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La liquidación vinculada a delito y el fenómeno anormal de la exigencia de intereses de demora antes del inicio del periodo voluntario de pago

La liquidación vinculada a delito y el fenómeno anormal de la exigencia de intereses de demora antes del inicio del periodo voluntario de pago

Hasta la reforma de nuestra más preciada norma tributaria efectuada por la Ley 34/2015 de 21 de septiembre, el procedimiento a seguir en el caso de que existiesen indicios de delito contra la Hacienda Pública consistía –sucintamente- en remitir el tanto de culpa a la jurisdicción penal y la abstención de continuar el expediente administrativo por la Agencia Tributaria.

El motivo de peso que se nos dio en el año 2015 para modificar este sistema fue que, en la tramitación de un delito contra la Hacienda Pública se le daba un trato de favor a un presunto autor de un delito fiscal, frente al mero infractor administrativo.

Ahora bien, esta afirmación debe matizarse con creces. No se puede hacer de peor condición a un presunto infractor que puede jugarse su libertad frente a una cuestión monetaria. Y  además ese posible trato de favor deriva de un factor externo, el colapso del sistema de justicia. Circunstancia ésta que parece “beneficiar” al posible autor de un delito contra la Hacienda Pública, porque a todos nos encanta estar 10 años o más con la losa de poder acabar en la cárcel por el retraso del sistema judicial. Se conoce como “pena de banquillo”.

 Pues bien, bajo estas premisas se modificó la tramitación del procedimiento administrativo para aquellos supuestos en los que la Administración Tributaria tuviese indicios de que se podía haber cometido un delito contra la Hacienda Pública. Para ello, se incorporó en la Ley General Tributaria el Título VI “Actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en supuestos de delito contra la Hacienda pública”

 La piedra angular de esta nueva regulación radica en la posibilidad de practicar liquidaciones en caso de existencia de indicios de delito contra la Hacienda Pública.

Así, el artículo 250 de la Ley General Tributaria nos indica que “cuando la Administración Tributaria aprecie indicios de delito contra la Hacienda Pública, se continuará la tramitación del procedimiento con arreglo a las normas generales que resulten de aplicación, sin perjuicio de que se pase el tanto de culpa a la jurisdicción competente o se remita el expediente al Ministerio Fiscal...”

 En consecuencia, salvo en determinados supuestos contenidos en el artículo 251 LGT[1], la Administración procederá a dictar la liquidación de los elementos de la obligación tributaria.

Como se manifiesta en la propia regulación, lo que se está pretendiendo con este procedimiento es, que le pueda ser exigible al contribuyente -y posible autor de un delito contra la Hacienda Pública-  la deuda tributaria como si de un infractor puramente administrativo se tratase.

El artículo 253 LGT nos guía con la regulación de la tramitación del procedimiento de inspección en caso de que proceda practicar la liquidación vinculada a delito.

En dicho precepto se nos indica que, cuando la Administración Tributaria aprecie indicios de delito contra la Hacienda Pública y no concurran las circunstancias que impiden dictar dicha liquidación vinculada a delito de acuerdo con el artículo 251.1 LGT, procederá formalizar una propuesta de liquidación vinculada a delito.

Una vez dictada la liquidación, la Administración Tributaria remitirá el tanto de culpa a la jurisdicción penal, finalizando el procedimiento de comprobación. Con la notificación de la liquidación vinculada a delito, deberá advertirse de que el período voluntario de ingreso, y esto es lo que queremos destacar, solamente comenzará a computarse una vez que sea notificada la admisión a trámite de la denuncia o querella.

 Y es que la recaudación de la deuda liquidada vinculada a la posible existencia de un delito contra la Hacienda Pública, de acuerdo con el artículo 255 de la Ley General Tributaria, no se paraliza por la remisión del expediente a la jurisdicción penal, sino que las actuaciones administrativas dirigidas al cobro de la deuda liquidada continúan, como si de una liquidación puramente administrativa se tratase. Todo ello, siempre que el Juez no hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución. Porque no debemos olvidar que una vez se remite el expediente por apreciar indicios de delito contra la Hacienda Pública, quien tiene la última palabra es el Juez de lo Penal y no la Administración Tributaria.

Al respecto, debe tenerse en cuenta lo ya apuntado en el artículo 253 LGT y que aclara el artículo 255 LGT respecto a la exigibilidad de la deuda vinculada a delito. Ésta no resulta exigible con la simple notificación, ya que hasta que no conste admitida la denuncia o querella no se podrá iniciar el período voluntario de pago, requiriéndose al obligado tributario que realice el ingreso de la deuda tributaria en los plazos normales de pago, contenidos en el artículo 62.2 LGT.

Y es en este punto donde la Administración Tributaria realiza una interpretación interesada de la norma.

Para la Hacienda Pública en aquellos supuestos en los que resulte una sentencia condenatoria en la que la cuota defraudada coincida con la de la liquidación vinculada a delito, resultaría posible la exigencia de intereses de demora por el periodo transcurrido entre el día siguiente a la fecha en la que se dictó el acuerdo de la liquidación vinculada a delito y el día en que se realizan los pagos de la misma. Aunque el ingreso se haya efectuado con anterioridad al inicio del periodo voluntario de pago del artículo 62.2 LGT, esto es, con anterioridad a la admisión de la denuncia o querella.

Pero, en ese caso ¿qué calificación merecerían estos intereses de demora que pretende exigir la Administración Tributaria? No están regulados.

En el ámbito del Derecho tributario, por un lado, nos encontramos con intereses moratorios, que son aquellos que resultan exigibles por la necesidad de reparar el daño causado derivado del retraso en el cumplimiento de una obligación. Estos intereses, ya forman parte de la deuda vinculada a delito, así como de cualquier otra deuda tributaria exigible por la Administración en un procedimiento de comprobación e inspección.

Por otro lado, encontramos los intereses indemnizatorios, con una finalidad pseudo-sancionadora y resultan exigibles por el retraso en el pago de la liquidación tributaria, en los términos contenidos en el artículo 26 de la LGT.

Pues bien, como vemos, la posibilidad de exigir intereses de demora, tras el acuerdo de liquidación de la cuota vinculada a delito, pero antes de que se inicie el periodo voluntario de pago, no encaja en ninguno de los conceptos de intereses de demora que resultan exigibles de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico-tributario.

Estos intereses, de acuerdo con la interpretación administrativa se exigirían siempre, a todos los contribuyentes, independientemente de si el ingreso se hiciese o no en periodo voluntario de pago. Por tanto, ¿cuál sería su finalidad? ¿sería innovar con una nueva figura, la de los intereses inventados? Así tendrían los moratorios, los indemnizatorios y los inventados.

La justificación que nos da la Administración para corroborar su postura, la encontramos –supuestamente- en el artículo 257.2.a) LGT, en el que puede leerse:

Si en el proceso penal se dictara sentencia condenatoria por delito contra la Hacienda Pública y en dicho proceso se determinara una cuota defraudada idéntica a la liquidada en vía administrativa, no será necesario modificar la liquidación realizada, sin perjuicio de la liquidación de intereses de demora y recargos que correspondan

 Interpretar que dicha coletilla permite liquidar intereses de demora antes del inicio del periodo voluntario de pago, es una barbaridad jurídica.

En primer lugar, porque esta interpretación solamente sería aplicable en aquellos supuestos en los que la sentencia condenatoria confirme la liquidación practicada en la vía administrativa, lo que supondría un tratamiento dispar atendiendo al sentido de la sentencia, creando disfunciones en el sistema regulador del procedimiento de aplicación de los tributos en supuestos de delito contra la Hacienda Pública.

En segundo lugar, porque resulta evidente que cuando la norma indica ese “sin perjuicio de la liquidación de intereses de demora y recargos que correspondan”, está haciendo referencia al incumplimiento del plazo de pago en periodo voluntario del artículo 62.2 LGT y que solamente puede entrar en juego una vez se haya admitido la denuncia o querella. De lo contrario, no se haría referencia a la posible existencia de recargos, y no cabe duda que en su exégesis buscando dar con la fórmula de la pólvora se refieren a los recargos del periodo ejecutivo, ex. art. 28 LGT.

No podemos olvidar la claridad con la que el artículo 255 LGT nos indica que las actuaciones administrativas dirigidas al cobro de las deudas liquidadas vinculadas a la posible existencia de un delito fiscal, se regirán por las normas generales establecidas en el Capítulo V del Título III de la Ley General Tributaria.

Sin embargo, de mantenerse la interesada creación administrativa que permite la exigencia de intereses de demora, prácticamente a discreción, atentaría contra la propia motivación de la regulación de las liquidaciones administrativas vinculadas a delito al no equipararse a la recaudación de las deudas puramente administrativas. Y, lo peor de todo, sin encontrar una base racional jurídica que la ampare.

Laura Campanon Galiana

Abogada y asesora Fiscal

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[1] Cuando la Administración Tributaria aprecie indicios de delito contra la Hacienda Pública, pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitirá el expediente al Ministerio Fiscal, absteniéndose de practicar la liquidación a que se refiere el artículo 250.2 de esta Ley, en los siguientes supuestos:

a) Cuando la tramitación de la liquidación administrativa pueda ocasionar la prescripción del delito con arreglo a los plazos previstos en el artículo 131 del Código Penal.

b) Cuando de resultas de la investigación o comprobación, no pudiese determinarse con exactitud el importe de la liquidación o no hubiera sido posible atribuirla a un obligado tributario concreto.

c) Cuando la liquidación administrativa pudiese perjudicar de cualquier forma la investigación o comprobación de la defraudación.

  1. Comentarios (5)

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Enhorabuena por el artículo.
Gracias por tus aportaciones tan certeras y bien documentadas.

Isabel G.E.
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Enhorabuena por el artículo.
Gracias por tus aportaciones, tan certeras y documentadas.

Isabel G.E.
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Excelente articulo.

Antonio Garcia Marco
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Estupendo artículo Laura!

Pedro G. Bueno
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Querida Laura, la idea de los intereses inventados me parece una genialidad...¡enhorabuena! Esaú

Esaú
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