Un Plan Marshall contra la tormenta perfecta
Hace tres semanas, el Gobierno de España envió a Bruselas sus catastróficas previsiones económicas debidas al coronavirus. Una tormenta perfecta: un desplome dramático del PIB del 9,2% que destruirá dos millones de empleos y hará crecer la tasa de paro hasta el 19%. Una reducción del consumo privado que caerá en un 8,8%, una reducción de la inversión empresaria insólita: un 25,5%; y una reducción de las exportaciones del 27,1%. Un devastador desplome de la demanda agregada.
Paralelamente el gobierno prevé una inyección de ayudas de 139.000 millones de euros, de los cuales 29.000 millones serán desembolsos directos para los autónomos y los parados y 105.000 millones en líneas de avales a las empresas. La Administración prevé extender con ello la cobertura social al 31% de la población activa: 18.000 millones para financiar los ERTE y 4.000 millones la prestación por cese de la actividad de los autónomos.
Idéntico desplome se producirá desde el lado de los ingresos: la recaudación disminuirá en 25.700 millones: El impuesto sobre sociedades se hundirá un 9%, el IRPF un 2,4%, el IVA un 5,2%, los Impuestos Especiales un 6,7% y el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales un 37,9%...
Por lo que respecta a las cotizaciones sociales, el Gobierno prevé un descenso del 6%. La AIREF ha calculado un desplome del PIB, según los escenarios, entre el 8% y el 13%:
El brutal incremento del gasto y el desplome de los ingresos arrojarán un déficit en las cuentas públicas del 9,5% y la deuda subirá al 115% del PIB. Y la recuperación no será cosa de cuatro días. Nuestro PIB bascula en exceso sobre el turismo y la AIREF aventura una recuperación en ‘v’ fuertemente asimétrica:
Pese a todo ello el Gobierno añadía en su informe a Bruselas que “no se prevén recortes ni subidas de impuestos en el corto-medio plazo”. ¿Se equivocarán? En absoluto.
En la Conferencia de Bretton Woods en 1944 se sentaron las bases económicas del estado del bienestar. En contra de lo presumido por muchos, no fue la OTAN quien detuvo la expansión de la URSS: Fue el Estado del Bienestar quien protegió las democracias capitalistas. Occidente comprendió que la pobreza y la desigualdad de los años 30 expandieron los regímenes comunistas y fascistas. La agitación y propaganda de los partidos comunistas occidentales pincharon en hueso, conforme se producían los mayores crecimientos de riqueza y bienestar de toda la historia humana, con el nacimiento de una amplísima clase media y unos ascensores sociales que sacaban a las familias de la pobreza. Todo ello fue posible gracias a las políticas de estado inspiradas en Keynes, y que la Socialdemocracia hizo suyas.
La economía política keynesiana se basa en la intervención del Estado mediante dos herramientas, que Keynes gustaba de comparar con los motores auxiliares de un trimotor. Un motor principal, la iniciativa privada. Motor asistido por otro segundo, una política fiscal que detrae recursos en momentos expansivos, mediante unos ingresos públicos superiores al gasto, o los inyecta en los períodos recesivos, incrementando el gasto público por encima de los ingresos, provocando déficit. Por ello se les llama también políticas anticíclicas. El tercer motor auxiliar es la política monetaria, cuyos tres pilares son el control de la producción del dinero, la emisión de deuda pública y la devaluación de la divisa, que empobrece al país frente a sus socios comerciales, pero lo vuelve más competitivo al abaratar el precio de los bienes y servicios que se exportan.
El plan Marshall fue el origen de esas políticas encaminadas a la reconstrucción de Europa. Sin duda hay dos diferencias importantes entre la recesión causada por el coronavirus y la segunda guerra mundial. La primera, la devastación de las infraestructuras tras la guerra. La segunda, la destrucción del capital industrial, en especial las fábricas de industria pesada, y la destrucción del capital humano: una generación en su mayoría de jóvenes en edad de trabajar perdió a 60 millones de productores. Esta otra pandemia se ceba en nuestros mayores, dependientes y pensionistas, pero no productores.
Pero más allá de estas diferencias existe una enorme similitud: la devastación económica provocada exigirá la emisión de deuda perpetua. El coste económico de la pandemia, créanme, tendrá que ser soportada por dos o tres generaciones, no por una sola.
Por consiguiente, hace bien el Gobierno en renunciar a su programa de subida de impuestos y de prosecución de estabilidad presupuestaria. Los mecanismos de reactivación económica provocarán un enorme déficit en las cuentas publicas, pues como dije, esta es una crisis de caída de la demanda: Consumo, Inversión empresarial y exportaciones son magnitudes de la demanda agregada. En consecuencia es correcto el ajuste en la política fiscal: Lo que gaste en exceso el Gobierno serán ingresos extra para los ciudadanos.
¿Y la política monetaria? La devaluación de la peseta pasó a la historia. La política monetaria es hoy soberanía de Bruselas: el tercer motor de Keynes ya no está disponible para nuestros gobernantes domésticos. Por eso la reclamación Italiana, francesa, española y portuguesa de emitir coronabonos constituye un pilar esencial para la inyección de liquidez al sistema. No es sólo un problema de solidaridad, es una consecuencia natural de la moneda única en el espacio Euro. La Ministra Calviño estuvo mal dejando a Italia a los pies de los caballos. Hay batallas que, aunque perdidas de antemano, han de ser libradas. Porque constituyen un imperativo categórico y moral. Y porque las grandes victorias se cimentan en pequeñas derrotas.
Por ello tiene tanta trascendencia el choque de trenes entre Holanda e Italia (y en menor medida también Francia, España y Portugal): hoy los países no disponen de una moneda para ser devaluada. Por ello la presión de los mercados no se digiere devaluando la moneda, sino que se proyecta sobre la prima de riesgo cuando no está mutualizada. Tras ese choque de trenes laten dos concepciones de la comunidad europea: la negativa del norte a emplear instrumentos keynesianos de intervención estatal.
La cerril negativa holandesa carece de argumentos avalados por la ciencia económica. Se apoya en estupideces como las manifestaciones que en marzo de 2017, hizo el entonces ministro de Finanzas de ese país, Jeroem Djisselbloem: en una entrevista al diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung dijo que "como socialdemócrata que soy, le doy una importancia excepcional a la solidaridad. Pero eso también conlleva deberes. No puedo gastar todo mi dinero en copas y mujeres y luego levantar la mano para pedir ayuda. Ese principio se aplica al nivel personal, local, nacional y, también, a la Unión Europea". No contento con pertenecer a la caverna neolítica de economistas prekeynesianos -esos que dicen tonterías como que los países son como las familias, que no pueden gastar más de lo que ganan, ignorando la demanda agregada financiada con deuda pública- no contento, digo, nos insulta y llama puteros a todos los varones españoles, portugueses, italianos y griegos. A mayor abundancia este personaje pertenece a un gobierno que, en el barrio rojo de Ámsterdam, exhibe semidesnudas a sus prostitutas en escaparates, a pie de calle, para incentivar el consumo del sexo de pago. Pero lo dicho: los puteros somos nosotros.
Con todo, la chulería y el cinismo de este sujeto no es lo peor. Lo peor es la política de ‘paraíso fiscal para los terceros’, que practican Holanda, Luxemburgo e Irlanda, entre otros. Mediante ingeniería financiero-fiscal, como el ‘Sandwich Holandés’ o el ‘Doble Irlandés’, las grandes corporaciones tecnológicas estadounidenses establecen en esos países sociedades pantalla para no pagar impuestos por sus beneficios en el resto de Europa. Apple, Google, Amazon, Ikea, Starbucks y tantas más, tributan en Irlanda u Holanda por las ventas efectivamente realizadas en España, en Francia, en Alemania o Italia. Al concentrar los beneficios de todo el continente en esos pequeños países, a sus haciendas les cunde concederles gigantescas exenciones, pues también son gigantescos los beneficios que allí declaran que, de otro modo, tributarían en España y en los países en los que efectúan sus ventas y obtienen sus beneficios. Generalmente se conviene[1] que esas prácticas de competencia fiscal desleal nos cuestan a los españoles 2.500 millones de euros al año, 6.900 millones a los franceses, 4.100 millones a los alemanes y 3.900 millones a los italianos: en total 27.000 millones a las haciendas europeas, que de esta forma las corporaciones transfieren casi libres de impuestos desde Holanda, Luxemburgo e Irlanda a los bancos establecidos en el Caribe. Fíjense que suponiendo el interés anual del bono coronavirus el 1,5%, 27.000 millones serían los intereses de una deuda de 1.733 billones de Euros, veinte veces la deuda pública necesaria para la reconstrucción.
Luego esta merma de recaudación podría con creces pagar el coste de coronabonos emitidos para recuperarnos de la crisis del virus. Sin embargo, Europa, lejos de poner en el foco esas practicas fraudulentas, coloca a esos gobiernos en el altar de la ortodoxia prekeynesiana. En otras palabras, la necesaria lucha contra la evasión fiscal a gran escala que practican esas corporaciones, decae y el fraude queda santificado al tiempo que los países que lo amparan, quedan convertidos en guardianes de las esencias y se permiten abroncar a los demás que, víctimas de sus prácticas, exigen solidaridad intraeuropea. Resulta difícil imaginar un cinismo más irritante que el holandés.
Europa se juega mucho en esta crisis. De su respuesta insolidaria surgirá la desafección de la ciudadanía, que rematará por entonar la máxima de Marx, Groucho, según la cual “Jamás perteneceré a un club que admita como socio a un tipo como yo”.
Pero el sur de Europa se juega todavía más. Porque lo que está en juego es la postguerra tras la derrota del virus. ¿Qué postguerra queremos? ¿la postguerra española que siguió a nuestra guerra civil, o la postguerra europea que siguió a la II Guerra mundial? Pues uno u otro escenarios se corresponderán con distintas políticas económicas. Y si queremos postguerra europea, harán falta medidas de estímulo, expansión cuantitativa y enormes déficit públicos que demandarán un mayor presupuesto europeo. Serán medidas que provoquen unos saludables tres puntos de inflación, que como saben los estudiantes, favorecen siempre al endeudado.
Por eso el Gobierno Español haría muy bien en impulsar con Francia, Italia y Portugal la lucha contra el fraude fiscal institucional y la competencia desleal y creación de un espacio presupuestario común: Sólo así podrá Europa estar a la altura del desafío.
Antón Beiras Cal
Economista. Auditor. Abogado Tributarista
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