De vez en cuando me gusta releer el Título I de la Ley General Tributaria (LGT), donde se establecen los pilares básicos del ordenamiento tributario, para comparar la dicción de la norma con lo que interpreta, aplica y exige nuestra Administración. Vamos, con lo que viene haciendo.

El artículo 13 de la norma reguladora de las disposiciones generales de nuestro sistema establece que, las obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez.

La economía sumergida siendo una realidad en España y no parece que este problema tenga fácil solución. Los números de fraude fiscal son muy elevados, estando a la cabeza de la Unión Europea en esta materia. Mientras el gasto público es cada vez mayor, la Administración tributaria busca cada vez fórmulas más restrictivas para la obtención de ingresos.

La Ley General Tributaria, LGT en adelante, debería ser la norma que informe de los principios y de las normas jurídicas generales del sistema tributario español. La voluntad del legislador parecía correcta cuando plasmó en el artículo tres de la LGT los ‘principios de la ordenación de la aplicación del sistema tributario’, entre los que encontramos, sin ser taxativos, los principios de igualdad, justicia, progresividad, no confiscatoriedad, proporcionalidad en la aplicación de los tributos y, a mi juicio el más sorprendente de todos; la limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales.

En la era en la que todas las opiniones valen, y todo el mundo es conocedor, o incluso experto, del derecho tributario y de la fiscalidad aplicable a los futbolistas, empezamos a ver de continuo a personajes públicos en las noticias de las tres, y no precisamente en la sección de deportes o de sociedad.

Cuando estamos acabando de digerir el 720 (declaración sobre Bienes y Derechos situados en el Extranjero), llega el modelo 232 (Declaración Informativa de Operaciones Vinculadas y de Operaciones y situaciones relacionadas con Países y Territorios considerados como Paraísos Fiscales) y, en un futuro no muy lejano, llegará desde Bruselas la obligación de informar sobre operaciones potencialmente abusivas que sean promovidas por intermediarios fiscales establecidos en la Unión europea.

Todos damos por sentado que los españoles somos iguales ante la ley, y así lo establece el artículo 14 de nuestra Constitución, sin que pueda existir discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  Tan iguales han pretendido que seamos que incluso sentaron a nuestra infanta en un caso en el que a nivel penal nada pintaba, rompiendo este aserto constitucional para acallar a los ciudadanos, haciendo una barbaridad jurídica y moral, como así se ha demostrado durante el juicio y probado con la sentencia. Pues bien, esta premisa aún puede quebrar más, como veremos, ya que los españoles no somos iguales frente a la normativa tributaria.