¿Reforma fiscal o debate social?

El Gobierno ha fijado ya sus prioridades en materia fiscal con la mirada puesta en modernizar el sistema tributario. No voy a analizar hoy las medidas anunciadas ya que la prudencia aconseja esperar a leer la propuesta en concreto. Sí que quiero hacer, no obstante, algunas consideraciones de tipo general.

He dicho en varias ocasiones que nuestro modelo fiscal está obsoleto y agotado. En esto, al menos, coincidimos con el diagnóstico que el Gobierno hace de nuestra salud fiscal. Donde intuyo que hay más discrepancias es en cómo abordar su modernización.

En efecto; el debate fiscal exige, con carácter previo, un debate sobre el modelo de sociedad que anhelamos y su posterior concreción en políticas públicas que se han de financiar con un modelo fiscal acorde con aquel.

 Dependiendo de cuál sea, las necesidades de financiación son muy distintas. Si se opta por un Estado Benefactor, esto es, por el modelo sueco de los años 70 a los 90, las necesidades de ingresos son unas y, por cierto, muy altas; si el modelo de referencia es también el sueco, pero en su versión actual, las necesidades son otras muy menores; pero si aspiramos también a un modelo en el que la responsabilidad frente al individuo es, en primera instancia, de él mismo y, en su caso, de su familia, y es el Estado, y solo de forma subsidiaria, quien ha de responder frente a situaciones límites, las necesidades vuelven a ser distintas.

Así mismo, si optamos por una renta mínima básica y universal o, por el contrario, por una renta mínima limitada a los supuestos de exclusión social, las necesidades son también muy diferentes.

Por su parte, la política fiscal es también distinta si el mecanismo corrector de nuestras conductas es el incentivo fiscal o una educación de calidad focalizada en las virtudes.

Y así hemos de seguir hasta cerrar el amplio elenco de cuestiones importantes incluidas, claro está, la justicia, la economía el empleo, la vivienda, la educación, la seguridad jurídica, y un largo etcétera.

Y todo, obviamente, desde el posibilismo, pragmatismo y concreción, y sin olvidar la imperiosa necesidad de dar respuesta a los retos que el futuro nos depara: revolución tecnológica, robots, envejecimiento de la población, baja tasa de natalidad, alta tasa de paro, desigualdad social, etc.  

Cerrado el modelo de sociedad, hay que cuantificar su coste, analizar sus consecuencias y contrastar su efectividad y sostenibilidad, sin olvidar que sin riqueza no es asumible ningún modelo de Estado social. Es pues imprescindible priorizar y fomentar su creación ya que, sin esta, no hay impuestos a recaudar y, sin estos, el gasto público no se puede sufragar.

Y así llegamos a la cuestión esencial que siempre se olvida: el gasto público. Bajo la premisa de la austeridad como valor, es imprescindible avanzar mucho más al respecto; en eliminar lo superfluo e innecesario; en evitar las duplicidades. En eso, intuyo, todavía hay mucho recorrido.

Hay que priorizar, también, su control por parte del Parlamento y el de sus desviaciones presupuestarias, que aunque pasen desapercibidas y sorprendentemente carezcan de consecuencias, no son menores.

Hay que focalizar la atención en analizar la eficacia de la desorbitante cifra de ingresos que se dejan de recaudar en concepto de ayudas, incentivos, reducciones, exenciones, bonificaciones y regímenes especiales.

Hay que centrarse, por tanto, en todo aquello que se puede optimizar; en aquellos mayores recursos cuyo origen no son mayores impuestos sino una política de austeridad, eficiencia y eficacia. Y una vez más, desde el pragmatismo y no desde el populismo.

En definitiva; igual que se incide en el fraude fiscal, hay que incidir también en el fraude en el gasto, esto es, en la asignación ineficiente e irresponsable de recursos. Todo céntimo de euro que por tal motivo se cobra de más al ciudadano, es sin duda un fraude al mismo. Y para ello es necesaria una política de verdadera transparencia basada en la ejemplaridad de la austeridad. Hay que transmitir al ciudadano los resultados concretos de las distintas políticas públicas, de sus costes y de su reparto real entre los ciudadanos. Con sencillez; con simpleza; sin abrumar. Pero de forma ejemplar.

Aun así, hay más cuestiones que abordar. La lucha contra el fraude exige centrarse de verdad en ella; cuestión que requiere un enorme esfuerzo de educación, ejemplaridad, convencimiento y coordinación internacional, además de mayores recursos y de adoptar todas las medidas de “reprobación social” que sean necesarias. En este sentido, tal vez hay que replantearse los pactos en procesos penales, la fiscalidad de los activos no productivos, y un largo etcétera que exige un amplio consenso o pacto social que solo es posible avanzando hacia una verdadera, sincera y honesta fiscalidad colaborativa o participativa, esto es, en la imprescindible colaboración público-privada.

Finalizado este proceso es cuando hay que hincar el diente al diseño del sistema tributario, y a los muchos problemas que su aplicación plantea, y, en definitiva, a cómo redistribuir el gasto público entre los diferentes ciudadanos, aspecto este, que es harina de otro costal y que hoy eludimos.

Me da pues la sensación de que estamos empezando una vez más la casa por el tejado, olvidando lo prioritario e importante, centrándonos tan solo en lo urgente, y evitando la necesaria concreción (y financiación) del modelo de sociedad al que aspiramos.

Antonio Durán-Sindreu Buxadé

Profesor UPF y Socio Director DS