Aunque no seamos médicos, la mayoría hemos oído alguna vez que la detección precoz del cáncer puede ayudar a que el tratamiento sea menos agresivo y más efectivo que si se detecta en un estado más avanzado.

Hace ya unos cuantos años que la economía española nos dio un gran susto; además de verse afectada por determinados "factores medioambientales", el abuso de ciertas medidas que para sus responsables generaban, a corto plazo, una gratificante sensación de "bienestar social", superó su fortaleza, y su sistema inmune fue insuficiente. Sin embargo, los responsables decidieron ignorar los evidentes síntomas de que algo no iba bien, y siguieron adelante con sus insalubres medidas, hasta que llegó el momento en que el cáncer estaba tan avanzado que no se pudo ocultar la gravedad de la situación.

Una de las cuestiones que causa más controversias entre el contribuyente y la Agencia Tributaria (AEAT) es la tributación inherente a la compra de un vehículo a motor, especialmente en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Los puntos conflictivos suelen ser su afectación a actividades económicas y el porcentaje de deducibilidad de IVA soportado. De modo que, en las siguientes líneas trataremos de realizar un análisis pormenorizado y dilucidar las cuestiones más importantes en torno a esta problemática, relacionando la exégesis doctrinal y la de la AEAT.

Cada vez las actuaciones de la Administración Tributaria suponen una mayor persecución y coacción al contribuyente. Las instrucciones a los funcionarios se concretan en recaudar como sea y a costa de cualquiera. También en no colaborar con el ciudadano cuando los errores surgen de la propia Administración y sus actuaciones inciden negativamente castigando al sujeto pasivo.

En un caso reciente la Administración, en una comprobación limitada del IRPF practicó liquidación añadiendo un incremento de patrimonio por estimar que el mismo se debía aplicar en el ejercicio. El interesado ingresó la cuota resultante y recurrió ante el TEAR por estimar que el incremento correspondía aplicarse en el ejercicio siguiente al estimado por la Administración.