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 Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica

¿Qué pasará con el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica?

El Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, IVPEE, ya nació algo torcido, algunos notamos cierto calambre cuando lo leímos. Este impuesto fue creado por la Ley 15/2012 de 27 de diciembre de 2012, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, siendo una de las reformas del sistema financiero eléctrico español.

La normativa reguladora del IVPEE lo describe como un impuesto de carácter directo y de naturaleza real que grava la realización de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica[1].

Su hecho imponible es éste precisamente, la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica medida en barras de central, siendo la base imponible del mismo el importe total que corresponda percibir al contribuyente por esa producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica. Además, se constituye un tipo fijo de gravamen del 7%.  Desde su entrada en vigor comenzaron las críticas, debido a que la propia configuración lo enmarcaba como un impuesto de carácter indirecto, siendo dudoso su carácter medioambiental, al ser visible la intención con la que se aprobó el mismo: obtener recursos suficientes para la financiación del sistema eléctrico. Tal y como puede leerse en el propio preámbulo de la Ley 15/2012:    

En este sentido y con el fin de favorecer el equilibrio presupuestario se establece en el Título I de esta Ley, un impuesto sobre el valor de producción de la energía eléctrica.”

 Ya por el año 2016 el Tribunal Constitucional (TC) conocía de dos cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el Tribunal Supremo (TS), en las que se cuestionaba la posible vulneración por del principio de capacidad económica que debe informar a todos los impuestos que se configuran dentro de nuestro sistema tributario y que debe ser un mínimo para que cualquier español vea razonable desprenderse de algo de dinero

El TC inadmitió sendas cuestiones de inconstitucionalidad por entender que en esta materia debía ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien se pronunciara al respecto. No conforme con la inadmisión planteada por el TC, a principios de 2018 el TS volvió a plantear cuestión de inconstitucionalidad por entender que podría verse vulnerado el principio de capacidad económica al existir una doble imposición entre el IVPEE y el Impuesto de Actividades económicas, así como la ausencia de finalidad extra fiscal en la regulación del supuesto impuesto medioambiental, al carecer de incentivos fiscales para aquellos productores de energía eléctrica que adoptasen medidas menos nocivas para el medio ambiente.

El 20 de junio de 2018, el TC procedió a inadmitir nuevamente la cuestión de inconstitucionalidad planteada. En el auto de inadmisión, el Tribunal indica que no considera que se produzca ninguna vulneración del principio de capacidad económica por existir una doble imposición entre el IAE y el IVPEE, en la medida en que la doble imposición solamente veta la duplicidad en la tributación entre tributos estatales y autonómicos por lo que no aplicaría al IAE, tributo de carácter local. Aunque no es esta la percepción sensorial que tiene el contribuyente que se enfrenta a dos pagos por algo que entiende muy muy similar.

Unos meses después del auto de inconstitucionalidad del TC, en octubre de 2018, la ministra para la Transición Ecológica hacía pública la decisión de suspender la aplicación del IVPEE. Así mediante Real Decreto-ley 15/2018 de 5 de octubre de 2018, se aprobaba la suspensión del impuesto. El motivo, al menos el que se hizo público, era proteger al consumidor de la subida de los precios del mercado eléctrico, como puede leerse en la propia exposición de motivos del Real Decreto.

No obstante, vista la dudosa adecuación del IVPEE al sistema tributario nacional y comunitario, la propia suspensión del impuesto denota la incertidumbre que éste alberga respecto a su aplicación en el futuro. Ni ellos mismos saben lo que quieren, ni ellos mismos tienen la seguridad de que lo que plantean sea correcto.

En la actualidad el impuesto no está derogado porque, como ya se ha comentado, el TC convalidó la regulación del mismo con los principios constitucionales. Tras este pronunciamiento, la única baza que quedaba para que el IVPEE fuese anulado era el planteamiento de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y este planteamiento ya ha llegado de la mano del buen hacer del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Así, el TSJCV mediante Auto de 22 de febrero de 2019 planteó cuestión prejudicial al TJUE, por entender que la actual configuración del IVPEE podría vulnerar varios preceptos comunitarios, que de manera sucinta serían:

  • Posible vulneración del artículo 1.1. a) de la Directiva 2003/96/CE[2] por la que se prohíbe la creación de tributos indirectos sobre productos energéticos, salvo que pueda acreditarse que tenga una finalidad específica. En este sentido, no se establece ningún elemento modulador del impuesto atendiendo a las características subjetivas del sujeto pasivo, ni incentivos para aquellos productores de energía eléctrica que utilicen fuentes de producción menos nocivas para el medio ambiente, como por ejemplo a través del uso de fuentes renovables.
  • Posible vulneración del artículo 1.2 de la Directiva 2008/118/CE[3], en la que se regula que “los Estados miembros podrán imponer a los productos sujetos a impuestos especiales otros gravámenes indirectos con fines específicos, a condición de que tales gravámenes respeten las normas impositivas comunitarias aplicables a los impuestos especiales o el impuesto sobre el valor añadido por lo que respecta a la determinación de la base imponible, el cálculo de la cuota tributaria, el devengo y el control del impuesto”. La configuración actual del impuesto, hacen que éste, en puridad, tenga las características propias de un impuesto indirecto que grava una manifestación mediata de capacidad económica sin una finalidad extra fiscal específica. La propia Disposición Adicional Segunda de la Ley 15/2012 indica que el producto de la recaudación del IVPEE no irá a los fines medioambientales previstos por la normativa, sino a financiar los costes del sistema eléctrico. Es decir, el tributo se crea con la finalidad de ayudar en la retribución de las actividades de producción, transporte, distribución y comercialización de la energía eléctrica, lo que acaba evidenciando la verdadera voluntad del legislador, que no va encaminada a la protección del medio ambiente ni a la promoción de energías renovables. Para ver esto no hace falta ser catedrático en la materia.
  • Posible vulneración de los artículos 3.1,2 y 3 a) de la Directiva 2009/28/CE[4], ya que aunque se proclame como un impuesto medioambiental, somete a gravamen de la misma forma a actividades de producción y de incorporación en el sistema eléctrico de energía eléctrica, con independencia de su intensidad e incidencia sobre el mismo ambiente, lo que supone que se concede el mismo tratamiento fiscal a la energía procedente de fuentes renovables, sin discriminar la utilización de medios de producción de energía menos dañinos para el medio ambiente.
  • Posible vulneración de los artículos 32 a 34 de la Directiva 2009/72/CE[5]¸ pues puede afectar a las normas de funcionamiento del mercado interior y la libertad de competencia en la medida en que discrimina positivamente a los productores de energía eléctrica no nacionales, en detrimento de los españoles.

 Ante la contundencia de la cuestión prejudicial planteada ante el TJUE en febrero de 2019 por parte del TSJCV, el IVPEE podría incumplir con al menos cuatro Directivas comunitarias diferentes.

Por ello, para los sujetos pasivos del impuesto, resulta recomendable que procedan a la impugnación de su propia autoliquidación (Modelo 583) correspondiente al último año no prescrito. Para que ante un posible pronunciamiento del TJUE en el que se invalide el Impuesto por ser contrario a la normativa comunitaria, tengan la posibilidad de recuperar las cantidades satisfechas en virtud del mismo.

En el momento de la redacción del presente artículo – 29 de julio de 2019- el último ejercicio no prescrito del IVPEE es el correspondiente al año 2014, cuyo plazo de presentación voluntario finalizó el 30 de noviembre de 2015. En consecuencia, los sujetos pasivos del impuesto, si quieren tener las cosas fáciles en caso de anulación del Impuesto, deberán proceder a impugnar su autoliquidación a través del procedimiento de rectificación de autoliquidación y solicitud de devolución de ingresos indebidos hasta el 30 de noviembre de 2019.

Con esto, se espera que más de 7 años después de su aprobación finalmente se expulse del ordenamiento jurídico a un impuesto creado para financiar el sistema eléctrico, saltándose todas las restricciones que la normativa comunitaria impone al Estado español respecto a la regulación de impuestos indirectos con objetivos “extra fiscales”.

 

Laura Campanon Galiana

Abogada y asesora Fiscal


[1] Ley 15/2012, de 27 de diciembre, Artículo 1 “Naturaleza”.
[2] Directiva 2003/96/CE del Consejo por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad.
[3] Directiva 2008/118/CE del Consejo por la que se regula el Régimen general de los Impuestos Especiales.
[4] Directiva 2009/28/CE del Consejo por la que se regula el Fomento del uso de la energía de fuentes renovables.
[5] Directiva 2009/72/CE del Consejo por la que se regulan las normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

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Mira la resolución del TEAC 15.7.19, RG 1302/2017

 
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