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Hacienda. Declaración de Granada. Consejo del Contribuyente

¿Y después de la Declaración de Granada qué?

La pertinencia de una propuesta sobre el Consejo de Defensa del Contribuyente al Presidente del Gobierno

Hace 15 días fue noticia la dura declaración de 35 catedráticos reunidos en la llamada Conferencia de Granada, muy crítica con la Administración Tributaria. En el texto se pueden encontrar afirmaciones como esta:  “La Hacienda pública se ha convertido en agente de la razón de Estado. Una razón que descansa sobre un solo pilar, cual es la recaudación. En el margen del camino ha ido quedando, primero, la ley; más tarde, la seguridad jurídica, y unos metros más allá las garantías y los derechos del contribuyente”.

 No es poco: Primero, compara a Agencia Tributaria con el CNI y las cloacas del Estado; Luego dice que en las cunetas han quedado la ley, la seguridad jurídica y las garantías y los derechos del contribuyente. Casi nada.

El colofón del razonamiento, que ha trascendido hasta la saciedad a toda la prensa generalista, es que “no contempla a los contribuyentes como ciudadanos sino como súbditos”.

Con franqueza, no conozco a ningún profesional del asesoramiento tributario que no comparta esta reflexión que, diría, lleva grabada a fuego en su conciencia y, a veces, en su desesperación.

Pero el momento que abre esta melancólica declaración de casi 40 profesores de máximo prestigio no puede ‘perderse en el tiempo, como lagrimas en la lluvia’. Y lo cierto es que la declaración, lúcida,  atina en el mal y en su diagnóstico. Pero carece de propuestas para la cura.

Desde la promulgación de la ley 1/1998 de derechos y garantías del contribuyente asistimos a una auténtica contra-reforma. La Ley, impulsada desde la Secretaría de Estado de Hacienda por nuestro bienquerido Enrique Jiménez Reina, reconoció la presunción de buena fe en el contribuyente, le atribuyó derechos e impuso deberes a la Administración tributaria, tal como la tramitación separada de los procedimientos de liquidación e infracción.

Aquella brisa venía soplando desde 1996 con la constitución del Consejo Para la Defensa del Contribuyente. Pero aquella brisa pronto se topo con la contra-reforma: El presidente del Consejo José Juan Ferreiro Laptza se vio en la necesidad de dimitir porque ante una regularización a una importante multinacional, en la que se producía a gravar dos veces una misma renta, generando doble imposción, la Oficina Nacional de Inspección contestó a su requerimiento con que ‘No apreciaba quiebra del principio de legalidad del tributo’ y desatendió su recomendación. Asimismo la mención a ‘la presunción de buena fe del contribuyente’ también desapareció de la Ley General Tributaria de 2003. La separación de los procedimientos tributarios de liquidación y sanción se convirtió en una quimera, las actas con acuerdo brillaron por su ausencia así como los procedimientos de conflicto en la aplicación de la norma: la inspección cuando discrepó del negocio celebrado por las partes aplicó la simulación y siempre sancionó las discrepancias.

Poco a poco los profesionales del derecho tributario fueron abandonando la vía de queja o denuncia al Consejo del Contribuyente, hasta que hoy recoge sólo quejas de los particulares, en un 70% dirigidas a las Gerencias del Catastro y sólo en el 13% dirigida a actuaciones de la AEAT: ¿Por qué? ¡Porque se presentan ante el Defensor del Pueblo!

Pues bien, esta primera medida, revitalizar al CDC, podría ser una aspirina contra la melancolía. Y consistiría en desplazar al CDC del ministerio de Hacienda al Congreso de los Diputados, colgándolo de la Institución del Defensor del Pueblo, pues en todas las democracias homologadas, lo instrumentos de control y auditoría de la calidad del funcionamiento de la administración publica, reportan al parlamento y dependen del mismo. Esto es de sentido común y tiene un coste presupuestario cero. Además es tan evidente como que ningún granjero cuida de sus gallinas poniendo al zorro al cuidado del gallinero.

Yo debo ser de los pocos que se siente en la necesidad de utilizar esa herramienta porque existe y tiene la obligación de dar amparo aunque pocas veces lo haga. Y así salgo trasquilado como aquella vez que denuncié al Delegado de la AEAT de Ourense: Una sociedad se había adjudicado en pública subasta 3 plantas subterráneas de aparcamientos en un edificio y había instado la renuncia a la exención del IVA, ingresando el impuesto en Hacienda a través del Juzgado. Mi cliente consignó la cuota soportada como a deducir en ejercicios posteriores. La Agencia Tributaria consideró que el destino previsible no era la realización de operaciones sujetas y no exentas, porque la siguiente transmisión, a particulares, sería una transmisión exenta, que no daba derecho a deducir aquella cuota ingresada. Es decir, el Sr. Jefe de Gestión Tributaria dio por sentado que la adjudicataria (i) no se dedicaría al arrendamiento de plazas de garaje, operación sujeta que da derecho a deducir; (ii) que no vendería el inmueble en globo a otra sociedad del grupo –o ajena- para que realizara tal actividad, transmisión sujeta y cuya exención es renunciable y da derecho a deducir.

Pero convencido de la imposibilidad de que prosperase un recurso con base en un concepto jurídico tan etéreo e indeterminado como el ‘destino previsible’ y de que esa transmisión sujeta se produciría más pronto que tarde, no impugné la liquidación administrativa, pues podría practicar la regularización durante todo el período de prescripción si cambiaba el destino previsible.

Meses más tarde la transmisión sujeta al IVA se produjo y la sociedad se dedujo cuotas soportadas en ejercicios anteriores. Al mes recibió una propuesta de liquidación denegando la deducción diciendo que “las cuotas soportadas en su adquisición no eran deducibles, sin perjuicio de su regularización si en el período de prescripción cambiaba el destino previsible”. Naturalmente alegué la propuesta indicando que el destino ya no era el previsible, pues era cierto, y había cambiado: se había transmitido en globo el inmueble con sujeción al IVA y por consiguiente con deducción de las cuotas soportadas en su adquisición.

La liquidación provisional desestimo las alegaciones indicando que “las cuotas soportadas en su adquisición no eran deducibles, sin perjuicio de su regularización si en el período de prescripción cambiaba el destino previsible”. Contrariado recurrí en reposición indicando en mayúsculas que EL DESTINO PREVISIBLE YA HABÍA CAMBIADO CON LA TRANSMISIÓN SUJETA AL IVA. NI ERA YA ‘PREVISIBLE’ NI FUE EL INICIALMENTE PREVISTO POR LA ADMINISTRACIÓN, LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES QUE NO DABAN EL DERECHO A DEDUCCIÓN DE LAS CUOTAS SOPORTADAS EN EL INMUEBLE.

Tres meses más tarde recibí notificación de la resolución desestimando el recurso de reposición, indicando que “las cuotas soportadas en su adquisición no eran deducibles, sin perjuicio de su regularización si en el período de prescripción cambiaba el destino previsible”.

Entonces comprendí que la Delegación de Ourense de la AEAT vivía en una realidad paralela: a su alrededor, el espacio-tiempo se había plegado en forma de silla de montar, y su Delegado había sido chupado por un agujero de gusano, había viajado por el hiperespacio, y aterrizado en el camarote de los hermanos Marx.

hacienda publica hermanos marx

Cegado por la ira, recurrí en Queja al Sr Delegado de Ourense de la AEAT, indicándole que su Delegación era “una desgracia para el empresario, como el cáncer, el corazón o la carretera, o la muerte prematura de un hijo” y le recordé que “el destino ya no era el inicialmente previsible, había cambiado, había sido la realización de una operación sujeta y no exenta y que por dicha operación se había repercutido IVA”.

El Sr. Delegado contestó a la queja diciendo que lamentaba “los inconvenientes que su actuación le haya ocasionado y que las cuotas soportadas en su adquisición no son deducibles, sin perjuicio de su regularización si en el período de prescripción cambiaba el destino previsible”; También se le invitaba a la recurrente a manifestar la eventual disconformidad  con el contenido de la contestación, mediante escrito dirigido a la Unidad Primera del Consejo para la Defensa del Contribuyente.

Le hice caso y recurrí al CDC. 

Pues bien, finalmente la presidenta del Consejo resolvió denegándome el amparo con el siguiente fundamento; Se trata básicamente de una cuestión de prueba que se encuentra actualmente pendiente de resolución en vía económico-administrativa” (¡!). Otra más en el universo paralelo: ¡el destino previsible era una cuestión de prueba!

Y no sólo hizo eso, sino que pese a no ser ninguna de sus funciones, me formuló un reproche profesional por no haber recurrido la consideración de que el destino previsible era la no realización de operaciones con derecho a deducción (¡!), y reprobaba ‘la dureza de la crítica que realiza de la actuación de la AEAT y lamentamos profundamente el uso de tales manifestaciones improcedentes, que nada aporta a la defensa de su derecho’.  

Un año más tarde el TEARG, en una de sus muchas resoluciones meritorias zanjó toda esta estupidez: estimó la reclamación y anuló la liquidación provisional practicada.

Mas allá de esta anécdota, es lo cierto que el debate de una anterior entrada mía en este blog "Alpiste para el canario", sobre las supuestas ganancias patrimoniales obtenidas por los preferentistas cuando vencen con costas un pleito contra el banco, ha sido denunciado al Defensor del Pueblo por los colectivos afectados.

Efectivamente, El 13 de octubre de 2017, el Defensor del Pueblo, formuló las siguientes recomendaciones de modificación de la Ley del IRPF: 

"Esta institución entiende que los argumentos trasladados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), no desvirtúan el criterio de que en la mayoría de las ocasiones no existe ganancia patrimonial alguna en el caso de pago de las costas judiciales al suponer el reembolso de unos gastos procesales en los que se ha incurrido.

(…)

Finalmente, el 22 de febrero de 2018, el Defensor del Pueblo expresó lo siguiente:

"Se ha recibido la información solicitada a la Secretaría de Estado de Hacienda en la que se indica que no se aceptan las recomendaciones formuladas por esta institución.

En cuanto a la primera de ellas, explica que la incidencia tributaria para la parte vencedora viene dada por su carácter restitutorio de los gastos de defensa, representación y peritación realizados, lo que supone la incorporación a su patrimonio de un crédito a su favor o de dinero, constituyendo así una ganancia patrimonial conforme con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). De forma correlativa, para la persona condenada al pago de las costas procesales, tal condena tendrá también su incidencia tributaria en su tributación personal como gasto o pérdida patrimonial. (…)

Tras el examen de la información recibida, se ha manifestado a la Secretaría de Estado la disconformidad de esta institución, pues no se desvirtúan las consideraciones formuladas en el sentido de que la alteración patrimonial solo existirá respecto a la parte que exceda de los costes que el proceso implica y tributando por la diferencia.

Se ha recordado a la Secretaría de Estado que el principio de capacidad económica exige que haya una riqueza a gravar y una capacidad de pago por parte del contribuyente y no es aceptable, bajo su perspectiva, exigir un gravamen por una riqueza inexistente o meramente virtual o ficticia que puede no ser real. En cuanto a los intereses, se entiende que debería arbitrarse alguna medida que tuviera en cuenta su especial circunstancia de generación.

Por todo ello, se da por emitida la correspondiente información y por terminadas las actuaciones practicadas, conforme al artículo 31 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo. De todo ello se dejará constancia en el informe que anualmente se presenta a las Cortes Generales".

 En otras palabras, el Defensor del Pueblo está haciendo el trabajo para el que se creó el Consejo de Defensa del Contribuyente. De hecho, si se descargan la última memoria del Defensor del Pueblo disponible (2016) se encontrarán con 32 páginas dedicadas a la rúbrica ‘Hacienda Pública’. Al respecto de esa memoria, afirmaba recientemente en un artículo Enrique Jiménez Reina que, “Su lectura es un consuelo para quienes nos dedicamos a luchar por una justa aplicación del sistema tributario, hasta el punto que, a veces, parece que estamos leyendo un escrito de alegaciones o de demanda de un colega”. Lo que redunda en lo dicho: el Defensor del Pueblo está canalizando las quejas ciudadanas sobre el mal funcionamiento de la AEAT.

 Es por ello que resulta menester impulsar una iniciativa legislativa con el objeto de alojar en el Congreso de los Diputados, como una sección tributaria del Defensor del Pueblo, al Consejo de Defensa del Contribuyente. Reportaría, no al ejecutivo, sino al Parlamento, quien tiene la función constitucional de controlar a ese ejecutivo.

Los activistas contra el maltrato animal cosechamos importantes éxitos con las campañas colaborativas difundidas por plataformas como Change.org o Avaaz.org. En ocasiones es un burro desnutrido y maltratado (https://www.change.org/l/es/24-horas-para-salvar-a-un-burro-maltratado) . En otras ocasiones, como Margarita, una vaca improductiva (esto es, mascota para sus dueños) y que por tal motivo carecía de registro en agricultura y sanidad, era sentenciada a muerte por La Generalitat de Catalunya, precisamente por carecer de registro (https://www.change.org/p/sanidad-animal-del-dpto-agricultura-ganader%C3%ADa-pesca-y-alimentación-de-gencat-ayuda-quieren-matar-a-margaritaón-de-gencat-ayuda-quieren-matar-a-margarita). Gracias a las campañas colaborativas esos animales evitaron la muerte por desnutrición o por ejecución administrativa.

De manera que también podríamos iniciar una campaña para pedirle al nuevo gobierno socialista que ubique el CDC en el Congreso de los Diputados. Y podría funcionar. Salvo, claro está, que sea cierta la sospecha de los 35 catedráticos de derecho tributario reunidos en Granada: que hoy por hoy los burros, las vacas, los perros y los gatos son merecedores de mayor protección jurídica que los súbditos contribuyentes.

¿Lo intentamos pues?


Antón Beiras Cal

Economista. Abogado Tributarista

 

Comentarios (1)

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Acaba el año y la historia sigue escribiéndose con los mismos renglones ¿torcidos? de una Agencia Tributaria que obvia en su actuar principios generales de nuestro ordenamiento.
No consiste en que todos relatemos nuestras batallas - mejor dicho, las de nuestros representados - pero obligados a denunciar la realidad del día a día de los administrados-contribuyentes solo nos quedaría poner nombres y apellidos a quienes firman resoluciones desestimatorias inmotivadas amparándose en que el...

Acaba el año y la historia sigue escribiéndose con los mismos renglones ¿torcidos? de una Agencia Tributaria que obvia en su actuar principios generales de nuestro ordenamiento.
No consiste en que todos relatemos nuestras batallas - mejor dicho, las de nuestros representados - pero obligados a denunciar la realidad del día a día de los administrados-contribuyentes solo nos quedaría poner nombres y apellidos a quienes firman resoluciones desestimatorias inmotivadas amparándose en que el procedimiento prevé los cauces de recurso correspondientes. Abandonan así al administrado-contribuyente a una suerte de lotería en la que resulta determinante la capacidad económica para ejercer la defensa de los intereses legítimos.
Y nada, nada, sucede a iniciativa de una administración que debería ser impulsada por las fuerzas políticas presentes en las cámaras legislativas. ¿O me estoy equivocando?
Pero a la vista del contenido de leyes y normas aprobadas con escasos márgenes de representación, para afectar a todos los ciudadanos, queda patente que las libertades están a la baja, que los derechos no son reconocidos, sino que han de ser rogados y luchados, que la libertad de expresión pasa por tamices bajo criterios poco recomendables (religión y política de la mano) por lo que la pregunta que Anton plantea como colofón resulta totalmente actual. ¿Lo intentamos pues?
Apertas Republicanas.

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