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Solidaridad e impuestos en la Unión Europea en la era post Covid-19

Solidaridad e impuestos en la Unión Europea en la era post Covid-19

Una de las consecuencias que esta crisis ha traído para los tributaristas es que junto a la cumplimentación de declaraciones, atención de requerimientos y presentación de recursos o reclamaciones hay que dedicar bastante más tiempo que antes a estudiar las normas que a diario publican los boletines oficiales –llevamos ya doce Reales Decretos-leyes en los dos últimos meses, a los que hay que sumar los Decretos-leyes, Decretos y Órdenes aprobadas por las Comunidades Autónomas--. Menos mal que tenemos los grupos de whatsap, donde entre unos y otros tratamos de ir resolviendo las dudas existenciales que se van planteando con un enorme compañerismo y sobre todo con sentido del humor, algo imprescindible para transitar bien el confinamiento.

Pero no teman porque en esta entrada no voy a comentar ninguna de las últimas modificaciones fiscales que se han aprobado sino que me voy a referir a una cuestión a la que quizás no se le ha dedicado la atención que merece, como es el papel que debe jugar la Unión Europea en esta crisis, porque tal vez sea éste el mayor reto de su historia.

En estos convulsos tiempos que estamos viviendo es necesario un mayor liderazgo de la Unión Europea. No sabemos cómo vamos a quedar porque desconocemos el comportamiento del virus, aunque desde luego sí sabemos que es muy cruel y tenemos claro que la Unión Europea no puede ni debe defraudarnos. La Unión Europea es el mejor espacio geográfico de libertad, prosperidad económica y solidaridad social que el mundo conoce, pero hace falta salir del estancamiento tecnocrático que vive el proyecto europeo y para ello tal vez hay que avanzar hacia una mayor integración económica y por qué no también fiscal.

El artículo 3.3 del Tratado de la Unión Europea configura la solidaridad entre Estados miembros como uno de sus valores fundamentales. En las últimas semanas hemos asistido a declaraciones públicas incalificables de algún mandatario del Norte que precisamente cuestionaba la solidaridad en estos momentos tan difíciles. Habría que recordarle que hace setenta años, cuando las naciones europeas todavía estaban luchando para superar los estragos de la Segunda Guerra Mundial, Robert Schuman, uno de los padres fundadores del proyecto de integración europea, escribía en su histórica Declaración que “Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho”.

Recientemente un grupo de prestigiosos colegas de diferentes Universidades europeas ha lanzado un interesante manifiesto que lleva por título “La solidaridad europea requiere impuestos de la Unión Europea” (https://eulawlive.com/op-ed-european-solidarity-requires-eu-taxes/) con el objetivo de abrir un debate en las instituciones europeas. Tras constatar que el actual proceso de toma de decisiones en la Unión Europea se encuentra en un callejón sin salida y que la causa del bloqueo en la toma de decisiones es la división entre los ciudadanos europeos sobre la forma de financiar la Unión, explican con claridad que hay dos enfoques opuestos al respecto. Frente a los ciudadanos que apuestan por mantener un control nacional íntegro sobre la financiación de los ingresos que se ponen a disposición del presupuesto de la Unión, hay otros que desean avanzar hacia una mayor integración económica y social, reforzando la solidaridad y todo ello acompañado de la transferencia de un mayor poder de decisión en materia tributaria y presupuestaria a las instituciones de la UE, fortaleciendo de esta forma su legitimidad.

La convivencia de estos dos enfoques ha impedido que se haya podido avanzar hacia a una mayor integración económica y social, pues hay que tener en cuenta además que el actual presupuesto de la UE tiene un peso demasiado pequeño (sólo representa el 1% del PIB de toda la Unión Europea) en comparación con los presupuestos nacionales de los Estados miembros como para poder tener un impacto significativo en una política económica y social efectiva a nivel de la Unión Europea. Los recursos con los que se nutre actualmente el Presupuesto de la Unión, fundamentalmente aranceles aduaneros, exacciones sobre el azúcar y sobre todo las contribuciones de los Estados miembros calculadas como un porcentaje de la base imponible nacional del IVA y como un porcentaje de los ingresos nacionales brutos, suponen una forma de financiación incompatible con el desarrollo de una política más ambiciosa de integración económica y social.

Desde esta perspectiva consideran que para lograr una solidaridad mínima auténticamente europea habría que sustituir estos mecanismos de financiación por impuestos europeos, lo cual no supondría un aumento de carga tributaria ya que se articularía a través de un trasvase limitado de los ingresos tributarios desde los Estados miembros a la Unión Europea. La pregunta que no se responde en el manifiesto es qué impuestos se podrían trasvasar limitándose en este punto a dejar apuntado que en la historia de la Unión Europea han existido muchos estudios sobre qué tributos deben financiar el presupuesto europeo.

El objetivo del manifiesto es desde luego muy ambicioso pero la realidad es que no resulta nada fácil de llevar adelante a corto plazo. En la práctica la política fiscal de la Unión se ha visto bloqueada por la regla de la unanimidad y la consiguiente posibilidad de veto de los Estados y sólo en los últimos años se ha activado el procedimiento de cooperación reforzada, mientras se avanza en el proyecto de la Comisión de introducir la regla de la mayoría cualificada. Proyectos tan relevantes como el establecimiento de un impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono –que estuvo circulando más de veinte años por las instituciones europeas --, la introducción de un Impuesto sobre las transacciones financieras –cuya Propuesta de Directiva que lleva fecha de 28 de septiembre de 2011 fue finalmente retirada en abril de 2016--, la base imponible común consolidada del Impuesto sobre Sociedades o el impuesto sobre determinados ingresos procedentes de actividades digitales –incluido en la Propuesta de Directiva presentada por la Comisión el 21 de marzo de 2018--, no han podido aprobarse.

Precisamente dada la dificultad de aprobar impuestos armonizados sobre transacciones financieras y sobre servicios digitales varios Estados miembros –así lo hará España en breve cuando se aprueben los Proyectos actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados-- han optado por introducir impuestos nacionales aunque sin abandonar en el primer caso el procedimiento de cooperación reforzada de cara al gravamen de esa materia imponible a través de un impuesto europeo. En el caso del proyectado impuesto sobre las prestaciones de determinados servicios digitales se acordó en el seno de la Unión Europea no aprobarlo y trasladar el debate al seno de la OCDE puesto que los retos de la digitalización de la economía son globales y afectan a todos los países.

Otra iniciativa interesante en la misma línea aunque con matices distintos es el llamado Manifiesto por la democratización de Europa --auspiciado entre otros por los economistas franceses Thomas Piketty y Lucas Chancel --, que apuesta por unos Presupuestos que se debatirían y votarían por parte de una Asamblea Europea soberana –que reuniría a los parlamentarios nacionales y europeos en una sola Asamblea-- y que se financiarían a través de cuatro impuestos, que serían marcadores tangibles de la solidaridad europea (http://tdem.eu/es/manifiesto-por-la-democratizacion-de-europa/). Estos impuestos recaerían sobre los beneficios de las grandes empresas, sobre los ingresos superiores a 200.000€ anuales, sobre los poseedores de mayor riqueza (más de 1 millón de euros) y sobre las emisiones de carbono (con un precio mínimo de 30 € por tonelada). Algunas de sus propuestas coinciden con las ideas lanzadas estos últimos días en España por alguna formación política, en particular el llamado “impuesto sobre la reconstrucción” que en el fondo no es más que un impuesto sobre las grandes fortunas. No entiendo muy bien qué tiene de novedoso esto en España cuando ya tenemos desde hace más de cuarenta años un Impuesto sobre el Patrimonio que hoy en día se aplica, eso sí, no en todo el país.

En definitiva, es evidente que en la era post Covid-19 se van a producir muchos cambios y si queremos que el proyecto europeo salga reforzado hay que avanzar hacia una mayor integración fiscal. Y desde luego hace falta más solidaridad porque si algunos Estados miembros son competitivos --y no hace falta dar nombres-- es porque se benefician de la existencia de un mercado único. Nuestra deuda soberana, la de Francia y sobre todo la de Italia seguirán subiendo, pero esos países incluyendo Alemania tienen que darse cuenta que estamos vinculados por el mercado interior y que nuestra suerte será la suya porque su principal negocio consiste en vendernos a nosotros. La austeridad no es desde luego la solución porque en Grecia está claro que no ha funcionado. Vienen tiempos difíciles para la zona euro e irremediablemente a corto plazo tendremos que seguir debatiendo sobre la mutualización de la deuda o, como se ha propuesto recientemente, la conversión de la deuda en perpetua. Pero de esto hablaremos otro día. Mientras tanto mucho ánimo y prudencia a todos y vamos a ser optimistas porque ya queda menos para llegar a la “nueva” normalidad.

Francisco Adame Martínez

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario

 

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Magnífico, prof Adame

Pablo G. Vázquez
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