derivaciones de responsabilidad

Creadores de historias entorno al 42.2 LGT

Leo con tristeza unas derivaciones de responsabilidad en las que aun citando la AEAT que el presupuesto por el que derivan se basa en el artículo 42.2 LGT, la atenta lectura hace que se me salgan los ojos de las órbitas.

Hace unos años recuerdo muchas conferencias en las que en foros de prestigio, como los de AEDAF, se hablaba del prelegislador. Y esto era algo incorrecto para los contribuyentes, que no deberían tener normas en las que los inspectores jugaran con cartas marcadas las partidas en las que participamos todos los ciudadanos.

Pero ahora estamos entrando en otra fase. Con la pretendida protección del crédito tributario ( que nos parece bien cuando sea correcta) se están atropellando no pocos derechos de los contribuyentes y construyendo discursos que en nada se acercan a la realidad de los hechos.

Este supuesto, que permite que se deriven sanciones al contribuyente, lleva implícito un reproche ( luego ya no es tanta protección del crédito público, ya es otra cosa). Y una consciencia de que se actúa haciendo daño a la Administración. Y como esto lo encontramos (o no) en lo más íntimo del ser humano pues tiene una prueba muy difícil. No hay prueba directa en muchos casos.

Y aquí es donde siguen, que no empiezan, los problemas.

La Inspección da un salto en el vacío incumpliendo las reglas perentorias básicas de la prueba. Sigue adelante sin que exista un enlace preciso y directo entre la conducta del responsable y el resultado objetivo. Les da igual. Aquí, desgraciadamente no opera el principio de igualdad de armas, aquí la Administración es juez y parte. Y no se está calibrando el daño que puede estar haciendo en el día a día del presunto responsable, que en realidad ni es responsable ni es nada. Pero se está forzando ese papel porque este hombre o esta empresa tiene dos millones de euros en la cuenta y así parece que es mejor para todos como colectivo que trabemos dinero y/o bienes de una manera facilona. Pero no es así. Eso no es justo. Y la justicia, y su estela, es un valor fundamental en una sociedad como la nuestra, irrenunciable.

Quedo helado cuando leo que “ debía conocer”, pero no me aclaran el por qué debía conocer, o cuando “ ha despatrimonializado la sociedad” cuando tras las presuntas operaciones de “ocultación” ante notario siguen quedando bienes en la sociedad por importes que superan en varios millones de euros las deudas ( ¿no sería este un indicio razonable de que no existe ánimo de impedir que la AEAT cobre?) que años después y tras una crisis de alcance mundial no se pueden atender sin una reconsideración en el plazo que no ha tenido a bien Hacienda realizar.

No hay vidente que prevea que tras pagar tres años caes en el cuarto por un envilecimiento de tus garantías. Envilecimiento que nadie quiere, ni lo desea, ni es consciente. Y si lo fuera se estudiaría este caso en Psiquiatría, no en la Ley General Tributaria.

Ya nos advirtió SAINZ DE BUJANDA “La Administración propende, a medida que aumenta su poder, a desconocer los derechos de la persona individual, sacrificándolos en aras de un llamado interés “superior” que, muchas veces, no es otro que el de los equipos de gobernantes y el de sus clientelas políticas. Misión de los juristas es luchar sin tregua para que las metas del bien común no se manipulen y tergiversen con el propósito de justificar la lesión o el despojo de los intereses individuales legítimos. Ordénese, por tanto, la ley hacia la consecución del bien común—o si prefiere, del interés colectivo—, pero sin olvido de su función de garantía. Trasladado al campo financiero: organícese un justo sistema de imposición y postúlese una justa asignación de los gastos públicos; mas no se debiliten los resortes que garantizan los derechos de la persona individual –de cada contribuyente—en el marco de las relaciones intersubjetivas con la Hacienda Pública”.

Pues eso, que debe leerse la motivación del acuerdo de responsabilidad cuando le llegue, porque igual no está redactada pensando en usted. No es su motivación, es la de otro, hágame caso.

Carlos Romero Plaza

Abogado Tributarista. Socio Director de Arttax Abogados

  1. Comentarios (15)

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Muy buen artículo que pone de manifiesto los automatismos con los que, plácidamente y con la venia legal, se mueve la Administración tributaria en materia de derivaciones de responsabilidad. Enhorabuena, Carlos. Un abrazo

Esaú Alarcón García
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Totalmente de acuerdo con tu visión de este mundo paralelo matrixiano en el que opera la Administración tanto en materia de derivaciones de responsabilidad como en los supuestos de simulación ex art. 16 LGT. Como señalas, no es tanto un problema de la redacción de la norma (que también) sino de la aplicación de la misma por parte de la Administración. Los prejuicios con los que los actuarios observan la realidad económica los deberían inhabilitar para su función. Causar un daño o colaborar en la consecución de éste no es una cuestión fácil de probar, pero la solución no está en no probarlo (y beneficiarse de su autotutela), sino en interiorizar qué significa jurídicamente esa acción y a partir de ahí, investigar si fue esa acción la producida o no, con independencia de lo agradable y beneficioso que puede ser para la sociedad que sus créditos no se vean perjudicados. Como siempre dices, el fin no justifica los medios.
Abrazo maestro.

Vicente Sanz Torró
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El mejor artículo del blog con diferencia en estos ultimos años

Miguel Angel Medina
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Magnífica exposición de una realidad que vienen sufriendo los contribuyentes y que, como expones en alguno de tus libros, es un reflejo del mero traslado al ámbito tributario de una práctica cada vez más habitual en el funcionamiento de las administraciones públicas, que no es otra que la falta de motivación de los actos administrativos, en este caso de derivación de responsabilidad. La sustitución de dicha motivación por la aplicación de modelos estereotipados, causa una creciente indefensión a los administrados al desconocer éstos, cada vez más, las razones que han llevado a la AEAT a adoptar una determinada resolución administrativa y, todo ello, a pesar de la ingente información de la que dispone dicha la administración tributaria para proceder a motivar adecuadamente sus actos administrativos …

A. Mayoral
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Una sagaz crítica a los automatismos y carencias de motivación de los que, en ocasiones, carecen los actos administrativos.

Javier
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El espinoso asunto de la responsabilidad, así como el de las sanciones tributarias, tiene su miga. A la administración parece que le cuesta motivar adecuadamente en muchos casos tales actos administrativos, y no es que nunca exista motivación, sino que ésta no suele ser suficiente, sea por la causa que sea (no probar el nexo causal, no probar la culpabilidad...) Acudir a criterios que parecen más elevados (el interés general, la salvaguarda del crédito tributario u otros) no son suficientes para motivar esos actos administrativos. La prueba, como bien apuntas, Carlos, no siempre es fácil y no siempre está presente en el procedimiento administrativo.

Javi de Juan
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Magnífico comentario de Carlos.

El artículo 42. 2 LGT declara responsables a las personas que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión del patrimonio del deudor, pero exige claramente que la actuación de los presuntos responsables se haya realizado con la finalidad de impedir la traba administrativa y en perjuicio del procomún. Recoge este supuesto de responsabilidad legal, por tanto, la necesaria existencia de un sujeto, distinto del deudor principal, que coopere en la sustracción ilegítima de los bienes del deudor, y además que lo haga conscientemente, con la intención dolosa de impedir la acción recaudatoria de la Administración tributaria.

Y aquí, como bien apunta el prof. Romero, es donde empiezan tantas veces las elucubraciones de la AEAT.

Se me ocurre, por ejemplo, un caso muy de moda en la actualidad, cual es el de los administradores concursales, a los que con tanta despreocupación se les aplica este precepto de la LGT, eludiendo de paso el específico supuesto que para ellos está previsto en dicho cuerpo normativo.

La diferenciación de la persona del responsable y la persona del deudor principal, para que concurra este supuesto de responsabilidad, comporta que la intervención del responsable en el supuesto que ocasione la ocultación deba ser, lógicamente, en su condición de contraparte en un concreto negocio, y tendencialmente dirigido a perjudicar al acreedor público tributario, o en su condición de beneficiado por la operación que sustrae bienes del patrimonio del deudor para ocultarlos a la Hacienda Pública. Es decir, si el negocio que determinase la distracción de los bienes fuera una transmisión ficticia o en perjuicio de la Hacienda Pública de un bien, el deudor sería quien enajenase dicho bien y el responsable quien adquiriese -ficticiamente o en perjuicio de los acreedores- el bien transmitido; o si el hecho que determinara la ocultación del bien fuese una atribución sin causa o con causa en perjuicio de los acreedores,...

Magnífico comentario de Carlos.

El artículo 42. 2 LGT declara responsables a las personas que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión del patrimonio del deudor, pero exige claramente que la actuación de los presuntos responsables se haya realizado con la finalidad de impedir la traba administrativa y en perjuicio del procomún. Recoge este supuesto de responsabilidad legal, por tanto, la necesaria existencia de un sujeto, distinto del deudor principal, que coopere en la sustracción ilegítima de los bienes del deudor, y además que lo haga conscientemente, con la intención dolosa de impedir la acción recaudatoria de la Administración tributaria.

Y aquí, como bien apunta el prof. Romero, es donde empiezan tantas veces las elucubraciones de la AEAT.

Se me ocurre, por ejemplo, un caso muy de moda en la actualidad, cual es el de los administradores concursales, a los que con tanta despreocupación se les aplica este precepto de la LGT, eludiendo de paso el específico supuesto que para ellos está previsto en dicho cuerpo normativo.

La diferenciación de la persona del responsable y la persona del deudor principal, para que concurra este supuesto de responsabilidad, comporta que la intervención del responsable en el supuesto que ocasione la ocultación deba ser, lógicamente, en su condición de contraparte en un concreto negocio, y tendencialmente dirigido a perjudicar al acreedor público tributario, o en su condición de beneficiado por la operación que sustrae bienes del patrimonio del deudor para ocultarlos a la Hacienda Pública. Es decir, si el negocio que determinase la distracción de los bienes fuera una transmisión ficticia o en perjuicio de la Hacienda Pública de un bien, el deudor sería quien enajenase dicho bien y el responsable quien adquiriese -ficticiamente o en perjuicio de los acreedores- el bien transmitido; o si el hecho que determinara la ocultación del bien fuese una atribución sin causa o con causa en perjuicio de los acreedores, el responsable sería quien resultara beneficiado por tal atribución.

Reafirma esta conclusión el hecho de que el alcance de la responsabilidad no se extienda al total de la deuda no atendida, sino únicamente a los bienes que se han distraído de la acción recaudatoria administrativa y que han sido recibidos, de una forma ilegítima en el patrimonio del presunto responsable. Como destaca la jurisprudencia, este supuesto de responsabilidad demanda un “animus noscendi o sciencia fraudis", es decir, una conciencia o conocimiento de que se puede producir un perjuicio, sin el que no puede surgir la responsabilidad y que se concreta, precisamente, en el valor de los bienes recibidos para sustraerlos de la legítima actuación administrativa en beneficio del procomún.

Sin embargo, y por lo general, los administradores concursales no actúan en la condición de terceros beneficiados que participasen en la sustracción de los bienes contra la Agencia Tributaria, sino que se trata de actos jurídicamente realizados por la propia persona jurídica deudora que ejecuta dichos actos a través de su representación orgánica propia, con la supervisión del Magistrado Juez de lo Mercantil.

Es más, en tantas ocasiones por las que se declara la responsabilidad solidaria de un administrador concursal, se comprueba claramente que no se le imputa responsabilidad por haberse apropiado o recibido un bien o derecho concreto de la deudora principal, como sería lo lógico y procedente en el concreto supuesto de responsabilidad regulado por el art. 42 2 a) LGT, sino por autorizar pagos en nombre de la entidad a favor de terceros, todos ellos acreedores legales de la mercantil concursada (en particular, pagos a la Seguridad Social y al FOGASA, que no dejan de ser otros acreedores públicos como la Agencia Tributaria, con lo que el dinero controvertido acaba igualmente en las arcas públicas).

No es de recibo, por lo tanto, esa derivación a quien desarrolla una actuación puramente orgánica mercantil/judicial, actuando como personificación del deudor principal.

Podría aceptarse que un administrador concursal, como persona distinta y diferenciada de la persona jurídica por él administrada, pueda incurrir en el supuesto de responsabilidad del art. 42.2 a) LGT, si resultase beneficiado por una operación realizada con la persona jurídica que administra que le haga recibir los bienes distraídos del patrimonio de ésta, pero no resulta ajustado a Derecho que por la actuación de la persona física, como administrador de la entidad deudora que ha realizado pagos a otros acreedores distintos de la Hacienda Pública, se le exija el supuesto de responsabilidad del art. 42. 2 LGT, sin haber recibido bien alguno sustraído a la acción recaudatoria administrativa. Simplemente, no encaja en la previsión legal. Y, sin embargo, la AEAT lo viene haciendo con total desenvoltura.

En tantas ocasiones no queda otro remedio que recurrir y esperar el veredicto de los órganos revisores. Tiempo y dinero, en un contexto en el que tantas veces escasean ambos bienes.

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J. Andrés Sánchez Pedroche
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Muy acertado y de mucha actualidad el comentario Carlos.

Resulta curioso como la “desproporcionada” estanqueidad de principios y figuras jurídicas en el ámbito tributario se cuestiona pocas veces por los abogados y asesores fiscales. El supuesto del artículo 42.2.a) bebe de una regulación originaria del derecho mercantil y sin embargo qué pocas veces nos planteamos cómo trata la jurisprudencia de esta rama la conducta del sujeto causante y qué concretas pruebas exige para calificar esa conducta como merecedora del reproche que comentas. Seguramente ahí encontraremos la solución para el trato desproporcionado que está dispensando la Administración.

Gracias por tus reflexiones Carlos.

Ernesto Campos Campillo
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Enhorabuena por el artículo. Son necesarios comentarios como este donde se pone de manifiesto como la Administración Tributaria abusa de la figura del responsable con afanes recaudatorios. La ambigüedad del art. 42.2.a) da pie a esa invención de historias a la que hace referencia. Y, ante tal inverosimilitud, se deja al contribuyente en una posición de indefensión.

Isabel y Laura
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Artículo formidable, Carlos.

Qué bueno es ver que hay gente que cree y lucha por lo que es justo.

En ningún caso es aceptable que a uno le hagan responsable de algo sin conocer en detalle los motivos exactos que justifican tal imputación. Tampoco en el ámbito tributario.

Ignacio
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Carlos, muy fácil de entender. Enhorabuena y gracias.

Alberto Arrufat
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Fantástico artículo que pone de manifiesto, una vez más, la perversión a la que estamos llegando con el abuso del principio de legalidad de los actos de la Administración.

Rafael Ruiz Montero
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Enhorabuena, Carlos.
Estoy de acuerdo con todos vosotros. Los supuestos que comenta Andrés son otras historias inventadas difíciles de encajar en el supuesto legal.
Como ya hemos comentado en muchas otras ocasiones hay una tendencia impresentable a la interpretación extensiva (mejor expansiva, porque más se parece a una bomba de racimo). La deriva de la responsabilidad, de la figura nos lleva a situaciones totalmente ilógicas, no queridas por el legislador, pero que la AEAT retuerce hasta hacerlas "encajar" en el presupuesto normativo (como encajaría un elefante en un seiscientos). Lo extraño es que a veces los tribunales las confirmen. Hay que seguir denunciándolo y poco a poco cambiaremos la moda.

Francisco R. Serantes Peña
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Excelente artículo Carlos

Comparto opinión en cuanto a que la Administración se mueve con impunidad, en muchas ocasiones sin necesidad de justificar sus decisiones, tomando de comodín el interés general o bien común. Si bien la norma podría ser más específica, es un error de hecho, de aplicación sobre la misma. Es observable como la Administración llega a resolver sin probar, que exista un enlace preciso y directo entre la conducta del responsable y el resultado objetivo en la derivación de la responsabilidad, . Igual que los contribuyentes deben aportar prueba de sus derechos para exigir exención o la no sujeción, también la Administración debe motivar o probar la acción recaudatoria.

No se puede permitir que la Administración abuse de su posición frente a los obligados y se sacrifiquen los intereses individuales legítimos, mediante creadores de historias entorno al 42.2 LGT

Alberto Blanes
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Extraordinario artículo Carlos. Con sanciones que pueden afectar gravemente la vida de las personas, la Administración debería cuidar sus procedimientos y fundamentar debidamente sus resoluciones. La necesidad de motivación es esencial para diferenciar los estados de derechos de los estados policiales y autoritarios.

Vicente Ibor
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