No soy un amante del cine de terror o de la parapsicología, aunque reconozco que en ocasiones veo muertos. Personas que vivían con normalidad, que la AEAT puso el ojo sobre ellos y, aunque viven, han muerto civilmente (hay casos en que mueren civilmente sin tener sentencia firme, ya que se le aplican unas medidas cautelares que les impide incluso contratar una defensa). Pero hoy no voy a hablar de ellos.

En el mundo de lo paranormal, como en el tributario, podemos encontrarnos con situaciones que por burdas, groseras, son imposibles de explicar, salvo que nos situemos en el mundo de lo sobrenatural.

A veces, jóvenes estudiantes de Derecho me preguntan qué rama deberían elegir. No dudo en contestarles que cualquiera menos la de tributario (y en menor medida, pero también la de laboral), salvo que les apasione.

Uno de los problemas de los que nos dedicamos a esto de lo Público es que últimamente nos están poniendo en el punto de mira de los delitos fiscales, tal como comentó la semana Carlos Romero. Aunque no viene al caso, es de agradecer que ante tanto despropósito aparezca algún futbolista, como Álvaro Domínguez y afirme en El Mundo que “un futbolista sabe perfectamente lo que hace su asesor fiscal”. Pero lo que más molesta y el que más problemas ocasiona es que la legislación es tan cambiante que tienes que estudiar siempre, a toda hora.

El Tribunal Supremo fija los criterios en cuanto al plazo para terminar las actuaciones tras una anulación con retroacción de actuaciones.

Desde pequeños nos enseñan la importancia de los plazos. Recuerdo que era un párvulo cuando mi señorita dijo a toda la clase que cierto día de la siguiente semana se celebraría un partido de fútbol y quien no trajera una camiseta blanca o azulgrana no podría jugar. Unos cuantos presenciamos el partido desde la grada, por no haber acudido en plazo con la zamarra adecuada para la disputa deportiva.

El viernes pasado Carlos Romero y un servidor fuimos invitados a dar una conferencia a Tenerife donde pudimos disfrutar de las islas afortunadas y de la hospitalidad de sus gentes. La AEDAF y el Colegio de Titulados Mercantiles organizan unas interesantes jornadas de formación todos los años con enorme éxito de asistencia.

Sin duda, la conferencia que más interés suscitó fue la mesa redonda en la que participaba el fiscal coordinador de delitos económicos de Canarias y en la que se trató la problemática de la nueva estructura del proceso penal forzada por las últimas reformas de la LGT y las liquidaciones vinculadas a delito.

Los Inspectores de Hacienda piden fondos para pagar a denunciantes de delitos fiscales.

En mi primera aparición, quiero agradecer a los lectores su paciencia, esperando no aburrirles y su indulgencia. Y a mis ilustres compañeros, por haber pensado en mí para que les acompañe en esta bonita aventura.

Leía estos días en la prensa que la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), durante el XXVII Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, ha propuesto _[1] una serie de nuevas facultades en la investigación entre las que se encuentran el pago a confidentes para denuncia de delitos o que puedan actuar de incógnito sin tener que identificarse previamente. Esta última facultad merece otra entrada distinta.