Hoy no voy a comentar ningún pronunciamiento jurisprudencial reciente. Me parece que puede ser oportuno alejarse por un momento de las cuestiones tributarias del día a día en España y meditar sobre lo que se está debatiendo en el ámbito de la Unión Europea con el fin de superar la difícil situación generada por la pandemia.

En esta línea, he decidido dedicar la entrada de esta semana al análisis del papel que puede desempeñar la fiscalidad para apoyar la recuperación económica y el crecimiento a largo plazo en la Unión Europea, asunto sobre el que versó el interesante Seminario on line (disponible en https://www.youtube.com/watch?v=t-FMEo6enIE) que tuve la ocasión de seguir el pasado 21 de septiembre, organizado por la Comisión Europea y en el que destacados ponentes como el Comisario de Economía Paolo Gentiloni, el Ministro alemán de Finanzas, el responsable de Imposición Directa y Coordinación Tributaria en la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión o la Presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos  y Monetarios del Parlamento Europeo, reflexionaron sobre diversos aspectos relacionados con el importante Plan de Acción Fiscal lanzado por la Comisión el pasado 15 de julio [COM (2020) 312 final].

En la última semana del mes de julio de este verano tan atípico vio la luz un importante Informe de la AIREF, que me temo que ha pasado desapercibido, en el que se evaluaba el comportamiento de trece beneficios fiscales vigentes en España –con un coste total de 35.000 millones de euros, lo que supone un 60% del coste total de los beneficios existentes-- con el fin de determinar si los mismos cumplen los objetivos para los que fueron creados y detectar si su existencia lleva asociada algún tipo de externalidad o distorsión que haga que resulte conveniente su reformulación. Se trata de seis beneficios fiscales previstos en la normativa del IRPF, tres en IVA, tres en el Impuesto sobre Sociedades y uno en Impuestos Especiales.

Me ocuparé en esta entrada de uno de esos beneficios, concretamente la reducción por aportaciones a sistemas de previsión social en el IRPF, sobre el que se concluye en el precitado Informe que no cumple el objetivo de incentivar el ahorro previsional a largo plazo como complemento al sistema público de pensiones, por lo que resulta necesario proceder a una reformulación completa del mismo de manera coherente con las recomendaciones que se acuerden sobre este particular en el Pacto de Toledo.

Ha decidido pasar página y no tratar en el Blog más cuestiones relacionadas con la pandemia. Y en esta línea, volviendo a cuestiones tributarias conflictivas, me voy a ocupar de dos recientes pronunciamientos del Tribunal Supremo en relación con el ajuar doméstico en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y de las consecuencias que se derivan de la novedosa doctrina que en ellos se recoge.

Me refiero a las Sentencias de 10 de marzo (recurso 4521/2017) y 19 de mayo de 2020 (recurso 6027/2017) que resuelven sendos recursos de casación en los que se pedía al Tribunal que determinase a efectos de la presunción iuris tantum que establece el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones sobre valoración del ajuar doméstico qué elementos o bienes debían entenderse incluidos dentro de dicho concepto.

Una de las consecuencias que esta crisis ha traído para los tributaristas es que junto a la cumplimentación de declaraciones, atención de requerimientos y presentación de recursos o reclamaciones hay que dedicar bastante más tiempo que antes a estudiar las normas que a diario publican los boletines oficiales –llevamos ya doce Reales Decretos-leyes en los dos últimos meses, a los que hay que sumar los Decretos-leyes, Decretos y Órdenes aprobadas por las Comunidades Autónomas--. Menos mal que tenemos los grupos de whatsap, donde entre unos y otros tratamos de ir resolviendo las dudas existenciales que se van planteando con un enorme compañerismo y sobre todo con sentido del humor, algo imprescindible para transitar bien el confinamiento.

Pero no teman porque en esta entrada no voy a comentar ninguna de las últimas modificaciones fiscales que se han aprobado sino que me voy a referir a una cuestión a la que quizás no se le ha dedicado la atención que merece, como es el papel que debe jugar la Unión Europea en esta crisis, porque tal vez sea éste el mayor reto de su historia.

En los dos magníficos trabajos publicados la semana pasada en el Blog, mi admirado amigo el Profesor García Novoa analizó las medidas tributarias adoptadas hasta el momento en España y formuló, con el acierto y precisión que siempre le caracteriza, diversas propuestas de reforma impositiva con incidencia directa en empresas y autónomos. En esta misma línea y dado que lo relacionado con el maldito coronavirus lo invade todo, me gustaría dedicar esta entrada a hacer un breve repaso por las medidas que se están aprobando en otros países de nuestro entorno y en los territorios forales porque algunas de ellas podrían estudiarse para complementar las ya introducidas en España para el territorio común.

Pero antes de entrar en materia me permitirá el lector que ponga de manifiesto lo difícil que me resulta escribir sobre temas tributarios en un momento en el que nuestra vida ha dado un vuelco tan tremendo por una crisis que nadie vio venir y para la que ningún Estado estaba suficientemente preparado. Estamos sometidos a una durísima prueba colectiva que parecía inicialmente una pesadilla, pero que poco a poco vamos asimilando. En algún momento terminará y se podrá evaluar el alcance económico, pero esto será a medio o largo plazo porque ahora es totalmente secundario frente a lo verdaderamente importante que es atender al drama humano que estamos padeciendo y a la protección de nuestra salud y la de nuestras familias.

En los últimos meses son muchos los asesores fiscales que están recibiendo consultas relacionadas con el llamado régimen fiscal especial para los residentes no habituales de Portugal, que fue introducido por el Gobierno de nuestro país vecino a través del Decreto-Ley n. 249/2009, de 23 de septiembre, por el que se aprobó el Código Fiscal do Investimento, con la intención de atraer inversión extranjera y profesionales cualificados. Hasta la fecha han sido casi 30.000 los contribuyentes que se han beneficiado de este régimen, de los cuales casi 10.000 son jubilados.

En esencia se trata de un régimen especial de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para los rendimientos obtenidos por personas que no habiendo residido fiscalmente en Portugal en los últimos cinco años, pasen a residir allí por reunir las condiciones necesarias exigidas para ello. Conforme a lo dispuesto en el artículo 16.1 del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares se consideran residentes fiscales en Portugal, entre otras, las personas que hayan permanecido en su territorio más de 183 días durante los últimos doce meses y en caso de haber permanecido menos tiempo aquellas que puedan disponer en cualquier día del período referido de una vivienda en territorio portugués en condiciones que permitan suponer su intención de mantenerla y ocuparla como residencia habitual.