Como es sabido, en la actualidad se está tramitando en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que introduce modificaciones significativas en el ordenamiento tributario. Son muchas las novedades que han ocupado las noticias de prensa y el interés de los especialistas en la materia, señaladamente, la introducción del valor de referencia, la prohibición del software de doble uso o la ampliación de la denominada lista de morosos. Pero hay otras reformas más “silenciosas”, que pasan desapercibidas, pero que son de hondo calado.

Esto es lo que sucede con la modificación proyectada en el art. 175 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT), relativo al procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria. En las letras a) y b) de su apartado primero sólo se le añade el adjetivo “original” al período voluntario de pago otorgado al deudor principal. Esto es, se aclara que la responsabilidad solidaria puede exigirse –directamente, si estaba ya declarada con anterioridad o previa declaración, en otro caso- una vez que transcurra el período voluntario de pago “original” de la deuda en cuestión.

En la Exposición de Motivos del Proyecto se expresa cuál es la finalidad perseguida, a saber:

El objeto de las presentes líneas es el de examinar el tratamiento en nuestra jurisprudencia de los supuestos en que la Administración descubre y regulariza ventas o prestaciones de servicios ocultadas por los sujetos pasivos, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante, IVA). Ello ya que, tras la elaboración de una jurisprudencia consolidada por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal del mismo órgano judicial ha mantenido un criterio no sólo discrepante, sino radicalmente contrario.

Por si fuera poco, la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo núm. 1005/2020, de 16 de julio de 2020 se ha reafirmado en su doctrina inicial, rebatiendo abiertamente los argumentos empleados por la Sala de lo Penal. Y, para colmo, dicha Sentencia incluye un voto particular, ya formulado en otro pronunciamiento anterior, que discrepa de los dos planteamientos anteriores.