Se atribuye a Woody Allen la ingeniosa frase “me interesa el futuro porque es el lugar donde voy a pasar el resto de mi vida”. El interés por el futuro se ha reavivado en todos los frentes en estos tiempos de pandemia que nos ha tocado vivir y en los que, como una suerte de consagración de la entropía, todo parece tender al desorden.

La crisis sanitaria del coronavirus y la inherente crisis económica que acarrea está estimulando el arte de la profecía, incluso por parte de científicos respetables y entidades de prestigio. El gusto por predecir el futuro es consustancial al ser humano y en la actualidad estamos asistiendo a un festival de presagios, muchos de perfil cuasi-apocalíptico. Sin ir más lejos, el Fondo Monetario Internacional ha señalado que la pandemia causará la mayor crisis desde la Gran Depresión.

En cualquier caso, en estos tiempos de propensión al augurio, sí resulta procedente reflexionar sobre el marco de la fiscalidad en ese mundo post Covid-19 que nos aguarda. Y aunque nos mostremos escépticos sobre la fiabilidad de los pronósticos, si cabe plantear algunas reflexiones sobre el futuro próximo de la fiscalidad global. Si bien, en la situación de confinamiento y lockdown económico estamos ante una fiscalidad de emergencia que pretende evitar la necrosis del tejido productivo, y que se traduce en alivios fiscales, moratorias, aplazamientos o suspensiones de plazos, tras la tormenta debemos plantearnos la fiscalidad en el nuevo escenario mundial que se avecina.

Hace tres semanas, el Gobierno de España envió a Bruselas sus catastróficas previsiones económicas debidas al coronavirus. Una tormenta perfecta: un desplome dramático del PIB del 9,2% que destruirá dos millones de empleos y hará crecer la tasa de paro hasta el 19%. Una reducción del consumo privado que caerá en un 8,8%, una reducción de la inversión empresaria insólita: un 25,5%; y una reducción de las exportaciones del 27,1%. Un devastador desplome de la demanda agregada.

Paralelamente el gobierno prevé una inyección de ayudas de 139.000 millones de euros, de los cuales 29.000 millones serán desembolsos directos para los autónomos y los parados y 105.000 millones en líneas de avales a las empresas. La Administración prevé extender con ello la cobertura social al 31% de la población activa: 18.000 millones para financiar los ERTE y 4.000 millones la prestación por cese de la actividad de los autónomos.

Idéntico desplome se producirá desde el lado de los ingresos: la recaudación disminuirá en 25.700 millones: El impuesto sobre sociedades se hundirá un 9%, el IRPF un 2,4%, el IVA un 5,2%, los Impuestos Especiales un 6,7% y el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales un 37,9%...

Una de las consecuencias que esta crisis ha traído para los tributaristas es que junto a la cumplimentación de declaraciones, atención de requerimientos y presentación de recursos o reclamaciones hay que dedicar bastante más tiempo que antes a estudiar las normas que a diario publican los boletines oficiales –llevamos ya doce Reales Decretos-leyes en los dos últimos meses, a los que hay que sumar los Decretos-leyes, Decretos y Órdenes aprobadas por las Comunidades Autónomas--. Menos mal que tenemos los grupos de whatsap, donde entre unos y otros tratamos de ir resolviendo las dudas existenciales que se van planteando con un enorme compañerismo y sobre todo con sentido del humor, algo imprescindible para transitar bien el confinamiento.

Pero no teman porque en esta entrada no voy a comentar ninguna de las últimas modificaciones fiscales que se han aprobado sino que me voy a referir a una cuestión a la que quizás no se le ha dedicado la atención que merece, como es el papel que debe jugar la Unión Europea en esta crisis, porque tal vez sea éste el mayor reto de su historia.

Mucho me temo que cuando haya transcurrido la pesadilla del COVID-19, la presión fiscal se incrementará de forma notable. Es cierto, no obstante, que, dada la magnitud de la actual catástrofe económica, previsiblemente ello no ocurrirá a corto plazo.

Pero hoy no me voy a referir a esto porque la actual crisis económica me ha traído a la mente reflexiones que quisiera compartir.

No son reflexiones de técnica tributaria. Pero creo, de verdad, que en ocasiones hay que hacer un stop en el camino y aprovechar nuestra posible influencia para salirnos de nuestra torre de cristal y avivar debates que son también necesarios.

Ya he dicho varias veces que contribuyente y Administración no son iguales ante la ley. Y no lo son por las consecuencias que la presunción de legalidad de los actos administrativos tiene. Pero esa desigualdad es más manifiesta, si cabe, si observamos con detenimiento las diferencias que existen entre el sector público y el privado.

Al fin, tras una larga espera y fruto de la presión e insistencia de numerosos sectores afectados, el Gobierno, en su reunión del pasado 21 de abril, dio luz verde al "tipo 0%" del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable para las entregas interiores, adquisiciones intracomunitarias de bienes e importaciones de determinados productos "médico-coronavíricos" (ampliando cualitativamente así los beneficios fiscales que ya había estipulado la Unión Europea para con las importaciones el pasado 3 de abril).

Aquí el Ejecutivo ha dado una de cal y otra de arena, puesto que si bien es cierto que no ha hecho retroactiva la medida (como sí hizo Europa) no es menos cierto que ha ampliado significativamente el ámbito subjetivo de destinatarios (a clínicas o centros hospitalarios) frente al de la propia Decisión de la Comisión del 3 de abril.

¿Y en qué consiste exactamente la disposición?. Pues bien, básicamente el establecer un tipo 0% en un tributo como el IVA conlleva crear una exención plena (en la ley del IVA hay varias), es decir, no se repercute el tributo en la venta pero sin embargo el impuesto soportado es plenamente deducible, como si habláramos de una exportación, por ejemplo. La citada operativa (exención con derecho pleno a la deducción) se explica detallada y pormenorizadamente tanto en el primer párrafo del apartado IV del Preámbulo como en el propio artículo 8 del Real Decreto-Ley nº 15/2020, de 21 de abril (BOE nº 112, de 22 de abril de 2020), y a mi juicio, de manera acertada.

 Son estos días adecuados para parir ideas, o cuanto menos para pensarlas, no podemos agachar la cabeza y actuar como si aquí no pasara nada. Sí ha pasado. Ha pasado algo malo que se ha introducido en nuestras vidas (los que la conservamos, de momento) a una velocidad y con una gravedad sin precedentes. Sufrimos un vendaval esférico de desgobierno al que desde nuestras casas a duras penas podemos defendernos, más allá de cuatro caceroladas y cuarenta aplausos.

Y en estos días en casa se oye de fondo un rumor, y ese rumor es que van a subir impuestos. Una barbaridad para mis oídos. Y también para los de cualquiera. Cuando correteaba por la calle bien pequeño y con cierta libertad los españoles votamos la Constitución, norma suprema del ordenamiento jurídico. En ella encontramos que todos nosotros debemos pagar con arreglo a nuestra capacidad económica. Y estamos de acuerdo. A mayor capacidad económica, que se pague más. Correcto.