Industrial Policy for the intelligence Age
Hace unas semanas fue noticia la retirada del mercado por sus creadores de una actualización de Anthropic: era de tal potencia que descubría las grietas de seguridad de innumerables plataformas, incluso estatales, y convertiría en hacker a cualquier niño enfurecido por su castigo escolar.
Ahora es noticia la publicación por parte de OPENAI de su memorándum ‘Industrial Policy for the intelligence Age’, El documento pone negro sobre blanco las inquietudes legítimas del Doctor Frankenstein respecto de la peligrosidad de su criatura.
Sostiene OPENAI que la transición hacia una IA cada vez más capaz, e incluso hacia la superinteligencia, exige una nueva política industrial centrada en las personas. Propone compartir ampliamente la prosperidad, mitigar riesgos y democratizar el acceso a la IA. Para ello, plantea fortalecer la voz de los trabajadores, ampliar el acceso a herramientas de IA, modernizar impuestos, crear fondos públicos de riqueza, reforzar redes de seguridad y desarrollar mecanismos de auditoría, confianza y supervisión democrática. En conjunto, el texto presenta estas ideas como un punto de partida para un debate público amplio sobre cómo asegurar que los beneficios de la IA lleguen a toda la sociedad. Humildemente deseo contribuir a ese debate.
El documento plantea que la humanidad se encuentra en una transición acelerada hacia una nueva etapa tecnológica impulsada por la inteligencia artificial avanzada, con la posibilidad de llegar a sistemas de “superinteligencia” capaces de superar a los humanos incluso en tareas complejas. Frente a ese escenario, sostiene que no basta con confiar en que el progreso técnico por sí solo produzca beneficios generalizados. Su tesis central es que la transición debe ser guiada por una política industrial ambiciosa, democrática y orientada a mantener a las personas en el centro del cambio tecnológico.
Desde el inicio, el texto presenta la IA como parte de una continuidad histórica en la que la ciencia impulsa la tecnología, la tecnología acelera nuevos descubrimientos y esos descubrimientos generan más ciencia. En ese marco, describe el desarrollo reciente de la IA como un avance muy rápido: en pocos años, se habría pasado de sistemas capaces de realizar tareas rápidas y específicas a modelos que pueden ejecutar tareas generales que antes requerían horas de trabajo humano. Si ese ritmo continúa, el documento prevé sistemas capaces de llevar a cabo proyectos que hoy toman meses, lo que transformaría de forma profunda la organización del trabajo, la producción de conocimiento y las oportunidades económicas y sociales.
El documento insiste en que el potencial de la superinteligencia es extraordinario. La compara con tecnologías transformadoras del pasado, como la electricidad, el motor de combustión y la producción en masa, y sostiene que podría acelerar avances científicos y médicos, elevar fuertemente la productividad, reducir el coste de bienes esenciales y abrir formas nuevas de trabajo, creatividad y emprendimiento. Sin embargo, este optimismo está acompañado de una advertencia contundente: también existen riesgos importantes, entre ellos la disrupción de empleos y sectores completos, el uso malicioso de la tecnología, la pérdida de control sobre sistemas desalineados, el uso gubernamental o institucional contrario a valores democráticos y una mayor concentración de riqueza y poder.
A partir de ese diagnóstico, el texto articula tres grandes objetivos normativos. El primero es compartir la prosperidad de manera amplia, de modo que el desarrollo de la IA se traduzca en una mejora real de la calidad de vida, con bienes más baratos, mejor salud, mejor educación y mayores oportunidades para todos. El segundo es mitigar los riesgos, construyendo nuevas instituciones, salvaguardas técnicas y marcos de gobernanza capaces de mantener los sistemas avanzados seguros, controlables y alineados. El tercero es democratizar el acceso y la capacidad de acción, asegurando que la participación en la economía de la IA no dependa de controlar los modelos más potentes, sino de disponer de herramientas útiles, asequibles y respetuosas con la privacidad, que amplíen la agencia de las personas y eviten una concentración excesiva de riqueza y control.
El documento sitúa estos objetivos dentro de una justificación histórica de la política industrial. Sostiene que las transiciones tecnológicas anteriores también generaron crecimiento, pero que ese crecimiento no se tradujo automáticamente en bienestar compartido. Para afrontarlas, fueron necesarias decisiones políticas activas que reformularon el contrato social, creando instituciones públicas, protecciones laborales, normas de seguridad, redes de protección social y acceso ampliado a la educación. Sobre esa base, el texto argumenta que la transición hacia la superinteligencia requerirá una política industrial todavía más ambiciosa, capaz de coordinar instrumentos públicos y privados para moldear el futuro económico de forma compatible con el pluralismo, los controles constitucionales y la libertad de innovar.
También subraya que algunas medidas deben empezar de inmediato. Menciona, por ejemplo, que los centros de datos de IA deberían asumir sus propios costes energéticos para que los hogares no los subsidien, y que además tendrían que generar empleo local e ingresos fiscales. Asimismo, defiende que los gobiernos adopten una regulación “de sentido común” sobre la IA para proteger a los menores, reducir riesgos de seguridad nacional y fomentar la innovación sin caer en la captura regulatoria por parte de actores ya establecidos.
La primera gran parte del documento se dedica a la construcción de una economía abierta. Allí se sostiene que la IA avanzada puede beneficiar a todos al traducir una inteligencia abundante en progreso material y científico, reduciendo el coste de bienes esenciales, ampliando oportunidades y liberando tiempo para actividades significativas, relacionales y comunitarias. Pero también se reconoce que esas capacidades van a alterar el empleo y las industrias a una velocidad inusual: algunos trabajos desaparecerán, otros cambiarán y surgirán nuevas formas de empleo a medida que las organizaciones aprendan a integrar IA avanzada. El texto advierte que, sin políticas deliberadas, ese proceso puede ampliar la desigualdad, excluir a comunidades con menos recursos y concentrar las ganancias en un pequeño número de empresas, incluso en compañías como OpenAI.
Una de las propuestas más ambiciosas es tratar el acceso a la IA como un derecho funcional básico para participar en la economía moderna. El documento compara esta idea con los esfuerzos históricos por expandir la alfabetización o llevar electricidad e internet a zonas remotas. Su planteamiento no se limita a que la tecnología exista, sino que exige acceso asequible y fiable a modelos fundacionales, incluso mediante puntos de acceso gratuitos o de bajo coste, además de conectividad, infraestructura, educación y formación adecuadas. El objetivo es evitar que trabajadores, pequeñas empresas, escuelas, bibliotecas y comunidades desatendidas queden al margen de las capacidades que impulsan la productividad y las oportunidades.
Especial interés para la Comunidad Taxlandía es la reflexión sobre la necesidad de ‘modernizar las bases tributarias’. El razonamiento es que, si la IA altera la composición de la actividad económica, aumentando beneficios empresariales y ganancias de capital y reduciendo la contribución de ingresos laborales y cotizaciones salariales, podría debilitarse la financiación de programas públicos esenciales. El documento menciona expresamente programas como Social Security, Medicaid, SNAP (en Inglés, programa de cupones de alimentos) y asistencia para vivienda, y advierte que podrían quedar en riesgo si la estructura fiscal no se adapta.
El desarrollo de esta idea no se limita a una fórmula única. El texto enumera varias posibilidades: mayor dependencia de ingresos basados en el capital, impuestos más altos sobre ganancias de capital en la parte alta de la distribución, imposición sobre beneficios corporativos o medidas específicas relacionadas con retornos sostenidos impulsados por IA; además, menciona la exploración de nuevos enfoques como impuestos relacionados con el trabajo automatizado (gravar robots). Pero añade una matización relevante: estas reformas deberían combinarse con incentivos vinculados a salarios para animar a las empresas a retener, recapacitar e invertir en trabajadores, en una lógica semejante a los créditos fiscales de I+D. Así, la fiscalidad no se debe orientar solo como herramienta recaudatoria, sino también como mecanismo para influir en el comportamiento empresarial durante la transición.
En mi opinión tiene gran interés la propuesta de creación un “Public Wealth Fund”. El documento lo presenta como un instrumento para que cada ciudadano tenga una participación en el crecimiento económico impulsado por la IA, incluso quienes no poseen inversiones financieras. La diferencia respecto de la política tributaria es importante: mientras los impuestos sostienen servicios públicos, este fondo buscaría que las personas compartan directamente el “upside” del crecimiento. El texto sugiere que responsables políticos y empresas de IA deberían trabajar juntos para decidir cómo capitalizar inicialmente el fondo, que podría invertir en activos diversificados de largo plazo vinculados tanto a empresas de IA como al conjunto más amplio de firmas que adoptan y despliegan IA. Los rendimientos, añade, podrían distribuirse directamente a los ciudadanos.
Esta propuesta merece una aclaración mediante un ejemplo. Los americanos odian los impuestos. Mucho más que nosotros, quiero decir, que los odiamos hasta que un robot Da Vinci nos opera gratis de un cáncer de próstata sin siquiera rajarnos la barriga. Los americanos son muy partidarios de instituciones contributivas en sustitución de las impositivas. Para ellos, la Seguridad Social europea es un buen ejemplo de institución contributiva y no impositiva. Otro ejemplo de institución contributiva fue el proyecto (fracasado) de los dividendos de carbono ‘CO2 Tax & Dividend’: la propuesta de ExxonMobil al Presidente Trump:
El impuesto ambiental propuesto por ExxonMobil, cuya recaudación se devuelve a la población en tarifa plana, no es propiamente un impuesto. En este blog encontrarán una descripción estupenda de esta iniciativa: El primer año, se aplica un impuesto de 30 € por tonelada de CO2 equivalente a TODOS los productos que contengan gases invernadero: petróleo, gas natural, carbón, y otros. Se les aplica en el punto de entrada a la economía nacional: puerto de descarga, mina de carbón, pozo de petróleo, etc. El estado recauda una cantidad aproximada de 10.000 M€. No es mucho, el 1% del PIB. El efecto en el precio de la gasolina o del gasóleo es de 0,08€/litro. No demasiado, pero encarece llenar el depósito y todo lo demás aguas abajo: Los productos que requieran mucho transporte se encarecen frente a los productos locales. Los productos que requieren mucha energía fósil se encarecen frente a los que se pueden producir con energías limpias o sus sustitutos. Los billetes de avión, el transporte marítimo se encarecen. EL acero, el aluminio, el cemento… pues bien, los 10.000 M€ se reparten linealmente entre todos los ciudadanos. Aproximadamente a 1.000 € por cada familia de 4. No es mucho, pero las familias reciben un cheque de Hacienda (o una desgravación en el IRPF) por 250 € por persona. Los que hayan consumido mucha energía fósil habrán pagado mucho más como impuesto de lo que reciben como dividendo… No les importa, al menos el primer año. Al segundo año, se incrementa en 10€/tCO2e el impuesto anterior… Lo recaudado sube a 13.000 M€ y el reparto a 330€/persona…. Y así cada año. Al cabo de 6 años, el recargo es de 90 €/ton y lo recaudado son más de 30.000 M€ que se reparten a razón de 750 €/persona, 3.000€ a una familia de 4…Bueno, esto va en serio. El ciudadano que tenía 2 casas de 400 m2, con la calefacción o el aire acondicionado a tope, dos coches de 20 litros/100km y viajaba 5 veces a América o Europa…. está soportando un recargo de 6.000 € y apenas le devuelven 750! [2]
Pues bien, el Public Wealth Fund funcionaría de manera parecida: las empresas de IA harían una aportación periódica a dicho fondo, cuyos beneficios se repartirían con tantos bonos como ciudadanos. Los dividendos distribuidos se repartirían como una tarifa plana entre la ciudadanía.
Entre otras propuestas concretas figuran sistemas de seguridad para riesgos emergentes, una “AI trust stack” basada en verificación, procedencia, registros y auditoría, regímenes de auditoría para modelos de frontera, planes de contención de modelos peligrosos ya liberados, estructuras de gobierno corporativo alineadas con el interés público y reglas claras para el uso gubernamental de la IA. También se promueven mecanismos de participación pública para que la alineación de sistemas no quede en manos exclusivas de ingenieros o directivos, sistemas de reporte de incidentes y casi incidentes, y una red internacional de intercambio de información sobre capacidades, riesgos y mitigaciones de IA.
En su cierre, el documento insiste en que estas ideas son solo un punto de partida para una conversación más amplia, inclusiva y sostenida en el tiempo. Señala que esa conversación debe involucrar a gobiernos, empresas, investigadores, sociedad civil, comunidades y familias, y expandirse a nivel global. Como pasos iniciales, OpenAI anuncia mecanismos de recepción de comentarios, un programa piloto de becas y subvenciones, y la organización de debates en Washington, DC. En conjunto, el mensaje final es claro: la transición hacia una IA extremadamente avanzada ya está en marcha, y las decisiones que se tomen ahora influirán durante décadas en cómo se reparten sus beneficios y sus riesgos.
No puedo estar más de acuerdo con la necesidad de investigar y debatir este asunto, que no solo interpela a la Administración sino a también a la comunidad tributaria, a la academia y a las asociaciones que la componen. Estamos ante un reto mayúsculo. Ni la máquina de vapor, ni la electricidad ni ningún otro cambio de paradigma tecnológico, habrá cambiado nuestro futuro como la IA. Y la fiscalidad no será ajena a ese cambio.
Antón Beiras Cal
Economista. Auditor. Abogado Tributarista
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[1] https://www.politicafiscal.es/equipo/anton-beiras-cal/cambio-climatico-y-politicas-fiscal-y-monetaria