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Los Tribunales Económico-Administrativos en la era de la transparencia

Los Tribunales Económico-Administrativos en la era de la transparencia

Vivimos en la era de la transparencia y en ella aparentemente son muchas las ventajas y derechos que se otorgan a los ciudadanos ante la Administración. En este sentido, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, regula en la Sección 1.ª de su Capítulo III el alcance del derecho de acceso a la información pública, derecho que ya fue enunciado en el artículo 105.b) de la Constitución. En su Sección 2.ª se detalla el procedimiento que debe seguirse para el ejercicio de dicho derecho y que se inicia con la presentación de la correspondiente solicitud ante el organismo administrativo que posea la información, debiendo resolver el órgano requerido en principio en el plazo máximo de un mes desde su recepción. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. En ejercicio de este importantísimo derecho los ciudadanos podrían  dirigirse por ejemplo a un Tribunal Económico-Administrativo Regional o al Tribunal Económico-Administrativo Central para solicitar la publicación de sus Resoluciones.

Hace mucho tiempo que vengo insistiendo en la necesidad, tanto por transparencia como por seguridad jurídica, de dar publicidad a las Resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos. Pero lo cierto es que hasta el momento tan sólo se publican algunas Resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central en la llamada Base de datos Doctrina y criterios de dicho Tribunal, conocida con las siglas DYCTEAC. Si hacemos una búsqueda sin introducir ningún filtro de búsqueda aparecen hoy 10 de diciembre de 2018 un total de 2.274 resoluciones, que parece que son muchas resoluciones. Si acudimos al manual del usuario de esta base de datos en DYCTEAC allí se puede leer que en ella se publica la doctrina reiterada de este Tribunal y en definitiva los criterios que tienen carácter vinculante para todos los órganos de la Administración tributaria del Estado y de las Comunidades Autónomas (ex artículo 239.8 de la Ley General Tributaria), así como las resoluciones que resuelven los recursos extraordinarios de alzada para la unificación de criterio, que tienen igualmente carácter vinculante para todos los órganos de la Administración tributaria del Estado y de las Comunidades Autónomas (ex artículo 242. de la Ley 58/2003 General Tributaria). Hasta aquí todo pinta bien.

De 2012 se incluyen en esta base de datos 175 resoluciones. De 2013 un total de 141 resoluciones. La consulta de 2014 arroja 226 resultados. La de 2015 da 225 resultados. De 2016 se publican 146 resultados. En cuanto a 2017 encontramos 220 resultados. De lo que llevamos de 2018 (a fecha 8 de octubre) nos salen 180 resultados. Y para el período comprendido entre 1998 y 2011 se obtienen en la consulta un total de 965 resultados.  Si calculamos la media para el período comprendido entre 1998 y 2018, es decir, para un total de 21 años, el Tribunal ha seleccionado, redondeando, una media de 108 resoluciones anuales.

Si lo que consultamos es la base de datos de Doctrina del TEAC, que incluye sus Resoluciones desde 1998 a 2013 y hacemos una consulta sin introducir criterio de búsqueda encontramos 6418 resoluciones. Es decir en un período de 16 años en teoría el Tribunal Central lo que ha dictado anualmente es una media de 401 resoluciones.

Si acudimos a la Memoria de los Tribunales Económico-Administrativos --la última publicada es de 2017 (descargable en http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/TEAC/Memorias%20TEAC/teac_mem_17.pdf) --, en un solo año las resoluciones resueltas fueron (según consta en la página 16 de dicha Memoria) un total de 8.342. Eso quiere decir que en un solo año las Resoluciones dictadas por el Tribunal casi cuadriplican a las 2274 que aparecen seleccionadas en DYCTEAC correspondientes al período 1998-2018 y lo que es más llamativo también superan a las 6418 que aparecen en la base de datos de Doctrina del TEAC y que supuestamente serían todas las dictadas durante el período 1998-2013.

En consecuencia, son muchas las Resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central que no se publican en ninguna de las dos bases de datos antes citadas. Recientemente tuve ocasión de corroborarlo al leer una notificación de liquidación provisional en un procedimiento de comprobación limitada de la Agencia Tribuna de Andalucía relativa a la verificación de requisitos para la aplicación de la reducción por donación de empresa en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. La resolución en cuestión citaba una Resolución del TEAC que es imposible de encontrar ni en las bases de datos del TEAC ni por supuesto tampoco en las bases de datos comercializadas por editoriales jurídicas. Así pues, se invoca en el apartado que lleva por título Motivación la doctrina recogida en una Resolución del TEAC que no aparece por ningún sitio y cuyo contenido tiene el contribuyente que imaginar a la hora de redactar el correspondiente recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa ante el correspondiente Tribunal Económico Administrativo Regional.

Pero la situación descrita todavía se agrava más si descendemos a los Tribunales Económico-Administrativos Regionales. En la precitada Memoria se afirma que las Resoluciones dictadas por estos Tribunales Regionales durante el ejercicio 2017 ascendieron a 201.275. El ranking está encabezado por el Tribunal de Andalucía que dictó 40.706 resoluciones, le sigue Valencia  con 32.785 y Madrid con 30.012. Mejor no hacer el cálculo de las resoluciones que cada Vocal tiene que dictar por hora de trabajo. Pues bien, a día de hoy, las Resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativo Regionales no se publican en ningún sitio. No obstante, sí debo decir que en Jornadas que he organizado y en las que han participado Vocales del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía en todo momento han mostrado su disponibilidad para informar a los asistentes acerca de su doctrina sobre temas eso sí concretos, lo cual es de agradecer y es desde luego lo que está en su mano, porque a ellos no les corresponde organizar la forma en que deben publicarse sus Resoluciones, eso entiendo que correspondería al TEAC.

En este complicado panorama nos encontramos con una buena noticia pues hay ya al menos un contribuyente que presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno al amparo de lo previsto en el artículo 24 de la precitada Ley 19/2013, solicitando una Resolución del TEAC, diversas Resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos Regionales de Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Valencia, perfectamente identificadas con fechas y cuantas Resoluciones hubiera dictado el Tribunal Regional de Valencia en relación con diversas órdenes de la Consejería de Hacienda de dicha Comunidad. Este contribuyente se había dirigido previamente al TEAC solicitando dicha documentación y su solicitud había sido desestimada apoyándose para ello el Tribunal en el apartado 1 del artículo 18 de dicha Ley que prevé en su letra c) que se pueden inadmitir aquellas solicitudes relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración (en este caso consistiría “en la disociación de los datos de carácter personal  de dichas resoluciones, pues exige separar todas las referencias al expediente personal tramitado, lo que implicaría que, para que resoluciones emitidas tuvieran la inteligibilidad informativa que usted pretende con su solicitud, se reelaboraran dichas resoluciones”). Esta Resolución parece olvidar que el artículo 87.2 de la Ley General Tributaria establece que la Administración tributaria “deberá suministrar, a petición de los interesados, el texto íntegro de consultas o resoluciones concretas, suprimiendo toda referencia a los datos que permitan la identificación de las personas a las que afecten”.

El contribuyente presentó su correspondiente Reclamación contra las Resoluciones de inadmisión del TEAC ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno alegando vulneración de la Constitución, la Ley de Transparencia y la propia Ley General Tributaria, añadiendo que la disociación no puede entenderse como acción de reelaboración y que la omisión de datos de carácter personal no impide ni la lectura ni el entendimiento de los criterios administrativos porque esto ya ocurre con las resoluciones que se publican en las precitadas bases de datos del TEAC.

El Consejo de Transparencia da la razón al contribuyente en su Resolución R/0104/2015 y considera que no resulta aplicable como motivo de inadmisión la invocación de la necesidad de proceder a una reelaboración de la información previa a la divulgación. Para el Consejo no puede calificarse como tal “el proceso de anonimización de resoluciones o documentos y menos cuando, después de anonimizado o disociado, el contenido de la Resolución es perfectamente legible en su contenido, no viéndose alterado por dicho proceso”. Concluir lo contrario supondría vaciar la previsión del artículo 15.4 de la Ley de Transparencia que establece que no será aplicable lo establecido en los apartados anteriores de dicho precepto “si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas”.

Recapitulando, sobre todo para no cansar al lector, diría que en aras de la transparencia y de la seguridad jurídica de los ciudadanos sería conveniente que comenzaran a publicarse las Resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos Regionales –al menos de momento las más relevantes si no tienen capacidad para más y mientras se diseña un programa informático que permita anonimizar las resoluciones-- y que el Tribunal Económico-Administrativo Central procediera a publicar todas sus Resoluciones y no una selección tan reducida como la que publica actualmente. Si lo pueden hacer el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia o las Audiencias Provinciales a través de la base de datos del CENDOJ, ¿por qué razón no lo va a poder hacer el Tribunal Económico-Administrativo Central?

Francisco Adame Martínez

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario

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