Tal como habíamos adelantado la semana pasada, el Tribunal General, en un duro varapalo a los servicios jurídicos de la Comisión Europea ha dictado Sentencia el pasado jueves 17 de diciembre anulando la controvertida decisión del   Tax lease que declaraba ilegales y contrarias al derecho de la unión las ayudas españolas al naval. Dos fundamentos jurídicos le bastaron al Tribunal: la falta de selectividad en las ayudas al sector naval y la falta de motivación suficiente en la Decisión anulada.

En nuestra anterior entrada señalábamos como asombrosamente la Decisión de la Comisión determinaba como ayudas incompatibles con el mercado interior a las concedidas a la construcción naval: La Decisión apreciaba la existencia de ayudas ilegales concedidas a los inversores. Ello, además de sorprendente por si mismo, choca de lleno con los requisitos de «selectividad» y «distorsión» que exige la jurisprudencia del Tribunal para apreciar la existencia de ayudas incompatibles con el mercado interior, en el sentido del artículo 107 del TFUE.

El pasado domingo 6 de diciembre, de mañana, en el cementerio civil de mi pueblo, llevé flores a las tumbas de Sebastián Copón, Bartolo Cagafuego, Íñigo de Balboa y Diego Alatriste. Fue mi manera de celebrar el día de la Constitución y de expulsar la rabia: el martes anterior, en un acto del clúster del naval, los ponentes anunciaron que el Tribunal de Luxemburgo fallaría favorablemente el Recurso de Anulación interpuesto por los inversores españoles y el gobierno de España contra la Decisión que declaró ilegales las ayudas al naval, conocidas como ‘el tax lease’.