Una de las consecuencias que esta crisis ha traído para los tributaristas es que junto a la cumplimentación de declaraciones, atención de requerimientos y presentación de recursos o reclamaciones hay que dedicar bastante más tiempo que antes a estudiar las normas que a diario publican los boletines oficiales –llevamos ya doce Reales Decretos-leyes en los dos últimos meses, a los que hay que sumar los Decretos-leyes, Decretos y Órdenes aprobadas por las Comunidades Autónomas--. Menos mal que tenemos los grupos de whatsap, donde entre unos y otros tratamos de ir resolviendo las dudas existenciales que se van planteando con un enorme compañerismo y sobre todo con sentido del humor, algo imprescindible para transitar bien el confinamiento.

Pero no teman porque en esta entrada no voy a comentar ninguna de las últimas modificaciones fiscales que se han aprobado sino que me voy a referir a una cuestión a la que quizás no se le ha dedicado la atención que merece, como es el papel que debe jugar la Unión Europea en esta crisis, porque tal vez sea éste el mayor reto de su historia.

En los dos magníficos trabajos publicados la semana pasada en el Blog, mi admirado amigo el Profesor García Novoa analizó las medidas tributarias adoptadas hasta el momento en España y formuló, con el acierto y precisión que siempre le caracteriza, diversas propuestas de reforma impositiva con incidencia directa en empresas y autónomos. En esta misma línea y dado que lo relacionado con el maldito coronavirus lo invade todo, me gustaría dedicar esta entrada a hacer un breve repaso por las medidas que se están aprobando en otros países de nuestro entorno y en los territorios forales porque algunas de ellas podrían estudiarse para complementar las ya introducidas en España para el territorio común.

Pero antes de entrar en materia me permitirá el lector que ponga de manifiesto lo difícil que me resulta escribir sobre temas tributarios en un momento en el que nuestra vida ha dado un vuelco tan tremendo por una crisis que nadie vio venir y para la que ningún Estado estaba suficientemente preparado. Estamos sometidos a una durísima prueba colectiva que parecía inicialmente una pesadilla, pero que poco a poco vamos asimilando. En algún momento terminará y se podrá evaluar el alcance económico, pero esto será a medio o largo plazo porque ahora es totalmente secundario frente a lo verdaderamente importante que es atender al drama humano que estamos padeciendo y a la protección de nuestra salud y la de nuestras familias.

En los últimos meses son muchos los asesores fiscales que están recibiendo consultas relacionadas con el llamado régimen fiscal especial para los residentes no habituales de Portugal, que fue introducido por el Gobierno de nuestro país vecino a través del Decreto-Ley n. 249/2009, de 23 de septiembre, por el que se aprobó el Código Fiscal do Investimento, con la intención de atraer inversión extranjera y profesionales cualificados. Hasta la fecha han sido casi 30.000 los contribuyentes que se han beneficiado de este régimen, de los cuales casi 10.000 son jubilados.

En esencia se trata de un régimen especial de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para los rendimientos obtenidos por personas que no habiendo residido fiscalmente en Portugal en los últimos cinco años, pasen a residir allí por reunir las condiciones necesarias exigidas para ello. Conforme a lo dispuesto en el artículo 16.1 del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares se consideran residentes fiscales en Portugal, entre otras, las personas que hayan permanecido en su territorio más de 183 días durante los últimos doce meses y en caso de haber permanecido menos tiempo aquellas que puedan disponer en cualquier día del período referido de una vivienda en territorio portugués en condiciones que permitan suponer su intención de mantenerla y ocuparla como residencia habitual.

En los últimos meses se ha detectado un incremento considerable en el número de donaciones de dinero aprovechando que para el donante no tienen consecuencias fiscales y que el donatario puede beneficiarse de las bonificaciones o las escalas específicas establecidas al efecto en algunas Comunidades Autónomas.

Los datos son especialmente llamativos en el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía que ha sido la última en regular, por Decreto-ley y con efectos desde el 11 de abril de 2019, una bonificación del 99% de la cuota derivada de adquisiciones inter vivos para contribuyentes incluidos en los Grupos I y II para las donaciones cuyo objeto sea metálico y para la que se exige únicamente la formalización en escritura pública y que el origen de los fondos esté justificado (la justificación puede consistir por ejemplo en un extracto de cuenta corriente que acredita que procede del ahorro, una escritura pública por la que previamente se vendió un inmueble o la acreditación de la procedencia de los fondos de una adquisición hereditaria anterior).

Hoy me ocuparé de un tema que parecía resuelto en la LGT y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La situación es la siguiente: el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía anula en Resolución de 31 de mayo de 2019 la liquidación practicada por la Administración tributaria y el procedimiento de comprobación de valores en que se sustenta por falta de motivación, concretamente por considerar que el dictamen pericial efectuado por el funcionario del servicio de valoración en relación con una donación de participaciones sociales no está suficientemente motivado y ordena la retroacción de las actuaciones al momento en que se produjo el defecto formal.

Hasta aquí todo normal. El problema viene cuando a la hora de ver qué plazo le resta a la Administración para tramitar el procedimiento retrotraído nos damos cuenta que sorprendentemente vuelve a disponer de un plazo de seis meses como si se pusiera en marcha un procedimiento nuevo, porque el dictamen pericial está fechado antes del inicio del procedimiento de comprobación.

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización introdujo con efectos del 1 de enero de 2014 el régimen especial del criterio de caja en el IVA, dando así respuesta a una demanda histórica del colectivo de autónomos y a las peticiones que formulamos desde la doctrina y recogidas en una serie de trabajos que publicamos hace ya diez años. En esencia este régimen especial optativo permite a los sujetos pasivos con volumen de operaciones durante el año natural anterior inferior a 2.000.000 euros y pagos en efectivo a un mismo destinatario no superiores a 100.000 euros retrasar el ingreso del IVA repercutido hasta el momento del cobro total o parcial de las facturas. Además, como es sabido, en este régimen los sujetos pasivos no podrán deducir el IVA soportado en sus adquisiciones hasta el momento en que efectúen el pago a sus proveedores (criterio de caja doble).

Hasta aquí en principio todo pintaba bien pues con este régimen quedarían resueltos los problemas de tesorería que se planteaban para los empresarios o profesionales que debían ingresar el IVA de sus entregas de bienes o prestaciones de servicios con independencia de si habían o no cobrado.