Inteligencia artificial, justicia predictiva y derechos del contribuyente
En los últimos años se han desarrollado diversos proyectos basados en la inteligencia artificial por parte de las Administraciones tributarias. Estamos inmersos en un proceso necesario de cambio de enfoque para pasar de una Administración tributaria que controla a una Administración que facilita el cumplimiento por parte de los ciudadanos de sus obligaciones tributarias. Ciertamente esta idea la ha incorporado ya en los dos últimos años la Agencia Estatal de Administración Tributaria en su Plan Anual de Control Tributario y Aduanero a partir de la implantación de estrategias y técnicas basadas en el enfoque behavioural insights, modelo introducido por primera vez por la Administración tributaria de Australia que pretende una mejor comprensión del comportamiento del contribuyente para favorecer la mejora del cumplimiento espontáneo de sus obligaciones.
No voy a ocuparme en esta entrada de nuestro querido blog de los avances que se han producido en la utilización de la inteligencia artificial tanto en el ámbito de la información como en la asistencia por parte de la AEAT (como por ejemplo el uso del machine learning para reducir errores o los asistentes virtuales del IVA y del SII que son magníficas herramientas de asistencia al contribuyente y a los asesores fiscales), sino que me voy a centrar en otro ámbito distinto, concretamente el de la justicia predictiva, en el que se vienen desarrollando iniciativas en diversos países que podrían ser valoradas y tenidas en cuenta por el legislador español para predecir futuras decisiones judiciales en relación con un caso determinado, reforzando así los derechos de los contribuyentes.
Con la expresión justicia predictiva se alude en efecto a un conjunto de herramientas basadas en tecnologías de inteligencia artificial que son capaces de analizar millones de resoluciones judiciales, normas e incluso aportaciones doctrinales mediante algoritmos o secuencias de instrucciones con el objetivo de predecir el probable resultado del juicio relativo a un concreto litigio de naturaleza tributaria. Me voy a detener en un Proyecto de Ley que se tramita en Italia para incorporar en el texto de la Ley de 27 de julio de 2000, n. 212, que contiene las disposiciones en materia del Estatuto de los derechos del contribuyente, la regulación de una plataforma telemática de justicia predictiva en materia tributaria dividida por áreas temáticas, gestionada por el Ministerio de Economía y Hacienda y alojada en su web, cuya consulta permitirá a los contribuyentes obtener información no vinculante sobre el posible éxito en términos porcentuales de futuros contenciosos contra actos dictados por las Administraciones tributarias. Esta iniciativa se enmarca dentro del Proyecto Prodigit que desarrolla la reciente reforma de la justicia tributaria operada por la Ley de 31 de agosto de 2022, n. 130 , de la que me ocupé en la entrada del blog del pasado 22 de septiembre (https://www.politicafiscal.es/equipo/francisco-adame-martinez/algunas-ideas-para-la-reforma-de-la-justicia-tributaria-en-espana) y que va a ser financiada con fondos Next Generation EU.
La puesta en marcha de una plataforma de justicia predictiva debe valorarse muy positivamente desde la perspectiva de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima. Conforme a estos principios todo ciudadano debe estar en condiciones de poder evaluar y prever las consecuencias jurídicas de la propia conducta. En este sentido, en la exposición de motivos del citado Proyecto de ley se explica que la seguridad jurídica debe entenderse en la doble dimensión de presupuesto y consecuencia: el Derecho es seguro si su letra es clara y, en consecuencia, capaz de permitir a sus destinatarios conocer inequívocamente sus derechos y obligaciones y adoptar las medidas oportunas en consecuencia y a los órganos jurisdiccionales velar por su cumplimiento de forma puntual e indiscriminada (doctrina recogida, entre otras, en las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de marzo 2017, en el asunto C-141/15, apartado 22; 10 de marzo de 2009, en el asunto C-345/06, apartado 44 y 29 de marzo de 2011, asuntos C-201/09 y C-216/09). La seguridad jurídica y la confianza legítima imponen un derecho cierto cuya aplicación pueda ser calculable y repetible y, por tanto, previsible y en el que se pueda confiar.
Por otra parte, una plataforma de justicia predictiva en materia tributaria también puede servir para reducir la litigiosidad porque a través de este medio se pone al contribuyente en condiciones de hacer un juicio de pronóstico sobre el sentido de una futura sentencia o auto judicial, que, aunque no sea vinculante, podría disuadirle de emprender acciones legales y de optar por sistemas alternativos de resolución de conflictos que tendrían inmediatas y positivas repercusiones en términos de ahorro económico y de tiempo para el sistema judicial en su conjunto. El número de recursos de casación pendientes de resolver en Italia se eleva a 53.000, de los cuales el 40% corresponde a asuntos de naturaleza tributaria.
La previsión inicial es que antes del 31 de diciembre de 2023 se dicte un decreto del Ministerio de Economía y Hacienda italiano que contenga las especificaciones técnicas de funcionamiento de la plataforma, adecuadas para garantizar que la predicción proporcionada refleje con la mayor exactitud posible el sentido de las resoluciones que en materia tributaria puedan dictar los órganos judiciales competentes. En cuanto a la selección del millón de pronunciamientos que aproximadamente se van a incluir en la plataforma, para evitar dejarlo exclusivamente en manos del Ministerio se ha optado por permitir la participación en el proceso del Consejo de Presidencia de la Justicia Tributaria (órgano de gobierno de los magistrados de las antiguas Comisiones Tributarias Regionales y Provinciales que con la reciente reforma pasan a denominarse Tribunales Tributarios de primer y segundo grado, respectivamente), el Consejo Nacional Forense (máximo órgano institucional de la Abogacía) y el Consejo Nacional de doctores comercialistas y expertos contables.
Existen precedentes de aplicación de la justicia predictiva en Derecho comparado. En Estados Unidos es muy conocido y debatido el caso del Sr. Eric Loomis, que fue detenido por agentes de policía del Estado de Wisconsin cuando conducía un vehículo implicado en un reciente tiroteo y condenado a partir de un informe elaborado por un sofisticado software denominado COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions), desarrollado por la empresa privada de servicios y tecnologías de la información Northpointe Inc., que concluyó a través de algoritmos predictivos que analizan series de preguntas sobre el historial del presunto culpable que tenía un riesgo elevado de reincidencia y de cometer actos violentos. La defensa del condenado recurrió contra la sentencia de primera instancia ante el Tribunal Supremo del Estado de Wisconsin alegando que se había vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías porque no podía discutir los métodos utilizados por el citado programa informático dado que el algoritmo era secreto y solo lo conocía la empresa que lo había desarrollado. El Tribunal Supremo de Wisconsin desestimó el recurso argumentando que el programa informático se había basado únicamente en los factores habituales para medir la peligrosidad criminal futura como, por ejemplo, huir de la policía y el historial delictivo previo. Su Sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, alegando que el uso del citado software en la sentencia violaba el derecho del acusado al debido proceso porque le impedía cuestionar la validez científica y la exactitud de dicho medio de prueba y que el software citado violaba los derechos al debido proceso al tomar en cuenta el género y la etnia. El Tribunal Supremo no admitió el recurso por lo que no entró en el fondo del asunto, es decir, en la legitimidad de utilizar un software basado en inteligencia artificial como soporte de una condena penal y si se violó o no el derecho al debido proceso legal para condenar a alguien basándose en un instrumento de evaluación de riesgos cuyo funcionamiento está protegido como secreto comercial.
Otro ejemplo de aplicación lo encontramos en Francia donde una startup llamada Predictice (https://predictice.com/fr) ha puesto en marcha recientemente la primera plataforma europea en línea de justicia predictiva que mediante técnicas de machine learning y sobre la base de la información introducida por el usuario y la revisión de millones de documentos, normas, sentencias y comentarios doctrinales de resoluciones judiciales, permite a sus usuarios evaluar las probabilidades de éxito en un procedimiento judicial y optimizar la estrategia de defensa.
También existen ejemplos de uso de la justicia predictiva en Italia donde se han desarrollado varios proyectos de investigación en diversas universidades. Este es el caso por ejemplo de la plataforma lanzada en 2019 por la Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna de Pisa (https://www.santannapisa.it/it/news/giustizia-predittiva-sul-tg2-week-end) y retrasada hasta 2021 por la emergencia sanitaria del Covid-19, que a través del análisis de la jurisprudencia con técnicas de machine learning y de análisis de big data, permite predecir el sentido de las resoluciones que puedan adoptar los Tribunales de Génova y Pisa. En esta misma línea, la Universidad de Brescia puso en marcha otra plataforma de justicia predictiva (https://giustiziapredittiva.unibs.it/) con el objetivo de elaborar un mapa de las decisiones del Tribunal Ordinario y del Tribunal de Apelación de Brescia en materia de Derecho laboral y Derecho mercantil.
Recapitulando diría que la nueva plataforma de justicia predictiva en materia tributaria que se va a introducir en Italia va a permitir, a través de un programa de análisis basado en algoritmos, predeterminados y conocibles por cualquier potencial interesado, analizar y cruzar datos relativos a asuntos similares resueltos con anterioridad para calcular un porcentaje que exprese el posible resultado judicial de un caso concreto.
Una plataforma de justicia predictiva en materia tributaria de este tipo constituye un buen ejemplo de utilización de la inteligencia artificial para ayudar a los contribuyentes que podría servir de inspiración al legislador español. Desde la perspectiva de la seguridad jurídica supondría un indudable avance que los ciudadanos puedan disponer de un mecanismo que les permita predecir el probable resultado de una futura decisión judicial en un concreto litigio de naturaleza tributaria. Y desde luego también podría contribuir a reducir el elevado número de recursos contencioso-administrativos y de casación que se vienen interponiendo en los últimos años.
Francisco Adame Martínez
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Sevilla
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