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La soledad del empresario y la incomprensión del asesor

La soledad del empresario y la incomprensión del asesor:  de la realidad empresarial al absurdo administrativo

La situación es grave. Para mí, muy grave. Gravísima. Me refiero a la conflictividad tributaria, en particular, a la que tiene su origen en discrepancias interpretativas y a sus consecuencias.

En ocasiones tengo la sensación de que funcionarios y magistrados viven en una burbuja de cristal ajenos a la realidad empresarial. Desconocen su praxis y están en muchos casos contaminados por sus percepciones de la “sesgada realidad” que les toca vivir.

Lo mismo ocurre, y hay que decirlo, con los asesores, cuyo desconocimiento de las interioridades de la Administración y de los muchos “marrones” y “presiones” con los que hay que terciar, les aleja de una realidad objetiva que también está ahí y hay conocer.

Total, dos mundos distintos. Alejados, uno, de la praxis empresarial y de su funcionamiento; el otro, apegado a la misma. El primero, muy influenciado por determinadas conductas que no responden a la generalidad de los casos. El segundo, abierto a toda la realidad. Pero ambos “mundos” viven sin conexión alguna.

 Sea como fuere, el perjudicado de todo ello es la economía y la creación de riqueza.

El origen de todo es la falta de conocimiento que los políticos (y muchos funcionarios) tienen de la realidad empresarial y sus dinámicas. Su consecuencia es una muy deficiente legislación, repleta de ambigüedades y conceptos jurídicos indeterminados, inestable, y en la que subyace, sin decirlo, la mala fe del contribuyente; de la empresa; ambigüedades que, en primera instancia, el contribuyente ha de resolver para que, años más tarde, la Administración intervenga desde sus despachos, y, en última instancia, lo rematen sus señorías en Sala. En ese largo recorrido se paralizan decisiones, se frena la emprenduría, se abona la desconfianza, y las diferentes interpretaciones proliferan y desconciertan. Pero no pasa nada. Nadie interviene. Solo la AEAT.

En este contexto no son pocos los casos que, con vaivenes continuos y parálisis empresarial, coletean desde hace ya muchos años. El daño para la economía y para el propio sistema es mayúsculo.

Déjenme ponerles un ejemplo que tal vez no sea significativo pero que ilustra lo que quiero decir.

Una empresa suscribe contratos de renting de vehículos que se van a destinar como herramienta de trabajo de sus comerciales. En el contrato laboral que la empresa suscribe con estos últimos se estipula una retribución que en ningún caso incluye la utilización para fines particulares del vehículo. Por tanto, su utilización no es parte integrante de su retribución, del salario, ni, por tanto, retribución en especie. Por tal motivo, esta no figura en las nóminas de los comerciales ni en las liquidaciones de la seguridad social que la empresa presenta. En otras palabras, la utilización del coche no se pacta como retribución salarial de los comerciales.

Sigamos. Por razones prácticas, los comerciales no tienen la obligación de estacionar el coche cada noche en las instalaciones de la empresa, sino que se pueden desplazar con él a su domicilio habitual. La razón empresarial es obvia. El coche es para los comerciales su herramienta de trabajo. En lugar de una mesa de trabajo, su “mesa” es el coche con el que cada día se desplazan para visitar a su cartera de clientes. Este es su día a día. Al anochecer, no parece razonable que aparquen el coche en la empresa que, además, está en muchos casos a unos cuantos kilómetros de su domicilio. Criterios de eficiencia empresarial, de productividad, y de política de recursos humanos, lo desaconsejan.

Esta es una realidad empresarial muy extendida; realidad que hay que completar con el hecho de que, por las mismas razones de eficiencia, los fines de semana la disponibilidad del coche la tiene el trabajador. Pero la razón de ello no es que se haya pactado su disponibilidad para fines particulares en contraprestación a su trabajo en la empresa. Es, tan solo, una razón de eficiencia empresarial.

Pues bien; el criterio administrativo y judicial hoy más extendido es que por esa “disponibilidad” que el comercial tiene sobre el vehículo fuera de horas laborables, existe retribución en especie.

Ningún funcionario se cuestiona si existe un pacto expreso o tácito por el que se retribuye el trabajo del comercial mediante la disponibilidad en horas no laborables del coche. Nadie se pregunta, por ejemplo, si el comercial tiene derecho a exigir esa “retribución”. De ser así, es obvio que la empresa y el comercial habrían de cotizar a la Seguridad Social y que, al ser parte integrante del salario, tal retribución genera también unos derechos económicos y laborales en favor del comercial, por ejemplo, mayor prestación por jubilación o mayor cuantía de una posible indemnización por despido. Eso, que es lo principal, no se acredita. Parece no importar. Lo importante es que se tiene disponibilidad para uso particular. Poco importa, insisto, el porqué. Pero nada se pregunta a los comerciales. Poco parece importar conocer de primera mano esa importante información con trascendencia tributaria. Se olvida, tal vez, que el art. 173.5 a) del del Real Decreto 1065/2007 faculta a la inspección a recabar información de los trabajadores o empleados sobre cuestiones relativas a las actividades en que participen.

Pues bien; de dicha disponibilidad la AEAT, y la jurisprudencia, interpretan de forma automática que existe una “renta” en especie. Así de simple.

Pero sigamos. Dado que para la AEAT (y la jurisprudencia) se trata de una renta en especie, la AEAT la ha de valorar aplicando, claro está, la norma. Y con criterios de disponibilidad, y salvo prueba en contrario, que, por cierto, es casi diabólica por imposible, se llega a la conclusión de que el coche está disponible para uso particular todas las horas que no integran la jornada laboral, noches incluidas. Total, que cuando el coche “duerme”, hay también retribución en especie.

Todo esto ocurre, claro está, mucho más tarde, muchos años más tarde, de que la empresa haya tomado sus decisiones e, incluso, mucho después de que, en algunas inspecciones, se haya admitido lo contrario.

Sea como fuera, la AEAT regulariza tal situación como renta en especie y, para cerrar el círculo, considera también que existe una prestación de servicios sujeta y no exenta del IVA, esto es, que la empresa ha de repercutir a su comercial el IVA correspondiente a la retribución en especie.

Ni el funcionario ni sus señorías caen en el pequeño detalle de que el comercial, convencido de que tal disponibilidad no es en contraprestación del trabajo, no ha declarado dicho importe en su declaración y que, como la Lotería de Navidad, se ha visto ahora agraciado de una mayor retribución que ha de cotizar la Seguridad Social, mejora sus derechos económicos laborales, e incrementa su base de cotización; beneficio, eso sí, que encarece el coste salarial para su empresa.

En consecuencia, por los periodos no prescritos, el comercial tendría que presentar una declaración complementaria. Y por supuesto, a partir de ahora habrá de incluir tal concepto en su declaración de IRPF.

Se dirá que, si se trata de la utilización para fines particulares del coche, el art. 43 de la Ley del IRPF no deja lugar a dudas. Cierto. Pero siempre que se cumpla una premisa previa: que sea “renta”, esto es, contraprestación pactada por la empresa y sus comerciales en retribución a su trabajo.

Se dirá, también, que la definición de renta del trabajo que la Ley del IRPF hace es omnicomprensiva. Cierto. Su art. 17.1 define como tal “todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas”.

Pero insisto. Si se trata de una “contraprestación” quiere decir que esta es el resultado de un pacto entre dos partes. De lo contrario, no es una renta, sino una liberalidad.

Pero no entremos ahora en debates “teórico intelectuales”. Sigamos.

Como ya hemos dicho, el comercial, de repente, tiene conocimiento de que ha de incluir esa renta “no pactada” en su declaración de IRPF, circunstancia, por cierto, que disminuye su retribución neta total. Observa, también, que ahora la empresa le descuenta en su nómina la cuota que de la Seguridad Social le corresponde.

El comercial, sorprendido, se lo consulta a un amigo laboralista quien, desconcertado, y desconocedor del tema fiscal, le contesta que tener a su disposición el vehículo sin haber sido pactado su uso y disfrute, no es, salvo prueba en contrario, retribución en especie, salvo que ambas partes formalicen un acuerdo para la utilización del vehículo con fines particulares.

Pero hay más; como la regularización corresponde a periodos impositivos del IRPF que para el comercial han prescrito, este no puede solicitar ya ninguna devolución ni tampoco, claro está, ha de ingresar en su caso importe adicional alguno. Sea como fuere, el resultado práctico es que el ingreso “a cuenta” deja de ser a cuenta y se convierte en definitivo sin que la AEAT haya hecho tampoco nada para evitar tal situación. ¿Diligencia?

Continuemos.

La empresa, que ha tenido que ingresar un IVA que no ha cobrado, pretende descontárselo de la nómina del comercial.

Sin embargo, el asesor informa a la empresa que el art. 89 de la Ley del IVA le impide en este caso emitir una factura rectificativa. Total, que el IVA, que es un impuesto que ha de soportar el consumidor, lo acaba soportando la empresa para quien, con suerte, será gasto deducible salvo que se considere que este tiene su origen en una “infracción” de la empresa y que, por tanto, no lo sería.

Sea como fuere, y para los periodos impositivos en curso, la empresa decide repercutir el IVA al comercial descontándoselo de su nómina, circunstancia que enoja al trabajador que, después de tensas reuniones con la empresa, acuerda con esta que, para evitar un conflicto mayor, esta renuncie a cobrarlo; renuncia, obviamente, que tiene como consecuencia que su importe no sea gasto para la empresa en la medida en que se está renunciando voluntariamente a un derecho. Nadie piensa, tampoco, que esa renuncia es a su vez una “liberalidad” con sus lógicas consecuencias tributarias.

El comercial, que ya desconfía de la empresa, y esta de su asesor, consulta de nuevo a su amigo laboralista sobre si es posible que la empresa le practique un ingreso a cuenta (retención) sobre esa renta no pactada, y si es posible, también, que se le pretenda descontar de su nómina.

El asesor laboral le insiste que si no existe un pacto retributivo que incluya la utilización del coche, su uso no es renta salarial.

Total, donde desde la perspectiva laboral no hay renta, sí la hay desde la perspectiva tributaria. ¿Posible? Sí. ¿Irreal? También. Pero esa es la conclusión práctica que se deduce de tales actuaciones.

¿Y su consecuencia? Que la fiscalidad ha transformado la realidad convirtiendo en laboral una renta que no lo es.

La fiscalidad, no lo olvidemos, ha de dar respuesta a las diferentes realidades jurídicas y económicas que conforman el mundo económico. Pero lo que no puede hacer es transformar el derecho; transformar esa realidad.

Para acabar de bordar esa obra de arte administrativo, la inspección advierte a la empresa que su comportamiento es constitutivo de infracción tributaria. Esto es, que no hay ninguna duda de que esta ha incumplido la ley. Para la AEAT no hay discrepancia interpretativa. Su opinión “va a misa”. Para afianzar su posición, despliega un amplio argumentario de consultas y sentencias obviando, claro está, las que no le son favorables.

Así, por ejemplo, se olvida, entre otras, de la Consulta Vinculante de la DGT V0996-12, de 9/5/2012, en la que se señala que “por lo que al objeto de la consulta se refiere, la cesión del uso de automóviles (…) a sus trabajadores constituye una retribución en especie de obligado cumplimiento para la misma, dado que se va a establecer de forma expresa en el contrato laboral, de manera que una fracción de la prestación laboral de los trabajadores es la contrapartida de dicha cesión. Es decir, la cesión a cada trabajador del uso de un vehículo y una vivienda forma parte del montante total de las retribuciones que dicho trabajador percibe por los servicios laborales que presta.

Se olvida también de la doctrina del TJUE, que, por ejemplo, en su Sentencia de 3 de marzo de 1994, Asunto C-16/93 R. J. Tolsma, afirma con claridad que ”de lo anterior se deduce que una prestación de servicios sólo se realiza “a título oneroso” en el sentido del número 1 del artículo 2 de la Sexta Directiva y, por tanto, sólo es imponible si existe entre quien efectúa la prestación y su destinatario una relación jurídica en cuyo marco se intercambian prestaciones recíprocas y la retribución percibida por quien efectúa la prestación constituye el contravalor efectivo del servicio prestado al destinatario”.

O se olvida, igualmente, de la Sentencia de la AN 1585/2009, de 13/04/2009, y de los muchos y muy variados matices de otras de sus sentencias, que señala que “conforme a cuanto antecede, la Sala comparte la alegación de la parte de que el criterio adoptado por la Inspección para determinar la existencia de renta en especie, posteriormente confirmado por el TEAC en la resolución que se revisa, consistente en la facultad de disposición del empleado, no puede ser acogido si no resulta modulado por las características del puesto de trabajo desempeñado por el trabajador, debiendo, en consecuencia, atenderse a la efectiva utilización del bien y no a la mera facultad de disposición”.

No. Eso no importa. El criterio de la AEAT es el único correcto. ¡Sanción!

No es suficiente duda para no sancionar que la ley del impuesto hable de utilización, y no de disponibilidad. Si, lo sé, la doctrina de la DGT, del TEAC, y de la AN, es la que es. Y la de la DGT y la del TEAC vinculan a la AEAT. 

Pero la doctrina de la DGT habla también de retribución pactada en contrato, circunstancia que la AEAT omite, y la doctrina de la AN admite muchos matices de grises, entre otros, que hay que modular la disponibilidad en función del cargo de quienes utilizan el coche, circunstancia que también se omite.

Si, lo sé también. La carga de la prueba corresponde a quien pretende hacer valer su derecho.

Pero curiosamente para la Administración no son relevantes ni los contratos, ni las nóminas, ni las declaraciones-liquidaciones a la SS. Por no pedir, ni recaba información de los trabajadores.

Insisto, ¡sanción! La infracción es obvia.

A partir de ahí se inicia un largo proceso de reclamaciones. El inspector queda satisfecho por su trabajo porque ha cumplido con sus objetivos, y la empresa no acaba de entender muy bien la situación, desconfía de su asesor, al que seguramente sustituirá por otro, y no sabe qué política aplicar con sus empleados, hartos también de los “chanchullos” de la empresa.

El tema, además, tiene repercusión entre los accionistas, algunos de los cuales aprovechan la situación para “atacar” a directivos y consejeros.

La prensa se hace eco enfatizando la mala praxis de la empresa. Sus accionistas empiezan también a desconfiar y las preguntas de bancos y proveedores arrecian.

El tema es objeto de intensos debates intelectuales en Foros y Universidades.

Pero no pasa nada; un acta más que incrementa los resultados de la lucha contra el fraude.

Es obvio que la empresa cede el uso del vehículo. No lo niego. Pero es también obvio que hay que analizar el origen de esa cesión de uso, esto es, hay que averiguar cuál es el verdadero negocio jurídico que subyace tras dicha cesión. Contextualizarla.

La cesión puede, en efecto, ser la contraprestación al trabajo. Pero si es la AEAT quien lo afirma, esta lo ha de probar. Y lo que ha de probar es que se trata de un pacto entre el comercial y la empresa con la finalidad de retribuir su trabajo.

Pero la cesión puede ser también a título gratuito y, si se me permite, irrelevante en cuanto al uso efectivo del vehículo; gratuidad que no exime de la repercusión del IVA pero que no es nunca renta del trabajo en especie. Debatiremos, a lo sumo, si existe una “donación”. Pero vaya; para nota.

El propio Código Civil prevé en su art. 1741 la cesión gratuita de bienes.

Y lo que no se puede concluir es que toda cesión gratuita es renta en especie. Lo será, tan solo, aquella que lo sea en “contraprestación” del trabajo o del capital. Y si lo es en “contraprestación” del trabajo ya no se trata de una cesión a título gratuito, sino a título oneroso.

No hay que olvidar que, en el caso de los vehículos de los agentes comerciales, la ley del IVA los considera afectos a su actividad. Pero sí. Ya lo sé. Principio de estanqueidad.

Soy consciente de que la disponibilidad del vehículo para fines particulares es un “indicio” u “hecho objetivo” que permite presumir la presunta existencia de una renta en especie. Pero para concluir en este sentido falta acreditar con carácter previo su origen contractual; su naturaleza laboral retributiva.

Y la cesión, en fin, puede a ser a título oneroso mediante compensación a la empresa por parte del comercial del deterioro del vehículo por su uso efectivo, mediante el pago de un precio pactado por su efectiva utilización, o, como decíamos, por su naturaleza retributiva. Se devengará, según los casos, el IVA, pero nunca, en los dos primeros casos, existe una renta para el comercial.  

Así, por ejemplo, no es absurdo pensar que, en estos casos, el comercial tuviera que compensar a la empresa el posible uso efectivo del vehículo mediante el pago de 0,19 €, esto es, el mismo importe que la empresa compensa al trabajador por el uso de su coche particular con finalidad empresarial.

Pero no; la opción ha de ser siempre la más beneficiosa para la Hacienda Pública y la más perjudicial para la empresa y el comercial.

Y me pregunto, ¿es esta una situación objetiva de fraude? No.

¿Se deben utilizar los recursos públicos para este tipo de actuaciones? No.

¿Es posible que la inspección tenga razón? Puede.

¿Es objetivamente razonable esa regularización? No.

¿Tiene consecuencias extrafiscales? Muchas.

¿No se podría actuar de otro modo? Sí.

 ¿Cómo?

 Veámoslo.

Una Administración que se rija por el principio de buena Administración, por el de buena fe, y que priorice la protección de sus empresas y, por tanto, la importancia de la creación de riqueza en un marco de confianza y seguridad modificaría de inmediato la ley del impuesto en dos posibles sentidos.

Uno, para adaptarla al criterio que considera correcto exigiendo su aplicación hacia adelante, y no hacia atrás.

Otra, para rectificar ese criterio Administrativo y fijar pautas concretas para la calificación de tales rentas como retribución en especie.

Pero tanto en uno como en otro caso, se reuniría antes con patronales y sindicatos para analizar la problemática y encontrar una solución conjunta hacia el futuro. Esto es, empatizará con los “damnificados”; generaría confianza.

Pero no. Dialogar es como pactar con el “enemigo”. El crédito tributario es indisponible e innegociable, se dice. La AEAT tiene razón. Hay infracción. Y claro, no se hace nada de eso. Los resultados son evidentes: perjuicios para la empresa, perjuicios para el trabajador, deterioro de la confianza y de la seguridad jurídica, desafección empresarial, y un claro desincentivo a la emprenduría.

Lo que en España se hace es inspeccionar, regularizar, y judicializar el problema. Esto es, política de confrontación.

Y esto, perdónenme, no es proteger la creación de riqueza. Es destruirla.

No es proteger a los empresarios. Es cercenar su iniciativa.

No es generar confianza. Es ahuyentar al inversor.

No es seguridad jurídica. Es el caos.

La solución: cultura de diálogo, diligencia legislativa, buena administración, y presunción de buena fe.

No niego que las leyes no son claras. Pero busquemos soluciones. Existen.

Pero sí afirmo que nuestros funcionarios de “despacho” viven extramuros de una realidad empresarial que no vive obsesionada en no pagar, sino en hacerlo correctamente. Conseguirlo, es hoy un imposible. Y hacerlo, además, correctamente desde el momento cero, una absoluta quimera. Pero el empresario (y el asesor) lo ha de hacer sin red; sin consultas; sin jurisprudencia; sin nadie que les responda a sus dudas. Porque el asesor ya no sirve tampoco. En realidad, el juez será la AEAT. Las consecuencias, pues, vendrán mucho más tarde de tomada la decisión y con efectos desde el momento cero. La verdad, no me parece lógico.

En el ínterin, los políticos viven ajenos a esa realidad, esto es, a las preocupaciones de las empresas. Pero claro, con la iglesia hemos topado. Ninguno de ellos se atreve a defender lo contrario de lo que la AEAT dice. ¡Es que claro, se trata de defender a las empresas!

En este contexto, quizás sea necesario dar la posibilidad a las empresas de que se sometan a una revisión voluntaria de sus criterios en la aplicación de la ley sin más consecuencias que un gran pacto por modificar las leyes que sean necesarias para que, a partir de ahora, y no con efectos hacia atrás, se cumplan estas con seguridad. Y no me hablen de las Consultas Vinculantes, porque, seamos realistas, de poco y en muy pocos casos sirven. Y de poco sirve también, a efectos prácticos, el Foro de Grandes Empresas u otras buenas y muy bien intencionadas iniciativas.

Claro que la solución que propongo impide recaudar y sancionar. Poco importa seguramente que sea tal vez una “cura” necesaria y generadora de confianza. Con retorno claro y verdadera política de diálogo y prevención. Política win-win.

Pero no; España opta por la disparidad de criterios administrativos y judiciales y doctas sentencias alejadas de la mundana realidad que poco parece importar. Opta por sesudos debates técnicos. Eso sí; el empresario se hunde en su soledad.

No es pues de extrañar que la percepción que muchos tienen es que en este país solo prima la recaudación a costa de leyes defectuosas e interpretaciones dogmáticas alejadas del más elemental sentido común, de la praxis empresarial, y de sus dinámicas. Lo importante es alimentar la idea del fraude y de ese empresario obsesionado en jugar al límite. Ambas, mentira. Pero de tanto repetirlas, son ya una verdad.

Y la pregunta es ¿quién se ha de adaptar? ¿La AEAT a la realidad, o la realidad a la AEAT? No lo sé. Pero lo que sí sé es que hay que trabajar conjuntamente para encontrar juntos el camino que menos distorsione las decisiones de los particulares y empresas y que permita crear riqueza con seguridad, certeza y confianza. Una vez más, diálogo. Fiscalidad colaborativa de verdad.

E insisto. Hay que caminar hacia un gran pacto por la seguridad jurídica que, como primera medida, exija consensuar hacia adelante los criterios a aplicar frente a unas leyes deficientes de las que el contribuyente no tiene la culpa pero que es su único y exclusivo perjudicado, además, claro, de serlo también la economía y la creación de riqueza.

Antonio Durán-Sindreu Buxadé

Profesor de la UPF, Doctor en Derecho y Socio Director DS

 

  1. Comentarios (7)

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Totalmente de acuerdo; 100%. Gracias por explicitarlo. Un abrazo.

Alejandro Blay
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Tremendo artículo. Muy bueno. En la misma línea, acabarán por imputar renta en especie por el ordenador que se le deja al trabajador para teletrabajar, o por la conexión en su domicilio que para ello contrate la empresa, ya que ambos conceptos son susceptible de ser destinados para fines particulares.
Lo importante es pues EL DESTINO efectivo, no esa susceptibilidad, y que algo esté disponible no significa que se obtenga, use, utilice o consuma. Es lamentable la interpretación partidista de la norma, sobre todo a efectos sancionadores. Por otro lado, imputar una renta en el caso de un vehículo por todas las horas del día (y de la noche) no trabajadas es absurdo porque nadie está despierto y -siguiendo el razonamiento administrativo- EN DISPONIBILIDAD de conducir 24 horas al día. Además, debería discriminarse entre vehículos de turismo y los industriales y mixtos, como se hace en los casos de afectación de estos elementos patrimoniales a una actividad económica.
Muy bueno, repito, el artículo.

SHERMAN
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Totalmente de acuerdo con tu exposición; con la "realidad paralela" de los políticos "trabajadores" y de la entronización recaudatoria -sin más- de la Agencia Tributaria, a través de las nuevas hornadas de Funcionarios; y en la total "ceguera del cuasi asesor" por cuanto no entienden que, las ramificaciones del Derecho, son infinitas.

Tuve un caso muy parecido, además con "asesor" laboral -muy sabio él- incluído. La empresa cedió, y se reestructuró la comercialización.

Gracias por tu granito en contra de la corriente.

TOMAS ROBLES

TOMAS ROBLES
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Muchas gracias por tan interesante artículo.
Los vehículos son el caballo de batalla de la AEAT.
Un toque de humor: visto lo visto, ¿qué ocurre con la ropa de trabajo lavada, sécada y planchada en casa del trabajador? ¿procede alta censal en lavandería y facturar a la empresa por el servicio de lavado? Tiempo al tiempo.

Antonio Pérez (SOLGIA)
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Apreciado Antonio,

Al tema de Hacienda y las implicaciones fiscales de los automóviles creo que le sería de aplicación aquel proverbio que decía algo así como:

Señor, dame fuerza para cambiar las cosas que puedo cambiar,
resignación para aceptar las cosas que no puedo cambiar,
y sabiduría para distinguir unas de otras.

Lluís M GARRIDO GOMEZ
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Hola,
Una visión muy clara, sin duda. Y se agradece enormemente. Pero hay que ver las cosas con cierto detalle y atendiendo a las diferentes aristas. Si se pone todo en el mismo saco pues no se puede percibir con claridad todo lo que subyace.
El "interés general" va más allá del interés de las empresas. Obviamente, hay que tener en cuenta que si no hay seguridad jurídica, no se permite y "fomenta" el cumplimiento. Estoy convencida que la gran parte de las empresas QUIEREN (lo digo en mayúscula) cumplir y no sirve presumir el fraude. Pero, a partir de ahí, hay que analizar los diversos actores y no es la AEAT la única culpable. Hoy en día vemos las cosas distintas y estoy totalmente de acuerdo con las conclusiones que extrae el artículo. La realidad va más deprisa que las normas y sus interpretaciones. Solo un "ánimo" de compromiso para el mutuo entendimiento permitiría reflejar fiscalmente la realidad economómica.A mi me preocupa la verdad, en estos tiempos que vivimos. Muchas gracias al autor por excelente trabajo expositivo.

María A R
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excelente artículo y gran esfuerzo en publicarlo.
Así es, es desquiciante lo que vivimos con la Inseguridad Jurídica.
Lo del vehículo es un tema ya recurrente que no quieren atajar, solucionar porque es una muy buena fuente de ingresos para la AEAT
Una maraña normativa inasumible, un abuso sobre todos los ciudadanos.

Rubén Camino
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