Al fin, tras una larga espera y fruto de la presión e insistencia de numerosos sectores afectados, el Gobierno, en su reunión del pasado 21 de abril, dio luz verde al "tipo 0%" del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable para las entregas interiores, adquisiciones intracomunitarias de bienes e importaciones de determinados productos "médico-coronavíricos" (ampliando cualitativamente así los beneficios fiscales que ya había estipulado la Unión Europea para con las importaciones el pasado 3 de abril).

Aquí el Ejecutivo ha dado una de cal y otra de arena, puesto que si bien es cierto que no ha hecho retroactiva la medida (como sí hizo Europa) no es menos cierto que ha ampliado significativamente el ámbito subjetivo de destinatarios (a clínicas o centros hospitalarios) frente al de la propia Decisión de la Comisión del 3 de abril.

¿Y en qué consiste exactamente la disposición?. Pues bien, básicamente el establecer un tipo 0% en un tributo como el IVA conlleva crear una exención plena (en la ley del IVA hay varias), es decir, no se repercute el tributo en la venta pero sin embargo el impuesto soportado es plenamente deducible, como si habláramos de una exportación, por ejemplo. La citada operativa (exención con derecho pleno a la deducción) se explica detallada y pormenorizadamente tanto en el primer párrafo del apartado IV del Preámbulo como en el propio artículo 8 del Real Decreto-Ley nº 15/2020, de 21 de abril (BOE nº 112, de 22 de abril de 2020), y a mi juicio, de manera acertada.

Sobre la "potestad" reglamentaria de la web de la Agencia Tributaria

Los Presupuestos Generales del Estado para 2018 aprobaron una nueva ayuda familiar para madres trabajadoras que satisficiesen gastos de custodia en guarderías de sus peques consistente en un incremento adicional de la ya existente deducción maternal (artículo 61 Ley 6/2018, 3 Julio). El incentivo se presentó como una suerte de catalizador general de la conciliación familiar, como se desprende de la Exposición de Motivos de la precitada Ley.

En realidad, la ayuda únicamente estaba diseñada para las madres que pagaban directamente de su bolsillo el coste, ya que la deducción no operaba si el mismo era satisfecho por las empresas empleadoras de las madres como retribución en especie según contrato laboral o Convenio Colectivo puesto que, en esos casos, sobre esas concretas retribuciones en especie las madres no tributaban al encontrarse exentas del pago del impuesto (apartados b. y/o d. del art. 42.3 Ley de Renta), y se pretendía  ayudar a las madres que no gozaban de ese beneficio fiscal.