Taxlandia: Blog Fiscal y
de Opinión Tributaria





  • Inicio
  • Antón Beiras Cal
  • IAE: sólo tributan por la cifra agregada de negocio los grupos obligados a presentar CCAA consolidadas
No todos los grupos de empresas deben tributar por el i IAE cuando superan la cifra de agregada negocios de 1.000.000 euros/año

IAE: sólo tributan por la cifra agregada de negocio los grupos obligados a presentar CCAA consolidadas

El pasado 6 de marzo el Tribunal Supremo[1] dictó una importante sentencia en casación donde dijo que una correcta inteligencia del art. 42 del Co.Co sería que deben agregar sus facturaciones (a los efectos de calcular si gozan de exención en el IAE o superan el 1.000.000€ de cifra de negocio) aquellos grupos que están obligados por el referido artículo a formular cuentas anuales consolidadas.

Recordemos que están exentas del IAE las empresas que facturen menos de 1.000.000 de euros. A tal efecto –el computo de la cifra de negocios- se referirá a la suma agregada de las sociedades del grupo, cuando la sociedad pertenezca a un grupo en los términos del artículo 42 del Código de Comercio. Recordemos que el artículo 82.1. c) 3ª del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que “Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades económicas ejercidas por él.

No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, el importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los casos del artículo 42 del Código de Comercio son los recogidos en la sección 1.ª del capítulo I de las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.

Las consecuencias prácticas de este pronunciamiento resultan evidentes para los grupos familiares: Hasta ahora, la AEAT cuando veía un grupo sumaba las cifras de negocio y si la suma supera 1.000.000€ denegaba la exención y lo incluía en el censo que remite a los ayuntamientos.

Pero ese no es el razonamiento que pide la Sentencia del Supremo. Esta exige, para computar la cifra de negocios agregada, que el grupo esté obligado a presentar cuentas anuales consolidadas, pues de eso va el artículo. Y para que surja la obligación de presentar CCAA Consolidadas han de cumplirse dos condiciones de esta tres:

Activo: 11.400.000 euros

INCN: 22.800.000 EUROS

Empleados:                  250

De no cumplirse este requisito, la exención se aplicará a cada sociedad del grupo dependiendo de su facturación individual, de tal manera que, por ejemplo, en un grupo familiar compuesto por 10 sociedades que facturan 999.000 eros cada una, estarán todas ellas exentas cuando su activo sea inferior a 11.400.00 euros o, alternativamente, el número de empleados sea inferior a 250.

Como puede observarse, la trascendencia práctica es gran calado: donde sólo era 1 millón de cifra de negocios, pasa a ser 22,8 millones; y además será necesario disponer de un activo de 11,4 millones o, alternativamente, 250 empleados.

Y esta rabiosa actualidad de la sentencia del Tribunal Supremo me suscita una reflexión acerca de la posibilidad de solicitar la devolución de ingresos indebidos -por los años no prescritos- del 99% de los grupos familiares que, por razón de su tamaño, venían tributando todas sus filiales y ahora sólo tendrán que tributar aquellas que individualmente superen el 1.000.000 de euros de cifra de negocio.

La devolución de un ingreso indebido realizado mediante autoliquidación no tiene más límite ni cortapisa que la prescripción del derecho. Pero un recibo periódico, como el que emite un ayuntamiento por el IAE no es una autoliquidación, es una liquidación administrativa. Por consiguiente su impugnación esta sometida a un plazo perentorio de procedibilidad: la seguridad jurídica exige su firmeza por el transcurso de un mes contado desde el día siguiente a su notificación. Y dispone el artículo 235 de la LGT que “En el supuesto de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, el plazo para la interposición se computará a partir del día siguiente al de finalización del período voluntario de pago”.

Así pues, siendo verdad que el art. 221 de la LGT permite solicitar la devolución de ingresos indebidos con motivo de un supuesto pago de una liquidación administrativa, debe recordarse que sólo ante motivos tasados: sólo si hay duplicidad en el pago, pago en cuantía superior a la liquidación o cuando aquel pago se produjera tras haber transcurrido el plazo de prescripción: fuera de estos casos la solicitud de devolución queda vedada tras la firmeza de la liquidación, de tal guisa que tras el transcurso de un mes sólo las autoliquidaciones son impugnables, con la excepción de lo dispuesto en el artículo 221.3 de la LGT: cuando contra el acto cupieran los motivos extraordinarios de revisión.

El número 3 del art. 221 dispone lo siguiente: “3. Cuando el acto de aplicación de los tributos o de imposición de sanciones en virtud del cual se realizó el ingreso indebido hubiera adquirido firmeza, únicamente se podrá solicitar la devolución del mismo instando o promoviendo la revisión del acto mediante alguno de los procedimientos especiales de revisión establecidos en los párrafos a), c) y d) del artículo 216 y mediante el recurso extraordinario de revisión regulado en el artículo 244 de esta ley”.

Pero de nuevo nos encontramos con el obstáculo de la seguridad jurídica: el recurso extraordinario de revisión está limitado a motivos tasados y excepcionales, tales como que apareciesen con posterioridad documentos de valor esencial, que hubiesen influido documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial o que el acto se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación.

Otro tanto sucede con los procedimientos especiales de revisión. Estos son a) la revisión de actos nulos de pleno derecho, que no es el caso; b) la revocación, perfectamente viable, pero que precisaría de la iniciativa administrativa, pues el procedimiento se inicia de oficio, y c), la rectificación de errores, que es el caso más frecuente en la devolución de ingresos indebidos por recibos no prescritos, en especial del IBI, pero de difícil aplicación al AIE.

El error en el censo del catastro es un clásico ejemplo de error material o de hecho. En tal caso, la rectificación de un valor catastral produce efectos retroactivos y ocurre en los casos en que se producen hechos, actos o negocios jurídicos que tienen efectos catastrales y que como tales deben ser objeto de declaración, como puede ser la construcción de una nueva obra, el cambio de naturaleza del suelo, etc. En estos casos, bien porque son declarados por el obligado tributario, o bien porque son descubiertos por la inspección catastral, por parte de los órganos del Catastro se determina un nuevo valor catastral para el bien inmueble que tendrá efectos retroactivos desde el día siguiente a la fecha en que se produjo el hecho, acto o negocio. Este nuevo valor catastral tendrá efectos en el IBI en el devengo posterior a la efectividad catastral. Ello es así porque el artículo 20.2 TRLCI afirma que “2. La incorporación en el Catastro Inmobiliario de bienes inmuebles o la modificación de su descripción por virtud de actuaciones inspectoras surtirán efectos desde el día siguiente a aquel en que se produjo el hecho, acto o negocio a que se refieren dichas actuaciones…”, de tal manera que el efecto combinado de esta disposición y de lo dispuesto en el mencionado artículo 221.3 de la LGT, permite la solicitud de devolución de ingresos indebidos, de liquidaciones firmes por la vía de la subsanación del error material.

Sin embargo aquí no estamos ante un error en el censo, sino ante una nueva doctrina casacional y por fuerza, las consecuencias serán a mi juicio diametralmente distintas.

Así pues, salvo mejor opinión, creo que los efectos de esta doctrina, con ser de generalizada aplicación, carecerán de efectos retroactivos siendo exclusivamente prospectivos, con la excepción de aquellas liquidaciones atrasadas que no hubieran alcanzado firmeza en vía administrativa porque estuvieran impugnados por motivos diversos.

Antón Beiras Cal

Economista. Auditor. Abogado Tributarista


[1] Numero de Cendoj: 28079130022018100078. También disponible en:  http://www.poderjudicial.es/search_old/documento/TS/8323674/Impuesto/20180319

Comentarios (0)

No hay comentarios escritos aquí

Deja tus comentarios

  1. Publicar comentario como invitado.
0 Caracteres
Archivos adjuntos (0 / 3)
Compartir su ubicación

Subscríbase al boletín de Taxlandia, blog de opinión fiscal y tributaria

Reciba la newsletter de Taxlandia | Política Fiscal.

El usuario entiende que ha dado su consentimiento después de que se le haya facilitado ''información clara y completa'', que el mismo es ''libre, inequívoco y afirmativo'', y que ha leído la Política de privacidad

Taxlandia solo usa cookies técnicas, de sesión, y las google analitics configuradas de modo poco intrusivo. Puedes pulsar aceptar sin miedo alguno. En el caso de que no aceptes la web mantendrá todas sus funcionalidades salvo el uso del plugin de compartir en redes sociales.