Skip to main content

Cambios de residencia entre comunidades autónomas a efectos de los impuestos sobre sucesiones y donaciones y patrimonio

La atribución de competencias normativas a las Comunidades Autónomas de régimen común en el ámbito de los impuestos cedidos ha dado lugar a la existencia de importantes diferencias en la carga fiscal que soportan los contribuyentes en función de su lugar de residencia habitual, circunstancia que se ha traducido en una cierta movilidad de contribuyentes por razones fiscales.

En esta entrada de nuestro querido blog comentaré varias Sentencias de este año de Tribunales Superiores de Justicia que resultan ilustrativas de las dificultades que existen en muchos casos en la práctica para poder probar la residencia en una Comunidad Autónoma. En concreto he seleccionado cuatro Sentencias que se refieren a litigios en los que se cuestionaba la residencia a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio o del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que son los tributos que más conflictos vienen generando.

Comenzando por las que se refieren a este último tributo son muchos los litigios en los que se discute la residencia en la Comunidad de Madrid, al ser la primera Comunidad que bonificó al 99% primero las herencias y después las donaciones entre padres e hijos. Un buen ejemplo de ello es la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Asturias de 24 de junio de 2026 (rec. 765/2025), que resuelve un recurso relativo a una donación de participaciones sociales realizada en 2019. El contribuyente defendía su residencia en Madrid en los cinco años anteriores al devengo del impuesto apoyándose en su empadronamiento, su alta en el sistema sanitario madrileño, la convivencia con sus padres reflejada en las declaraciones de IRPF de éstos y diversas consultas médicas y actividades formativas realizadas fuera de Asturias. La residencia en Madrid le permitía aplicar la bonificación en cuota con un ahorro de más de 60.000 euros. Sin embargo, la Sala considera que esas pruebas no acreditan una residencia efectiva en Madrid. En particular, rechaza que el empadronamiento sea determinante por tratarse de un mero indicio formal, considera insuficiente el alta sanitaria en Madrid porque no consta atención médica allí y niega relevancia decisiva a las consultas psiquiátricas y asistencia a talleres y cursos de relajación e inteligencia emocional alegados, ya que únicamente acreditan desplazamientos puntuales.

Invocando la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la prueba de presunciones contenida, entre otras, en su Sentencia de 20 mayo de 2013 (rec. 4274/2011), la Sala tampoco acepta que las estancias por estudios primero en Navarra y después en Asturias deban computarse como períodos de residencia en el domicilio donde se encontraba empadronado en Madrid, porque la prueba bancaria revela que durante vacaciones y periodos no lectivos el contribuyente regresaba sistemáticamente a Asturias y no al domicilio madrileño de sus padres. Reiterando su propia doctrina la Sala afirma que “el domicilio fiscal y el empadronamiento suponen una presunción de residencia en el lugar en ellos indicado, más por sí solo no prueban la situación real o de hecho de permanencia o de residencia, de forma que no constituyen actos indubitados de un hecho material cuando hay otros elementos que los contradicen, unidos a las ausencias contrastadas por el agente de la Administración tributaria”. En esta línea, el Tribunal aclara que es evidente que el domicilio de los padres sí puede constituir un indicio de residencia habitual respecto de un joven que realiza estudios fuera de la localidad donde aquél se ubica, y depende económicamente de ellos, pero siempre y cuando no aparezcan otros elementos que desvirtúen este indicio. En este caso, se acreditó por la Administración que cuando el actor estudiaba en Navarra, regresó a pasar los periodos vacacionales a Asturias, no a Madrid (sólo hay rastro de su presencia en Madrid escasos días). La Sala otorga especial valor a las pruebas objetivas obtenidas por la Inspección: movimientos bancarios y pagos con tarjeta que sitúan al contribuyente habitualmente en Asturias, atención sanitaria recibida en dos ocasiones en el Hospital Universitario Central de Asturias, matrícula en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, alquiler de una vivienda en este Municipio durante varios cursos académicos y el inicio de actividad laboral en empresas radicadas en Asturias. A partir de todos estos indicios concordantes concluye que la residencia habitual efectiva del donatario estaba en Asturias, por lo que confirma la liquidación del Impuesto sobre Donaciones practicada por el Principado. No obstante, anula la sanción tributaria porque entiende que existían elementos objetivos que podían sostener razonablemente la tesis del contribuyente sobre su residencia en Madrid y que la Administración no motivó suficientemente la culpabilidad exigible para sancionar.

Por otra parte, también en relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se ha considerado en otro de los pronunciamientos que he seleccionado que carecen de fuerza suficiente las declaraciones testificales. Este es el caso de la reciente Sentencia también de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 21 de octubre de 2026 (rec. 930/2025) que, con el fin de determinar la Comunidad Autónoma competente para exigir el tributo, analizó si la causante tenía su residencia habitual en Cataluña o en Asturias durante los cinco años anteriores a su fallecimiento (15 de marzo de 2013 a 14 de marzo de 2018). La Sala consideró acreditada la residencia en Asturias a partir de un conjunto de indicios objetivos y concordantes: el fallecimiento de su esposo en Oviedo; una escritura pública de adición de herencia de 2015 en la que se hacía constar que residía en Oviedo; la posesión de tarjeta sanitaria asturiana y las numerosas asistencias médicas recibidas en centros sanitarios de Asturias entre 2013 y 2016; la contratación de empleada de hogar en su vivienda de Oviedo hasta septiembre de 2016; la presentación de sus declaraciones del IRPF en Asturias; los reintegros bancarios realizados habitualmente en Oviedo y Luanco; y los consumos eléctricos de la vivienda asturiana, que no descienden significativamente hasta finales de 2016. Frente a esta prueba, el heredero intentó acreditar la residencia en Cataluña mediante declaraciones testificales, principalmente de la empleada de hogar, la peluquera y el director de una sucursal bancaria. Sin embargo, la Sala considera que dichas testificales carecen de fuerza suficiente para desvirtuar la prueba documental y objetiva reunida por la Administración, pues, en el mejor de los casos, únicamente acreditaban estancias esporádicas en Cataluña o una presencia más continuada a partir de septiembre de 2016, sin demostrar que la causante hubiera residido allí durante la mayor parte del periodo quinquenal legalmente relevante. Por ello, el Tribunal confirma la liquidación, pero anula también como en el caso anterior la sanción.

Si hay un impuesto que ha motivado traslados de contribuyentes con el fin de reducir su carga tributaria ese ha sido sin duda el Impuesto sobre el Patrimonio. Tras el restablecimiento del tributo por parte del Estado a través del Real Decreto-ley 13/2011, después de estar eliminado por la bonificación estatal del 100% establecida por la Ley 4/2008,  Madrid mantuvo la bonificación autonómica del 100% en cuota. Hay dos pronunciamientos de interés en 2026 en esta materia. El primero es la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 20 de enero de 2026 (rec. 764/2024), que confirma una liquidación del Impuesto sobre el Patrimonio de los ejercicios 2013, 2014 y 2015 por importe de 1.683.727,17 euros, al considerar acreditado que el contribuyente tenía su residencia habitual en la Comunidad Valenciana (Rocafort) y no en Madrid (Getafe), pese a haber declarado y tributado por dicho impuesto como residente madrileño durante esos tres ejercicios beneficiándose de la bonificación autonómica del 100%. El recurrente sostuvo que se trasladó realmente a Madrid en 2012, que estaba empadronado en Getafe, que tenía contrato de arrendamiento de vivienda en dicha Comunidad, que disponía de tarjeta sanitaria madrileña, que pasaba más tiempo en Madrid que en Valencia, que el centro principal de gestión de su negocio se encontraba en Madrid y que su traslado respondía a un motivo económico real como era la expansión de su principal empresa en la zona centro. Asimismo alegó que no concurría la presunción del artículo 72.3 LIRPF relativa a los cambios de residencia orientados a una menor tributación.

La Inspección sostuvo que la residencia efectiva seguía estando en Rocafort por una pluralidad de indicios, entre los que se encontraban los consumos eléctricos de la vivienda allí ubicada (prácticamente idéntico al de años anteriores) y la utilización de tarjetas bancarias (en el año 2013 de 111 días que había usado la tarjeta bancaria, 73 había sido en la Comunidad Valenciana, 22 en la Comunidad de Madrid y 16 en otras Comunidades; en el año 2014, de 191 días que había utilizado la tarjeta bancaria, 135 lo había hecho en la Comunidad Valenciana, 27 en la comunidad de Madrid y 29 en otras Comunidades, y en el ejercicio 2015, de 217 días que usó la tarjeta, 161 lo hizo en la Comunidad Valenciana, 19 en la Comunidad de Madrid y 37 en otras Comunidades). La sala dio especial valor a este dato del uso de tarjetas y no lo consideró justificado por la manifestación del actor de tener costumbre de realizar sus compras en la localidad de Rocafort. En cuanto a las testificales argumentaba la inspección que algunos ocupantes o convivientes de la vivienda de Getafe manifestaron que el contribuyente apenas se encontraba allí o que no coincidían habitualmente con él. De otra parte, la inspección defendió que aunque la sociedad principal de la que el contribuyente era socio único y administrador realizaba operaciones importantes en Madrid, el inmovilizado material de las empresas del contribuyente se concentraba fundamentalmente en la Comunidad Valenciana.

En su análisis la Sala comienza recordando que la residencia autonómica se determina conforme al artículo 72 de la Ley del IRPF, a la que se remite el artículo 28.2 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, que establece una serie de reglas entre las que se encuentra el período de permanencia (presumiéndose que se permanece donde radique la vivienda habitual) y en su defecto donde radique su principal centro de intereses. Para la Sala frente a la valoración de pruebas presentadas por la Inspección que permitían concluir que la residencia habitual del actor se encontraba en la Comunidad Valenciana, éste no aporta ninguna prueba suficiente, más allá de las alegaciones realizadas, como que el consumo de luz en la casa de Getafe era un consumo medio y normal, o que su centro de interés se encontraba en Madrid en tales ejercicios o que tal y como habían declarado los testigos en sede administrativa vivía en Madrid en tales ejercicios, alegaciones que acreditaban su residencia en Madrid. El consumo era normal en la vivienda de Getafe porque allí vivían otras personas (por cierto que sus testimonios fueron contradictorios). Al  considerarse acreditado que la residencia habitual del actor se encontraba en la Comunidad Valenciana no fue necesario para la Sala ponerse a analizar cuál era el centro de intereses. Además, la Sala se apoyó en una Sentencia firme del mismo Tribunal de 28 de marzo de 2022 (rec. 915/2021), relativa al IRPF de los mismos ejercicios, que ya había concluido que el contribuyente residía en la Comunidad Valenciana.

También en relación con el Impuesto sobre el Patrimonio me gustaría citar la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 11 de junio de 2026 (rec. 489/2025), que a diferencia de las anteriores estima el recurso de la contribuyente en un caso de cambio de residencia habitual a Madrid y anula la liquidación del Impuesto por importe de 43.417,47 euros y la sanción por un importe de 29.213,33 euros. La Agencia Tributaria Valenciana regularizó el Impuesto sobre el Patrimonio de 2019 por entender que la contribuyente seguía residiendo en Valencia y no en Madrid, negándole la aplicación de la normativa madrileña y de sus beneficios fiscales. La Administración sostuvo que la residencia continuaba en la Comunidad Valenciana por las siguientes razones: el cónyuge del que está separado y los tres hijos seguían viviendo en la Comunidad Valenciana donde cursan sus estudios; la vivienda valenciana era muy superior en tamaño a la madrileña (906 m2 y una construcción de 569m2 frente a 59 m2 del inmueble alquilado en la Comunidad de Madrid); existían inmuebles y patrimonio relevante en Valencia; los consumos eléctricos de la vivienda madrileña eran reducidos y la contribuyente había reconocido que el traslado tenía una finalidad de ahorro fiscal. Por su parte, la recurrente invocó, entre otros, los siguientes argumentos: empadronamiento en Madrid; alquiler de vivienda en Villarejo de Salvanés; tarjeta sanitaria madrileña; atención médica y dispensación de medicamentos en Madrid; inscripción como demandante de empleo en Madrid; reconocimiento de prestación por desempleo por los servicios madrileños; numerosos movimientos bancarios de reintegro de efectivo y gastos cotidianos en Madrid y municipios próximos; obtención de los principales ingresos mediante una nave arrendada situada en la Comunidad. Además, invocó la cláusula del artículo 72.3 LIRPF para sostener la ineficacia del cambio de residencia.

Para la Sala los medios de prueba ofrecidos por la demandante son sólidos, certeros y convincentes para demostrar su residencia en Madrid y permiten acreditar los 183 días de estancia exigidos para acreditar la residencia en la Comunidad madrileña. En el caso de los consumos eléctricos que se podían juzgar como bajos a los demostrados con anterioridad a la ocupación de la vivienda por la contribuyente y su hermana, la Sala considera que se trata de una prueba que adolece de varios inconvenientes para que se pueda admitir con capacidad de convicción plena: se desconoce el número de personas que ocupaban la vivienda; no se analizaron consumos de agua o gas; no puede descartarse que parte del consumo doméstico se realizara con uso del gas.  En  cuanto a la presunción de residencia en el lugar donde viven habitualmente el cónyuge y los hijos dependientes se trata de una presunción legal que queda desvirtuada por las pruebas aportadas por la actora. Por todo ello no resulta de aplicación la presunción del art. 72.4 de la LIRPF por haberse demostrado la residencia de la actora fuera de la Comunidad Valenciana durante más de 183 días. Por otra parte, el espacio reducido de la vivienda en la Comunidad de Madrid de 59 m2 habitables no es según la Sala una razón que impida su habitabilidad por dos personas, o por lo menos esa circunstancia no se ha negado. Tras invocar la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la valoración de la prueba contenida, entre otras en su Sentencia de 9 de abril de 2015 (rec. 2446/2013), la Sala afirma que son más concluyentes las pruebas de la actora, valoradas conjuntamente y de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Existe una vivienda alquilada en la que convive con su hermana, no tiene un trabajo que le obligue a permanecer en la Comunidad Valenciana y hay un uso continuado y por espacios cortos de tiempo de la tarjeta bancaria para efectuar pagos en establecimientos comerciales y realizar reintegros en cajeros de la localidad donde reside y en otras próximas y además se le reconocen por la Dirección Provincial del SEPE de Madrid y no por la de la Comunidad Valenciana las prestaciones por desempleo. Además, añade que si la Administración tenía dudas sobre la residencia en un Municipio de la Comunidad de Madrid podría haber solicitado informes a la policía local de dicha ciudad para que se lo aclararan, sin que conste que lo hiciera. Una vez que el Tribunal concluye que la residencia estaba en Madrid, aprecia además un problema de competencia territorial. Así, la Sentencia considera que la inspección valenciana actuó pese a corresponder la competencia territorial a Madrid, sin que constara adecuadamente un acuerdo válido de extensión de competencia, por lo que se debía declarar la nulidad de los actos recurridos, citando para ello la Sentencia del TS de 17 de abril de 2023 (rec.5433/2021).

A modo de recapitulación, se pueden extraer las siguientes conclusiones de interés práctico para la defensa de los casos de cambio de residencia. En primer lugar, la residencia habitual constituye una cuestión eminentemente fáctica cuya determinación exige una valoración conjunta de todos los indicios disponibles, sin que elementos como el empadronamiento, la posesión o no de una tarjeta sanitaria, los consumos eléctricos bajos, el domicilio declarado o la residencia del cónyuge e hijos menores puedan resultar concluyentes por sí solos. En segundo lugar, la Administración no puede invalidar un cambio de residencia apoyándose en una pretendida finalidad de ahorro fiscal porque lo determinante no es la motivación del traslado sino que la residencia en la nueva Comunidad Autónoma sea real, efectiva y suficientemente acreditada. En tercer término y como en cualquier procedimiento tributario la carga de la prueba desempeña un papel decisivo, debiendo acreditarse los hechos por la parte que se encuentre en mejor posición para hacerlo, de acuerdo con el principio de facilidad probatoria.

Francisco Adame Martínez

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Sevilla

linkedin 40px

1000 Caracteres restantes