El Tribunal Supremo fija los criterios en cuanto al plazo para terminar las actuaciones tras una anulación con retroacción de actuaciones.

Desde pequeños nos enseñan la importancia de los plazos. Recuerdo que era un párvulo cuando mi señorita dijo a toda la clase que cierto día de la siguiente semana se celebraría un partido de fútbol y quien no trajera una camiseta blanca o azulgrana no podría jugar. Unos cuantos presenciamos el partido desde la grada, por no haber acudido en plazo con la zamarra adecuada para la disputa deportiva.

De vez en cuando me gusta releer el Título I de la Ley General Tributaria (LGT), donde se establecen los pilares básicos del ordenamiento tributario, para comparar la dicción de la norma con lo que interpreta, aplica y exige nuestra Administración. Vamos, con lo que viene haciendo.

El artículo 13 de la norma reguladora de las disposiciones generales de nuestro sistema establece que, las obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez.

Hace quince días y con este título Fran Serantes hizo una entrada con referencia a una polémica surgida en unas jornadas sobre la nueva tramitación del delito fiscal en la LGT que tuvo lugar en Canarias. Hacía referencia a una intervención del Fiscal Coordinador de delitos económicos, en la que parecía cuestionar la interpretación razonable de la norma como causa de exclusión del delito.

Más tarde, el Fiscal, que firmó como ‘Tomás’ y a quien no tengo el placer –por el momento- de conocer, inició un hilo escribiendo una entrada en la que realizaba las precisiones que tuvo por oportunas y cuya lectura recomiendo antes de continuar con este texto. Me disponía a participar en el hilo cuando la polémica se dio aparentemente por cerrada tanto por Fran como por Tomás: con guante de seda se intercambiaron sus credenciales diplomáticas, sus mutuas felicitaciones y sus gracias.

El término bagatela, ligado al principio de insignificancia o afectación mínima, se utiliza mucho en derecho penal para hacer referencia a aquéllas conductas que, aunque encajan en un tipo delictivo o infractor, no se castigan por su escasa incidencia social. Es evidente que el derecho penal se rige por una regla de intervención mínima, que requiere que no se acuda a él cuando existen instrumentos menos invasivos de la esfera de la libertad de los ciudadanos. Pero la regla de la insignificancia se aplica también en la fiscalidad, aunque la tributación esté gobernada por parámetros diferentes a los del derecho punitivo.

El viernes pasado Carlos Romero y un servidor fuimos invitados a dar una conferencia a Tenerife donde pudimos disfrutar de las islas afortunadas y de la hospitalidad de sus gentes. La AEDAF y el Colegio de Titulados Mercantiles organizan unas interesantes jornadas de formación todos los años con enorme éxito de asistencia.

Sin duda, la conferencia que más interés suscitó fue la mesa redonda en la que participaba el fiscal coordinador de delitos económicos de Canarias y en la que se trató la problemática de la nueva estructura del proceso penal forzada por las últimas reformas de la LGT y las liquidaciones vinculadas a delito.

La economía sumergida siendo una realidad en España y no parece que este problema tenga fácil solución. Los números de fraude fiscal son muy elevados, estando a la cabeza de la Unión Europea en esta materia. Mientras el gasto público es cada vez mayor, la Administración tributaria busca cada vez fórmulas más restrictivas para la obtención de ingresos.