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La protección de los denunciantes a nivel de la Unión Europea: otra medida encaminada a fomentar el "Compliance"

El pasado 23 de octubre de 2019 se aprobó la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

El objeto de esta norma es la obtención de información sobre el incumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario por parte de las organizaciones públicas y privadas, siendo la fuente de tales denuncias las propias personas que trabajan para la organización.

La Directiva pone el foco de atención en los trabajadores de las organizaciones ya que éstos suelen ser las primeras personas que tienen conocimiento de la comisión de irregularidades.

 Tal y como puede leerse en el Considerando 3 de la Directiva, las infracciones del Derecho de la Unión, con independencia de si el Derecho nacional las clasifica como administrativas, penales o de otro tipo, pueden provocar graves perjuicios al interés público en el sentido de que crean riesgos importantes para el bienestar de la sociedad. Cuando se detectan deficiencias de aplicación en esos ámbitos los denunciantes suelen encontrarse en una posición privilegiada para revelar la existencia de infracciones, es necesario potenciar la aplicación del Derecho introduciendo canales de denuncia efectivos, confidenciales y seguros y garantizando la protección efectiva de los denunciantes frente a represalias.

Su objetivo es sacar el máximo partido de la información que pueden proporcionar los trabajadores de las organizaciones en materia de posibles incumplimientos del ordenamiento jurídico de la Unión, estableciendo para ello unos estándares mínimos que permitan la creación de canales de denuncia y que al mismo tiempo cuiden de los denunciantes.

Esta norma se enmarca dentro del conjunto de novedades que en los últimos tiempos se están llevando a cabo en materia de Compliance, para el fomento del cumplimiento voluntario de las obligaciones de las organizaciones, haciendo especial hincapié en la lucha contra el fraude fiscal.

El aumento de las relaciones cooperativas tiene una elevada implicación en materia tributaria. Ya pone de manifiesto la propia Directiva de protección a los denunciantes en su considerando 18 afirma lo siguiente: las infracciones de las normas relativas al Impuesto sobre Sociedades y las prácticas cuya finalidad es obtener una ventaja fiscal y eludir las obligaciones legales, desvirtuando el objeto o la finalidad de la ley del Impuesto sobre Sociedades aplicable, afectan negativamente al buen funcionamiento del mercado interior. Dichas infracciones y prácticas pueden dar lugar a una competencia fiscal desleal y a una amplia evasión fiscal que falsea las condiciones de competencia equitativas para las empresas y que redunda en una pérdida de ingresos fiscales para los Estados miembros y el presupuesto de la Unión en su conjunto.

La protección de los denunciantes en materia tributaria, se sumaría a las recientes iniciativas de la Comisión Europea– como es el caso de la aprobación de la DAC 6- destinadas a mejorar la transparencia y el intercambio de información en el ámbito de la fiscalidad.

Pero las novedades en el fomento del cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales no solo se promueven a nivel comunitario. La Agencia Tributaria española también se ha hecho eco de esta tendencia, ya que reconoce los beneficios que le puede reportar. Especialmente en relación con el aumento de la información que puede recabar, y que ahora no solo incumbe a los contribuyentes, sino que se amplía a los intermediarios y a los propios trabajadores de las organizaciones.

En este sentido, en el  Plan de Control Tributario para el año 2020 [1]  se recoge la voluntad de fomentar el cumplimiento voluntario, pudiendo leerse al inicio de la resolución:  Igualmente, la Agencia Tributaria impulsará un nuevo modelo de asistencia integral, implantando medidas que favorezcan el cumplimiento voluntario y llevando a cabo una manifestación de las actuaciones de lucha contra el fraude más complejo.

 De hecho, se recoge como uno de los Pilares del Plan la "Prevención de los incumplimientos. El fomento del cumplimiento voluntario y la prevención del fraude". Igualmente, la Agencia Tributaria impulsará un nuevo modelo de asistencia integral, implantando medidas que favorezcan el cumplimiento voluntario y llevando a cabo una intensificación de las actuaciones de lucha contra el fraude más complejo.Igualmente, la Agencia Tributaria impulsará un nuevo modelo de asistencia integral, implantando medidas que favorezcan el cumplimiento voluntario y llevando a cabo una intensificación de las actuaciones de lucha contra el fraude más complejo.Igualmente, la Agencia Tributaria impulsará un nuevo modelo de asistencia integral, implantando medidas que favorezcan el cumplimiento voluntario y llevando a cabo una intensificación de las actuaciones de lucha contra el fraude más complejo.Igualmente, la Agencia Tributaria impulsará un nuevo modelo de asistencia integral, implantando medidas que favorezcan el cumplimiento voluntario y llevando a cabo una intensificación de las actuaciones de lucha contra el fraude más complejo.

Como estamos experimentando en los últimos años, la comunidad internacional está fomentando medidas que promocionen el cumplimiento voluntario de las obligaciones en materia fiscal y faciliten las relaciones entre Administración y contribuyente para crear flujos de información cooperativos alejados del actual paradigma inquisitivo en el que nos movemos.

El problema actual con el que nos encontramos es que en la piel de la Administración tributaria todavía no se ha impregnado esta cultura del cumplimiento voluntario, viendo todavía al contribuyente como un potencial defraudador. Es una tarea pendiente que el fomento del cumplimiento voluntario no solo consista en aumentar las obligaciones de información a todo el que tenga noticia de alguna posible infracción del sistema tributario.

Laura Campanon Galiana

Abogada y asesora Fiscal


 [1] Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2020.

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