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El derecho de la crisis es la crisis del Derecho

Por Francisco R. Serantes Peña

Inmersos en el confinamiento por la pandemia mundial del Coronavirus COVID-19, no puedo comenzar de otra manera que recordando a todas las personas afectadas por la epidemia. Las vidas truncadas siempre pronto; la tragedia de haberse marchado sin poder estrechar la mano de un ser querido; las personas que han luchado o están luchando por sus vidas y las que luchan por las vidas de los otros, merecen un reconocimiento que no podrá pagarse aunque estemos aplaudiendo hasta el final de los días.

Económicamente, la magnitud de la tragedia no la podemos siquiera vislumbrar, pero el Fondo Monetario Internacional ha previsto un batacazo en España con una caída del PIB del 8%, la mayor caída desde la  Guerra Civil y una fuerte subida del paro, hasta el 20,8%[1].

Escribiendo estas líneas el presidente del gobierno ha anunciado la prórroga del Estado de Alarma, hasta el próximo día 9 de mayo. Como viene siendo habitual, primero se anuncia en una larga y soporífera “rueda de prensa”, y luego se suceden filtraciones, borradores y correcciones a los borradores que luego no se parecen a la norma que definitivamente se publica en el BOE. Normas que parecen haberse vomitado atropelladamente, puesto que permiten siempre dudas e interpretaciones contradictorias, en muchos casos, en contra de su finalidad habida cuenta lo dicho en la rueda de prensa anterior.

La sucesión de medidas y normas han sido señaladas por todos los sectores como insuficientes, entre ellos los colegios y asociaciones profesionales de asesores fiscales que han reclamado hasta la saciedad una moratoria en la declaración de impuestos. La deficiente técnica normativa, que provoca la emisión intermitente de “preguntas y respuestas frecuentes” por parte de las administraciones, comunicando las sucesivas versiones oficiales, no parece que sea un caldo de cultivo eficaz para poder apartarnos del abismo al que nos abocamos.

Ante la presión de los asesores fiscales, empresarios y autónomos, el gobierno ha cedido tibiamente, estableciendo una pequeña moratoria y aplazamiento para pequeños empresarios. Insuficiente. La AEDAF señaló en varias de sus cartas a las autoridades una lista de medidas y de países cuyos gobiernos han aplazado las declaraciones, sin que nadie se lo pidiera, porque es la única manera de salvar tejido empresarial[2].

La actual situación, con enormes conflictos, unido a la deficiente técnica de las pocas medidas adoptadas provocarán también un colapso de la justicia. Es de alabar que el C.G.P.J. (Consejo General del Poder Judicial) haya reunido un centenar de medidas en un documento base preparatorio del plan de choque para evitar el colapso de la justicia tras el fin del estado de alarma[3]. La AEDAF, en este caso a través de su Consejo Asesor Institucional que tengo el honor de coordinar, ha emitido un documento en el que se proponen una serie de medidas encaminadas a aliviar ese colapso[4].

La absoluta falta de empatía por parte del gobierno y de otras instituciones del Estado, como la propia AEAT con los contribuyentes, provocará una desafección con el sistema tributario sin parangón. Pero aún estamos a tiempo. Italia, por ejemplo, ha elegido a un reconocido profesional para liderar la reconstrucción del país[5]. No estaría mal que Amancio Ortega o Juan Roig, se pusieran al frente un tiempo.

Le pido al gobierno que acepte las críticas, que se deje aconsejar, reuniendo a profesionales para dirigir la reconstrucción de nuestro país. Desde luego, el momento político, con el arco parlamentario totalmente disgregado, no parece ser el más adecuado, pero estoy seguro de que arrimando todos el hombro, podremos conseguirlo.

Espero que el llamamiento del Presidente del Gobierno a un pacto, a la unidad de cuantas más fuerzas políticas, lleve aparejado el apoyo de verdaderos líderes en cada sector.

Hace unos años, con motivo de los coletazos de la crisis de 2008, escuché en una conferencia al por entonces magistrado de la Audiencia Nacional, hoy del Tribunal Supremo, D. Francisco José Navarro Sanchis, la elocuente frase que da título a esta entrada. Hoy me viene a la mente, vívidamente: “el derecho de la crisis, es la crisis del Derecho”.

El derecho de la crisis y el ejecutivo/legislador

La reconstrucción del país va a ser cosa de todos, pero el camino lo hemos de recorrer sobre una base sólida, sin olvidar nuestro marco constitucional, nuestro sistema de normas, nuestros principios.

El fin nunca justifica los medios: si hay que hacer algo, que se haga, pero cumpliendo todas y cada una de las normas que nos hemos otorgado. Las normas que se dicten, deben respetar nuestro marco constitucional.

La propia declaración del estado de alarma suscitó desde el mismo momento en que se dictó la inquietud entre los expertos constitucionalistas ya que su empleo no era el adecuado, ni por su alcance ni, posiblemente, tampoco por sus ulteriores y sucesivas prórrogas, ofreciendo serias dudas de su constitucionalidad, dentro de los márgenes de la Constitución y de L.O. 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

Nadie duda de la bondad de las medidas de confinamiento, pero la forma de su adopción no parece haber sido la adecuada. La restricción de derechos y libertades fundamentales, como la libertad de circulación, de residencia, de empresa hubiera demandado la declaración del Estado de Excepción en lugar del de Alarma, inconstitucionalidad que ha sido señalada por las voces más autorizadas[6] y su declaración provocará una mayor litigiosidad nada deseable para una más pronta recuperación.

En Derecho, y más cuando nos encontramos ante Derechos Constitucionales, muchos de ellos Fundamentales, no hay atajos. Por muy bienintencionada que fuera su declaración, hay que respetar los límites que nos hemos marcado pues una excepción ahora podría suponer en el futuro peligrosos precedentes.

Los sucesivos Decretos y Decretos-Leyes no deben olvidar los más elementales principios como el de seguridad jurídica. Hay que dictar normas que se entiendan sin tener que esperar a las “preguntas frecuentes”.

El derecho de la crisis y el poder judicial

Del mismo modo, espero que el día de mañana, cuando los jueces revisen todo lo que ahora está sucediendo, piensen en el momento tan dramático que estamos viviendo, para interpretar lo que sucedió años atrás.

Las cuentas del Estado van a desequilibrarse. Hay que asumir un gasto, necesario, para remontar, pero para reducir ese déficit no hemos de acudir a interpretaciones pro administrativas. No debemos cargar más las espaldas de los exhaustos contribuyentes. Las reglas hermenéuticas han de ser las mismas antes, durante o después de la crisis y el déficit público no puede servir nunca de excusa para interpretar restrictivamente una norma jurídica o una bonificación.

La seguridad jurídica es un valor al alza y aunque nunca debió perder ese papel preponderante, debemos volver a colocarlo donde merece. El establecimiento de unas reglas claras, que se interpreten fácilmente hará que los empresarios y emprendedores sigan confiando en el sistema.

Por ejemplo, en un país en el que un empresario, después de 20 años de producirse unos hechos sin haber tenido noticia alguna de los mismos, se le pueda exigir una responsabilidad tributaria, o un país en el que se te olvide formalizar una declaración informativa en plazo (modelo 720) sin que pueda prescribir el error y como consecuencia de ello te “vuele” tu patrimonio … en ese país ¿quién querrá ser empresario? ¿quién querrá apostar su patrimonio en esas condiciones?

En definitiva, ahora que se prevé la destrucción masiva de empresas y que el paro pueda superar el 20% de la población activa hemos de recapacitar y pensar en mimar a nuestros empresarios y emprendedores, pues todos vivimos de ellos. Yo necesito a mis clientes (la mayor parte de ellos empresarios), pero también los necesitan los funcionarios, los trabajadores por cuenta ajena, los políticos... ¿quién sino pagará la fiesta?

Francisco R. Serantes Peña

Abogado Tributarista

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