La obsesion por las subvenciones y el IVA

La obsesion por las subvenciones y el IVA:  efectos temporales de la modificación legislativa de 2017

El tema del IVA y las subvenciones viene de lejos.

El primer “asalto” fue su inclusión en el denominador de la regla de la prorrata con independencia de que su destinatario realizara operaciones sin derecho a la deducción del impuesto.

Obviamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) declaró tal dislate contrario a la Directiva Comunitaria, obligando al Reino de España a modificar su normativa.

El segundo “asalto” vino como consecuencia de actuaciones de comprobación de la AEAT en las que se consideró que determinadas subvenciones tenían la consideración de vinculadas al precio.

El criterio en el que aquella se apoyaba es la conocida Sentencia de la TJUE Le Rayon d’Or

Así, por ejemplo, en el caso del transporte público, se consideró que el importe de la subvención que el concesionario del servicio recibía de la Administración, integraba el precio del servicio que se prestaba al usuario. En consecuencia, la AEAT interpretó que el concesionario debía haber repercutido al usuario el IVA correspondiente e ingresado su importe a la Hacienda Pública.

En definitiva, y para entendernos, la AEAT interpretó que se trataba de una subvención vinculada al precio.

Poco después se decidió cambiar de criterio, y se interpretó que la subvención era la contraprestación al servicio que el concesionario prestaba a la Administración.

El resultado práctico era el mismo: el concesionario tendría que haber repercutido el IVA correspondiente sobre el precio del servicio, esto es, sobre el importe de la subvención, e ingresado su importe.

En otros casos, como el de las televisiones públicas, el tema ha sido y es mucho más complejo, ya que al criterio de la AEAT hay que añadir el del TEAC, no siempre coincidente, y las diferentes modificaciones legislativas.

En esta mezcolanza de criterios todo ha sido posible. Desde considerar que la entidad pública audiovisual presta a la CCAA correspondiente un servicio sujeto al IVA cuyo precio es la subvención, hasta considerar que se trata de un ente dual.

El sector de la cultura ha sido también objeto de esta obsesión por las subvenciones y el IVA. Mientras que las subvenciones recibidas por las empresas culturales privadas se considera que son vinculadas al precio, o la contraprestación a un servicio prestado en favor de la Administración que las concede, las percibidas por organismos o entidades públicas se considera que estas son un ente dual, con las consecuencias que ello tiene con relación al derecho a la deducción.

Peculiar es también la práctica seguida con las subvenciones vinculadas a la investigación y a muchos otros conceptos.

Sin embargo, y como Jesus Rodriguez Márquez señala (Taxlandia de 14/10/2021, El fin de la interpretación extensiva del concepto de “subvención vinculada directamente al precio” (a propósito de la STJUE de 26 de septiembre de 2021, asunto C-21/20, Balgarska natsionalna televizia)), “en realidad, (…) la Sentencia Le Rayon d’Or no suponía una innovación tan sustancial. Y ello ya que no hace otra cosa que reiterar lo señalado en Sentencias anteriores, como la de 13 de junio de 2002, asunto C-353/00, Keeping Newcastle Warm. Pero lo cierto es que la Administración tributaria española ha efectuado una interpretación extensiva de la misma, en particular, para el caso de los Entes públicos. Así, ha considerado, en muchas ocasiones, que las transferencias realizadas por aquéllos a favor de sociedades públicas para subvenir a sus déficits de explotación constituían, en realidad, la contraprestación de servicios prestados por las mismas. Y todo ello mediante la aplicación del art. 78. Tres.4º de la Ley española, que fue, incluso, modificado para acoger la doctrina de la Sentencia Le Rayon d’Or. Dicho precepto señalaba que no forman parte de la base imponible las subvenciones no vinculadas al precio de las operaciones, “no considerándose como tales -éste es el añadido-, los importes pagados por un tercero en contraprestación de dichas operaciones”.

Para intentar poner orden, la Disposición Final Décima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), señala que “no se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran en ningún caso el importe de la contraprestación a que se refiere el apartado Uno del presente artículo, las aportaciones dinerarias, sea cual sea su denominación, que las Administraciones Públicas realicen para financiar (…) la gestión de servicios públicos o de fomento de la cultura en los que no exista una distorsión significativa de la competencia, sea cual sea su forma de gestión, (y) actividades de interés general cuando sus destinatarios no sean identificables y no satisfagan contraprestación alguna”.

Sin embargo, y a pesar de que el preámbulo de la ley afirma que es precisa la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con la finalidad de aclarar la no sujeción al impuesto de determinadas operaciones realizadas por entes públicos, así como clarificar el concepto de subvención vinculada a precio a efecto de su inclusión en la base imponible del IVA”, la DGT y la AEAT no consideran que se trate de una mera aclaración, sino de una modificación “ex novo”.

El conflicto está pues servido.

En definitiva, la pretendida paz que con la modificación se pretendía conseguir de poco ha servido porque su firma solo bendice las subvenciones percibidas a partir de su entrada en vigor, esto es, el 10 de noviembre de 2017.

La reforma aprovecha además para dar validez legal a la teoría del “ente dual” aunque en la práctica de poco haya servido también porque la interpretación que la AEAT hace del art. 93. Cinco de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante, LIVA) es, una vez más, fuente de conflicto.

En suma, desesperación, conflictividad, e inseguridad jurídica.

¿Fraude? No. Mera discrepancia interpretativa.

¿Diálogo con los afectados en busca de una solución? Tampoco. La Administración tiene razón.

Pero centrémonos en el tema que pretendemos aclarar.

Aunque ya nada sorprende en España, o mejor, en el peculiar Estado de Derecho en el que vivimos, lo curioso es que quienes nos gobiernan y administran nuestros recursos no tengan claros algunos conceptos básicos que, de no tenerlos mis alumnos, daría lugar a un suspenso en forma de donut.

Me refiero a los efectos temporales de la reforma del 2017.

Hasta su entrada en vigor, el art. 78. Uno de la LIVA establecía que “la base imponible del impuesto estará constituida por el importe total de la contraprestación de las operaciones sujetas al mismo procedente del destinatario o de terceras personas”.

Por su parte, su numero Dos. 3º establecía que, en particular, se incluyen en el concepto de contraprestación “las subvenciones vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al Impuesto”, entendiéndose como tales las “establecidas en función del número de unidades entregadas o del volumen de los servicios prestados cuando se determinen con anterioridad a la realización de la operación”.

Así mismo, el art. 73 de la Directiva establece que “en el caso de las entregas de bienes y las prestaciones de servicios (…) la base imponible estará constituida por la totalidad de la contraprestación que quien realice la entrega o preste el servicio obtenga o vaya a obtener, con cargo a estas operaciones, del adquiriente de los bienes, del destinatario de la prestación o de un tercero, incluidas las subvenciones directamente vinculadas al precio de estas operaciones”.

Como ya hemos señalado, la reforma de 2017 se limita a aclarar que no se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran en ningún caso el importe de la contraprestación, las aportaciones dinerarias, sea cual sea su denominación, que las Administraciones Públicas realicen para financiar:

a.- La gestión de servicios públicos o de fomento de la cultura en los que no exista una distorsión significativa de la competencia, sea cual sea su forma de gestión.

b.- Las actividades de interés general cuando sus destinatarios no sean identificables y no satisfagan contraprestación alguna.

La reforma suprime también el numero 4.º del art. 78. Tres de la LIVA que excluía de la base imponible “las subvenciones no vinculadas al precio de las operaciones, no considerándose como tales, los importes pagados por un tercero en contraprestación de dichas operaciones”.

En este contexto, no hay que olvidar que, según jurisprudencia comunitaria, el concepto de “subvención vinculada al precio” o en términos más generales, el de “contraprestación”, es lo que el TJUE denomina  un “concepto autónomo de Derecho Comunitario”, esto es, un concepto cuyo contenido ha de ser homogéneo en todos los Estados Miembros sin que ninguno de ellos tenga capacidad normativa para otorgarle un significado distinto al que se deriva de la Directiva (Casos C-59/16, “The Shirtmakers”, de fecha 11 de mayo de 2017; C-201/13, “Deckmyn y Vrijheidsfonds”, de fecha 3 de julio de 2014; C-116/12, “Christodoulou y otros”, de fecha 12 de diciembre de 2013; C-467/08, “Padawan”, de fecha 21 de octubre 2010; C-523/07, “A”, de fecha 2 de abril de 2009; C-40/01, “Ansul”, de fecha 11 de marzo de 2003 y C-287/98, “Linster”, de fecha 20 de septiembre de 2000).

No en vano, el Tribunal Supremo (en adelante, TS), en su Sentencia de 22 de junio de 2020, nos recuerda que “el concepto de "subvención vinculada al precio" es una "noción autónoma del Derecho de la Unión", no un concepto elaborado a partir del derecho interno de los Estados miembros”.

En este sentido, la jurisprudencia del TJUE ha acuñado las notas definitorias del concepto de subvención vinculada al precio a los efectos de su inclusión o no en la base imponible del IVA (Casos C-144/02, “Comisión/Alemania”, de fecha 15 de julio de 2004; C-463/02, “Comisión/Suecia”, de fecha 15 de julio de 2004 y C-184/00, “Office des produits wallons”, de fecha 22 de noviembre de 2001).

La modificación del art. 78. Dos.3º de la LIVA, se limita pues a recoger dicha jurisprudencia, precisando en qué casos no estamos ante una subvención de tales características.

Dicha modificación tiene pues tan solo efectos aclaratorios, ya que ni antes ni después de la misma la Directiva del IVA ha experimentado ninguna modificación en su redacción.

En este sentido, la finalidad de la Disposición Final Décima de la LCSP es tan solo la de garantizar la seguridad jurídica.

Interpretar lo contrario exige admitir que las subvenciones que a partir de la entrada en vigor de la citada modificación se consideran que no están vinculadas directamente al precio, sí que lo estaban hasta dicho momento; interpretación contraria al principio de primacía del Derecho comunitario con relación al ordenamiento interno de cada Estado Miembro.

Por tal motivo, los efectos temporales de la modificación se extienden necesariamente a todos los periodos impositivos no prescritos y no únicamente a los hechos imponibles y periodos de liquidación posteriores a su entrada en vigor.

Como Jesus Rodriguez señala con acierto (Taxlandia de 14/10/2021, El fin de la interpretación extensiva del concepto de “subvención vinculada directamente al precio” (a propósito de la STJUE de 26 de septiembre de 2021, asunto C-21/20, Balgarska natsionalna televizia)), la exclusión que la reforma recoge se ha de aplicar también a los períodos impositivos en los que “la Ley española guardaba silencio sobre la materia”. Y ello, prosigue, “porque, de lo contrario, se estaría incumpliendo el mandato de la Directiva IVA en dichos años, ya que se estaría exigiendo el impuesto sobre una base imponible que añade componentes distintos y adicionales a los fijados por su art. 73. Tales componentes no contemplados en la Directiva son, precisamente, transferencias como las que ahora nos ocupan. Es más, si bien se mira, lo que ha hecho el legislador ahora es evitar que se produzca este incumplimiento de la normativa comunitaria”.

No en vano, la propia Exposición de Motivos de la LCSP señala que la finalidad de la “modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, (es la de) aclarar la no sujeción al impuesto de determinadas operaciones realizadas por entes públicos, así como clarificar el concepto de subvención vinculada a precio a efecto de su inclusión en la base imponible del IVA.

No estamos, pues, ante un supuesto de retroactividad de la norma, sino ante la obligada aplicación de los principios de jerarquía normativa y de primacía del Derecho comunitario.

En este sentido, el Tribunal Económico Administrativa Central (en adelante, TEAC), en su Resolución de 28 de octubre de 2013, ha señalado que “junto a los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y confianza legítima (…), deben igualmente traerse a colación los principios, en primer lugar, de primacía del Derecho Comunitario, el cual ha de ser respetado por el conjunto de los poderes públicos, tanto el judicial como el administrativo; y el principio de lealtad comunitaria recogido en el artículo 10 TCE que, puesto en relación con el alcance declarativo de las sentencias del TJUE, da lugar a una peculiar fuerza ejecutiva de tales pronunciamientos (…)”.

No sin razón, el TEAC concluye en el sentido de que “no resulta necesario dotar a la modificación de la Ley del IVA de carácter retroactivo, dado que las interpretaciones que realiza el TJUE en relación con el significado y alcance de las normas comunitarias deben aplicarse desde la entrada en vigor de la propia normativa.”

No hay que olvidar tampoco que, en aplicación del principio de eficacia directa de las Directivas, el contribuyente pueda exigir su aplicación con independencia de la concreta transposición de la Directiva al Derecho interno.   

Es cierto, que la misma Exposición de Motivos establece también “que se hace necesario excluir desde la entrada en vigor de esta modificación normativa, de la consideración de subvenciones vinculadas al precio de las operaciones que constituyen la base imponible de las operaciones sujetas al IVA, aquellas aportaciones financieras que las Administraciones Públicas realizan al operador de determinados servicios de competencia pública cuando no existe distorsión de la competencia, generalmente porque al tratarse de actividades financiadas total o parcialmente por la Administración no se prestan en régimen de libre concurrencia, como por ejemplo, los servicios de transporte municipal o, determinadas actividades culturales financiadas con estas aportaciones”.

En base a dicha redacción, la Dirección General de Tributos (en adelante, DGT), ha reiterado en todas sus resoluciones que “tal y como se señala en la propia exposición de motivos de la Ley 9/2017, el legislador ha considerado necesario excluir, desde su entrada en vigor, de la consideración de subvenciones vinculadas al precio que forman parte de la base imponible de las operaciones sujetas al Impuesto, las aportaciones financieras que las Administraciones Públicas realizan al operador de determinados servicios de titularidad pública cuando no existe distorsión de la competencia, generalmente porque al tratarse de actividades financiadas total o parcialmente por la Administración no se prestan en régimen de libre concurrencia” (entre, otras, por ejemplo, su Resolución V0021-18, de 10 de enero).

Incluso el propio TS, aunque de forma muy colateral, ha señalado al respecto que “no resulta aplicable ratione temporae la redacción del artículo 78 de la Ley del IVA, en la redacción dada por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, (…) puesto que no tiene carácter retroactivo y, por ende, las alegaciones formuladas por la recurrente sobre ese extremo (…) no serán acogidas por esa razón” (Sentencia 833/2020, de 22 de junio).

No le falta razón al TS ya que, como hemos dicho, no estamos ante un supuesto de retroactividad, sino de primacía del Derecho comunitario.

En definitiva, y como Jesus Rodriguez señala con acierto (Taxlandia de 14/10/2021, El fin de la interpretación extensiva del concepto de “subvención vinculada directamente al precio” (a propósito de la STJUE de 26 de septiembre de 2021, asunto C-21/20, Balgarska natsionalna televizia)), “no puede invocarse la Exposición de Motivos de la LCSP, (ya que si bien) es cierto que este tipo de textos tienen un valor interpretativo de las Leyes, (…) hay que saber que están redactados en términos didácticos, explicativos del contenido de la norma que prologan. Por tanto, no pueden utilizarse sus términos concretos como si tuvieran valor normativo directo, porque carecen del mismo y están empleados de forma más coloquial”.

Por ello, prosigue, “cuando la referida Exposición alude a la “exclusión desde” no puede entenderse que ahora se esté innovando, ya que no es posible innovar la base imponible del IVA sin que se modifique el art. 73 de la Directiva IVA o, en ausencia de dicha reforma, sin infringirlo. Lo que se quiere decir es que, desde la entrada en vigor del nuevo art. 78. Dos.3º de la LIVA, queda claro y no puede existir ninguna duda de que las transferencias, que ahora nos ocupan, no constituyen “subvenciones vinculadas directamente al precio”. Pero esto ha sido siempre así, lo único que se despejan ahora son las dudas, mediante una interpretación auténtica realizada por el propio legislador”.

Esto significa que, de no haberse producido tal modificación, la conclusión habría de ser la misma, aunque por vía interpretativa.

Buena prueba de ello es la reciente Sentencia del TJUE de 16 de septiembre de 2021 que, con relación a la financiación pública de una determinada televisión pública que no percibe de los usuarios (los telespectadores) ningún tipo de contraprestación, señala que “la concesión de la subvención, destinada a financiar, de manera general, las actividades del proveedor público nacional, consistentes en la preparación, la creación y la difusión de emisiones nacionales y regionales y que se determina tomando como referencia una cantidad reglamentaria a tanto alzado por hora de programación, es independiente del uso efectivo, por parte de los telespectadores, de los servicios de comunicación audiovisual prestados, de la identidad o incluso del número concreto de telespectadores para cada programa”.

Señala igualmente la Sentencia que “el importe de la subvención de que se trata se determina en función de un tanto alzado reglamentario por hora de programación y sin tomar en absoluto en consideración la identidad y el número de usuarios del servicio prestado”.

El TJUE recuerda igualmente que no se puede aplicar en estos casos la jurisprudencia fijada en su conocida Sentencia Le Rayon d’Or (C‑151/13, EU:C:2014:185).

En efecto; “el asunto que dio lugar a esa sentencia versaba sobre el carácter imponible de una «suma a tanto alzado por cuidados» que una caja nacional del seguro de enfermedad abonaba a establecimientos de alojamiento para personas mayores dependientes para la prestación de servicios de asistencia a sus residentes y cuyo cálculo tenía en cuenta, en particular, el número de residentes alojados en cada establecimiento y su nivel de dependencia. En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que existía una relación directa entre las prestaciones de servicios realizadas por dichos establecimientos a sus residentes y la contraprestación recibida, a saber, la «suma a tanto alzado por cuidados», de modo que tal pago a tanto alzado constituía la contrapartida de las prestaciones de cuidados realizadas a título oneroso por uno de dichos establecimientos a favor de sus residentes y, por ello, estaba comprendida en el ámbito de aplicación del IVA. A este respecto, el Tribunal de Justicia precisó que el (hecho de que) el beneficiario directo de las prestaciones de servicios de que se trataba no fuera la caja nacional del seguro de enfermedad que abona la cantidad a tanto alzado, sino el asegurado, no puede romper el vínculo directo existente entre la prestación de servicios efectuada y la contrapartida recibida”.

Pues bien, prosigue, “en el caso de autos, no existe entre el Estado, que abona una subvención procedente de su presupuesto para financiar servicios de comunicación audiovisual, y los telespectadores, que disfrutan de estos servicios, una relación análoga a la existente entre una caja de enfermedad y sus asegurados. En efecto, como se ha señalado en el apartado 33 de la presente sentencia, dichos servicios no benefician a personas que pueden estar claramente identificadas, sino a todos los telespectadores potenciales. Además, el importe de la subvención de que se trata se determina en función de un tanto alzado reglamentario por hora de programación y sin tomar en absoluto en consideración la identidad y el número de usuarios del servicio prestado”.

En otro orden de cosas, y a modo de carga de profundidad, el TJUE precisa “el modo de financiación de (las) adquisiciones (de bienes y servicios), ya sea mediante ingresos procedentes de actividades económicas o subvenciones obtenidas del presupuesto del Estado, carece de pertinencia para la determinación del derecho a la deducción”.

Pero de esto nos ocuparemos en el próximo artículo.

Volvamos a lo nuestro.

La Sentencia citada recoge de forma cristalina el criterio del TJUE sobre subvenciones vinculadas al precio y que no es otro que el que nuestro art. 78. Dos. 3º de la LIVA recoge.

Estamos ante una subvención vinculada al precio cuando esta es la contraprestación de la entrega de un bien o de la prestación de un servicio en favor de una persona “identificable” que adquiere o consume ese bien o servicio con independencia de quién satisfaga su precio.

Como señala el TJUE en su Sentencia de septiembre de 2021, no existe una transmisión onerosa porque no existe una relación jurídica en cuyo seno se intercambien prestaciones recíprocas;  relación que no existe cuando “el acceso de los (ciudadanos) a los servicios (públicos) prestados por el mismo proveedor es libre y la actividad de que se trata beneficia, de manera general, a todos los (ciudadanos)”, y, en definitiva, a toda la colectividad, esto es, en palabras del TJUE, cuando “no benefician a personas que pueden estar claramente identificadas, sino a todos los (ciudadanos)”. 

En palabras de Jesus Rodriguez (Taxlandia de 14/10/2021, El fin de la interpretación extensiva del concepto de “subvención vinculada directamente al precio” (a propósito de la STJUE de 26 de septiembre de 2021, asunto C-21/20, Balgarska natsionalna televizia)), “en los supuestos en que se presta un servicio público o se realiza una actividad de interés general, al no tener destinatarios previamente identificados, sino dirigirse al conjunto de la colectividad, no existen operaciones sujetas a IVA, ya que falta el vínculo jurídico en cuyo seno se intercambian prestaciones recíprocas. Por ello mismo, las subvenciones que satisfaga un ente público para la prestación de tales servicios o la realización de dichas actividades son irrelevantes a efectos de IVA, ya que no tienen la calificación de contraprestación. Y esto es, precisamente, lo que ordena el actual art. 78. Dos.3º de la LIVA, que debe aplicarse retrospectivamente”.

Así lo ha interpretado también el TS, por ejemplo, en su Sentencia 833/2020, de 22 de junio, que con relación a una subvención que complementa el precio del billete de los usuarios que utilizan de forma efectiva el servicio de transporte, concluye que estamos ante una subvención vinculada al precio.

En opinión del TS, que compartimos, “la expresión "subvenciones-dotación" no es procedente, de manera que (…) las cantidades pagadas a una sociedad mercantil íntegramente participada, en concepto de (…) pagos por usuario (…) y pagos por disponibilidad constituyen subvenciones directamente vinculadas al precio de las operaciones sujetas y, por tanto, se deben incluir en la base imponible del IVA por los servicios que dicha sociedad presta al municipio”.

El propio TS, en su Sentencia 1330/2020, de 15 de octubre, señala sin embargo que “a la luz de la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las "subvenciones- dotación" pagadas a tanto alzado por un ayuntamiento a una sociedad mercantil íntegramente participada, a fin de cubrir su déficit, no deben considerar como subvenciones directamente vinculadas al precio de las operaciones sujetas y, por tanto, no se incluirán en la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido por los servicios que dicha sociedad presta al municipio”.

Esto, y no otra cosa, es lo que el art. 78. Dos. 3º de la Ley del IVA dice: “no se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran en ningún caso el importe de la contraprestación a que se refiere el apartado Uno del presente artículo, las aportaciones dinerarias, sea cual sea su denominación, que las Administraciones Públicas realicen para financiar (…) la gestión de servicios públicos (…) en los que no exista una distorsión significativa de la competencia, sea cual sea su forma de gestión, (y) actividades de interés general cuando sus destinatarios no sean identificables y no satisfagan contraprestación alguna”.

Se está pues refiriendo, básicamente, a las subvenciones-dotación, esto es, a las destinadas a cubrir el déficit de explotación del servicio de que se trate.

En definitiva, y como el TS nos recuerda, la normativa reguladora de la base imponible del IVA (…), deja fuera las llamadas por el Tribunal Constitucional "subvenciones-dotación" (STC 13/1992, de 6 de febrero, FJ 6º), que son meras dotaciones presupuestarias destinadas a cubrir el déficit de explotación (sentencias de este Tribunal Supremo, ya citadas, de 12 de noviembre de 2009, FJ 3º; 22 de octubre de 2010, FJ 6º; 25 de octubre de 2010, FJ 4º; y 27 de octubre de 2010, FJ 4º)”.

Se trata, en definitiva, de subvenciones que financian servicios públicos que se prestan a todos los ciudadanos sin perjuicio de su utilización o consumo efectivo.

En estos casos, la subvención es independiente de este último y de la identidad de quienes utilizan el servicio.

Es obvio, pues, que la modificación introducida en 2017 se aplica a los periodos impositivos no prescritos.

Hay que recordar, también, que el 14 de febrero de 2018, la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados aprobó la siguiente Proposición no de Ley sobre el tratamiento del Impuesto sobre el Valor Añadido en las subvenciones públicas, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (número de expediente 161/002711): “el  Congreso  de  los  Diputados  insta  al  Gobierno  a  poner  fin  a  los  conflictos  interpretativos  que actualmente se están produciendo y garantice que la modificación del artículo 78 de la Ley 37/1992, del IVA,  en  su  redacción  dada  por  la  disposición  final  décima  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014,  tiene  efectos  interpretativos  y  se  aplica,  por  tanto,  a  los  periodos  impositivos  no  prescritos  anteriores  a  su  entrada en vigor”; interpretación que en un caso similar el TS la calificó como “genuinamente "auténtica"  (Sentencia 8097/2009, de 3 de diciembre).

A pesar de ello, ni el Gobierno, ni la AEAT, ni la DGT, han hecho caso de ello ni de todo lo aquí expuesto con el perjuicio financiero y el riesgo de no continuidad que para las empresas afectadas ello tiene. 

Antonio Durán-Sindreu Buxadé

Profesor de la UPF, Doctor en Derecho y Socio Director DS

 

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La entrada es excelente. Es un tema árido, con lo que no tendrá mucho interés para la mayoría de la gente, pero la exposición que has hecho merece una lectura.

MVS

Altavista
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