¡Pero qué cojones está pasando aquí!: la Fiscalía, la Agencia Tributaria y los impuestos del Rey
Al calor de la proclama de Libertad, Igualdad y Fraternidad se fraguó la primera revolución liberal de nuestra historia. Desde entonces esos derechos fundamentales son el pilar de toda democracia en el mundo. En las democracias modernas no hay siervos ni nobleza; por eso la igualdad ante la Ley consiste muy esencialmente en igualdad frente al deber de pagar tributos.
La nueva regularización fiscal del Rey Juan Carlos I por el IRPF y por 4,4 millones de euros, significaría que ni la AEAT ni la Fiscalía han abierto una inspección tributaria o una investigación penal formal frente al ciudadano Juan Carlos.
Para que esa regularización sirva de excusa absolutoria en el ámbito penal, tiene que ser espontánea y veraz. Para que sea espontánea, no puede haber una inspección abierta por la Agencia tributaria, ni una investigación formal, comunicada al Rey por la Fiscalía. Es decir, durante todos estos meses nadie, ni la Agencia Tributaria ni la Fiscalía, han notificado al Rey su condición de investigado o inspeccionado.
En otras palabras, le han otorgado el privilegio de que regularice las cantidades defraudadas para evitar cualquier sanción penal o administrativa. Algo impensable para cualquier otro ciudadano, como sabemos todos los asesores fiscales.
La gravedad de estos hechos insólitos quebranta la Igualdad ante la Ley que proclama el artículo 14 de nuestra Constitución: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
El principio de igualdad habrá sido definitivamente soslayado frente a la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad.
La gravedad de estos hechos devastadores no tiene precedente en nuestra joven democracia y la deslegitima para el cobro de los impuestos, obligación pública que está en los orígenes medievales del moderno parlamentarismo democrático.
No se discute la desigualdad dentro de la Ley. El gobierno tendría derecho a decretar el indulto del monarca emérito tras un juicio justo y una supuesta condena penal. El parlamento tendría derecho a amnistiar por Ley al monarca, incluso antes de un proceso penal o condena, si por mayoría el Congreso lo considerara preciso para la protección de la Corona. Serían decisiones políticas lícitas y discutibles. Pero ni la Fiscalía ni la AEAT están aquí para tomar decisiones políticas: han orillado la Ley y fuera de la Ley no hay Derecho. Y fuera del Derecho no hay administración pública sino arbitrariedad.
Entonces la conducta de la Fiscalía y de la Agencia Tributaria habrá sido criminal porque se instala extramuros del orden público. Estamos hablando de dos instituciones básicas de una democracia moderna. No estamos hablando de cloacas, de policía patriótica que sustrae pruebas a la justicia para proteger al partido en el gobierno. No hablamos de golfos, hablamos de instituciones muy serias.
Si además de la acción por omisión del deber jurídico, en estos meses se ha estado negociando y pactando una regularización tributaria para el Rey, entonces habrá sido demoledor: el último en salir que apague la luz.
Vergüenza de Fiscalía; vergüenza de Agencia Tributaria.
Antón Beiras Cal
Economista. Auditor. Abogado Tributarista
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