Las AIE’S como vehículos para canalizar créditos fiscales: estado actual de la cuestión

En ocasiones anteriores ya hemos utilizado este foro para hablar de las AIE’s como vehículos que el propio legislador ha regulado para incentivar la inversión privada en determinados sectores que tradicionalmente se nutrían de ayudas del sector público^[1][2][3]. El legislador lo ha concebido de esta manera, no los asesores fiscales, no las empresas que se crean al amparo de la norma, no los inversores. No. El legislador. Y para ello también se han aprobado créditos fiscales vinculados a la cultura o la investigación en I+D+i. Y no los he aprobado yo.

Pues con estos mimbres la AEAT trata de hacer un cesto. Ha llegado el día en que estas estructuras están en el foco de la Hacienda Pública de manera masiva, casi a volumen. Las que no están siendo revisadas entrarán en un plazo breve de tiempo en boxes, a repasar qué han hecho. ¿Y cuál es el motivo? Muy sencillo, el Estado necesita financiación. Este gasto público no se paga solo -cuestión aparte es si el mismo es adecuado o excesivo, que lo es de hecho elefantiásico- se paga con los ingresos públicos. Y, ¿de dónde vienen los ingresos públicos? De nuestros impuestos.

Por tanto, nos encontramos ante un caramelo envenenado. Hace ya unos cuantos años se incentivó la creación de estas estructuras para promover la inversión privada en determinados sectores. De este modo, se reducía la necesidad de acudir a la inversión pública para fomentar la investigación en innovación, en enfermedades raras o en cultura y, al mismo tiempo, se promovía que fueran otros quienes pusieran el dinero. En principio, todos los fines parecían lícitos y todos los actores involucrados parecían salir beneficiados. Confianza legítima.

Ahora bien, estos incentivos a la inversión se instrumentaron legalmente a través de beneficios fiscales, y aquí es donde viene el problema. Cuando el hambre aprieta y el gasto público tiene que alimentarse, parece fácil acudir al aumento de la recaudación. Quizá nuestros políticos debieran ser más capaces, más leídos, con más lógica, no coger a 1.200 asesores entre los que hay quien sabe aún menos que ellos, pero quizá han ido al parvulario de pequeños con el ministro o era su vecino de playa en verano o le hacía gracia como reponía productos en un supermercado. Y con tan pocas luces a alguno de estos se le enciende la bombilla y pregunta...¿cuál es el instrumento más potente que posee la Administración para recaudar? La todopoderosa Administración Tributaria, contesta otro iluminado cuyo principal mérito para estar ahí es ninguno, no pensar, con lo cual no les viene a la mente que hay que reducir el gasto, empezando por ellos.

Ya se ha encargado Hacienda de que seamos conscientes de sus poderes con casos sonados y mediáticos. Xabi Alonso, Shakira, Messi, Cristiano Ronaldo, entre otros, lo han vivido en sus propias carnes. En unos casos con cierta razón y en otros sin ella. Y esto hace que el sentir del público en general sea de respeto -¿miedo?- frente a la Administración tributaria.

Ahora estos poderes se centran en analizar los beneficios fiscales que se han aplicado los inversores de las AIE’s que han sufragado proyectos de I+D+i, audiovisuales o musicales u otros en los últimos años.

Los inversores se preguntarán: ¿pero no estaban permitidas estas inversiones? Siempre creyeron que era una inversión amparada por la ley y la comercializaban en muchas ocasiones entidades financieras que dotan de cierta seguridad al público en general, entidades de prestigio.

La respuesta corta sería: Sí, estaban y están permitidas. Pero, hay letra pequeña. Hay matices. Cuando un crédito fiscal se comercializa como un instrumento financiero, hay que tener mucho cuidado y eso es lo que ahora preocupa tanto a estructuradores como a inversores.

Se prometieron una serie de rentabilidades muy altas -igual demasiado- y para cumplir esos objetivos puede que en ocasiones se intentase estirar la norma más de lo debido y ahí es donde la Administración Tributaria ha visto el filón y ha iniciado esta campaña masiva de inspecciones. Busca razonar un abuso de la norma para garantizar una determinada rentabilidad que el proyecto por sí mismo no generaba. Pero no lo razona. Un abuso que en muchos casos no existe, por más que se empeñen.

En la otra cara de la moneda, debe matizarse que Hacienda no puede aplicar el mismo criterio para todos los proyectos. No puede calificar como simuladas todas las estructuras, porque cada una tiene sus matices. Cada proyecto, cada evento tiene su idiosincrasia, sus características propias. La mayoría de las estructuras y de los beneficios fiscales que se han aplicado serán lícitos y los gastos aparejados al mismo estarán debidamente justificados y acreditados, por los que no se debe aplicar la misma vara de medir a todas estas estructuras y hacer pagar a justos por pecadores. En la escuela lo hemos oído desde pequeños. Lo decía Don Francisco, el maestro.

En las inspecciones que se están llevando a cabo, en las que se están iniciando y en las que vendrán, habrá que analizar cada caso concreto, aplicar el sentido común, recordar que estamos ante unos incentivos aceptados y promovidos por el propio legislador y recordar que los principios generales del derecho deben aplicarse atendiendo a las circunstancias del caso. Y esto es así, sin más.

Carlos Romero Plaza

Abogado Tributarista. Socio Director de Arttax Abogados

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^[1] Las AIE’s como vehículos de inversión y los principios generales del derecho

^[2] AIE’s: ¿Qué tienen en común hacienda, el cine y la biotecnología?

^[3] Simulación y conflicto no son lo mismo, no son lo mismo…