La sintomatología es el conjunto de indicios externos que denotan un estado patológico. Son elementos de análisis, para llegar a un diagnóstico. La expresión puede ser utilizada respecto a cualquier cuerpo vivo, incluido un sistema tributario. Y en este sentido no es exagerado afirmar que el sistema fiscal vigente en España tiene síntomas de un grave trastorno.

Y la sintomatología se pone de manifiesto como reacción a estímulos. Estos estímulos serán los distintos test a que podemos someter a nuestro sistema tributario. Desde hace tiempo el sistema fiscal se viene sometiendo al test de su escasa potencialidad recaudatoria, especialmente en el Impuesto de Sociedades, lo que ha legitimado la progresiva eliminación de beneficios fiscales para acercar el tipo nominal al que efectivamente pagan las empresas. Pero en estas líneas queremos referirnos a los síntomas patológicos derivados de las diversas prácticas aberrantes, imputables tanto a la Agencia Tributaria como al legislador, que tanto han proliferado en los últimos años.

En el estado de derecho y sociedad democrática pocas cosas irritan tanto como contemplar a un poder público orillar una y otra vez a la ley. Este es el caso de las administraciones tributarias autonómicas que, erre que erre, reiteran sucesivas liquidaciones por el ITP con fundamento en comprobaciones de valor sin motivación por genéricas, abstractas, sin particularizar ni visitar los bienes objeto de valoración. Y cuando vuelven a la carga, repitiendo a menudo el defecto originario, incurren en una nueva ilegalidad: no respetar el plazo para efectuar la retroacción de actuaciones.

Cuando estamos acabando de digerir el 720 (declaración sobre Bienes y Derechos situados en el Extranjero), llega el modelo 232 (Declaración Informativa de Operaciones Vinculadas y de Operaciones y situaciones relacionadas con Países y Territorios considerados como Paraísos Fiscales) y, en un futuro no muy lejano, llegará desde Bruselas la obligación de informar sobre operaciones potencialmente abusivas que sean promovidas por intermediarios fiscales establecidos en la Unión europea.

Todos damos por sentado que los españoles somos iguales ante la ley, y así lo establece el artículo 14 de nuestra Constitución, sin que pueda existir discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  Tan iguales han pretendido que seamos que incluso sentaron a nuestra infanta en un caso en el que a nivel penal nada pintaba, rompiendo este aserto constitucional para acallar a los ciudadanos, haciendo una barbaridad jurídica y moral, como así se ha demostrado durante el juicio y probado con la sentencia. Pues bien, esta premisa aún puede quebrar más, como veremos, ya que los españoles no somos iguales frente a la normativa tributaria.

El Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago analiza las consecuencias fiscales del Brexit, valorando los profundos cambios que se van a producir en el contexto europeo e internacional a partir del defnitivo abandono de la Unión Europea por Gran Bretaña.

¿Se convertirá el Reino Unido en un nuevo paraíso fiscal o se "irlandizará"?.

No cabe duda que el western es el género cinematográfico más genuino. Y el western escenifica lo que se conoce como el espíritu pionero, que nutrió el mito de la gran frontera americana. El frontier pionero era el primero en llegar, y por ello estaba autorizado a asentarse, lo que en el proceso de colonización del oeste se reguló con la aprobación por Abraham Lincoln en 1862 de la  Homestead Act.

Viene a cuento la referencia porque a veces parece que nuestro legislador y la Agencia Tributaria se encuentran cautivados por un anhelo de ser los primeros en llegar a la hora de implantar ciertas medidas tributarias. La fiscalidad española en los últimos años está imbuida de un espíritu pionero propio del mismísimo Daniel Boone.