Continúa sin solucionarse el problema de los activos afectos de las empresas familiares con relación al Impuesto sobre el Patrimonio (en adelante, IP) y al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (en adelante, ISD), en concreto, con relación a la tesorería y/o a los activos financieros que constan en sus Cuentas Anuales.

Recordemos que el art. 4.Ocho.Dos de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio (en adelante, LIP), regula la exención de aquellas participaciones en entidades en las que concurran determinados requisitos, entre otros, que su actividad principal no sea la mera gestión de un patrimonio, sino el desarrollo de una actividad económica, es decir, que más del 50 % de su activo esté afecto a la misma. En consecuencia, si la actividad económica principal de una empresa familiar es el desarrollo de una actividad, las participaciones representativas de su capital social están exentas.

Sin embargo, el hecho de que estas últimas estén exentas no significa que la totalidad de su valor lo esté ya que en el patrimonio contable de las empresas pueden figurar activos no afectos, como vehículos de uso propio, siempre, claro está, que tales activos no representen más del 50 % del total de los activos propiedad de la empresa. Tengamos en cuenta que el hecho de que la actividad principal sea una actividad económica no significa que la totalidad de su activo esté afecto a la misma.

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Una reciente resolución del TEAC de 26 de mayo de 2026, pendiente todavía de publicación y que la AEDAF comenta en su Revista Interactiva de 29 de junio de 2026, resuelve un interesante supuesto con relación a la aplicación del denominado régimen FEAC, o de reestructuración empresarial, que merece ser objeto de algunos comentarios.

Se trata de una sociedad A que desarrolla dos actividades económicas distintas y que es absorbida por otra, B, mediante una fusión por absorción. Los socios de una y otra, que integran un mismo grupo familiar, son los mismos, aunque con pequeñas diferencias en su porcentaje de participación en el capital social. Como consecuencia de la fusión, la entidad absorbida, es decir, A, transmite en bloque la totalidad de su patrimonio social a la sociedad absorbente B que incluye, entre otros, el 100 % de las participaciones en el capital social de otra sociedad C, y el importe de las bases imponibles negativas pendientes de compensar que proceden del desarrollo de las dos actividades económicas que la sociedad absorbida A venía desarrollando hasta el momento de la fusión. En aplicación del régimen FEAC, los socios personas físicas de A difieren la tributación en su IRPF de la ganancia patrimonial que se produce como consecuencia de la diferencia de valor entre el precio de adquisición de las acciones y/o participaciones de la sociedad absorbida A, y el valor de mercado de las de la sociedad absorbente B.

Con posterioridad a la fusión, la sociedad absorbente B segrega en favor de C, que hasta dicho momento estaba inactiva, las dos ramas de actividad que se le han adjudicado a B como consecuencia de la fusión por absorción de A, a excepción de sus pasivos, de las acciones y/o participaciones de C de las que A era propietaria, y de las bases imponibles negativas pendientes de compensar por A, que permanecen, todas ellas, en el patrimonio de la sociedad absorbente B cuya actividad económica es distinta a las que la sociedad absorbida A desarrollaba hasta la fusión y que, tras la segregación, es C quien las continúa desarrollando utilizando para ello los mismos recursos materiales y humanos que A venía utilizando hasta ese mismo momento. Por su parte, la sociedad absorbente B compensa en su Impuesto sobre Sociedades del periodo impositivo inmediatamente siguiente al de la fusión y posterior segregación, el importe de las bases imponibles negativas que se había subrogado de A con el de la base imponible positiva de dicho periodo impositivo procedente del desarrollo de su actividad económica que, recordémoslo, es distinta a las que A desarrollaba.

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En mi última colaboración en Taxlandia, comenté la Sentencia del Tribunal Supremo 637/2026, de 17 de febrero, nº rec. 1196/2024, en la que se resolvía la cuestión de interés casacional recogida en su Auto 1484/2025, de 12 de febrero, en el que se formula la necesidad de “precisar si, a efectos de determinar la procedencia de la aplicación de la reducción prevista en el artículo 20.6 LISD en la base imponible por causa de la transmisión de participaciones "ínter vivos" de una empresa individual, un negocio profesional o de participaciones en entidades del donante a los que sea de aplicación la exención regulada en el apartado octavo del artículo 4 LIP, es admisible que el requisito de tener persona contratada para que se considere que la entidad cuyas participaciones se transmiten y se dedica al arrendamiento de inmuebles realiza una actividad económica, sea cumplido por otra entidad distinta perteneciente al mismo grupo societario”.

En su sentencia de 17 de febrero, el Tribunal Supremo (en adelante, TS), fijó como doctrina que “cuando la entidad arrendadora pertenece a un grupo de entidades con actividad económica en los términos del art. 42 CCom y art. 5.1 LIS, y la ordenación del arrendamiento se realiza con medios personales y materiales del grupo, aunque estén centralizados en otras compañías del grupo, debe considerarse cumplido el requisito del empleado a jornada completa del art. 27.2 LIRPF, siempre y cuando se cumpla el criterio decisivo de que la realidad económico-funcional del grupo de empresas permita constatar que existe una unidad de medios y de actividad a nivel de grupo y que la sociedad arrendadora esté integrada funcionalmente en esa actividad, es decir, que sirve a la actividad económica del grupo o de las empresas cuyos medios personales le dan soporte, y no que simplemente use sus medios. Si se cumple lo anterior, las participaciones de la tenedora en la filial son activos afectos y no se computan como no afectos para la regla de proporcionalidad del último párrafo del art. 4.Ocho.Dos LIP. Por contra, este criterio jurisprudencial no aplica si tan solo hay pertenencia formal al grupo, sin articulación e integración funcional y económica de la actividad de arrendamiento con la del resto de empresas del grupo, y, en ese caso, los requisitos del art. 27.2 LIRPF deben acreditarse de forma aislada en la propia sociedad arrendadora”.

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La comprobación por parte de los Órganos de inspección de Hacienda de las diferentes Comunidades Autónomas está suscitando discrepancias interpretativas en la aplicación de los beneficios fiscales de la empresa familiar. Dada su variedad temática, me voy a referir hoy tan solo a una de ellas, en concreto, a las consecuencias prácticas de la doctrina fijada por el Tribunal Supremo (en adelante, TS) en su Sentencia 637/2026, de 17 de febrero, nº rec. 1196/2024, confirmada en dos posteriores resoluciones del mismo Órgano judicial.

La situación que el TS analiza es muy habitual. En efecto; en las empresas familiares, y en las no tan familiares, es muy frecuente que, por razones de seguridad y riesgo, el patrimonio inmobiliario en el que se desarrolla materialmente la actividad se separe del resto del patrimonio empresarial. Mientras que en una sociedad se ubican los inmuebles, en otra se sitúa el resto del patrimonio empresarial; sociedades, ambas, propiedad de una sociedad cabecera, o sociedad holding, que es propiedad de la familia o de un grupo familiar. Se trata, en definitiva, de una única actividad económica cuyos recursos productivos se ubican, por razones de riesgo, en sociedades distintas. No se trata, por tanto, de dos sociedades con actividades económicas distintas e independientes, una, la del arrendamiento de inmuebles, y, otra, la propia de la actividad industrial y/o comercial, sino de una sola actividad económica que se desarrolla en los inmuebles propiedad del grupo familiar.

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La Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (en adelante, TEAC), de 24 de septiembre de 2025, procedimiento 00/07312/2024/00/00, ha fijado su criterio sobre la valoración de las rentas derivadas de la cesión gratuita a los socios de bienes propiedad de la sociedad en la que participan.

El supuesto de autos se trata de una cesión gratuita, en favor de uno de los socios, del uso y disfrute de determinadas embarcaciones de recreo, que son propiedad de la sociedad en la que éste participa, y cuyo porcentaje de participación es del 82,69%.

La inspección consideró que la disponibilidad y uso gratuito que el socio tenía de las embarcaciones constituía un supuesto de rendimiento en especie procedente del capital mobiliario (art. 25.1 d) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en adelante, LIRPF); rendimiento que el contribuyente, socio y Administrador de la sociedad, no incluyó en su declaración del IRPF. Conviene recordar que este último artículo considera como rendimiento del capital mobiliario “cualquier otra utilidad, distinta de las anteriores, procedente de una entidad por la condición de socio, accionista, asociado o partícipe”; precepto que, en opinión del TEAC, “es un auténtico cajón de sastre que busca que los socios o partícipes en el capital de una entidad terminen tributando, de manera omnicomprensiva y residual, por todos los rendimientos, ya sean dinerarios o en especie, que hayan podido recibir de la misma por su condición de tales, y que no quepa clasificar en las tres primeras letras” (Fundamento de Derecho Cuarto de la resolución antes citada).

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Me preocupa mucho que el día a día nos haga olvidar algunos principios que creo son inquebrantables. Me refiero, una vez más, al derecho al ahorro fiscal. No me refiero a los motivos económicos válidos a los que la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, IS) se refiere, sino al lícito ejercicio de la autonomía de la voluntad.

Soy consciente de que la realidad es tan rica y compleja que en muchos casos es difícil averiguar si dicho principio se cumple o no. Pero, por más difícil que sea, el criterio para valorar las operaciones que los contribuyentes realizan no es, ni puede ser, la importancia que los motivos fiscales tienen en sus decisiones. No es, pues, posible afirmar que, si su finalidad principal es conseguir una ventaja o un ahorro fiscal, estamos ante un supuesto de elusión, abuso, o evasión. Veámoslo con algunos ejemplos muy sencillos.

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