El viernes pasado Carlos Romero y un servidor fuimos invitados a dar una conferencia a Tenerife donde pudimos disfrutar de las islas afortunadas y de la hospitalidad de sus gentes. La AEDAF y el Colegio de Titulados Mercantiles organizan unas interesantes jornadas de formación todos los años con enorme éxito de asistencia.

Sin duda, la conferencia que más interés suscitó fue la mesa redonda en la que participaba el fiscal coordinador de delitos económicos de Canarias y en la que se trató la problemática de la nueva estructura del proceso penal forzada por las últimas reformas de la LGT y las liquidaciones vinculadas a delito.

La economía sumergida siendo una realidad en España y no parece que este problema tenga fácil solución. Los números de fraude fiscal son muy elevados, estando a la cabeza de la Unión Europea en esta materia. Mientras el gasto público es cada vez mayor, la Administración tributaria busca cada vez fórmulas más restrictivas para la obtención de ingresos.

El Viernes día 3 de noviembre se cumplió el 60 aniversario de que Laika orbitara la Tierra a bordo del Sputnik 2. Laika era una perrita vagabunda recogida de las calles de Moscú. Su inteligencia, docilidad y capacidad de supervivencia acreditada superando múltiples inviernos moscovitas, le deparó ese destino histórico: ser el primer ser vivo en orbitar la Tierra. Los soviéticos sabían subir a una órbita terrestre un artefacto con casi dos toneladas de peso, que es lo que pesaba entonces una ojiva nuclear. Luego también podían subir una cabina presurizada capaz de alojar a un cosmonauta. Laika acreditó la supervivencia biológica al despegue primero y a la microgravedad en el espacio después y así se inició el programa cosmonauta soviético.

J.F. Kennedy, de quien también desclasificaron la pasada semana los informes sobre su asesinato hace 54 años, enseguida comprendió la importancia propagandística de la carrera espacial: la supremacía del capitalismo sobre el comunismo no le dejaba otra opción; ningún bolchevique pisaría por vez primera la Luna. Fue así como se puso en marcha la más gigantesca maquinaria publicitaria de la historia de la humanidad: el programa espacial norteamericano.

Los episodios de turismofobia acontecidos el pasado verano han reabierto el debate sobre la necesidad de regular y ordenar la actividad turística, para hacerla sostenible y evitar el impacto negativo de la misma, en forma de saturación demográfica, costes ambientales y externalidades negativas en general.

Como siempre, cuando se habla de regular algún sector de la realidad, aparece el instrumento fiscal (más bien extrafiscal) como avanzadilla del intervencionismo. No se trata de abrazar lo que en su momento dijo Ronald Reagan (If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it) pero sí de recordar que cuando se crean impuestos con la única finalidad de modificar conductas suelen no conseguirse los fines esperados, mientras que, por el contrario, el tributo como categoría se distorsiona y deja de servir a lo que es un fin primordial.

Los Inspectores de Hacienda piden fondos para pagar a denunciantes de delitos fiscales.

En mi primera aparición, quiero agradecer a los lectores su paciencia, esperando no aburrirles y su indulgencia. Y a mis ilustres compañeros, por haber pensado en mí para que les acompañe en esta bonita aventura.

Leía estos días en la prensa que la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), durante el XXVII Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, ha propuesto _[1] una serie de nuevas facultades en la investigación entre las que se encuentran el pago a confidentes para denuncia de delitos o que puedan actuar de incógnito sin tener que identificarse previamente. Esta última facultad merece otra entrada distinta.

La Ley General Tributaria, LGT en adelante, debería ser la norma que informe de los principios y de las normas jurídicas generales del sistema tributario español. La voluntad del legislador parecía correcta cuando plasmó en el artículo tres de la LGT los ‘principios de la ordenación de la aplicación del sistema tributario’, entre los que encontramos, sin ser taxativos, los principios de igualdad, justicia, progresividad, no confiscatoriedad, proporcionalidad en la aplicación de los tributos y, a mi juicio el más sorprendente de todos; la limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales.