Las oficinas de farmacia siempre han planteado problemas de orden jurídico, la mayoría de ellos derivados de su condición de actividad fuertemente intervenida (que, incluso se califica como servicio público impropio). Pero en los últimos tiempos el sector farmacéutico se ha visto afectado también por turbulencias de naturaleza fiscal, derivadas de la sujeción, por la nueva Ley 27/2014, de ciertas sociedades civiles al Impuesto de Sociedades. Expliquémoslo mejor.

Una de las novedades más importantes de la nueva Ley del Impuesto de Sociedades es el gravamen de ciertas sociedades civiles, que, como se sabe, no tributaban por el impuesto sino que se sometían al régimen de atribución de rentas en el IRPF. El nuevo artículo 7,1, a) de la Ley 27/2014 dispone que serán contribuyentes del impuesto, cuando tengan su residencia en territorio español, “las personas jurídicas, excluidas las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil”.

En los días pasados diversos colectivos se han pronunciado en torno a las consecuencias en el IRPF de la percepción de costas judiciales (véase, por ejemplo, la advertencia del sindicato GESTHA sobre que “ganar un juicio conlleva mayores cargas en el IRPF”). Ya la cuestión había suscitado tiempo atrás cierta polémica en relación con el IVA, aunque la situación había sido pacificada por la Dirección General de Tributos por medio de la consulta vinculante nº V2579-0 de 30 de noviembre de 2007, afirmando que las costas son indemnizaciones no sujetas al impuesto. Pero la tributación de las costas ha adquirido una inusitada actualidad por la existencia de procesos masivos que se vienen ganando con condena en costas a favor del vencedor del pleito, especialmente en algunos casos (preferentes, convertibles, acciones de Bankia…) de gran impacto mediático.

No presté inicial atención a unas noticias que comentaban la naturaleza de ganancia patrimonial para los preferentistas, de las eventuales costas ganadas en las sentencias favorables. Es de sentido común: la cantidad a la que el banco resulte condenado a devolver, en su caso incrementada en las costas, son el sumando de la ganancia o pérdida; así como la cantidad invertida en preferentes y los honorarios satisfechos al abogado y procurador, el sustraendo de aquella. Pero la cosa siguió creciendo y entré en mi base de datos para cerciorarme de las consultas de la Dirección General de Tributos (DGT) al respecto. La mayoría, lacónicamente decían que las costas formaban parte de la ganancia. Luego no aportaban nada más que ese tono inequívocamente inquietante de la DGT cuando enfatiza algo obvio… hasta que me topé con la CV33805-15 de 1 de diciembre de 2015. En sus últimos párrafos está la explicación del culebrón:

Después de estudiar bien los gastos profesionales y su posible deducibilidad tan solo nos queda concluir con que no hay, tristemente, una fórmula infalible para que nos los acepten.

Y esto es una realidad. Va a haber una serie de factores que haga que en unos casos se acepten y en otros no. Y con circunstancias muy similares. Un consejo que entiendo útil es anotar las circunstancias concomitantes a cada gasto.

En abril aguas mil decía mi abuela. En abril, el 720, me dice un cliente. Al hombre le acaban de comunicar el inicio de actuaciones de comprobación e investigación relativa a la declaración informativa de bienes y derechos en el extranjero. Para que su familia no se altere les ha dicho que esa revisión del 720 de la que han escuchado hablar por teléfono con su abogado se refiere a la puesta a punto que ha de hacer el mecánico al BMW de la serie 7 que tiene en su garaje. Que no cunda el pánico.

Siempre he pensado que el derecho a decidir corresponde a los sujetos políticos. Y cuando el pueblo de un territorio se convierte en sujeto político, tiene derecho a decidir. Aunque no nos guste a los demás que no estamos invitados al confeti. Así fue en Escocia y así debe ser en cualquier país civilizado en el que las encuestas arrojan un 80% de la población que quiere votar referéndum.

DIcho lo cual, quiero reivindicarme como un ciudadano no-gilipollas (aunque tras lo dicho, algunos pocos de entre ustedes ya serán proclives a meterme en esa categoría). Me explicaré. Alrededor de todo este ruido de grillos se mezclan unos números que no dejan de sorprenderme. Me refiero a la recaudación tributaria de una hipotética república catalana: siempre se parte de las estadísticas de recaudación para calcular los ingresos públicos. La polémica suele venir por los gastos: los no secesionistas entienden que no están correctamente calculados los nuevos gastos emergentes como exterior y defensa, que serían superiores a la balanza fiscal con que cuentan recuperar los independentistas. Pero rara vez escucho hablar de caída recaudatoria por el ajuste del IVA y los Impuestos Especiales.