Antonio Durán-Sindreu Buxadé

Doctor en Derecho y Economista

Doctor en Derecho y Economista.
Académico de la Real Academia Europea de Doctores.

Socio Director de la firma Durán-Sindreu, Asesores Legales y Tributarios.

Ha sido Presidente de AEDAF, Asociación Española de Asesores Fiscales, desde enero de 2012 y hasta enero de 2014 y anteriormente desde el año 2000 hasta el 2003. Delegado de Cataluña y Baleares en los años 1998 y 1999.

Director del Máster en Fiscalidad de la Barcelona School of Management (UPF-IDEC).
Director académico del Postgrado en Fiscalidad de la Universitat d’Andorra.
Profesor en la Universidad Pompeu Fabra de las asignaturas Régimen Fiscal de la Empresa y Sistema Fiscal Español.

Su principal área de práctica es la fiscalidad. Es consejero de empresas y participa activamente en la sociedad civil con artículos en prensa, publicación de libros y una significativa presencia en diversas asociaciones de carácter técnico.

Últimos Artículos Publicados

La crisis del Coronavirus: ¿apocalipsis u oportunidad?

La crisis del Coronavirus: ¿apocalipsis u oportunidad?

Por Antonio Durán-Sindreu Buxadé

Mucho me temo que cuando haya transcurrido la pesadilla del COVID-19, la presión fiscal se incrementará de forma notable. Es cierto, no obstante, que, dada la magnitud de la actual catástrofe económica, previsiblemente ello no ocurrirá a corto plazo.

Pero hoy no me voy a referir a esto porque la actual crisis económica me ha traído a la mente reflexiones que quisiera compartir.

No son reflexiones de técnica tributaria. Pero creo, de verdad, que en ocasiones hay que hacer un stop en el camino y aprovechar nuestra posible influencia para salirnos de nuestra torre de cristal y avivar debates que son también necesarios.

Ya he dicho varias veces que contribuyente y Administración no son iguales ante la ley. Y no lo son por las consecuencias que la presunción de legalidad de los actos administrativos tiene. Pero esa desigualdad es más manifiesta, si cabe, si observamos con detenimiento las diferencias que existen entre el sector público y el privado.

Tribunal Supremo: una oportunidad perdida

Tribunal Supremo: una oportunidad perdida

Por Antonio Durán-Sindreu Buxadé

El 17/12/2019, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (en adelante, TS) dictó su Sentencia 1802/2019 con relación al recurso de casación núm. 6018/2017, cuyo Magistrado ponente fue D. Jose Díaz Delgado, Magistrado, por cierto, gran conocedor del Derecho Tributario.

Las cuestiones que presentaban interés casacional eran, recodémoslo, las dos siguientes:

Primera. - Determinar si se puede apreciar la existencia de simulación en el ejercicio de una actividad profesional a través de una sociedad expresamente constituida para facturar los servicios prestados.

Segunda. - Si la respuesta a la anterior cuestión fuera que no se puede declarar la existencia de simulación, precisar cómo se ha de calificar el ejercicio de una actividad profesional a través de una sociedad expresamente constituida para facturar los servicios prestados.

El recurso tiene su origen en una propuesta de regularización de 14 de julio de 2008. Más de 11 años, pues, en resolverse una cuestión de la que el caso que nos ocupa es tan solo uno de los muchos que han dado lugar a distintas propuestas de regularización. Todo lo contrario, por tanto, a las exigencias propias de la seguridad jurídica y a la necesaria y pronta resolución de los conflictos. Es cierto, y hay que señalarlo, que las actuaciones administrativas quedaron en suspenso hasta el sobreseimiento y archivo de las acciones penales.

¿Amenaza hacienda las indemnizaciones por despido?

¿Amenaza hacienda las indemnizaciones por despido?

Por Antonio Durán-Sindreu Buxadé

“¿Con acuerdo o a las bravas? Hacienda amenaza las indemnizaciones por despido” (Libre Mercado, 5/10/2019), “Indemnizaciones por despido, nuevo objetivo de la Agencia Tributaria” (Cinco Días, 23/10/209), Hacienda pone el foco en la tributación de los falsos despidos improcedentes” (Emprendedores, 13/10/2019). Estos son algunos de los titulares a los que dio lugar la Sentencia de la Audiencia Nacional 2869/2019, de 3 de julio. La cuestión nuclear era determinar si los despidos calificados por las partes como improcedentes obedecían, en realidad, a un acuerdo voluntario con la finalidad de extinguir la relación laboral.

Sin embargo, no quiero centrarme hoy en el fondo de la sentencia ni en sus consecuencias, sino en su razonamiento.

He insistido en varias ocasiones en la importancia de la calificación jurídica de los negocios, como tarea previa e imprescindible a la interpretación de las normas (vid, entre otros, Eficacia temporal de determinados criterios interpretativos. Una reflexión; Taxlandia, 26/03/2019). Recordar, tan solo, el muchas veces olvidado art. 13 de la Ley General Tributaria: “las obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez”.

He insistido también en la importancia que para ello tienen los hechos anteriores y posteriores coetáneos al negocio, y, en definitiva, la relevancia que el art. 1.282 del Código Civil tiene en el ámbito de su interpretación y que, recordémoslo, señala literalmente que “para juzgar de la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato”.

Impuestos y derecho a la propiedad: la carga fiscal excesiva es inconstitucional

Impuestos y derecho a la propiedad: la carga fiscal excesiva es inconstitucional

Por Antonio Durán-Sindreu Buxadé

El pasado 1 de julio, el Tribunal Supremo dictó un interesantísimo Auto cuyo contenido ha pasado desapercibido. Me refiero al tan manido Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), coloquialmente conocido como “plusvalía municipal” o “arbitrio de plusvalía”. El desinterés por el mismo puede obedecer a que responde a un tema aparentemente resuelto: la constitucionalidad del citado tributo. Pero su contenido, y esta es la novedad, incluye fundamentos de derecho nuevos que exceden del propio ámbito del impuesto, y que vienen de la mano de la inspirada pluma de su ponente, Angel Aguallo Avilés, a quién muchos recordamos por la Sentencia MAHOU y sus amplias y transversales consecuencias.

Me estoy refiriendo, en concreto, al Fundamento de Derecho Tercero que bajo la rúbrica “la interdicción de confiscatoriedad como creación del derecho de propiedad (art. 33 CE) en el ámbito tributario. La necesaria observancia del principio de proporcionalidad y la prohibición de “carga fiscal excesiva” derivada del Artículo 1 del Protocolo Nº 1 al Convenio Europeo de Derechos Humanos”, profundiza magistralmente sobre el derecho a la propiedad privada y el principio de confiscatoriedad como límite que la Constitución (en adelante, CE) establece con relación al sistema tributario en la medida en que de su aplicación se derive una “carga fiscal excesiva”.

Frustración Fiscal

Frustración Fiscal

Por Antonio Durán-Sindreu Buxadé

El otro día me comentaba un amigo que las horas que su empresa dedica cada año a Hacienda, a la Seguridad Social, y al cumplimiento de todas sus obligaciones legales, revierte negativamente en su crecimiento y genera un “estrés” que afecta a toda la organización. “No me puedo dedicar a crear valor; a ser más eficiente”, me decía con amargura.

No hace más de un mes, otro amigo me trasmitía con profunda tristeza que ser empresario es sinónimo de inseguridad y riesgo permanente.Y no hace tampoco mucho, un empresario de toda la vida me explicaba su decisión de cerrar su empresa. La razón, su percepción de estar trabajando para el Estado.

En fin; no quiero ser catastrofista, pero es cierto que la situación a la que se ha llegado es preocupante.  

Y lo es porque no se es consciente de que la falta de calidad y claridad de las leyes abre la puerta a interpretaciones dispares cuyo único damnificado es el contribuyente. No se es consciente de que la mayoría de quienes nos gobiernan y/o muchos de quienes gestionan lo público, no han trabajado nunca en una empresa. No se es consciente de que las leyes no contemplan la desigualdad del tejido empresarial: no se pueden exigir las mismas obligaciones a empresas que no son iguales. La verdadera igualdad es tratar de forma desigual a quienes no son iguales. Lo contrario es auténtica desigualdad.

Por una fiscalidad socialmente responsable

Por una fiscalidad socialmente responsable

Por Antonio Durán-Sindreu Buxadé

¿Debería la fiscalidad promover la responsabilidad social?

Tengo que reconocer que la ola de calor que hace unos días asoló España y parte de Europa, afectó “temporalmente” a mis templadas neuronas. Pido pues disculpas por este inusual artículo. Y me afectó, digo, porque bajo el maléfico frío del aire acondicionado me planteé una pregunta inusual y atrevida que requiere, a su vez, responder a otra pregunta no menos comprometida: ¿qué entendemos por Estado del Bienestar?

La pregunta no es baladí. Prueba de ello es que no existe un único modelo que responda a esa denominación, sino varios. Pero a su vez, responder requiere definir, primero, qué función le asignamos al Estado y, después, qué significado le damos al “plus” del “bienestar”.

En nuestra opinión, la función del Estado es la de promover un marco jurídico, social y económico que permita que las personas desarrollen su potencial en libertad e igualdad de oportunidades y condiciones. Desde esta perspectiva, el Estado ha de promover la libertad y el desarrollo de la persona como garantía de una vida digna; libertad cuyo único límite es el bien común. La persona, no lo olvidemos, no vive de forma aislada, sino que convive en sociedad. Es, en definitiva, un ser social.


 

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