
Frustración Fiscal
El otro día me comentaba un amigo que las horas que su empresa dedica cada año a Hacienda, a la Seguridad Social, y al cumplimiento de todas sus obligaciones legales, revierte negativamente en su crecimiento y genera un “estrés” que afecta a toda la organización. “No me puedo dedicar a crear valor; a ser más eficiente”, me decía con amargura.
No hace más de un mes, otro amigo me trasmitía con profunda tristeza que ser empresario es sinónimo de inseguridad y riesgo permanente.Y no hace tampoco mucho, un empresario de toda la vida me explicaba su decisión de cerrar su empresa. La razón, su percepción de estar trabajando para el Estado.
En fin; no quiero ser catastrofista, pero es cierto que la situación a la que se ha llegado es preocupante.
Y lo es porque no se es consciente de que la falta de calidad y claridad de las leyes abre la puerta a interpretaciones dispares cuyo único damnificado es el contribuyente. No se es consciente de que la mayoría de quienes nos gobiernan y/o muchos de quienes gestionan lo público, no han trabajado nunca en una empresa. No se es consciente de que las leyes no contemplan la desigualdad del tejido empresarial: no se pueden exigir las mismas obligaciones a empresas que no son iguales. La verdadera igualdad es tratar de forma desigual a quienes no son iguales. Lo contrario es auténtica desigualdad.
No se es consciente de que la burocracia que se exige a la empresa desincentiva su crecimiento y produce ineficiencias. No se es consciente de que el nivel de conflictividad es hoy inadmisible. No se es consciente de que el retraso en la justicia paraliza inversiones y ahuyenta inversores. No se es consciente de que una parte importante de los impuestos se destina a ineficiencias y duplicidades.
Y sí; claro que estoy de acuerdo con pagar impuestos. Es una obligación cívica, moral, solidaria y social incuestionable. También he dicho siempre, y hoy lo reitero, que la lucha contra el fraude fiscal es imprescindible y necesaria; que contra el fraude no hay que ceder. Al contrario; hay que ser implacable y ejemplar.
Pero también he dicho siempre que, sin diálogo y colaboración, la sociedad no puede avanzar. Una sociedad madura ha de encontrar mecanismos de estrecha colaboración entre lo público y lo privado. Los contribuyentes no son meros vasallos. Son ciudadanos comprometidos que quieren ver al Estado, a su Administración, como un aliado y no como un enemigo; como un aliado que colabora en su desarrollo; en su crecimiento; en su prosperidad. Sin embargo, lo que el ciudadano percibe es burocracia, intransigencia, rigidez, falta de empatía, conflictividad, y un largo etcétera.
La mayoría de los supuestos de conflictividad se pueden prevenir. Estoy convencido; nadie con sentido común quiere inseguridad. Pero combatirla requiere certeza. Y la certeza exige reconocer que hay dos equipos de fútbol que juegan en una misma liga en igualdad de condiciones y que, en caso de discrepancia, el árbitro, o el VAR, decide. La realidad, sin embargo, es muy distinta. Los equipos no intervienen por igual en la importante tarea de redactar y aplicar las reglas del juego. Y si hay dificultades en su interpretación, un equipo siempre tiene ventaja respecto al otro. Hacemos del conflicto la solución.
Esta, admitámosla, es la realidad. Desazón por lo público y por su gestión. Desazón por contar solo con los socios del club para que financien el mantenimiento del espectáculo.
El origen de esa realidad es que la Administración vive en un mundo encerrado en sí mismo sin pretensión real alguna de abrirse a la sociedad. Me estoy refiriendo a abrirse de verdad, esto es, a colaborar mano a mano en fomentar la seguridad jurídica y el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias; a sentarse en caso de conflicto y a encontrar la solución más razonable para todos. A interactuar con fluidez y comprensión. Soy consciente de que ese diálogo requiere reglas. ¡¡¡¡¡Pues hagámoslas!!!!! Y quien no las acepte que sufra las consecuencias. Pero no parece que avancemos. Y eso, perjudica a la sociedad y a la economía.
Todos reconocemos la necesidad de pagar impuestos y los beneficios que el Estado del Bienestar nos reporta. Pero hoy, también, los contribuyentes coinciden en que se sienten simples vasallos; que no se les escucha; que no son iguales. Y la verdad es que no es posible un sistema fiscal justo si la percepción y los sentimientos de los ciudadanos son los contrarios. Apostemos pues por el diálogo; por la colaboración; por la fiscalidad participativa de verdad. De lo contrario, el conflicto se aviva y la frustración fiscal crece.
Antonio Durán-Sindreu Buxadé
Profesor de la UPF, Doctor en Derecho y Socio Director DS