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La imprescriptibilidad de la responsabilidad civil ex delicto

La imprescriptibilidad de la responsabilidad civil ex delicto

Comentarios a la sentencia del TS, Sala de lo Penal, nº 607/2020, de 13 de noviembre

El pasado 16 de diciembre de 2020 me sorprendió un titular en la primera página de un periódico generalista que decía “El Supremo elimina el límite temporal para reclamar las indemnizaciones a los etarras” y en la página 9 se leía el titular “Las víctimas podrán reclamar la indemnización sin límite de tiempo”. Acostumbrados a que los titulares no respondan fielmente a la noticia realmente, busqué la sentencia y así era. El Supremo cambia el criterio y elimina el límite temporal para reclamar las indemnizaciones a los etarras, y al resto de condenados por cualquier tipo de delito.

No me considero experto en nada y menos aún en Derecho Penal. Así que llamé a un par de amigos que solo llevan penal y entonamos al unísono un amargo canto, mezcla de sorpresa y desazón.

La sentencia nº 607 de 13 de noviembre de 2020 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo nos “regala” un criterio para poner el colofón al año 2020 acorde con el mismo.

Aunque el titular de prensa se centraba en los terroristas etarras, lo cierto es que el caso en concreto se circunscribe a un delito de incendio forestal que examinó la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quinta, que dictó sentencia el 12 de mayo de 2001 condenando al recurrente ante el TS como autor responsable del delito “y, entre otros pronunciamientos, al pago a la Dirección General de Emergencias y Seguridad Civil del Departamento Interior de Catalunya de la cantidad 22.301.372 pesetas. La sentencia devino firme el 17 de septiembre de 2001 y el hoy recurrente fue requerido de pago en 20 de noviembre de 2001”.

El condenado interesó la declaración de prescripción de la responsabilidad civil al haber abandonado la Dirección General de Emergencias la acción de reclamación de la responsabilidad civil, durante más de quince años, y pese a la oposición del Ministerio Fiscal, la Audiencia decidió declarar “prescritas las responsabilidades civiles derivadas de la presente causa y a las que fue condenado”.

El Ministerio Fiscal y el abogado de la Generalitat de Catalunya interpusieron sendos recursos ante el TSJ de Cataluña que terminaron dando la razón al Fiscal y a la Generalidad de Cataluña.

La sentencia del TS concluye diciendo que:

Declarada la firmeza de la sentencia, la ejecución de sus pronunciamientos civiles puede continuar hasta la completa satisfacción del acreedor, según previene el artículo 570 de la LEC, sin que le sea de aplicación ni la prescripción ni la caducidad.”

Para ello, desvirtúa la presunción de abandono de la acción por el perjudicado sobre la base de la imposibilidad de declarar la caducidad de la instancia en la ejecución (art. 239 LEC), la inaplicación del art. 518 LEC y que la ejecución penal recae sobre el órgano judicial (984.3 LECrim), entre otros argumentos, como que la reducción del plazo civil de prescripción de las acciones personales que no tienen plazo especial de 15 a 5 años obligan a reinterpretarlo completamente, porque se considera excesivamente corto.

En efecto, revisando la hemeroteca, contemplamos años atrás como crónica judicial, que “La Audiencia Nacional impide que casi 60 condenados por terrorismo eludan pagar las indemnizaciones” al interpretar que la transitoriedad de la Ley que recientemente acortó el plazo de prescripción de las acciones personales de 15 a 5 años. El criterio fue entonces el de darle la patada al balón hacia adelante (cinco años más).

El artículo se hacía eco de que “Tomando como referencia este auto, fechado el pasado 3 de julio y al que tuvo acceso este diario, todos los casos con sentencias firmes condenatorias previas a 2015 no prescribirán hasta 2020”.

y continuaba diciendo que:

Antes de esta modificación, el periodo de prescripción eran 15 años y con la reforma se redujo a cinco. Sin embargo, el tribunal, con el visto bueno del Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, reconoció "más acertada" mantener la alternativa de los 15 años, aunque "con una serie de precisiones".

Los cinco magistrados que conforman esta Sección consideraron que al existir un nuevo plazo con la reforma de la Ley, "los 15 años no se ha de entender en sentido literal de que transcurran en su integridad". Es por ello que, teniendo en cuenta la entrada en vigor de esta modificación -7 de octubre de 2015-, establecieron el 7 de octubre de 2020 como "tope máximo" de cinco años para que prescriban las ejecuciones de las responsabilidades civiles impuestas antes de 2015

Recordemos que la Ley 42/2015, de 5 de octubre, en su D.F. 1ª modificó el Código Civil y en concreto el artículo 1.964 estableciendo que las acciones personales sin plazo especial prescriben a los cinco años y dicha modificación entraba en vigor el 7/10/2015 por lo que el transcurso de los cinco años desde entonces, hacía que muchas obligaciones fueran a prescribir el 7/10/2020 (sin perjuicio de los 82 días de suspensión de plazos con motivo del estado de alarma, que según dicho cálculo habría vencido el 28/12/2020[1

Seguramente a los magistrados del Supremo les parecían suficientes el plazo de quince años para mantener viva la responsabilidad civil, pero cinco muy corto.

Sobre el tema ha escrito más y mejor D. Gonzalo Quintero Olivares (Sobre la imprescriptibilidad de la responsabilidad civil ex delicto)  que aboga por una solución al problema de lege ferenda. Sin embargo, no puedo resistirme a hacer las siguientes apreciaciones:

La sentencia tiene un voto particular del Excmo. Sr. D. Andrés Martínez de Arrieta, con el que me alineo, en el que tras reconocer que hay ciertas incongruencias normativas en la LEC y en el CC, pero “de esas incongruencias normativas no debe surgir, como consecuencia, que la responsabilidad civil declarada en una sentencia penal sea imprescriptible”.

Además de las razones que expone el magistrado disidente, me llama poderosamente la atención que pueda prescribir un delito, pero no pueda prescribir jamás la responsabilidad civil derivada del mismo.

Considero que la decisión del TS no ha sido la acertada y que el TC deberá enjuiciar el pronunciamiento porque supone una vulneración sin precedentes del principio de Seguridad Jurídica (art. 9.3 CE).

No parece la forma más conveniente de orientar medidas tendentes a la reinserción de los penados, si bien es cierto que el mandato constitucional se circunscribe únicamente a las penas y las medidas de seguridad (art. 25.2 CE), no deja de ser un obstáculo insalvable para la reinserción y resocialización de los penados.

En definitiva, en la eterna pugna entre los principios de Justicia Material y el de Seguridad Jurídica, siempre habíamos concluido que debía existir un equilibrio entre ambos que permitiera que el transcurso del tiempo enervara los efectos de cualquier tipo de obligación, salvo en los casos de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, que por la atrocidad y su carácter inhumano no pueden borrarse de ninguna manera, ni en una vida ni en cien. La Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de 26 de noviembre de 1.968 suponía, que yo sepa, la única excepción a la prescripción desde los albores del Derecho Romano hasta el invento español de las ganancias de patrimonio de bienes no declarados en el modelo 720 y, ahora, la imprescriptibilidad de responsabilidad civil del delito. La tendencia me hiela la sangre. Me deja más frío que España tras el paso de Filomena este fin de semana. Abríguense.

Francisco R. Serantes Peña

Abogado Tributarista

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[1] El R.D. 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus suspendió los plazos de prescripción y caducidad, suspensión que se levantó el 4 de junio, según lo indicado en el R.D. 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorrogaba el estado de alarma. De este modo, del 14/3/2020 al 3/6/2020, hay 82 días naturales que añadidos al 7/10/2015 nos llevaría al 28/12/2020.

  1. Comentarios (4)

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Querido Fran: estoy de acuerdo contigo en todo lo que expresas, con ese modo tan tuyo de escribir, que es claro, agudo y certero. El principio de seguridad jurídica que mencionas es el argumento que debemos defender para luchar contra esta imprescriptibilidad que, a mi juicio, no se justifica en términos de un interés superior, por lo que, en el debate de los principios e intereses en juego, debe prevalecer, como tú crees, y yo también, el de seguridad jurídica. Un abrazo

nuria puebla agramunt
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Querida Nuria:
Muchísimas gracias por tus palabras. He engordado un par de kilos, con lo de "claro, agudo y certero".
Por cierto, a ratos, me estoy leyendo tu último libro, y me está encantando.
Recibe otro abrazo.

Francisco R. Serantes Peña
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Gracias por el post.
Roberto de Laborconsulting.

Comentario editado por última vez entre hace cerca de 1 semana y Taxlandia Roberto
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Muchas gracias, a ti.

Francisco R. Serantes Peña
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