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vis expansiva de la Responsabilidad Tributaria

La impresentable vis expansiva de la Responsabilidad Tributaria

En este mismo blog, mi querido Antón Beiras publicó una serie de magníficas entradas, tituladas de una manera muy parecida al título de la de hoy[1], si bien, referidas al derecho penal. Parafraseando al Sr. Beiras, voy a iniciar otra serie.

Desde hace tiempo vengo predicando que la Responsabilidad Tributaria es un instituto que debe utilizarse por las Administraciones Públicas con cuidado, con mesura, interpretando de manera restrictiva los presupuestos normativos, ya que se trata de una figura que rompe con varios de los principios sacrosantos de nuestro sistema jurídico, que ha llevado a la cultura occidental a ser punta de lanza durante siglos como el derecho de propiedad, el principio de limitación de la responsabilidad en las empresas. El descubrimiento de América, la apertura de la ruta de la seda hubieran sido inimaginables si no se hubiera limitado la responsabilidad al dinero apostado en la aventura. No en vano rige, y con especial vehemencia se repite, el principio de reserva de Ley (v.gr. arts. 8,c, 41.1 LGT).

Pues nada más lejos de la realidad... 

 Las Administraciones Públicas usan y abusan de la figura en supuestos totalmente alejados para los que están diseñados. El último ejemplo, hace unos pocos días cayó en mi mesa, como una losa a pesar de la escasa cuantía económica de la misma.

Mi cliente hacía dos años había recibido una diligencia de embargo, algo que lamentablemente es muy habitual. En ella se declaraban embargados los créditos a favor de una persona que a su vez es deudor con la A.E.A.T. Mi cliente, una vez verificado que no había cantidad alguna adeudada, contestó al requerimiento negando la existencia de crédito alguno.

Esta semana ha recibido la comunicación de acuerdo de inicio de declaración de responsabilidad tributaria de carácter solidario (art. 42.2.b L.G.T.), en el que se pone de manifiesto el expediente y se concede un trámite de audiencia

El artículo 42.2 b) de la LGT dispone que:

“2. También serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, del de las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la Administración tributaria, las siguientes personas o entidades:

a) {…}

b) Las que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo.”

En el acuerdo de inicio se indica que:

“PRIMERO.- Con fecha 02-11-2017, fue emitida la Diligencia de Embargo identificada en la cabecera, por la que “se declaran embargados los CRÉDITOS a favor de XXX (DEUDOR), que tenga YYY (MI CLIENTE), pendientes de pago a la fecha en que reciba esta diligencia, ya sean cantidades facturadas, pendientes de facturar o que no requieran facturación, así como aquéllos que sean consecuencia de prestaciones aún no realizadas derivadas de cualquier tipo de contrato en vigor con el citado obligado al pago o bien derivadas de una relación comercial continuada con el mismo no formalizada en contrato, en cantidad suficiente para cubrir el importe de la deuda no ingresada en periodo voluntario, el recargo de apremio ordinario, los intereses y costas del procedimiento de apremio, por un importe total de 1.400.000 euros. El embargo dictado alcanza también a las retenciones efectuadas en garantía de los servicios prestados”.

En la Diligencia se requería a YYY, para que en un plazo máximo de 10 días hábiles cumplimentara y remitiera el Anexo adjunto, concretando el estado de los CRÉDITOS embargados.

También se especificaba que los importes embargados deberían ser ingresados en el Tesoro Público, en el momento en que los correspondientes CRÉDITOS resultaran exigibles por el deudor principal.

SEGUNDO. - En fecha 10-06-2019, YYY contesta la diligencia de embargo, indicando que en la fecha de notificación de la diligencia no existen créditos pendientes de pago ni contratos en vigor. Del examen de los datos aportados a través del Suministro Inmediato de Información, se comprueba que, con posterioridad a la fecha de presentación de la diligencia de embargo, se han continuado manteniendo relaciones comerciales documentadas en facturas cuyos importes no han sido ingresados en el Tesoro Público. De acuerdo con lo anterior y la información que obra en el expediente, YYY debió ingresar en el Tesoro Público, en cumplimiento de la orden de embargo anterior, 207,42 euros”.

Las normas que regulan los embargos, son fundamentalmente, los artículos 169 y siguientes de la LGT y por los artículos 75 y siguientes del RGR y en lo no previsto por éstas, supletoriamente las normas del derecho común, en aplicación del artículo 7.2 de la propia LGT.

Es absolutamente pacífico que no se pueden embargar bienes o derechos futuros.

Los bienes sobre los que recaiga el embargo deben pertenecer al deudor, ya que son sus elementos patrimoniales los que deben realizarse en la ejecución para entregar al acreedor la suma de dinero por que se despacha.

El apartado 1 del artículo 588 LEC dispone que es nulo el embargo sobre bienes y derechos cuya efectiva existencia no conste. Esta norma contiene una doble prohibición: prohibición de embargos indeterminados o genéricos y el embargo de bienes sin pertenencia actual al patrimonio del deudor.

El embargo del sobrante previsto en el art. 611 LEC, “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 588”, no puede considerarse como un embargo de saldo futuro, ya que el saldo sobrante de un embargo anterior forma ya parte, desde el mismo de la traba, del patrimonio del deudor. Tampoco es un embargo futuro el de sueldos, pensiones o rentas, que no son realmente saldos futuros, puesto que, tanto los sueldos como las pensiones y las rentas, son derechos preexistentes del ejecutado y pertenecen a su patrimonio en el momento de realizarse la traba, si bien, se trata de prestaciones periódicas o derivadas de un contrato de tracto sucesivo con vencimientos futuros (“certus an et incertus quando”, el evento futuro es cierto aunque se desconoce el momento, o bien, “certus an et quando”, se conoce tanto el evento como el momento en que acaecerá).

No impide llegar a esa conclusión, tampoco, la normativa sobre el embargo de frutos o rentas, ya que con respecto a ellos solamente existe incertidumbre en cuanto a su duración o cuantía, es decir, que el derecho existe en el patrimonio del deudor en el momento de la traba, pero su efectivo abono dependerá de un hecho futuro. El derecho a percibir los frutos o rentas ya se encontraba incorporado al patrimonio del deudor en el momento de realizarse el embargo.

El sentido del embargo sobre créditos comerciales que pretende la AEAT se refiere a que si hay un contrato en vigor y quedan pendientes importes que facturar, estos podrán quedar embargados, porque su existencia era cierta en el momento de la traba, pero faltaba por acaecer algún hecho futuro. Pero no los importes de todas las facturas futuras habrán quedado embargados, ni mucho menos.

Parece deducirse, según el acto administrativo, que una vez recibida una orden de embargo hay que enterrar civilmente al deudor. Ya no se puede trabajar con él: otra víctima más del sistema que no podrá hacer frente a sus proveedores, que dejarán de trabajar con él por miedo a que la AEAT les declare responsables, nada menos, que por la totalidad (¡incluido el IVA!) de todas las cantidades pagadas con posterioridad a la orden de embargo.

Podríamos decir que la AEAT no ha hecho una labor mínima indagatoria para comprobar si se trataba de bienes o derechos embargados o si se trata de otras operaciones posteriores.  ¿Para qué? Ya se apañará el contribuyente avasallado. Ya se defenderá… o no, porque para 200 euros es posible que ni se defienda (le costará más el collar que el perro).

Mi cliente no tenía contraída deuda alguna con dicha persona, y contestó en ese sentido a la AEAT. Tampoco tenía contrato comercial en vigor. Seguramente era difícil de deducir, porque la empresa deudora es la concesionaria de la I.T.V. donde mi cliente acude eventualmente a pasar la Inspección Técnica de Vehículos de algunos de los camiones de la empresa.

 

Francisco R. Serantes Peña

Abogado Tributarista

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[1] La inaceptable vis expansiva del derecho penal del S XXI, La inaceptable vis expansiva del derecho penal del Siglo XXI (II) y La inaceptable vis expansiva del Derecho Penal del Siglo XXI (III). Más sobre la prisión permanente revisable.

Comentarios (5)

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Gracias, Fran, por compartir. Desgraciadamente, el uso desmesurado, no contrastado ni diligente, del artículo 42.2 de la LGT por la AEAT produce estos desaguisados. El caso que comentas no es aislado, y puede ocurrir que utilicen el 42.2.b) de la LGT también, por ejemplo, para dirigirse contra clientes que repostan combustible en una gasolinera. Y la Administración, que no se siente vinculada por el Derecho, inaplica las normas de los embargos que se recogen en la LEC. Todo un abuso de derecho.

  Nuria Puebla
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Desde la entrada en vigor del SIIVA a las empresas acogidas al mismo les llueven todos los meses diligencias de embargo de créditos. Incluso de deudas no tributarias, v.g. multas de tráfico cuya recaudacion en via ejecutiva tiene encomendada la AEAT. Hay casos en que el proveedor (deudor principal embargado) presenta a la empresa (obligado al pago de la diligencia de embargo de créditos) certificado de estar al corriente de pago con la AEAT para intentar seguir trabajando. Ojo con esto,...

Desde la entrada en vigor del SIIVA a las empresas acogidas al mismo les llueven todos los meses diligencias de embargo de créditos. Incluso de deudas no tributarias, v.g. multas de tráfico cuya recaudacion en via ejecutiva tiene encomendada la AEAT. Hay casos en que el proveedor (deudor principal embargado) presenta a la empresa (obligado al pago de la diligencia de embargo de créditos) certificado de estar al corriente de pago con la AEAT para intentar seguir trabajando. Ojo con esto, este certificado se expide sin perjuicio de las diligencias de embargo notificadas con anterioridad y ademas no incluye las deudas de tráfico.

Eso que se ha sacado la AEAT de la manga con el apoyo del TEAC de la "relacion comercial continuada sin contrato" para con una diligencia de embargo inicial sujetar al embargo todas las operaciones posteriores con el deudor tributario por mucho que tarden éstas en producirse, es un disparate jurídico que debe ser revisado en el ambito de la jurisducción contenciosa, máxime cuando los que trabajamos en esto hemos visto como durante decadas las diligencias de embargo se contestaban sólo indicando que no habia créditos a la fecha de la notificacion de la diligencias de embargo y la AEAT no decía ni mu. En septiembre de 2017, lo sé muy bien, la AEAT cambió el formulario de contestación de las diligencias de embargo (ojo, el formulario, la ley no ha cambiado) para incluir toda esta historia de la relacion comercial continuada sin contrato, en base a distintas intepretaciones del TEAC sobre este asunto que cambiaron su criterio inicial sobre la imposibilidad de embargar créditos futuros. A partir de esta fecha y al calor de las resoluciones del TEAC, es cuando se han ido sucediendo los expedientes de derivacion de responsabilidad del 42.2.b. LGT. Y es que, como dice el autor de este artículo, se condena civilmente al deudor tributario ad eternum, y como no le llegue la notificacion del levantamiento de embargo a tu cliente, al obligado al pago, yo le aconsejo que no le vuelva a comprar al embargado son pena de que le caiga el 42.2.b LGT sobre la cabeza como espada de Dámocles. Por ultimo, como medio de defensa, no ante la propia AEAT o los TEAR, que no nos van a hacer ni caso, sino ya en via contenciosa hay que atacar este proceder de la AEAT en base al principio de culpabilidad, la culpa o negligencia debe quedar rigurosamente probada en los expedientes de derivacion de responsabilidad solidaria, vid a este respecto la STS 3766/2017, que, aunque referida al 42.2.a, arroja mucha luz sobre este asunto: “no cabe olvidar que la ley exige el dolo o culpa, no sólo presumido o supuesto, sino plenamente acreditado, y tales modalidades de la culpabilidad, aun la más liviana de ellas, requieren al menos el conocimiento formal de la existencia del embargo y de los deberes legales que, en relación a su preservación, se encomiendan al deudor del embargado, juicio que aquí brilla por su ausencia, toda vez que el dato aportado con la demanda sobre la inexistencia de deudas pendientes, por razón de su pago, debió ser objeto de una valoración concreta y particular y, en el caso de concluirse que adveraban esa previa y completa satisfacción de los débitos pendientes, llevar a la Sala de instancia a considerar desaparecidas sobrevenidamente en relación con el embargo de créditos”.
Pues eso..., ya saben, cuidadito con este asunto. #ciudadaNOsubdito.

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  Luis Sola
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Totalmente de acuerdo con el anterior comentario. La sentencia que citas, si no me equivoco, es de 24 de octubre de 2017, de ella fue ponente el magistrado Navarro Sanchis, y realmente sí iba referida al 42.2.b) de la LGT. Es un caso que conozco muy bien porque fui la abogada que lo defendió en el Tribunal Supremo, que estimó mi recurso y casó la Sentencia de la Audiencia Nacional. Esa sentencia es muy importante, porque señala la necesidad de que se acredite la culpa en derivaciones de...

Totalmente de acuerdo con el anterior comentario. La sentencia que citas, si no me equivoco, es de 24 de octubre de 2017, de ella fue ponente el magistrado Navarro Sanchis, y realmente sí iba referida al 42.2.b) de la LGT. Es un caso que conozco muy bien porque fui la abogada que lo defendió en el Tribunal Supremo, que estimó mi recurso y casó la Sentencia de la Audiencia Nacional. Esa sentencia es muy importante, porque señala la necesidad de que se acredite la culpa en derivaciones de responsabilidad de este precepto. Aunque no nos hagan ni caso, como dices, hemos de insistir en alegar la falta de prueba de la culpa.

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  Nuria Puebla
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Gracias Nuria por tu puntualizaciòn. Tengo varios expedientes a punto de salir del TEAR que acabaràn en el contencioso seguramente. Seguimos en la lucha. Cualquier ayuda serà bienvenida.

  Luis Sola
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Muchas gracias a los dos, por participar y dejar vuestras impresiones. Siempre viene bien otro punto de vista. Se agradece.
Totalmente de acuerdo con Nuria: un abuso de derecho. Desde luego, Luis, habrá que exigir que se pruebe la culpabilidad. Y también de acuerdo, con el comentario de Antón Beiras en conversación telefónica que supongo pronto compartirá con nosotros, que señala que, en este caso, no existe siquiera crédito, al igual que en el caso de las gasolineras que comenta Nuria. En...

Muchas gracias a los dos, por participar y dejar vuestras impresiones. Siempre viene bien otro punto de vista. Se agradece.
Totalmente de acuerdo con Nuria: un abuso de derecho. Desde luego, Luis, habrá que exigir que se pruebe la culpabilidad. Y también de acuerdo, con el comentario de Antón Beiras en conversación telefónica que supongo pronto compartirá con nosotros, que señala que, en este caso, no existe siquiera crédito, al igual que en el caso de las gasolineras que comenta Nuria. En efecto, al llevar el vehículo al concesionario de la ITV, o pagas antes de que el servicio sea prestado o no te practican la Inspección. Por tanto, lejos de existir un crédito, hay un anticipo, con lo que hace imposible que se pueda embargar el crédito, ya que no hay sino anticipos para cada una de las Inspecciones de vehículos.
Lo que ocurre es que mi entrada la centraba en la imposibilidad de embargar créditos futuros, para no exceder de lo que entendemos debe ser la extensión recomendada a este tipo de blogs, si bien, cerrándolo con el auténtico sinsentido de la inexistencia del crédito, lo que resulta, si cabe, más chocante.
Lo dicho: muchas gracias por vuestros comentarios que resultan absolutamente enriquecedores.

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  Francisco R. Serantes Peña
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