La (des)igualdad tributaria en España
Todos damos por sentado que los españoles somos iguales ante la ley, y así lo establece el artículo 14 de nuestra Constitución, sin que pueda existir discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Tan iguales han pretendido que seamos que incluso sentaron a nuestra infanta en un caso en el que a nivel penal nada pintaba, rompiendo este aserto constitucional para acallar a los ciudadanos, haciendo una barbaridad jurídica y moral, como así se ha demostrado durante el juicio y probado con la sentencia. Pues bien, esta premisa aún puede quebrar más, como veremos, ya que los españoles no somos iguales frente a la normativa tributaria.
Este es un hecho, claro, indiscutible y patente si comparamos las obligaciones tributarias por Comunidades Autónomas.
Por un lado, y por citar un ejemplo, nos encontramos con la Comunidad de Madrid, a la que se le ha llegado a conocer como el paraíso fiscal español. Por otro lado, nos encontramos con Cataluña, que podríamos nombrar como la Reina de los Impuestos, debido a su gran obsesión para elevar la carga impositiva que han de soportar los contribuyentes que residen en su territorio, yendo por detrás en estos menesteres sólo de los suecos, pero con menos prestaciones.
Siguiendo con la Reina de los Impuestos, es remarcable que no solo lo observamos en aquellos tributos de regulación estatal como es el IRPF, sino que alcanza, en un alarde imaginativo sin precedentes en suelo patrio, a gravar casi todo aquello que el legislador de turno piense, haya realmente hecho imponible o no, haya capacidad económica o no en definitiva. Les da igual. Esto no parece ser importante para aquél al que le han dado esta potestad. Alucinante. Hay quien duda si la finalidad es recaudatoria simplemente o si el último pensamiento es despoblar el territorio de gente con dinero y patrimonio.
La nueva ocurrencia “del geni” ha sido aprobar un impuesto para gravar los activos no productivos de las personas jurídicas, que vendría a ser el impuesto sobre el patrimonio de las empresas, lo que es claramente un incentivo para el tejido empresarial español respecto a establecerse en la zona. O quizá no. Realmente yo no llevaría mi empresa allí para ver de qué manera puedo pagar más.
Estos aumentos de tributación, por lo general, llevan a que haya menos contribuyentes en aquellos supuestos en los que hay un margen de elección para decidir donde te estableces. Resulta difícil de conciliar el principio de igualdad que debe regir nuestro ordenamiento jurídico con la descentralización de la potestad normativa en el ámbito tributario. A la vista están estas disfunciones y parece que no existe una solución fácil ni pacífica. Tengamos muy en cuenta cuáles son las cargas fiscales que se aplican, pues son todo menos iguales.