El problema de la tesorería «ociosa»: ¿un giro jurisprudencial?

Por Antonio Durán-Sindreu Buxadé
10 Nov, 2026

Continúa sin solucionarse el problema de los activos afectos de las empresas familiares con relación al Impuesto sobre el Patrimonio (en adelante, IP) y al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (en adelante, ISD), en concreto, con relación a la tesorería y/o a los activos financieros que constan en sus Cuentas Anuales.

Recordemos que el art. 4.Ocho.Dos de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio (en adelante, LIP), regula la exención de aquellas participaciones en entidades en las que concurran determinados requisitos, entre otros, que su actividad principal no sea la mera gestión de un patrimonio, sino el desarrollo de una actividad económica, es decir, que más del 50 % de su activo esté afecto a la misma. En consecuencia, si la actividad económica principal de una empresa familiar es el desarrollo de una actividad, las participaciones representativas de su capital social están exentas.

Sin embargo, el hecho de que estas últimas estén exentas no significa que la totalidad de su valor lo esté ya que en el patrimonio contable de las empresas pueden figurar activos no afectos, como vehículos de uso propio, siempre, claro está, que tales activos no representen más del 50 % del total de los activos propiedad de la empresa. Tengamos en cuenta que el hecho de que la actividad principal sea una actividad económica no significa que la totalidad de su activo esté afecto a la misma.

Precisamente por ello, el art. 4.Ocho.Dos de la LIP establece que la exención solo alcanzará al valor de las participaciones, en la parte que corresponda a la proporción existente entre los activos «necesarios» para el ejercicio de la actividad, minorados en el importe de las deudas derivadas de la misma, y el valor del patrimonio neto de la entidad, texto este idéntico al del art. 6 del Real Decreto 1704/1999, de 5 de noviembre (por el que se determinan los requisitos y condiciones de las actividades empresariales y profesionales y de las participaciones en entidades para la aplicación de las exenciones correspondientes en el Impuesto sobre el Patrimonio), salvo por dos cuestiones muy concretas: la primera, porque el Real Decreto sustituye la palabra «necesarios» que la LIP utiliza por la de «afectos», y, la segunda, porque la norma reglamentaria precisa que, para determinar si un elemento patrimonial se encuentra o no afecto, se estará a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley del IRPF, salvo en lo que se refiere a los activos previstos en el inciso final del párrafo c) del apartado 1 de dicho artículo, que, en su caso, podrán estar afectos a la actividad económica, inciso este último que hace referencia a los activos representativos de la participación en fondos propios de una entidad y de la cesión de capitales a terceros.

Recordemos, por último, que el art. 2.1 de dicho Real Decreto señala que se consideran bienes y derechos afectos a una actividad económica aquellos que se «utilicen» para los fines de la misma, es decir, aquellos que se destinen a su actividad.

Pues bien, el conflicto todavía sin resolver es que se ha de entender por activos «necesarios». El hecho de que tal expresión se utilice de forma indistinta con la de activos «afectos», permite concluir que ambas son sinónimas, es decir, que un activo afecto es un activo necesario, o, si se prefiere, que un activo necesario es un activo afecto, es decir, un activo que se utiliza en el desarrollo de la actividad económica, esto es, que se destina a la propia actividad. En consecuencia, la expresión activos «necesarios» se refiere a los activos destinados o utilizados en la actividad. Si tenemos en cuenta que el hecho de desarrollar una actividad económica no significa que la totalidad de sus activos estén afectos a la misma, es lógico que para determinar el valor de las participaciones que está exento del impuesto se excluya el de aquellos activos que no están afectos, es decir, aquellos que no se destinan a la misma.

En consecuencia, el calificativo de «necesarios» se refiere a los activos afectos a la actividad, es decir, a aquellos que tienen asignada en la misma una determinada función, y no al importe de tales activos que es necesario para el desarrollo de la actividad. Por tanto, la expresión de activos «necesarios» hay que interpretarla desde un punto de vista cualitativo y no cuantitativo. Este es el criterio que se recoge en la Sentencia del Tribunal Supremo 5/2022, de 10 de enero, rec. cas. 1563/2020, en la que se afirma que «no puede quedar fuera de la consideración de elemento patrimonial afecto a una actividad económica, (…) todo bien o derecho del que quepa acreditar (…) que cumple en la empresa una función económica, aunque sea con fines de liquidez, solvencia, tesorería, acceso al crédito, etc.». Se trata, por tanto, de averiguar la «relación causal o conexión de funcionalidad» de los activos, criterio que es el aplicado también por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en su reciente Sentencia 5500/2026, de 16 de junio, rec. 992/2024.

Conviene insistir en que el hecho de que la actividad principal de una sociedad sea el desarrollo de una actividad económica, no significa que la totalidad de su activo esté afecto a la misma. Precisamente por ello, la norma precisa que solo está exento el valor de los activos afectos, es decir, el valor de los activos necesarios o utilizados en la actividad. No en vano, el TSJ de Cataluña señala en su citada sentencia que «la llamada o reenvío a la ley del impuesto sobre la renta únicamente lo sería a (los) solos efectos (…) de precisar si un elemento patrimonial se encuentra afecto a ella o no, precisamente con la -única- ﬁnalidad de determinar o esclarecer la premisa mayor, es decir, que la sociedad, a los efectos de la exención del IP, no tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario». Y es así. De lo que se trata es de excluir de la exención el valor de aquellos activos que no están afectos a la actividad, y no una parte del importe de aquellos activos que sí lo están. Se trata, por tanto, de que la Administración acredite que ese importe «ocioso» de tesorería se ha desafectado de la actividad, y, por tanto, que se trata de un activo no afecto.

Sin embargo, la mayoría de las Administraciones Autonómicas están interpretando la expresión «necesarios» desde un punto de vista cuantitativo, y, por tanto, para determinar el importe de la exención tienen tan solo en cuenta el importe del activo afecto que es necesario para el desarrollo de la actividad, interpretación que obliga a cuantificar cuál es ese importe. Esto significa que a pesar de que se trate de un activo afecto, solo está exento el importe del mismo que sea necesario para el desarrollo de la actividad.

Sin embargo, tal planteamiento no es, en nuestra opinión, el adecuado por dos razones. La primera, porque la decisión de cuál es el importe de tesorería que es necesario para el desarrollo de una actividad empresarial es de exclusiva competencia del empresario, y de la que dudo mucho de que los funcionarios de la Inspección tengan los conocimientos empresariales adecuados para poder valorarla. Y la segunda, porque lo relevante no es su cuantía, sino su función en la empresa.

Lo paradójico es que la Administración no cuestiona de hecho su afectación sino la de su importe. Se admite, por tanto, que se trata de un activo afecto del que hay que excluir su importe «ocioso». Sin embargo, lo correcto es que la Administración acredite que esa tesorería ociosa se ha desafectado de la actividad para destinarla a su mera gestión patrimonial de forma independiente de la actividad. Se trata, por tanto, de probar que ese importe de tesorería y/o de activos financieros no cumple en la empresa una función empresarial, prueba que obliga a acudir a indicios objetivos y verificables por terceros cuya valoración conjunta permita razonablemente concluir sobre cuál es su verdadera función en la empresa, indicios como los de la existencia de otros activos no afectos, como inmuebles, vehículos y/o embarcaciones de uso particular y/o de joyas u obras de arte. Desde esta perspectiva, no hay ninguna duda de que el valor de una empresa cuya única actividad es el desarrollo de una actividad económica y cuyos activos se han financiado con ingresos procedentes de la misma y/o a través de aportaciones de los socios, está íntegramente exento del impuesto, excluido, claro está, el valor de aquellos activos no afectos como los que acabamos de citar.

En el empeño de cuantificar el importe de tesorería, y/o de activos financieros en general, que es necesario para la actividad, algunas Administraciones Autonómicas, como la gallega y la catalana, acuden, entre otros, a ratios de liquidez normales del sector. Sin embargo, el TSJ de Galicia, en su Sentencia 6253/2025, de 22 de septiembre, rec. 15743/2024, ha señalado que «la Administración no puede fundar la no necesidad de dichos activos -inversiones ﬁnancieras a corto plazo y tesorería-, exclusivamente en la comparación con los ratios del sector, considerando el exceso con respecto a la media innecesario para el ejercicio de la actividad, siendo imprescindible para ello un análisis particularizado de aquellas circunstancias que, en su caso, permitiría determinar qué parte de dichos activos no está afecto a la actividad». Por su parte, el TSJ de Cataluña, en su sentencia antes citada, afirma que «la Inspección considera la existencia de saldos ociosos por aplicación de la ratio de liquidez, atendiendo a los pasivos de la empresa. Respecto de tales ratios de liquidez su eﬁcacia probatoria de la falta de afectación es muy relativa por cuanto que resulta muy dependiente del pasivo corriente de la empresa, si este resulta muy escaso la indicada ratio resultará muy alta y, además debe tomarse la consideración de los diferentes sectores empresariales que pueden determinar, como en el caso del sector inmobiliario, que la adquisición de diferentes activos requiera una importante inversión de capital».

Es pues importante subrayar que, a la vista de la jurisprudencia más reciente en vía contencioso-administrativa, lo relevante no es que la Administración acredite el importe que es necesario para el desarrollo de la actividad, sino su no afectación a la misma desde una perspectiva funcional.

En este contexto, no hay que olvidar que el art. 5 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, establece en su número 2 que, a los efectos de determinar si una sociedad es o no «patrimonial», no se computan como elementos o activos no afectos «el dinero o derechos de crédito procedentes de la transmisión de elementos patrimoniales afectos a actividades económicas o valores a los que se refiere el párrafo siguiente, que se haya realizado en el período impositivo o en los dos períodos impositivos anteriores», precepto que la Dirección General de Tributos (en adelante, DGT) ha interpretado en el sentido de que «si la entidad (…) acumulara tesorería por el desarrollo ordinario de su actividad económica, no procedente de la transmisión de elementos patrimoniales ni de valores no computables, dicha tesorería se considerará como elemento afecto a la hora de determinar si tiene o no la consideración de entidad patrimonial» (Resolución V3440-15, de 11 de noviembre de 2015), criterio que se reitera en su posterior resolución V2067-16, de 13 de mayo de 2016, en la que se afirma que «los activos financieros a corto plazo, acumulados por la entidad (…) al materializar los excesos de tesorería de los beneficios no distribuidos del desarrollo ordinario de su actividad económica, no procedentes de la transmisión de elementos patrimoniales ni de valores no computables, se considerarán como elementos afectos a la hora de determinar si la entidad consultante tiene o no la consideración de entidad patrimonial» . y en una resolución más reciente la propia DGT ha reiterado de nuevo que «debe tomarse en consideración lo manifestado por este Centro Directivo, en su consulta V3440-15, en la que señaló que si una entidad (en este caso, la entidad B) acumulara tesorería por el desarrollo ordinario de su actividad económica, no procedente de la transmisión de elementos patrimoniales ni de valores no computables, dicha tesorería se considerará como elemento afecto a la hora de determinar si tiene o no la consideración de entidad patrimonial» (Resolución V2328-23, de 10 de agosto de 2023).

No es tampoco menor el hecho de que la Ley 6/2017, de 9 de mayo, del impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas, de la Generalitat de Catalunya, no incluya como tales a la tesorería ni a los activos financieros, sino, a los bienes inmuebles, vehículos a motor con una potencia igual o superior a doscientos caballos, embarcaciones de ocio, y aeronaves, cuyo destino no sea la actividad económica desarrollada por la sociedad, así como a los objetos de arte y antigüedades con un valor superior al establecido por la Ley del patrimonio histórico, y a las joyas.

En este contexto, algunas Administraciones Autonómicas, como Galicia, Madrid, Aragón, Navarra y Bizkaia, han reaccionado frente a esa errática interpretación y han tenido la iniciativa legislativa de considerar activo afecto el importe que no supere el de los beneficios de los últimos diez años, criterio que, si bien es cierto que garantiza la seguridad jurídica, parte del error de considerar que una parte de la tesorería, y/o de los activos financieros en general, no son necesarios para el desarrollo de la actividad. En cualquier caso, tales iniciativas solo solucionan una parte del problema ya que tales Administraciones carecen de capacidad normativa suficiente a los efectos del Impuesto sobre el Patrimonio.

Señalar, por último, que, como ya he dicho en otras ocasiones, no deja de ser paradójico que, mientras el Estado promueve la capitalización de las empresas mediante la denominada reserva de capitalización, algunas Administraciones Autonómicas promueven lo contrario, desincentivando así la capitalización y la continuidad de las empresas familiares. Me temo que esa falta de coherencia no persigue ser más justos, sino recaudar más. De no ser así, y aunque no me convenza, pido disculpas.