Las oficinas de farmacia siempre han planteado problemas de orden jurídico, la mayoría de ellos derivados de su condición de actividad fuertemente intervenida (que, incluso se califica como servicio público impropio). Pero en los últimos tiempos el sector farmacéutico se ha visto afectado también por turbulencias de naturaleza fiscal, derivadas de la sujeción, por la nueva Ley 27/2014, de ciertas sociedades civiles al Impuesto de Sociedades. Expliquémoslo mejor.

Una de las novedades más importantes de la nueva Ley del Impuesto de Sociedades es el gravamen de ciertas sociedades civiles, que, como se sabe, no tributaban por el impuesto sino que se sometían al régimen de atribución de rentas en el IRPF. El nuevo artículo 7,1, a) de la Ley 27/2014 dispone que serán contribuyentes del impuesto, cuando tengan su residencia en territorio español, “las personas jurídicas, excluidas las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil”.

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En los días pasados diversos colectivos se han pronunciado en torno a las consecuencias en el IRPF de la percepción de costas judiciales (véase, por ejemplo, la advertencia del sindicato GESTHA sobre que “ganar un juicio conlleva mayores cargas en el IRPF”). Ya la cuestión había suscitado tiempo atrás cierta polémica en relación con el IVA, aunque la situación había sido pacificada por la Dirección General de Tributos por medio de la consulta vinculante nº V2579-0 de 30 de noviembre de 2007, afirmando que las costas son indemnizaciones no sujetas al impuesto. Pero la tributación de las costas ha adquirido una inusitada actualidad por la existencia de procesos masivos que se vienen ganando con condena en costas a favor del vencedor del pleito, especialmente en algunos casos (preferentes, convertibles, acciones de Bankia…) de gran impacto mediático.

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