El impuesto sobre los ultrarricos

Desde hace algo más de un año se viene debatiendo intensamente en el ámbito internacional acerca de la posibilidad de aprobar un impuesto mínimo global sobre los ultrarricos, conocidos por las siglas HNWIs (High Net-worth Individuals) y en los que ha puesto su atención la AEAT en sus Planes anuales de control tributario desde 2021.

He considerado oportuno dedicarle una entrada de nuestro querido blog a esta cuestión, aunque de momento en España el tema aún no está siendo tan debatido como en el caso de Francia, donde ha sido sin duda el asunto estrella en la reciente discusión parlamentaria del Proyecto de Ley de Presupuestos en la Asamblea Nacional.

Diversos informes publicados en los últimos años ponen de relieve que los individuos con muy alta capacidad económica o ultrarricos, han aumentado considerablemente en la última década, tanto en términos de riqueza financiera (65% de incremento en los últimos años) como de población total, concentrándose principalmente en América del Norte (31,7 %), Asia-Pacífico (29,6 %) y Europa (21,8 %).

La propuesta de este nuevo impuesto parte de diversos trabajos universitarios e informes elaborados por encargo del G-20 impulsados por la Presidencia brasileña y en el seno del Observatorio Fiscal de la Unión Europea. En todos ellos, si bien no se da una definición concreta de quienes deben considerarse como HNWIs (algunas entidades privadas como Capgemini Research Institute o Knight Frank fijan el umbral en 30 millones de dólares), se pone de manifiesto que los sistemas tributarios modernos no graban eficazmente a los ultrarricos pues estos pagan en muchos casos cuotas reducidas del impuesto sobre la renta. En este sentido, el conocido programa de la TV francesa Cash Investigation revelaba recientemente que el dueño de una famosa multinacional francesa del sector del lujo y la moda pagaba proporcionalmente menos impuesto sobre la renta que un asalariado con el salario mínimo interprofesional, pues de los 3.200 millones de euros que percibió de dividendos el año pasado pagó efectivamente menos del 2% por este tributo. La introducción de este impuesto mínimo coordinado a nivel internacional se ha convertido para algunos en una auténtica cruzada y a favor del mismo se ha argumentado que la pérdida recaudatoria derivada de esta anomalía se eleva a 20.000 millones de euros en el caso francés.

Durante la cumbre de los Ministros de Finanzas del G-20 celebrada en Río de Janeiro en julio de 2024 se puso de manifiesto que la movilidad internacional de los ultrarricos plantea problemas a la hora de garantizar unos niveles adecuados de imposición y que la reducida tributación de los contribuyentes con un patrimonio neto muy elevado puede socavar la equidad de los sistemas fiscales y erosionar la progresividad tributaria. Cualquier avance en este sentido exigiría, sin duda, reforzar la cooperación internacional y adoptar un estándar común, algo esencial para evitar también la competencia fiscal.

Con ese objetivo la presidencia brasileña de dicho grupo encargó un Informe sobre la materia para aprobar una norma coordinada a nivel internacional, que lleva por título A Blueprint Ultra-High-Net-Worth for a coordinated Taxation standard for Individuals (https://www.taxobservatory.eu//www-site/uploads/2024/06/report-g20.pdf). Su autor, el economista Gabriel Zucman (que por cierto acaba de publicar el libro titulado Les milliardaires ne paient pas d’impôt sur le revenu et nous allons y mettre fin), propone introducir un tributo sobre las personas físicas con un patrimonio superior a 1.000 millones de dólares con el fin de que éstos paguen una cantidad mínima de impuestos al año (lo cual podría conseguirse a través de diversos instrumentos nacionales, como por ejemplo un impuesto sobre la renta presunta, un impuesto sobre la renta basado en un concepto amplio de ingresos o un impuesto sobre el patrimonio), equivalente al 2% de su patrimonio, estimando que ello podría generar a nivel global entre 200.000 y 250.000 millones de dólares al año. En un reciente Informe sobre la desigualdad mundial se afirma que si este impuesto gravase a las personas físicas con un patrimonio superior a 100 millones de dólares entonces la recaudación podría elevarse a 500.000 millones de dólares (equivalente a 0,45% del PIB mundial) y si el tipo del impuesto fuera del 3% podría recaudar 754.000 millones de dólares (0,67 del PIB mundial).

Zucman aclara que la figura que propone no debe considerarse un impuesto puro sobre el patrimonio, sino una herramienta para reforzar el impuesto sobre la renta. Técnicamente, el impuesto mínimo que se propone en el Informe del G-20 es lo que se conoce como impuesto sobre la renta presunta. La idea es que en el caso de un multimillonario que declare pocas rentas --y en consecuencia tribute poco por IRPF— cabe presumir que obtiene ingresos económicos que no están siendo gravados por el sistema tributario. En consonancia con lo anterior, un multimillonario que ya soporte el equivalente al 2% de su patrimonio en concepto de IRPF, por obtener por ejemplo importantes rendimientos del capital mobiliario vía dividendos o elevadas ganancias patrimoniales, no tendría que pagar ningún impuesto adicional. El impuesto propuesto sólo se aplicaría a aquellos multimillonarios que paguen menos del 2% de su patrimonio, completándose su cuota del IRPF hasta alcanzar el 2% del patrimonio.  

Hay que hacer notar que este impuesto se inspira en las propuestas formuladas en 2019 en Estados Unidos por un grupo de Senadores demócratas (liderados por Elizabeth Warren y Bernie Sanders). La Senadora Warren propuso la introducción de un impuesto sobre los ultrarricos del 2% para patrimonios entre 50 y 1.000 millones de dólares y del 3% para los que superasen éste último umbral. Existiría un mínimo exento de 50 millones de dólares. Por su parte, el Senador Bernie Sanders propuso la creación de un impuesto sobre patrimonios superiores a 32 millones de dólares, con tipos de gravamen que oscilarían entre el 1% y el 8% (para patrimonios superiores a 10.000 millones de dólares).

El debate de la imposición sobre los ultrarricos se ha reactivado durante el debate de la Ley de Presupuestos de Francia para 2026, al votarse a finales de octubre dos propuestas para introducir un impuesto sobre los ultrarricos procedentes de partidos de izquierda y ecologistas. La primera de ellas pretendía introducir el que viene denominándose en Francia Taxe Zucman con un tipo del 2% sobre patrimonios superiores a los 100 millones de euros. En principio, según sus promotores, gravaría a unos 1.800 contribuyentes. Dicha propuesta fue rechazada en la Asamblea Nacional (228 votos en contra frente a 172 a favor). La segunda propuesta procedía del Partido Socialista y consistía en un nuevo impuesto similar al anterior, pero con un tipo de gravamen del 3% y sobre patrimonios superiores a 10 millones de euros excluyendo a las empresas familiares y las innovadoras, pero también fue rechazada. Durante el debate se argumentó que un impuesto tan amplio desincentivaría la inversión, podría dar lugar a fuga de capitales, aparte de que podría ser discutible su constitucionalidad. En cambio, sí se aprobó inicialmente en la Asamblea Nacional la creación de un nuevo gravamen sobre ciertos activos mantenidos en sociedades holding no utilizados para actividades económicas. Se trata de una enmienda que modifica el actual impuesto sobre el patrimonio inmobiliario y lo transforma en un impuesto sobre el patrimonio improductivo. La propuesta, aprobada en la Asamblea Nacional por una mayoría de 163 votos contra 150, gracias a una alianza inesperada entre diputados socialistas, del Movimiento Democrático (partido centrista social liberal) y de la Agrupación Nacional, modifica la regulación de la base imponible de dicho impuesto de manera que la misma ya no se limitaría al patrimonio inmobiliario, sino que se extendería a un conjunto más amplio de activos tradicionalmente excluidos, como obras de arte, joyas, vehículos de lujo, yates, aeronaves, metales preciosos, criptomonedas o activos digitales, así como pólizas de seguros de vida cuando no estén vinculados a inversiones productivas. Se preveían exenciones para ciertos bienes productivos, con el objetivo de no penalizar la inversión productiva. El nuevo gravamen sobre riqueza improductiva en el modelo aprobado por la Asamblea Nacional tendría un tipo de gravamen del 1% anual y un mínimo exento de 2 millones de euros. La recaudación de este gravamen sería muy inferior a la del impuesto Zucman y se situaría en torno a 1.000 millones de euros anuales. Esta nueva figura, que sería una suerte de tributo sobre el patrimonio improductivo, podría recaudar hasta 1.000 millones de euros, al centrarse en los activos personales de unas 4.000 sociedades holding que no cumplen otra función económica que reducir la carga fiscal individual.

Tras su paso por el Senado francés la última semana de noviembre el nuevo gravamen sobre activos mantenidos en sociedades holding ha visto notablemente reducido su alcance, pasando la previsión de recaudación de 1.000 a 100 millones de euros. Frente a un impuesto del 2% sobre ciertos holding patrimoniales utilizados por sus ventajas para acumular patrimonio personal, que excluía de la base imponible los activos empresariales, se ha pasado en el Senado a un modelo de impuesto que se limita a una lista de bienes de lujo (yates, caballos de carreras, vinos o viviendas puestas a disposición del titular de la empresa). Han quedado excluidos del mismo los activos financieros y la tesorería en poder de las sociedades holding para futuras inversiones, así como las joyas, los metales preciosos, las obras de arte, los objetos de colección y las antigüedades expuestas en un lugar accesible al público o a los empleados.

No quiero extenderme más para no cansar al lector. Tan sólo me gustaría terminar llamando la atención sobre lo difícil que va a ser que un impuesto de este tipo pueda ser aprobado con facilidad a escala europea o incluso a nivel interno por parte de algunos Estados miembros. Y en nuestro caso la posible introducción de una figura de esta naturaleza todavía vendría a complicar aún más el intenso debate al que venimos asistiendo desde hace ya tiempo sobre el presente y el futuro de la imposición sobre la riqueza en un Estado descentralizado. Dadas las fechas, aprovecho para desear feliz Navidad y próspero año 2026 a todos nuestros queridos lectores.

Francisco Adame Martínez

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Sevilla

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