Decía una estupenda periodista en ‘El País’ que “El corazón del Parlamento son los impuestos”, con el subtítulo de “La Eurocámara investigará los ‘papeles de Panamá’, pero aprueba una ley que dificultará en el futuro filtraciones parecidas”. Decía Soledad Gallego-Díaz que “Los Parlamentos nacieron, al fin y al cabo, para aprobar impuestos y vigilar su cobro. Los impuestos son su razón de ser y, frente a un fraude globalizado, debería ser el Parlamento Europeo el que fijara los mecanismos de lucha, tanto preventivos como de represión”.

Y continuaba diciendo: “El desconcierto se produce porque el mismo día, ese mismo Parlamento aprobó una Ley de Protección de Secretos Comerciales que no va a ayudar a la transparencia fiscal empresarial. Bien al contrario, va a criminalizar a los informantes y hará más improbable las filtraciones como los papeles de Panamá o la lista Falciani. “Si esta ley hubiera estado en vigor en su momento, nunca habríamos sabido del fraude de las emisiones de los coches diésel de Volkswagen”, protestó la ONG italiana Riparte il Futuro.

Es infrecuente leer en la prensa generalista un afirmación tan exacta de un periodista sobre una cuestión económica o técnico-jurídica, pues por fuerza los periodistas son divulgadores, no especialistas. En este caso la cuestión se estudia en la facultad, en Filosofía del Derecho. Pues bien, tiene toda la razón y además explica a la perfección porque les damos el coñazo semana sí, semana también, con el principio de legalidad tributaria que impone establecer tributos por Ley votada en el Parlamento.

En la era en la que todas las opiniones valen, y todo el mundo es conocedor, o incluso experto, del derecho tributario y de la fiscalidad aplicable a los futbolistas, empezamos a ver de continuo a personajes públicos en las noticias de las tres, y no precisamente en la sección de deportes o de sociedad.

En 1984 algunos de ustedes aún no estaban, otros ya no están y todos los demás éramos mucho más jóvenes. De no ser así, 7 amigos no habríamos decidido abrir un bar de copas. Era para divertirnos, créanme, no para ganar dinero, pero terminamos por conseguir las dos cosas en abundancia. Tras un sesudo debate lo bautizamos: le pusimos ‘El Ruralex’. Un juego de palabras que aludía a aquellas vajillas espantosas de vidrio templado con las que se encapricharon las madres de los niños que ahora hemos crecido. También jugaba con la naturaleza ex rural de la sociedad urbana viguesa, una inquieta ciudad que en 150 años pasó de ser una villa marinera a pujante urbe industrial por obra y gracia de una Galicia interior que se despoblaba para acomodarse aquí. Por último el nombre también coqueteaba con aquel latinajo que decía Dura lex, sed lex (La Ley es dura, pero es la Ley, alude al batacazo inevitable con el suelo, cuando se desafía sin éxito a la ley de la gravedad).

La sintomatología es el conjunto de indicios externos que denotan un estado patológico. Son elementos de análisis, para llegar a un diagnóstico. La expresión puede ser utilizada respecto a cualquier cuerpo vivo, incluido un sistema tributario. Y en este sentido no es exagerado afirmar que el sistema fiscal vigente en España tiene síntomas de un grave trastorno.

Y la sintomatología se pone de manifiesto como reacción a estímulos. Estos estímulos serán los distintos test a que podemos someter a nuestro sistema tributario. Desde hace tiempo el sistema fiscal se viene sometiendo al test de su escasa potencialidad recaudatoria, especialmente en el Impuesto de Sociedades, lo que ha legitimado la progresiva eliminación de beneficios fiscales para acercar el tipo nominal al que efectivamente pagan las empresas. Pero en estas líneas queremos referirnos a los síntomas patológicos derivados de las diversas prácticas aberrantes, imputables tanto a la Agencia Tributaria como al legislador, que tanto han proliferado en los últimos años.

En el estado de derecho y sociedad democrática pocas cosas irritan tanto como contemplar a un poder público orillar una y otra vez a la ley. Este es el caso de las administraciones tributarias autonómicas que, erre que erre, reiteran sucesivas liquidaciones por el ITP con fundamento en comprobaciones de valor sin motivación por genéricas, abstractas, sin particularizar ni visitar los bienes objeto de valoración. Y cuando vuelven a la carga, repitiendo a menudo el defecto originario, incurren en una nueva ilegalidad: no respetar el plazo para efectuar la retroacción de actuaciones.

Cuando estamos acabando de digerir el 720 (declaración sobre Bienes y Derechos situados en el Extranjero), llega el modelo 232 (Declaración Informativa de Operaciones Vinculadas y de Operaciones y situaciones relacionadas con Países y Territorios considerados como Paraísos Fiscales) y, en un futuro no muy lejano, llegará desde Bruselas la obligación de informar sobre operaciones potencialmente abusivas que sean promovidas por intermediarios fiscales establecidos en la Unión europea.