La pertinencia de una propuesta sobre el Consejo de Defensa del Contribuyente al Presidente del Gobierno

Hace 15 días fue noticia la dura declaración de 35 catedráticos reunidos en la llamada Conferencia de Granada, muy crítica con la Administración Tributaria. En el texto se pueden encontrar afirmaciones como esta:  “La Hacienda pública se ha convertido en agente de la razón de Estado. Una razón que descansa sobre un solo pilar, cual es la recaudación. En el margen del camino ha ido quedando, primero, la ley; más tarde, la seguridad jurídica, y unos metros más allá las garantías y los derechos del contribuyente”.

 No es poco: Primero, compara a Agencia Tributaria con el CNI y las cloacas del Estado; Luego dice que en las cunetas han quedado la ley, la seguridad jurídica y las garantías y los derechos del contribuyente. Casi nada.

El colofón del razonamiento, que ha trascendido hasta la saciedad a toda la prensa generalista, es que “no contempla a los contribuyentes como ciudadanos sino como súbditos”.

Con franqueza, no conozco a ningún profesional del asesoramiento tributario que no comparta esta reflexión que, diría, lleva grabada a fuego en su conciencia y, a veces, en su desesperación.

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A propósito de las ganancias patrimoniales en las costas impuestas en cláusulas suelo y en las indemnizaciones por responsabilidad civil de los abogados

El miércoles pasado recibí una newsletter de actualidad tributaria online, que decía que:  “La Dirección General de Tributos señala que la indemnización percibida no puede englobarse dentro de las rentas exentas que se recogen en el artículo 7 de la LIRPF (apartado d) al tratarse de una indemnización de daños y perjuicios por daños que se corresponden con un perjuicio económico”.

Y continuaba diciendo que:  “Por lo tanto, descartada la aplicación de la exención referida y no estando amparados los referidos conceptos indemnizatorios por ningún otro supuesto de exención o no sujeción establecido legalmente, su calificación a afectos de IRPF no puede ser otra que la de ganancia patrimonial, procediendo su integración en la base imponible general y no estando sometida a retención.

Me pareció de sentido común toda vez que es la indemnización por daños personales y no por perjuicio económico la que se declara exenta en el artículo 7 d) de la Ley: Las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía legal o judicialmente reconocida.

Sinceramente se me hizo raro que a estas alturas aún hagan falta Consultas vinculantes sobre temas tan elementales y pacíficos. Cerré la página de manera instintiva mientras aún leía en diagonal el final de la noticia y se me activó una alarma con el texto de cierre de la reseña: “...procediendo su integración en la base imponible general y no estando sometida a retención”.

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 El pasado martes, 20 de marzo, el diario El País publicaba en portada una referencia al informe del Consejo Europa publicado el día anterior que denunciaba a España como el tercer país de Europa con estancias medias más largas en prisión, detrás de Portugal y Rumanía: 21,9 meses, más del doble de la media de los 47 países analizados, 9,8 meses. Los 47 países incluían algunos como Azerbaiyán, escasamente homologables como modernos estados de derecho. El informe también señalaba que España ha ido escalando posiciones en el ranking con las sucesivas reformas del código penal endureciendo las penas. En Italia la estancia media es de 13,7 meses, en Reino Unido de 9,1, en Francia de 8,5 y en Alemania 8,2. La conclusión del informe es que España tiene más población reclusa que la mayoría de sus vecinos y, una vez encerrados, pasan más tiempo entre rejas. Este es el estado de la cuestión cuando nuestra Cortes celebraron el pleno para debatir la derogación o ampliación de la prisión permanente revisable.

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Hace cuatro semanas, en taxlandia, a propósito del delito de auto blanqueo de la cuota tributaria defraudada, demostré con cifras que en España, el tercer país con menor tasa de criminalidad, tiene el mayor índice de población reclusa, prueba irrefutable de que asistimos a una vis expansiva del derecho penal. Tanto por el crecimiento del catálogo de conductas tipificadas, tal como los modernos delitos de odio, cómo por la duración de las penas.
Hoy domingo 25 de febrero leo en la portada de ‘El País’ a tres columnas que las muestras de intolerancia crecen en España.

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Siempre pensé que quien roba un abrigo en unos grandes almacenes no agrava su delito ni comete otro adicional por usarlo para protegerse del frío enero. De hecho usarlo para ello parece el fin natural del robo. Y si el fin fuere venderlo, tampoco comete un nuevo delito: la receptación es un ilícito cometido sólo por quien a sabiendas de la comisión de un delito en el que no haya participado, ni aún a título de cómplice, recibe los efectos del mismo para su aprovechamiento posterior. De manera que el sujeto activo de la receptación es quien adquiere, no quien entrega.

Nada de esto sucede con el blanqueo. El delito de blanqueo es un perfecto paradigma de legislar en caliente: la caída de las Torres Gemelas produjo una reacción legislativa impulsada por los EUA con el objeto de atajar la financiación del terrorismo, que abocó en un tipo penal imperfecto, expansivo y perturbador.

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La Sala de Casación del Tribunal Supremo, convertida en Reyes Magos para la ocasión, ha dejado sendos calcetines repletos de Metalignito para la Agencia Tributaria y el Tribunal Económico Administrativo Central.

A la Agencia Tributaria le dejaron carbón por su recalcitrante mal comportamiento, inaplicando la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentada desde 2013 en relación a que cuando el vendedor de un bien (premisa mayor) es deudor del impuesto sobre el valor añadido y las partes han establecido un precio sin ninguna mención al impuesto (premisa menor), este último (corolario) debe considerarse ya incluido en el precio pactado si el vendedor carece de la posibilidad de recuperar del adquirente el impuesto sobre el valor añadido reclamado por la Administración Tributaria. Esta doctrina fue sentada por el TJUE en su Sentencia de 7 de noviembre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Rumanía) – Corina-Hrisi Tulică / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor (C-249/12), Călin Ion Plavoşin / Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş – Serviciul Soluţionare Contestaţii, Activitatea de Inspecţie Fiscală – Serviciul de Inspecţie Fiscală Timiş (C-250/12) (Asuntos acumulados C-249/12 y C-250/12)].

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