La tributación de los robots. Karel Čapek. R.U.R.Rossum’s Universal Robots

La tributación de los robots y el futurismo fiscal

Desde que Capeck utilizase por vez primera en 1921 el término robota en su obra de teatro R.U.R. hasta que en 2017 Bill Gates formulase su opinión, ampliamente reproducida en los medios, de que “los robots deben pagar impuestos”, venimos asistiendo a un debate que parece situarnos en un escenario de ciencia ficción más propio de una novela de Asimov que de una valoración rigurosa del futuro de la fiscalidad.

Pero la verdad, más allá de las estridencias y de lo pintoresco de ciertas opiniones, es que se está produciendo una irreversible incorporación de la automatización inteligente a los procesos productivos. Se trata de la aplicación de máquinas o sistemas capaces de emular la capacidad humana en la ejecución de tareas complejas cuya realización requiere de inteligencia. No hay duda de que, como recuerda la OCDE en su informe de 2017, The Next Production Revolution. Implicatons for Governments and Business, nos encontramos ante una cuarta revolución industrial, con unos cambios que, desde el punto cualitativo, no serán menores a los que supuso la máquina de vapor en la época preindustrial.

 No cabe negar los esfuerzos de los organismos internacionales, singularmente la OCDE, para adaptar la fiscalidad a un entorno de economía digital. De ahí la Acción 1 del Plan BEPS y el desarrollo de la misma, que sugiere diversas alternativas que los Estados pueden decidir adoptar, aunque sin recomendar ninguna de ellas. Esas medidas incluyen la introducción de un nuevo nexo basado en el concepto de presencia económica significativa, el sometimiento de las transacciones digitales a una retención en la fuente sobre ventas o la adopción de un gravamen de equiparación (equalization levy) dirigido a asegurar una tributación análoga a proveedores residentes y no residentes. Por su parte, el paquete sobre fiscalidad digital de la Unión Europea, aprobado el 21 de marzo de este año 2018, incluye una propuesta de Directiva sobre establecimiento permanente digital, que la Comisión considera como una solución integral a largo plazo, una recomendación relativa también al establecimiento permanente digital, y una propuesta de Directiva sobre un impuesto a los servicios digitales, siendo esta la solución a corto plazo que prefiere la Comisión.

En todo caso, en esta nueva dimensión de la vida social y económica presidida por la inteligencia artificial, la automatización de procesos productivos ha generado no pocas alarmas, en especial en lo relativo a la destrucción de puestos de trabajo.

Algunos estudios, incluso, han puesto cifras a dicha destrucción. Así, en 2013, Frey y Osborne analizaron la susceptibilidad de automatización de 702 empleos que en la actualidad realizan los seres humanos. La conclusión fue que aproximadamente el 47% del empleo actual en Estados Unidos podría ser sustituido por máquinas, peligrando sobre todo aquellos trabajos que no requieren una formación especial y están peor retribuidos.

En 2016, el World Economic Forum estimó una pérdida de 5,1 millones de puestos de trabajo en el período 2015-2020 para el conjunto de países analizados. También en 2016, el conocido Informe McKinsey&Company analizó unos 2.000 actividades, midiendo el tiempo que los empleados invierten en ellas y la viabilidad tecnológica de automatizarlas y cuantificando porcentualmente las posibilidades reales de tal automatización. Este informe concluye que un 60% de todas las ocupaciones demandan la realización de actividades de las cuales, al menos un 45%, serían automatizables en la actualidad, porcentaje que sube al 78 % en sectores como la fabricación, procesado de alimentos, hostelería o comercio. Se trata de sectores caracterizados por trabajos físicos muy pautados.

Esa destrucción de trabajo por la tecnología no es algo nuevo. Sub sole nihil novi est. Ya Keynes acuñó en su momento el término de desempleo tecnológico y, en la década de los 70, el primer ministro británico James Callaghan recurrió a un think tank para que investigara la pérdida neta de empleo debida a la implantación de la informática. Pero esa destrucción de empleos plantea hoy en día nuevas preocupaciones en sociedades como las europeas donde la existencia de cotizantes activos es esencial para el mantenimiento del Estado del Bienestar.

Todo ello ha propiciado un debate sobre cómo debe responder el sistema fiscal a esta incorporación de la inteligencia artificial a los procesos productivos que reemplaza mano de obra.

En primer lugar, es necesario analizar las consecuencias estrictamente fiscales de la robotización. En relación con el Impuesto de Sociedades, se suscitan algunas cuestiones. Así, un robot no es otra cosa que un bien de inversión, un elemento del inmovilizado material, y como tal debe ser tratado contable y tributariamente. Si el robot suplanta mano de obra, desde el punto de vista fiscal se produce una sustitución de un gasto salarial por una amortización, siempre susceptible de planificación fiscal aprovechando las medidas de libertad de amortización o las posibilidades de amortización acelerada a través de contratos de leasing o arrendamiento financiero. Además, el uso de robots multiplica los problemas fiscales en relación con los pagos por royalties o cánones y con la posible traslación internacional de beneficios, especialmente en países con dependencia tecnológica. También se hace necesario replantear la relación entre robotización y las medidas fiscales de incentivo del I+D+i, cuestionándose si se debe mantener una política de fomento de la innovación tecnológica. De hecho, el llamado modelo coreano de tratamiento fiscal de los robots ha consistido, básicamente, en disminuir o suprimir los beneficios tributarios a la innovación tecnológica.

  Pero en lo concerniente al uso extrafiscal del tributo, el debate se está centrando en si la imposición pueda hacer algo ante la evidencia de que la robotización que estamos viviendo va a propiciar un incremento del desempleo. Así, una propuesta que ha servido para avivar el debate ha sido la de Benoît Hamon, que ha defendido impuestos específicos a las nuevas tecnologías sustitutivas de la mano de obra, y que lo recaudado se destine a sufragar una renta universal básica.

En este sentido, la mayoría de las propuestas defienden gravar la incorporación de la inteligencia artificial que destruye empleo como una forma de penalización de la misma. En esta línea habría que situar iniciativas a favor de la imposición sobre robots, como la de la europarlamentaria luxemburguesa Mady Delvaux, que elaboró el informe de 31 de mayo de 2016, Recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL), por encargo del  Committee on Legal Affairs del Parlamento Europeo.

Lo cierto es que, en tanto los equipos automatizados incrementan la productividad, un gravamen específico sobre los mismos castigaría la inversión, interfiriendo en la recuperación de la misma a través de la amortización. Por eso, más allá de la necesidad de obtener ingresos para compensar la pérdida de puestos de trabajo, desde el punto de vista de los principios tributarios es necesario postular una legitimidad para estos impuestos. Y la cuestión es si la incorporación de un elemento tecnológico al proceso productivo puede considerarse un signo de riqueza que faculte su gravamen.

Como dice Oberson, en su trabajo Taxing Robots?. From the Emergence of an Electronic Ability to Pay to a Tax on Robots or the use of Robots, los robots no son sujetos de derecho y la localización de una capacidad económica requeriría la admisión, a efectos fiscales, de una especial electronic ability to pay en quienes ostentasen su titularidad, es decir en las empresas eventualmente obligadas a satisfacer el correspondiente impuesto.

Además, la propuesta de creación de un impuesto sobre la inteligencia artificial exige explicar qué se gravaría a través del mismo. Si se quiere que un tributo de este tipo penalice efectivamente la pérdida de empleos, debe recaer, no sobre el coste del bien de inversión sino sobre los salarios que el empresario, que sustituye trabajadores por robots, se ahorra. Incluso se propone la necesidad de atender a la sustitución de cotizantes que los robots provocan y, por tanto, que la base imponible de estos impuestos sea la retribución del trabajador al que se está desplazando o del que se está prescindiendo (fórmula del salario imputado).

Todo ello lleva a valorar con enorme cautela la implantación de este nuevo tipo de impuestos, que no superan un elemental test de racionalidad y que, por el contrario, generan una nociva complejidad en el ordenamiento tributario. Además, la fórmula de establecer la base imponible de este impuesto sobre los robots tomando en consideración el salario del trabajador del que se va a prescindir es una propuesta que ignora cómo se produce la incorporación de la tecnología a las empresas. Y ello porque rara vez un robot sustituye a un trabajador determinado, sino que la sustitución es por sectores de producción y muchas veces no afecta a la empresa que incorpora el robot sino a empresas auxiliares que son sujetos tributarios diferentes. No es, por tanto, una labor fácil determinar a qué trabajador desplaza un robot. Pero, sobre todo, esta medida provocaría el efecto perverso de favorecer el relevo por robots de los trabajadores menos cualificados. Los salarios ligados a estos trabajos son menores y menor sería también el impuesto a pagar cuando se sustituyen estos empleos.

A veces da la sensación de que estamos asistiendo a un futurismo fiscal que, como la rupturista escuela literaria de Marinetti, pretende abolir el pasado en aras de la iconoclasia tributaria. Especialmente si tenemos en cuenta que muchas de las finalidades que se pretenden con estos nuevos impuestos se pueden conseguir a través de los impuestos tradicionales como el Impuesto de Sociedades. Por ejemplo, como dijimos, suprimiendo beneficios fiscales al I+D+i o limitando la amortización.

La economía digital no es un nuevo sector de la economía al que hay que dispensar un tratamiento especial, como en su momento se hizo con el comercio electrónico. La economía digital es la economía del Siglo XXI. Es todo el sistema fiscal, y sus figuras tradicionales (impuestos sobre la renta y el consumo) los que tienen que adaptarse a esta nueva realidad. Y frente a ello no puede oponerse un simple afán de decir nuevas cosas de maneras nuevas, al más propio estilo del futurismo.

César García Novoa

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario

 

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Realmente el artículo y el hilo que se ha generado sobre cómo debe responder el sistema fiscal a la incorporación de la inteligencia artificial a los procesos productivos que reemplaza mano de obra son interesantísimos. A la chita callando, García Novóa ha repasado en Taxlandia el espacio tributario de lo más “trendy” de la economía digital: economía colaborativa, bitcoin y ahora robótica, y en esta ocasión ha abierto, por fin, la Caja de Pandora.

De forma sutil pero explícita, César habla cuarta revolución industrial, del entorno de la economía digital e incluso del binomio empleo/cotizantes en relación al estado del bienestar. Nos habla de marco que encuadra el dibujo del tratamiento fiscal de la robótica. Marco que por cierto tiene como paspartú a una sociedad que demanda que la fiscalidad solucione problemas extrafiscales de calado como el desempleo, la sanidad (mejor no recordar el fiasco del céntimo sanitario),o las pensiones. Cosa que por cierto me parece muy bien.

Lo del desempleo que origina la robótica es un tema no menor que ha dado lugar ya a varios clásicos del ensayo sobre la sociedad y economía digital, incluso bestsellers. Encabeza el ranking “El auge de los robots”, de Martin Ford, un tocho escrito por un empresario de Silicon Valley. Pesimista.Le siguen de cerca las apocalípticas visiones Yuval Noah Harari en diversos libros, un poco raritos, y la optimista visión -más vale ir con la sociedad digital que contra ella- que indica “Race Against The Machine” de los supersabios del MIT Andrew McAfee y Erik Brynjolfsson, ensayo este más ligerito (90 pax.) y muy americano ya que tiene recomendaciones. Y no contamos al respecto la secuelas pdf por los informes de consultoras son legión.

Pero si algo coincide casi todo el mundo, a fecha 2018, es que este problema ya nos afecta y nos va a aceptar más porque, a diferencia de los telares, que con tino menciona Antón Beiras, como antecedente, el crecimiento de la robótica es exponencial y es uno de los...

Realmente el artículo y el hilo que se ha generado sobre cómo debe responder el sistema fiscal a la incorporación de la inteligencia artificial a los procesos productivos que reemplaza mano de obra son interesantísimos. A la chita callando, García Novóa ha repasado en Taxlandia el espacio tributario de lo más “trendy” de la economía digital: economía colaborativa, bitcoin y ahora robótica, y en esta ocasión ha abierto, por fin, la Caja de Pandora.

De forma sutil pero explícita, César habla cuarta revolución industrial, del entorno de la economía digital e incluso del binomio empleo/cotizantes en relación al estado del bienestar. Nos habla de marco que encuadra el dibujo del tratamiento fiscal de la robótica. Marco que por cierto tiene como paspartú a una sociedad que demanda que la fiscalidad solucione problemas extrafiscales de calado como el desempleo, la sanidad (mejor no recordar el fiasco del céntimo sanitario),o las pensiones. Cosa que por cierto me parece muy bien.

Lo del desempleo que origina la robótica es un tema no menor que ha dado lugar ya a varios clásicos del ensayo sobre la sociedad y economía digital, incluso bestsellers. Encabeza el ranking “El auge de los robots”, de Martin Ford, un tocho escrito por un empresario de Silicon Valley. Pesimista.Le siguen de cerca las apocalípticas visiones Yuval Noah Harari en diversos libros, un poco raritos, y la optimista visión -más vale ir con la sociedad digital que contra ella- que indica “Race Against The Machine” de los supersabios del MIT Andrew McAfee y Erik Brynjolfsson, ensayo este más ligerito (90 pax.) y muy americano ya que tiene recomendaciones. Y no contamos al respecto la secuelas pdf por los informes de consultoras son legión.

Pero si algo coincide casi todo el mundo, a fecha 2018, es que este problema ya nos afecta y nos va a aceptar más porque, a diferencia de los telares, que con tino menciona Antón Beiras, como antecedente, el crecimiento de la robótica es exponencial y es uno de los ejemplos más claros, sino el más, de que economía digital es disruptiva.

En resumen. No solo estamos en medio de un cambio atroz sino que sino que tiene pinta de ser el más rápido de la la historia. Así las cosas, la preguntas que surgen ante esta situación son dos y obvias:
La primera es si cambiamos para mejor o para peor?; la segunda, que es la que viene al caso porque esto es un blog tributario, es si con los instrumentos tributarios que tenemos vamos a ser capaces de hace frente a este cambio.

Nada nuevo bajo el sol: las dos preguntas son sistémicas, y además no sé contestar a ninguna, pero viendo lo que pasa con las pensiones, por ejemplo, la respuesta a la primera no pinta bien. Y sino pinta bien lo primero no es descabellado concluir que lo segundo tampoco. Frente a la rapidez del cambio digital gobiernos y agencias tributarias van como la canción: Despacito. Y no niego los avances. La OCDE tiene un "soft law" estupendo, pero carece de la eficacia directa y
erga omnes que la situación precisa, y en el derecho positivo no damos avanzado, o lo hacemos de forma poco feliz. En España, por ejemplo, somos pioneros en la tributación del bitcoin, y Montoro, quiere, a mi entender, con razón, gravar las transacciones de particulares en Ebay. Vale. Pero llegamos tarde y en esa economía desmaterializada y desregularizada de poco sirve argumentar que la falta de regulación legal no es una excusa para dejar de tributar por los rendimientos obtenidos en la economía digital.

Ustedes ven a un minero, programador de soft, dándose de alta en el epígrafe 8319, y discutiendo con Hacienda la deducción de electricidad y sus equipos informáticos?. Sinceramente. Yo no. Y no creo que lo pillen.

Lo mismo podíamos decir del desbarajuste de los contenidos digitales a pesar de las directivas comunitarias europeas: en un país es un arrendamiento, en el otro un servicio, y claro la armonización es pacata y tardía. Porque la realidad es
otra. Quién acaba dictando la normativa realmente es quién redacta End User License Agreement es decir las condiciones que aceptas al usar un programa o servicio web.

Eso quizás nos debería de hacer reflexionar sobre un hecho. Como es posible que los DRM, los temas de patentes y propiedad intelectual se han adaptado tan bien a la economía digital, y la fiscalidad no. Realmente hay un "digital divide", una brecha digital entre unos y otra. Nuestros teléfonos móviles tienen un centenar de nanopagos en concepto de patentes, y no nos enteramos. Y es que los nanopagos forman parte de la cultura digital. Es sólo es un apunte, pero está claro que los copys se adaptan a la globalización antes y mejor.

Otro apunte. Distinto, pero también poco complicado en procedimiento para el pagano –al loro: simplicidad e inmediatez son también cultura digital - son las “accisas”, que es como le llaman en la UE, a esa tremenda máquina de finalidad extrafiscal con la que nos gravan una casposa relación de bienes y servicios -el tabaco, el alcohol…-, aunque en este caso si nos enteramos.

Ni se me ocurre matizar por pura ignorancia. Pero un ecosistema así, que no de la murga, que forme parte de la cultura digital, y que de cabida a las finalidades extrafiscales del estado del bienestar habría que diseñar no sólo para robots sino también para reinventar una fiscalidad del XXI que nos permita vivir y envejecer decentemente.

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Lois Andrade
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