se dispara, nuestro endeudamiento supera ya el PIB, y la caída de este último se sitúa en porcentajes nunca vistos. Pero tampoco pasa nada. Saldremos unidos. Es un problema mundial. La solidaridad europea es la solución.

El problema, desgraciadamente, es que pocos ciudadanos entienden de economía; circunstancia de la que los políticos se aprovechan hasta el extremo de afirmar que la renta mínima es el inicio de la recuperación económica porque dinamizará el consumo. Impresionante, pero cierto.

Aplaudimos, sin reflexión previa, cuando el Gobierno aprueba líneas de crédito ignorando que el problema no es la falta de oxígeno, sino de sangre, y que, una vez hecha la transfusión, esta no se puede volver a extraer salvo riesgo de muerte. Se afirma, así, que España ha concedido más avales que Alemania. Cierto. Pero se olvida decir que la razón de ello obedece a que el antídoto para combatir la pandemia no son los avales sino las ayudas directas. Y en esto, claro está, Alemania nos gana por goleada.

En esta misma línea, nada se dice tampoco de que España reclame a Europa ayudas directas, pero que no aplique idéntico antídoto con sus empresas, excepción hecha, eso sí, del sector cultural. En definitiva, España y sus aliados, reclaman para ellos medidas que no son capaces de aplicar en su país: ayudas no reintegrables a las empresas. Pero tampoco pasa nada.  

La verdad, como decíamos, es que pocos ciudadanos entienden qué impacto tiene para ellos que España tenga la situación económica que tiene. Nadie cae en pensar que nuestros políticos, promesa tras promesa, con la mirada puesta en el corto plazo, y sin proyecto alguno de modelo económico productivo para España, han permitido que nuestro país se endeude hasta límites que impiden cualquier margen de maniobra. Ignoramos que somos más pobres; que nuestra deuda personal con el Estado se ha aumentado. Y es cierto. La crisis del coronavirus nada tiene que ver con la inmediatamente anterior. La prima de riesgo, hoy, se mantiene bajo control. Pero ello no es óbice para reconocer que nuestra solvencia económica no es precisamente óptima y que, recordémoslo, nuestro endeudamiento incumple el tope previsto por la ley de estabilidad presupuestaria y que vivimos en un permanente desajuste presupuestario. Pero no pasa nada. Esta crisis es temporal y distinta.

¿Y cómo es posible que no pase nada? Pues muy sencillo. Las ayudas del Estado lo acallan todo. El Estado se hará cargo de todo. Nadie se quedará atrás. ¿Recuerdan?

Tanto nos invade el Estado que nos ha usurpado también nuestra libre responsabilidad personal en detrimento de nuestra libertad. No estamos educados en la responsabilidad individual como seres en convivencia. Y a las pruebas me remito: playas, terrazas, y paseos abarrotados sin respetar las medidas de distanciamiento social; circunstancia que es el reflejo de una educación en la que los valores están ausentes; en la que el respeto y la convivencia (con “vivir” con los demás) son mera utopía; en la que el individualismo se ha impuesto; en la que lo importa es el “tener”, y no el “ser”; en la que solo existe el corto plazo; en la que el esfuerzo es solo sinónimo de ganancia y especulación.

Pero la verdad es que, día tras día, pedimos más protección del Estado, más ayudas, más subsidios. Los exigimos. Los aplaudimos. Del derecho al trabajo, estamos ya muy cerca al derecho a que el Estado nos lo proporcione. Del derecho a la vivienda, estamos transitando al derecho a que el Estado nos la facilite. De la vida digna, se atisba ya al derecho a que el Estado nos la garantice mediante una renta universal. De la libertad, a la dependencia. De la persona, al súbdito.

Y derecho tras derecho, la necesidad de recursos es cada vez mayor. Pero no se preocupen. El coste del “escudo social” lo pagaran los “ricos”, esto es, los que intencionada e insolidariamente nos roban con su elusión y evasión de impuestos. El problema, se nos recuerda, es el fraude y una presión fiscal inferior a la media europea.

El problema, según parece, no es la ausencia de un modelo económico bien definido, una tasa de paro estructural muy superior a la media europea, un desequilibrio presupuestario estructural y permanente, la falta de I+D o de un modelo industrial, la fuga de capital humano, los déficits del sistema educativo, el retraso de la justicia, la inseguridad jurídica, la desconfianza, o el excesivo individualismo.

El problema no es tampoco que aumente el porcentaje de familias que tienen dificultades para llegar a finales de mes o que casi el 60 % de los españoles opine que su nivel de vida va a disminuir, esto es, que la clase media está en camino de extinción. No. Este no es el problema. Y si lo es, el culpable es el mercado. Pero no. El problema es que nos falta construir un escudo social. Más Estado. Esta es la solución. Poco importa pues que no se cree riqueza. Que riqueza y honestidad no están reñidos. Que la desigualdad, fruto de la igualdad de oportunidades, no es el problema.  

Sin embargo, cuando la economía castiga con dureza a las familias, las cosas se ven distintas. Cuando las personas ven peligrar su trabajo, y/o su poder adquisitivo, no hace falta entender de economía. Se entiende entonces que algo va mal; muy mal. Y este momento está llegando ya, si no lo ha hecho ya.

El problema de fondo, digámoslo claro, es que no se quiere reconocer que la economía privada, y no el Estado, es la base del bienestar. Que la economía es la que crea y destruye empleo; que es esta, y no el Sector Público, la que permite a las personas tener una vida digna. Que es la economía la que financia al Estado y, por tanto, la que aporta los recursos necesarios para financiar la sanidad, o la educación. Que la función del Estado es la de promover el marco social y económico para que la economía funcione en libre competencia; exenta de privilegios. Economía cuya esencia es la libre iniciativa e igualdad de oportunidades y un Estado que ha de regular, controlar y promover, pero no intervenir ni competir con el sector privado.

No se quiere reconocer que, con liquidez, no es necesario ningún ingreso mínimo vital o, mejor, que su necesidad es mucho menor. Que, con liquidez, disminuyen los ERTEs; que, si esta fluye, no se incumplen las obligaciones.

No nos atrevemos a reconocer que nuestra situación económica no nos ha permitido que el Estado ayude a las empresas transfiriéndoles los ingresos que han dejado de percibir por la obligada hibernación económica con la obligación de cumplir con sus obligaciones, incluido el personal.

Pero claro. No es políticamente correcto aprobar un ingreso mínimo vital cuyo destinatario sean las empresas evitando, así, ayudas directas a los afectados por el ERTE o a los supuestos de vulnerabilidad imputables al COVID-19. Y no lo es porque resta votos. Lo popular es ayudar a las “personas” y vanagloriase de que se ayuda también a las empresas aunque lo sea con ayudas que no son las que se necesitan.

Pero lo cierto es que nada de nada. O lo que es peor. Incompetencia económica manifiesta.

Pero digamos la verdad. La pobreza se combate promoviendo la riqueza en un contexto de verdadera igualdad de oportunidades; sin privilegios. Promoviendo el esfuerzo, el compromiso y la responsabilidad individual. Practicando la subsidiariedad del Estado en los términos que la propia UE reconoce en favor de cada Estado; subsidiariedad que supone ni más ni menos la primacía de la persona respecto al Estado, y no a la inversa.

Promover la vida digna es pues promover un marco social y económico que fomente la creación de empleo y la riqueza; la libertad personal. El esfuerzo y el compromiso. La convivencia. La iniciativa privada.

De ser así, la prioridad absoluta del Gobierno, del Estado, ha de ser la de proteger a nuestro tejido productivo, esto es, a nuestra única fuente de creación de riqueza: empresarios y trabajadores.  

Si la economía funciona, hay riqueza. Y si hay riqueza, la necesidad de recursos públicos es menor.

Pero sin riqueza, los demandantes de un ingreso mínimo son mayores y la necesidad de mayores recursos también. Si la economía no funciona, la destrucción de empleo aumenta y la necesidad de prestaciones también. Y si el mercado está “enfermo”, la economía familiar peligra, y la necesidad de subsidios es mayor.

Y la pregunta es obvia. ¿Quién paga los mayores subsidios, ayudas y/o prestaciones?

Responder correctamente requiere identificar muy bien cuál es el problema y no confundirlo con sus consecuencias.

Y los problemas son tres.

El primero, la crisis del COVID-19, que es una crisis de hibernación económica, esto es, de falta de ingresos fruto del cerrojazo en la actividad económica.

Sus consecuencias, los ERTEs, los cierres de empresa, y el aumento de la pobreza asociada al COVID-19.

Su solución, ayudas directas a las empresas, esto es, transferencias por importe equivalente a los ingresos mínimos necesarios para la cubertura de sus costes y que se han dejado de percibir por decisión del propio Gobierno.

Con tales ayudas, se evitan la mayoría de las acordadas, pero su distribución es más equitativa.

En definitiva, compromiso con el mantenimiento de empleo y del tejido productivo.

Pero claro, eso de ayudar a las empresas es políticamente complicado e impopular. Y Merkel, claro está, no es la referencia.

El segundo, la crisis post Estado de Alarma, que es una crisis básicamente de consumo y de adaptación.

Sus consecuencias, despidos, cierres de empresa, y aumento de los supuestos de vulnerabilidad.

Su solución, ayudas directas y avales para créditos.

Y el tercero, la “normalidad” anterior y cuya única solución es hacer los deberes pendientes y que tanto duelen.

Pero si en lugar de centrarnos en el verdadero origen del problema lo hacemos en sus consecuencias, los supuestos de pobreza a medio y largo plazo serán cada vez mayores. Y lo serán porque no hemos solucionado el problema, sino sus efectos; efectos que serán cada vez mayores hasta que no nos centremos en solucionar el problema.

Si el mercado no funciona, si la economía no funciona, no hay recursos suficientes para financiar nada. Lo prioritario, por tanto, es que la economía funcione y que la recaudación aumente porque la riqueza aumenta y no porque esta se reduce empobreciéndonos todavía más. 

Pero no seamos tampoco ingenuos. La pobreza existirá siempre. De lo que se trata es de reducirla al máximo. Y el antídoto para conseguirlo no es otro que promover el empleo, la libre iniciativa, y la creación de riqueza. Después, pero solo después, es cuando hay que centrarse en los subsidios que correspondan. Si lo prefieren, en paralelo. Pero nunca al revés.

Estamos pues poniendo solución a las consecuencias del problema, pero no al problema en sí mismo: el COVID-19. Este, admitámoslo ya, es la hibernación de la economía. Y la hibernación económica solo se repara devolviendo a la economía lo que a esta se le ha detraído: ayudas directas o no reintegrables.  

En este contexto, hay que insistir en la necesidad de distinguir entre el periodo de “hibernación” y el de “post hibernación”. Frente a la hibernación, y como ya hemos dicho, el único antídoto es sangre, esto es, ayudas directas. Frente a la post hibernación, el antídoto es sangre y oxígeno, esto es, ayudas directas, que suplan la falta de ingresos, y ayudas reintegrables, que permitan adaptarse a una “nueva normalidad”; ayudas que permitan mantener los costes de estructura de nuestras empresas, personal incluido; que permitan, en definitiva, mantener una mínima velocidad de crucero ya adaptarse a la “nueva normalidad”.

Es pues urgente y prioritario ayudar a las empresas para que el problema se solucione y, en definitiva, para que la liquidez fluya con normalidad.

Mientras no lo hagamos, mayor será la pobreza; la miseria; el cierre de empresas; el número de despidos; los impagos; y un largo etcétera.

Y que quede claro. Los subsidios son sin duda necesarios para corregir los fallos que la economía tiene, pero no para solucionar el problema de la economía.

En este contexto, el ingreso mínimo vital, que aplaudo, nada tiene que ver con el COVID-19 que, sin duda, ha agravado el problema de la pobreza en España.

Pero este problema es pre COVID-19 y no se puede por tanto confundir con la pobreza imputable tan solo al COVID-19. Su debate, sin duda necesario y urgente, no es pues hoy el prioritario. Se ha de abordar. Sin duda. Pero con un orden y prioridades. El ingreso mínimo que ahora se necesita es para reparar el daño directo e indirecto que se ha hecho a la economía. Sus destinatarios son las empresas con la obligación, insisto, de cumplir con sus obligaciones.

¿Y cómo se financia? Pues ahora sí, con mayor deuda pública con carácter de perpetuidad, deuda que se ha de reducir con las ayudas directas que Europa acuerde y que, nos guste o no, se financiaran con mayores impuestos cuyo impacto en la economía será mayor o menor en función del plazo en el que la UE haya de devolver la deuda que para ello ha contraído.

Tales medidas se han de compatibilizar con otras nuevas que nos permitan combatir la pobreza pre COVID y sus causas.

Medidas que no son otras que diseñar un modelo de economía social de mercado basado en la igualdad de oportunidades y en la ausencia de privilegios. Es el momento de una economía socialmente responsable. De empresas con “alma”; con “corazón”. De evitar la pobreza promoviendo la creación de riqueza. El modelo ya existe y Alemania lo lidera. Poco hay que inventar.

Las ayudas estigmatizan y reducen nuestra libertad. El trabajo dignifica y garantiza nuestra libertad.

Las empresas, entendámoslo ya, necesitan confianza, compromiso, seguridad jurídica y una urgente transfusión de sangre que les permita salir de su anemia; necesitan que sus órganos vitales vuelvan a la normalidad; normalidad que exige un gran pacto entre los agentes sociales y económicos. ¡¡¡¡¡No entre los políticos!!!!!!   

Estoy convencido de que el Sector Privado es capaz de resurgir de las cenizas. Pero para ello es imprescindible que el Sector Público asuma su rol de donante y que permita que la eficiencia del Sector Privado demuestre sus excelencias.

Es pues necesario sellar los pactos de una colaboración público-privada en la que cada uno asuma su rol. Con respeto; con lealtad. Sin confrontación. Sin criminalizar la riqueza. Al contrario. Dignificándola cuando es fruto del esfuerzo, honestidad y compromiso.

Humildad, esfuerzo, compromiso y autocrítica son pues las bases de la recuperación. 

El problema es que estamos ya en periodo de descuento, con varios jugadores de menos, con otros muy graves, y con un número considerable de heridos. El problema es que los tiempos se gestionan de forma muy lenta.

Reconozcamos pues que las limitaciones para superar nuestra pandemia económica son, en gran parte, fruto de nuestra insolvencia, prioricemos, y pongámonos a trabajar. Unidos.

¿Es el ingreso mínimo vital la solución? Conteste usted mismo.

Antonio Durán-Sindreu Buxadé

Profesor de la UPF, Doctor en Derecho y Socio Director DS

  1. Comentarios (3)

  2. Agregar el tuyo
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Muchas gracias Profesor Durán-Sindreu,

Siempre he pensado que personas como usted (que no tienen la necesidad de quedar bien con nadie) deberían estar influyendo en mucha mayor medida en los planes públicos que aprueban los políticos (también sospecho que su poca confianza en el sistema actual debe ser cuanto menos desincentivadora para introducirse en menesteres públicos) . Usted promueve viabilidad económica y social a largo plazo y eso resta votos a los políticos en el corto plazo. Me pregunto cómo es posible alinear los intereses de las decisiones políticas con la sostenibilidad de una economía en el largo plazo y no consigo ver la fórmula. ¿alguien me podría ayudar a dibujarla?

Muchas gracias por otra lección de sentido común, que actualmente parece el menos común de los sentidos.

Sergi M

Sergi M
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Buenos días,

Ya que en esta ocasión ha abordado el tema más allá de la esfera fiscal, me permito emitir mi opinión también fuera de este ámbito. Creo que un país que tiene recursos ociosos, debería hacer lo posible por aprovecharlos. Tierras abandonadas, inmuebles vacíos, recursos forestales, bosques que no se están vigilando ni aprovechando lo suficientemente (por exceso de maleza en algunas zonas...). Por ejemplo, establecer una ratio, por cada arbol que se tale, que se planten 20, éste sería uno de tantos trabajos para los parados. Pero hay que ponerle el cascabel al gato. Una cosa es darle ayudas al que no está en condiciones de aportar su trabajo o no se lo pueden dar y otra muy distinta es que por las ayudas nos olvidemos de la importancia de todo lo demás.

Saludos cordiales.

Diego David
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Por desgracia tengo que coincidir en todo y sin discrepancias con tu artículo. Tremendo que así sea.
Estamos igual que hace unos veinte años en que, en un programa de investigación (hoy desaparecidos prácticamente) acerca de la situación en Argentina por aquellos tiempos, entrevistaban a personas que estaban en la más absoluta pobreza; pues bien, ni uno solo, ante la pregunta de ¿qué le pide usted a sus gobernantes para solucionar esto? NI UNO repito dijo..."un trabajo", la respuesta unánime fue..."una ayudita" (se referían obviamente a lo que ahora aquí es la renta mínima). Con subvenciones de este estilo no se puede avanzar y, lo que es peor, con la lentitud y la burocracia que tenemos tan pesada, ni siquiera van a llegar a tiempo. Si no fuera por entidades tipo Cáritas, Cruz Roja, Bancos de alimentos, y particulares pensantes, la hambruna sería aún mayor de lo que va a ser.
Y para rematar nuestro estado de ánimo, ayer leía los comentarios de una responsable de la Eurocámara poniendo a caldo a los gobernantes españoles por no haber sabido lo que hay que hacer para estimular el turismo del cual vive mucha parte de españoles, ni tampoco saber cómo solicitar estímulos por parte de Europa para nuestro país; los tildaban de tontos de remate y acababa diciendo que era increíble que los españoles tengamos estos dirigentes tan inútiles; para que esto se ponga por escrito.... hay que ganárselo (el adjetivo).
Sólo espero que quienes nos siguen acaben espabilando y revolucionen de una vez esta situación y este país aunque hay demasiado aborregamiento.
Los que podemos seguiremos tirando de la economía y siendo afortunados por poder hacerlo pero duele en el alma lo que va a venir para demasiadas personas.

Sara Rodríguez Ferreiro
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