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El Tribunal Supremo anula un requerimiento indiscriminado de información a abogados y procuradores

¿Ciudadanos o súbditos? Un nuevo episodio

Enseguida será la hora de cenar, hora de estar en familia, oír el discurso del rey, tomar turrón, descorchar alguna botella, por lo que la entrada de hoy, será más corta de lo habitual para que la parienta no le llame la atención (y con razón).

Últimamente son legión las voces que se alzan contra el trato dispensado por los poderes públicos a los otrora ciudadanos, convertidos ahora en vasallos fiscales. El retroceso en la defensa de derechos ha sido denunciado muy visiblemente entre otros por la A.E.D.A.F.[1], por la denominada “declaración de Granada” de 35 catedráticos[2], y por numerosos autores[3] con los que estoy absolutamente de acuerdo. ¡Qué lejos queda la Ley 1/1998, de Derechos y Garantías del Contribuyente!

En este proceso de vasallaje que vivimos, las Administraciones públicas van comiendo terreno a los administrados. Observamos como el Big Brother de Orwell no es ciencia ficción sino que se está instaurando a pasos agigantados, no sólo en España sino que se trata de un proceso global[4]. Pronto no quedará ningún atisbo de intimidad.

Un ejemplo más, lo vivimos hace poco más de un año, cuando trascendió que el director del Departamento de la Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), había remitido al Presidente del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) un requerimiento de obtención de información generalizado, para de esta forma acceder a los datos de los abogados y procuradores, entre otros, importe del litigio o la identificación de los profesionales intervinientes en todos los procedimientos judiciales del territorio nacional durante los años 2014, 2015 y 2016.

Y lo que era más chocante, que el CGPJ había emitido un Informe favorable a la petición de Hacienda, pues la con fecha 20 de julio de 2017[5], la Comisión Permanente del CGPJ aprobó el mismo y comunicó su contenido tanto al presidente de la Audiencia Nacional, como a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, para su conocimiento y difusión entre los órganos judiciales de ellos dependientes, como responsables de los ficheros jurisdiccionales.

En Septiembre de 2017 propuse en la AEDAF que deberíamos recurrir dicho requerimiento, si bien, teníamos un problema de legitimación, porque el mismo estaba dirigido a Procuradores y Abogados y aunque una parte importante de nuestros asociados son abogados, lo cierto es que no representamos a ninguno de los dos colectivos. Desde la AEDAF mostramos nuestra opinión[6], pero era muy posible que no tuviéramos legitimación.

Por tanto, nos pusimos en contacto con algún Colegio (de abogados y de procuradores) para incentivar la defensa de la legalidad, pues era  evidente que el requerimiento masivo no se adecuaba a la misma. Facilitamos entre otra información copia de la resolución del TEAC de 4 de abril de 2017 (RG 4059/2014 y 3872/2015), no publicada por el TEAC[7] en su Base de datos cuya doctrina apoyaba la nulidad del requerimiento[8].

En un primer momento, los interlocutores nos trasladaron que podíamos dar una imagen inadecuada, ya que a lo mejor parecía que se estaba ocultando algo o favoreciendo a posibles infractores. Nada más lejos de la realidad: el fin (absolutamente elogiable) no justifica los medios. La lucha contra el fraude fiscal no puede servir como excusa para retorcer el Estado de Derecho, para anular, reducir o restringir los derechos de los ciudadanos.

La reciente sentencia del TS de 13/11/2018 (recurso 620/2017) [9], ponente el Excmo. Sr. D. Nicolás Maurandi Guillén, ha declarado la nulidad del acuerdo del CGPJ de 20/7/2017 y ha anulado la remisión a la AEAT de la información de la participación de abogados y procuradores en todos los procedimientos judiciales durante los años 2014, 2015 y 2016. La Sentencia considera que los Planes Anuales de Hacienda de Control Tributario y Aduanero de 2016 y 2017 no justifican un requerimiento de información dirigido globalmente a la totalidad del colectivo de la Abogacía, y que para que un requerimiento de información dirigido a uno o varios profesionales pueda considerarse amparado por el Plan, habrá de concurrir individualmente este presupuesto. En definitiva, la Ley General Tributaria no permite este tipo de requerimientos masivos, indiscriminados.

Lo importante es que se ha conseguido reconducir la situación a la legalidad, pero todos, como miembros de la sociedad civil, hemos de tomar conciencia de protestar contra las ilegalidades, por más que, al abrigo de excusas populistas, los fines de las normas o de los actos administrativos sean plausibles.

El TS ha reaccionado como se espera de él y ha colocado las cosas en su sitio. Se ha ganado una batalla en la guerra del proceso de vasallaje, pero hemos de seguir luchando. Si no luchamos, acabaremos como borregos en el matadero.

Dadas las fechas en que nos encontramos, no puedo terminar de otra forma que deseando tengáis una muy feliz Navidad, así como un año venidero jurídicamente seguro.

Francisco R. Serantes Peña

Abogado Tributarista


[1] AEDAF (Asociación Española de Asesores Fiscales). Como botón de muestra, la nota de prensa que se puede consultar en http://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/14695/malos-tiempos-para-la-seguridad-juridica-de-los-contribuyentes que se hacía eco del documento titulado “Malos tiempos para la seguridad jurídica”, enviado a las Administraciones Públicas. El documento se encuentra en el siguiente link: http://www.aedaf.es/plataforma/mail_00_20130621_Malos_tiempos.pdf.  

[2] Recomiendo nuevamente la lectura de la entrada de Antón Beiras Cal sobre la misma en este mismo blog en https://www.politicafiscal.es/anton-beiras-cal/despues-declaracion-de-granada-cdc. El documento de los catedráticos se puede descargar en https://www.ecestaticos.com/file/3cfc33984f70d13e6eee6552d9b079ad/1526656957-documento-granada-18-mayo-2018.pdf.

[3] Sánchez Pedroche, José Andrés, “Súbditos fiscales o la reforma en ciernes de la LGT”, Revista de Contabilidad y Tributación. CEF (RCyT. CEF) Núm. 381 (diciembre 2014), Gay de Liébana (https://www.cope.es/programas/herrera-en-cope/la-mirada-economica-de-gay-de-liebana/audios/gay-liebana-cuales-son-las-consecuencias-suspension-aranceles-eeuu-china-20180521_500255), Gómez Taboada, F.J.,

[4] En China, las cámaras instaladas realizan un reconocimiento facial e informan a las autoridades en caso de personas buscadas: http://www.elmundo.es/papel/historias/2017/12/15/5a327dece5fdea34758b45ef.html, aunque ya saben dónde encontrarnos en cada momento.

[5] TEAC-anula-requerimiento-informacion-masivo-e-indiscriminado.pdf

[6] http://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/36162/los-requerimientos-de-la-aeat-a-abogados-y-procuradores.

[7] Adjunto y subo a taxlandia el texto de la resolución porque este documento no aparece en la base de datos del TEAC: https://www.politicafiscal.es/images/documentos/acuerdo-CGPJ-20-7-2017.pdf

[8] Precisamente por ello, desde la AEDAF hemos puesto en marcha varias acciones, para paliar lo que Francisco Adame denunciaba en la anterior entrada titulada “Los Tribunales Económico-Administrativos en la era de la transparencia” (https://www.politicafiscal.es/francisco-adame/los-tribunales-economico-administrativos-en-la-era-de-la-transparencia): Una base de datos de resoluciones del TEAR y del TEAC alimentada por los propios asociados y otra para promover, por fin, la  definitiva publicación por parte de los propios Tribunales Económico Administrativos sus propias resoluciones.

[9] http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/94aec2e226a88d4c.


Comentarios (1)

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Brillante,as always.

 
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