No presté inicial atención a unas noticias que comentaban la naturaleza de ganancia patrimonial para los preferentistas, de las eventuales costas ganadas en las sentencias favorables. Es de sentido común: la cantidad a la que el banco resulte condenado a devolver, en su caso incrementada en las costas, son el sumando de la ganancia o pérdida; así como la cantidad invertida en preferentes y los honorarios satisfechos al abogado y procurador, el sustraendo de aquella. Pero la cosa siguió creciendo y entré en mi base de datos para cerciorarme de las consultas de la Dirección General de Tributos (DGT) al respecto. La mayoría, lacónicamente decían que las costas formaban parte de la ganancia. Luego no aportaban nada más que ese tono inequívocamente inquietante de la DGT cuando enfatiza algo obvio… hasta que me topé con la CV33805-15 de 1 de diciembre de 2015. En sus últimos párrafos está la explicación del culebrón:

Después de estudiar bien los gastos profesionales y su posible deducibilidad tan solo nos queda concluir con que no hay, tristemente, una fórmula infalible para que nos los acepten.

Y esto es una realidad. Va a haber una serie de factores que haga que en unos casos se acepten y en otros no. Y con circunstancias muy similares. Un consejo que entiendo útil es anotar las circunstancias concomitantes a cada gasto.

En abril aguas mil decía mi abuela. En abril, el 720, me dice un cliente. Al hombre le acaban de comunicar el inicio de actuaciones de comprobación e investigación relativa a la declaración informativa de bienes y derechos en el extranjero. Para que su familia no se altere les ha dicho que esa revisión del 720 de la que han escuchado hablar por teléfono con su abogado se refiere a la puesta a punto que ha de hacer el mecánico al BMW de la serie 7 que tiene en su garaje. Que no cunda el pánico.

Siempre he pensado que el derecho a decidir corresponde a los sujetos políticos. Y cuando el pueblo de un territorio se convierte en sujeto político, tiene derecho a decidir. Aunque no nos guste a los demás que no estamos invitados al confeti. Así fue en Escocia y así debe ser en cualquier país civilizado en el que las encuestas arrojan un 80% de la población que quiere votar referéndum.

DIcho lo cual, quiero reivindicarme como un ciudadano no-gilipollas (aunque tras lo dicho, algunos pocos de entre ustedes ya serán proclives a meterme en esa categoría). Me explicaré. Alrededor de todo este ruido de grillos se mezclan unos números que no dejan de sorprenderme. Me refiero a la recaudación tributaria de una hipotética república catalana: siempre se parte de las estadísticas de recaudación para calcular los ingresos públicos. La polémica suele venir por los gastos: los no secesionistas entienden que no están correctamente calculados los nuevos gastos emergentes como exterior y defensa, que serían superiores a la balanza fiscal con que cuentan recuperar los independentistas. Pero rara vez escucho hablar de caída recaudatoria por el ajuste del IVA y los Impuestos Especiales.

Democracia es cuando llaman a la puerta a las seis de la mañana y tienes la certeza de que se trata del lechero. (Winston Churchill)

 La reciente modificación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que atribuye la condición de sujeto pasivo de este impuesto a las sociedades civiles con objeto mercantil, el ejemplo paradigmático de lo que funciona bien y no debía de ser cambiado.

Los centros directivos del Ministerio de Hacienda se olvidaron de que las sociedades civiles son frecuentemente comunidades de bienes. O dicho de otro modo, la Comunidad de bienes, atiende al derecho real de propiedad compartido entre varios sujetos. Y la sociedad civil atiende a la voluntad de intervenir en el tráfico económico, obligándose dos o más persona a poner en común dinero bienes o industria con el ánimo de partir entre sí las ganancias. La comunidad de bienes pone el foco en una cuestión objetiva: la titularidad múltiple del derecho real. La sociedad civil pone el foco en una cuestión subjetiva: el ánimo de asociarse, la afectio societatis. La primera nace de la ley o de hechos jurídicos como la herencia o disolución de la sociedad de gananciales o de los contratos. La segunda sólo nace de los contratos.

Tenía que suceder. Era solo cuestión de tiempo y tenía que pasar. En nuestros despachos ya sufríamos con nuestro clientes jubilados, que percibían la pensión por el mero hecho de ser administrador y socio de una sociedad mercantil. Aunque fuere una sociedad sin actividad económica. Aunque fuere una sociedad con inmuebles heredados, participada por él y sus hermanos, que ingresará sólo alquileres. La Seguridad Social le negaba la pensión de jubilación y ¡le obligaba a seguir cotizando como autónomos por su condición de administrador!

No se entiende como en un país con una pirámide poblacional invertida, que compromete las pensiones de jubilación, se endurece el tratamiento fiscal de los planes de pensiones o se impide a los jubilados complementar sus menguantes pensiones de jubilación con ingresos esporádicos. En definitiva se desincentiva con una errónea política fiscal los sistemas coadyuvantes con la pensiones públicas.